Amnistía

Todo se derrumbó

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El lunes 1 de octubre ha quedado marcado como el día del naufragio de los esfuerzos bolivianos de un retorno al mar por el Pacífico. El país cerró Septiembre y se fue a dormir sin que nadie en el gobierno frunciera el ceño de preocupación. Apenas acababa de desperezarse al día siguiente cuando vino el vendaval de la Corte Internacional de la Haya, que rechazó de cuajo la pretensión boliviana de obligar a Chile a negociar una salida al mar. El país, enclaustrado desde la guerra de 1879 entre las montañas andinas y los valles y llanuras inmensas del oriente, tuvo un despertar de incredulidad. Parecía que en la cuestión magna de su existencia, había retrocedido un siglo.

Era inevitablemente cierto y el malhumor empezó a cundir. Carlos Valverde, el comentarista radial más desinhibido del país, mandó al Presidente a donde por lo general se va una vez al día. Todo el país fue cubierto por nubarrones. Nada será igual desde entonces.

Para el gobierno del presidente Evo Morales ha sido el equivalente a un Hiroshima y Nagashaki que no le deja otra opción que alzar las manos sin condiciones y buscar una salida honrosa para saltar de la fosa en que ha hundido a la diplomacia boliviana. Salir del foso require activar atenuantes inmediatos para la enorme frustración que toca a todos los bolivianos, desde Riberalta hasta Tupiza, y desde Orinoca hasta Puerto Suárez.

Será difícil liberarse de la frustración por la remoción de todos los hitos construidos con denuedo a lo largo de más de un siglo, desde las gestiones ante la Sociedad de las Naciones, las notas reversales de 1950, la Declaración de Ayacucho, hasta Charaña y las declaraciones sucesivas de la OEA y de todos los documentos que suscribieron Chile y Bolivia para resolver el problema más que centenario enclavado en el corazón sudamericano. Todo se derrumbó.

El lunes fue el día de la mayor catástrofe de la historia diplomática boliviana. Las primeros  ungüentos para soportar el malestar deberían pasar por la renuncia del presidente a la re-re-re y su retiro a un silencioso ostracismo sumado al compromiso con garantías plenas de una elección limpia el año próximo.

Este lunes 1 de octubre fue como  un ¨Maracanazo¨, el campeonato mundial que Brasil perdió ante Uruguay, cuando tenía todo preparado para la que sería una victoria bulliciosa que, en nuestro caso, obligaría, a Chile a negociar. No había siquiera una aquiescencia formal de Perú a la cesión territorial que implicaría la solución, pero la Plaza Murillo estaba preparada como para grandes festejos, hasta sahumerios cerca de una unidad del ejército que desfilaría y una banda militar y que entonaría la marcha del mar. Todo se derrumbó.

Ahora el gobierno tendrá que buscar cómo hablar con el vecino a través de la rendija que dejó el fallo del 1 de octubre. En actitud típica de sindicalista que no quiere perder todo, Morales dijo que escribirá una carta al Secretario General de la ONU reclamando que el fallo de la Corte había ignorado algunas premisas del planteamiento boliviano.

El concepto al que ahora Bolivia se aferra, y que el gobierno cree que aún le da pie para reclamar, está en las cinco líneas finales de la declaración, como un punto seguido, ni siquiera como párrafo independiente. ¨El Tribunal añade que la conclusión (con la que fueron demolidos los argumentos bolivianos) no debe entenderse como un obstáculo para que las Partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los problemas relacionados con los países sin litoral, situación de Bolivia, solución a la que ambos han reconocido como una cuestión de mutuo interés¨.

Puede equipararse la frase a la propina que se deja al mesero después del banquete.

En la rendición de cuentas que se viene podrían servir como atenuantes iniciales de la abrumadora derrota,  la cancelación total de la re-re-re, en el marco de una amnistía general y del mantenimiento de la palabra empeñada por el presidente para retornar a su cato de coca bajo un ostracismo que le ayudaría a blindar el olvido que espera.

El lunes, mientras se desvanecían las ilusiones que el presidente forjó durante cinco años, parecían resonar orondas las palabras de Abraham König, el plenipotenciario chileno que en 1900 escribió el epitafio para la era que comenzaba:

¨Es un error muy esparcido que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el afirmar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el Litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale muchos millones; que si nada valiera, no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el Litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido; así  lo dice el Pacto de Tregua: fue una entrega absoluta e  incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto¨.

