Mendoza

Tribulaciones del Juicio del Siglo

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En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval . El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tibunal de Sentencia de La Paz,  consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo,  tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.

El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada y conjura separatista. En principio tenia el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en ¨Labrado en la memoria¨, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.

El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños,  está estancado, aún en  la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo a las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.

Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo  cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la version. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo.  Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.

A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda  la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.

No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo

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A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas,  el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría  que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.

En  las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al  mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.

Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión  Europea,  dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres  personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.

Hace  pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.

La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el  año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo,  90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.

El ex prefecto ha dicho que los extorsionados  son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como  referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.

Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez.  El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.

Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.

El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo  Valverde, no han sido contradichos.  Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.

Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su  domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron  entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  decidiese traer el juicio a Santa Cruz.

La jurisdicción y  competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó  el caso nunca dictó un decreto  asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso.  El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.

Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a  la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.

Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su  corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal,  José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.

La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril.  El 14 del mismo mes, abogados del  gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar  zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos  desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después.  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.

Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel.  Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya  los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.

Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.

Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de  una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.

Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre  ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.

Penurias del Juicio del Siglo

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Con las dolencias cardio-vesiculares y descontrol diabético que tienen a tres de los acusados en el hospital,  la sesión del Juicio del Siglo prevista para este martes acabó como era presumible: fue aplazada. El Juez Sixto Fernández restableció la audiencia durante un par de horas,  tras la imposibilidad de llegar ayer de La Paz a Santa Cruz. El tribunal que preside escuchó los alegatos de los fiscales que querían que  los tres enfermos se presentaran ya este miércoles en el Palacio de Justicia y las protestas de la defensa que consideraba temeraria esa propuesta en vista del estado precario de salud del trio de acusados.

En Brasil describirían la situación con seis palabras: Empujar la bola con la barriga. Después de una consulta entre los  cuatro jurados, la salida para el debate sobre traer o no traer a los acusados fue posponer la sesión hasta el jueves 5 de diciembre. La decisión no fue unánime. La juez técnica Julia Elena Gemio propuso que el tribunal volviese a reunirse el 16 de enero, con un intervalo  de más de un mes para facilitar el tratamiento de los enfermos en el Hospital Guaracachi.

“Fue una decisión de mayoría absoluta”, dijo la propia juez, al informar a la audiencia que sus colegas habían votado para que la sesión se reinstalase el jueves.

No había otra votación posible, salvo un empate, que habría inviabilizado la propuesta, que se suponía que había sido  iniciativa del juez presidente. Las jueces ciudadanas votan casi invariablemente al lado del juez Fernández en este juicio cuyo punto inicial fue la incursión armada de la policía en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas y detención de dos, ahora juzgadas junto con otros 37 ciudadanos.    A todos se los acusa de terrorismo, de haber intentado asesinar al presidente Evo Morales y de complotar para dividir a Bolivia.

El jueves, cuando la sesión sea reinstalada, deberá conocerse el informe de los médicos que tratan a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. Esos informes determinarán si los tres pacientes tienen condiciones de volver al juicio.  Vargas sufre de complicaciones derivadas de una diabetes mal tratada que se manifiesta en afecciones vasculares ahora complicadas con incontinencia urinaria y fecal; Mendoza y Guedes tienen cardiopatías coronarias y en el hospital los médicos los someten a exámenes para cateterismo y probable “bypass” coronario.

La juez Gemio estuvo este martes con los médicos y recibió de ellos información que la llevaron a pedir que la reanudación de sesiones ocurra dentro de mes y medio. Juan Carlos santisteban, uno de los médicos que ha seguido la condición de los tres y quien es también enjuiciado acusado de la misma conspiración, dijo que el trío se encuentra en condiciones “excepcionalmente graves” y que el tribunal sería responsable si se produjese una fatalidad.

El informe de los médicos tratantes deberá precisar el grado de bloqueo de las arterias coronarias de Guedes (afectado, además, por una piedra que se le ha incrustado en la vesícula) y de Mendoza, y de ahí determinar el riesgo que representa para sus vidas continuar en el juicio.

El tema es crucial,  pues suspenderles la prisión para que se defiendan en libertad equivaldría a quitar la columna vertebral del juicio en el que el gobierno es el acusador.

Los tropiezos del juicio coinciden con un aumento de la presión desde la Unión Europea para que a los euorpeos Elod Tóásó (húngaro) y Mario Tádic Astorga (croata-boliviano) se les respete los derechos humanos y se les aplique un proceso justo en base a un tribunal internacional que examinaría el caso.