El presidente Morales y los negociadores ignoraron la premisa brutal que encierra la expresión lapidaria del plenipotenciario. Hoy, casi 120 años después, la frase luce convalidada.

 

El ¨Yo acuso¨del general

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El Juicio del Siglo, en curso en Santa Cruz desde hace tres años, está desde el martes en un terreno más quebradizo y pantanoso de lo habitual, y parece próximo a definiciones importantes desde que el general (r) Gary Prado Salmón acusó al tribunal de haberlo sentenciado a muerte ¨a corto plazo¨. En respuesta, el tribunal ignoró su condición convaleciente y desencadenó el desenlace anunciado: las escaras que soporta desde hace años se abrieron en la propia sala de audiencias y quedó patente la amenaza de una septicemia capaz de volver ese plazo dramáticamente más corto.
El viernes, las audiencias fueron suspendidas hasta la semana subsiguiente, en un nuevo aplazamiento del proceso que tuvo sus orígenes cuando fuerzas de la policía atacaron un hotel y mataron a tres personas, apresaron a dos sobrevivientes y desencadenaron una amplia persecución sobre dirigentes de Santa Cruz. Entre los 39 acusados está el general Prado Salmón, quien desde 2013 se defiende en el juicio oral acusado de tramar una campaña terrorista con miras a dividir al país en cuyo ejército ganó máximos honores.
El juez Sixto Fernández y la acusación, que sostiene que el general declarado Héroe Nacional por el Congreso, conspiró para despedazar Bolivia, no vieron otra salida el viernes que aplazar la audiencia, que se había reinstalado tras semanas de repetidas interrupciones originadas en la salud del militar.
En la semana que pasó los acusadores perdieron una batalla fundamental: la de la opinión pública. Que sobre una camilla desgastada y sucia oficiales del Cuerpo de Bomberos colocasen sin el debido cuidado al soldado vencedor de una campaña decisiva para Bolivia, fue demasiado crudo y cruel para que cualquier miembro del gobierno, por más fervor oficialista que tuviere, condonase las imágenes que registraron los medios.
Nadie salió a defender la causa oficialista. Dos prominentes figuras del partido de gobierno, el ex embajador en Brasil Jerjes Justiniano y Osvaldo Peredo, líder de la guerrilla igualmente efímera que sucedió a la que derrotó el general Prado Salmón, enviaron una carta al presidente Morales pidiendo una amnistía para los procesados.
Al principio, el presidente decía que los supuestos terroristas habían querido matarlo, pero la acusación de magnicidio fue suprimida de la acusación y quedaron solo las de ¨terrorismo y alzamiento armado¨ que desde hace más de tres años los acusadores tratan de probar. Una de las mayores acusaciones durante el juicio ha involucrado a funcionarios del gobierno de haber colocado un explosivo en la puerta de la casa del Cardenal Julio Terrazas.
En el alegato que presentó al reiniciarse las audiencias el martes, el militar destacó que, pese a ser considerado ¨la pieza más importante¨ del proceso, ninguna de las declaraciones de unos 40 testigos de cargo presentados por la acusación lo involucra en terrorismo o alzamiento armado. Aún más, dijo al tribunal, en sus declaraciones bajo juramento esos testigos dijeron que no tuvieron ningún contacto con él. Declaró que solo dos oficiales de la policía, no presentes en los actos investigados para el proceso, llegaron a decir, citando otras declaraciones que descartó como comprobadamente falsas, que él había estado en el stand de Cotas donde se afirma que operaban los supuestos sediciosos. El militar está en silla de ruedas desde hace 35 años.
¨Usted, señor Juez¨, le dijo al juez Fernández, ¨ha demostrado desde el primer día de su participación en este juicio una manifiesta parcialidad con el gobierno en contra mía, claramente por instrucciones superiores. Yo, personalmente atribuyo también una parte de esa animosidad a su militancia en el PCB y sus simpatías hacia Ernesto Guevara¨.
En un frase que pareció también dirigida a sus colegas militares, registró: ¨Quiero dejar constancia de que me siento satisfecho y orgulloso del deber cumplido en la campaña de Ñancahuazú en 1967 como militar profesional…de haber conducido adecuadamente a mis hombres al combate contra una fuerza extranjera invasora, de haber derrotado militarmente al Ché, de haberlo entregado vivo a mis superiores, mientras los miembros del Partido Comunista que lo habían hecho venir lo abandonaban¨.
En otra declaración polémica dijo que no dudaba que en el proceso ¨se mueven intereses políticos¨ y que en dos ocasiones el jefe del Estado ofreció públicamente al Fiscal General ¨la candidatura a la presidencia en el futuro a cambio de una sentencia condenatoria a ´esos terroristas que me querían asesinar´¨. Agregó más filo a sus palabras al referir que altas autoridades del gobierno habían estado detenidas acusadas de terrorismo. ¨Y ahora resulta que los terroristas somos los que nada hemos hecho¨.
Reclamó que ya en agosto pasado había señalado al tribunal que su salud requiere de cuidados especiales por las úlceras. Por eso su familia había decidido traer a las audiencias una camilla que, sin embargo, no ayudó a curar sus cicatrices en la baja espalda pues cada subida y descenso al vehículo que lo transportaba desde su casa implicaba presión sobre la parte afectada de su cuerpo.
Este fin de semana era difícil apostar por la reinstalación de audiencias el 18 de julio o por el futuro del propio proceso. Su continuidad ha quedado ligada a la salud del general y, por extensión, también a la de otros acusados que han desfallecido durante las audiencias.

Amnnistía: esperanza y escepticismo

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La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”

Precalentamiento

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Impulsado por el llamado a elecciones en octubre, empieza a tomar cuerpo un movimiento que luce destinado a agitar progresivamente al país: la demanda por una amnistía general que limpie el camino hacia las elecciones de octubre. La cuestión está planteada desde hace tiempo pero ha cobrado vigor al surgir en el horizonte la nueva cita con las urnas.

Al  presentarse a la vida política pública, un grupo de ciudadanos planteó hace poco más de un mes una convergencia de propósitos básicos y propuso un cambio de rumbo para ofrecer al país una alternativa diferente de las que emergieron en las décadas finales del siglo pasado.  La iniciativa ha dado lugar a un Frente Amplio, entre cuyos articuladores figura media centena de figuras nacionales, bajo la convocatoria a pasar “del despotismo que tenemos a la democracia que queremos”.

En una dirección similar favorable a una amplia amnistía se pronunció el fin de semana Acción Democrática Nacionalista, que en un escueto pronunciamiento planeó con urgencia una “declaratoria de amnistía amplia e irrestricta”, junto a un “cese de persecuciones a políticos y dirigentes cívicos, el retorno de los asilados y el desistimiento” de juicios instaurados  como “parte del acoso judicial” cuya práctica atribuye al gobierno.

Un planteamiento semejante ha surgido del Movimiento Democrático Social (MDS), fundado recientemente bajo el liderazgo del gobernador Rubén Costas.

El pronunciamiento de ADN subraya los giros de la historia boliviana desde la década de 1970, en cuyo epílogo una huelga de hambre precipitó el movimiento que desembocó en una amnistía general y en las elecciones de 1978.

El MIR, que postula una amnistía sin retaceos desde  hace tiempo, sostiene que, para ser democráticas, las elecciones deben conllevar una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral que le confiera credibilidad e independencia del gobierno.

Sin alborotos, ese partido parece prepararse para lo que sus dirigentes vislumbran como “el retorno” de Jaime Paz Zamora. Una proclamación del ex presidente (1989-93), dicen, equivaldría al ingreso de un pura-sangre de la política boliviana a la arena electoral que agitaría la contienda y dificultaría la marcha electoralista del presidente Morales. El reingreso de Paz Zamora obligaría a comparaciones necesarias entre las formas de gobierno de ambos líderes y, eventualmente, a un debate que ninguno de los dos podría eludir.

Si a eso se agrega un eventual retorno de exiliados (774, dice un organismo dependiente de la ONU) y libertad de presos, el año luce lleno de expectativas bajo un precalentamiento cada vez más intenso.

Es probable que el  gobierno  inicialmente  arguya que en Bolivia no hay presos políticos y que quienes están exiliados son “delincuentes políticos.” Lo mismo  decía el gobierno del general Banzer en 1977. No pudo resistir la presión de un proceso nacional que avanzaba a todo galope. (Ese movimiento fue una consecuencia del fracaso de la gestión  que habia lanzado en Charaña. El fracaso  lo dejó inerme ante el reclamo por un reencuentro y rconciliación que prevalecía en la nación. Pero esta es otra historia.)