Esposados en un hospital

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El Juicio del Siglo quedó la del lunes pendiente de una evaluación cardiológica de tres pacientes, que el cardiólogo oficial prometió realizar en una hora (“20 minutos por paciente”). La afirmación del galeno ocurrió en medio de reiteradas denuncias de los abogados defensores y acusados en el proceso de que a los médicos de la justicia les faltan ética y probidad.
La atmósfera de la sesión, la primera luego de una pausa de once días, estuvo tensa a causa de otras denuncias tan graves como raras: los tres pacientes dijeron que habían estado esposados en el Hospital San Juan de Dios durante los días en que debían ser tratados de sus dolencias. Uno de ellos, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, dijo que no había logrado contener sus necesidades y descargó su orín en la cama sin recibir auxilio de los guardias, quienes lo mantuvieron esposado.
Villa Vargas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes dijeron que estuvieron esposados gran parte de los ocho días en los que debían haber sido atendidos para paliar las dolencias que habían presentado en la anterior etapa de sesiones, a comienzos de mes. “Estuve enmanillado todos los días”, dijo Villa.
La misma denuncia provino de Alcides endoza y de Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista acusado de haber suministrado una pistola ametralladora Eduardo Rózsa Flores, el supuesto jefe de una agrupación terrorista-separatista que planeaba, según la denuncia oficial, asesinar a autoridades nacionales y regionales en un movimiento que desembocaría en un alzamiento secesionista.
Guedes dijo que la semana pasada el juez Sixto Fernández había visitado a los detenidos y verificado la condición en que se encontraban. Pidió la palabra durante la audiencia y agradeció al juez por haber estado con ellos. “El Viejo” tenía fotos enmanillado en su cama.
La denuncia, que configuraría una grave violación de los derechos humanos castigada por convenios internacionales y la CPE, enturbió la sesión que no avanzó en la recepción de la declaración de “El Viejo”, la tercera del proceso que se arrastra desde hace 55 meses.
El jueves, por falta de insulina, Villa Vargas se había desvanecido, dijo el abogado Gary Prado Araúz y que, al comprobar que el paciente no tenía la medicación él la compró para que se le administrase al acusado, un tiempo “testigo clave” del caso que lleva el gobierno contra 39 personas. El abogado dijo que la glucosa que registraba la sangre de “El Viejo” era de 530, casi cinco veces el nivel máximo (110) aceptable como parámetro normal (el mínimo es 70).
La acusación dijo que los problemas de la salud de Villa Vargas se originaban en su incumplimiento con la dieta que prescribían los médicos. El acusado replicó que la coca cola que el fiscal dijo que fue visto toando era cero calorías.
En la sesión del lunes pareció rondar el fantasma de José Maria Batkovic, fallecido el 12 de octubre de un infarto tras haber viajado a la sede de gobierno. Sus médicos desaconsejaban el viaje pero el ex director del Servicio Nacional de Caminos decidió emprender el que iba a ser su último ante los informes forenses oficiales que consideraban que iba a soportar el viaje.
El defensor AlbertoMorales instó al tribunal a abrir causa inmediata por violación de derechos humanos.
El informe forense oficial determinó que el trío de acusados adolecía de múltiples deficiencias pero que todos estaban “lúcidos” y “aptos” para asistir a las audiencias. Los médicos incorporados al juicio deberán informar este martes sobre la condición cardíaca de los tres. El acusado Ronald Castedo ridiculizó la idea de una evaluación cardiológica en 20 minutos y dijo que una prueba elemental de “Holter” llevaba 24 horas.

El juicio del siglo: La ronda continúa

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El juez Sixto Fernández abrió un nuevo paréntesis  en el “juicio del siglo” hasta el 1 de abril, sin atender a la defensa que exigía conocer el fallo sobre las incidencias y excepciones ni a los fiscales que reclamaban que el proceso continuase a pesar del visible deterioro de la salud de dos acusados cuyos exámenes clínicos no habían sido completados debido a un paro médico.

¿“No ve cómo estoy sudando? El médico que me atendía esta mañana estaba en cirugía”, exclamó “El Viejo” Luis Ignacio Villa Vargas dirigiéndose al juez y al jurado, mientras que el abogado  del ex dirigente juvenil cruceño Alcides Mendoza decía que lo que ocurría en la sala mostraba las anomalías del proceso y que el juez debía ordenar que los enfermos permaneciesen en Santa Cruz sin volver a La Paz.  “El Viejo”, trémulo y cansado, las manos y el pecho sudorosos, recordó al tribunal que él mismo se pagaba los pasajes desde Cochabamba para venir a Santa Cruz, y corría con los gastos de alimentación de su guardia. (Las autoridades le reembolsan sus gastos tardíamente, explicó después.) Mendoza lucía similar palidez a la de la víspera, cuando su frecuencia cardíaca había marcado 50 latidos por minuto.

Los alegatos presentados por los enfermos y sus abogados desde los primeros minutos de la breve audiencia no habían impresionado a la acusación. El nuevo fiscal Iván Ortiz, sumado al caso tras la ausencia aún inexplicada del acusador principal Marcelo Soza, había dicho que el tribunal estaba ante “una burla cruel” y que la sesión debía continuar pues los enfermos tenían condiciones de escuchar la lectura del dictamen del juez por completo, o parcial, solamente la parte resolutiva. (“Soza es nuestro testigo estrella. No puede estar ausente”, dijo sarcásticamente el general Gary Prado Salmón después de la sesión, al subrayar que su decisión era llevar el caso hasta el final.)

El abogado del gobierno Sergio Céspedes introdujo en el debate una duda: los dos acusados no podían comprobar que habían estado en la víspera y hasta la mañana del viernes en la clínica Bilbao, de Santa Cruz, para someterse a los exámenes médicos cuyos resultados parciales no estaban certificados. La defensa le tomó la palabra y propuso que los guardias de los detenidos declaren si habían estado en la clínica. El juez no tuvo  opción sino trasladar la pregunta a los guardias. El sargento primero Juan Quispe Velasco dijo brevemente: “Hemos estado toda la noche en la clínica Bilbao”. El oficial a cargo del sargento, el subteniente Richard Gutiérrez Cuéllar, corroboró a su subordinado.

La abogada del gobierno reclamó que los abogados de la defensa no habían actuado lealmente y que debían haber procurado certificar el tratamiento de los defendidos.

Restaba escuchar la declaración del juez, quien se aproximaba a levantar la sesión y fijar nueva fecha para la audiencia sin revelar su dictamen. La defensa intentó sin éxito que el juez leyese su resolución, entre las cuales debía estar un pronunciamiento sobre la extinción del caso por vencimiento de plazo.  Uno de los abogados dijo que ya se conocía cuál sería el veredicto: rechazo a todas las excepciones, y que la parte considerativa podía ser entregada a la defensa para su análisis. El magistrado no dio curso al pedido y dijo que la nueva audiencia empezaría el 1 de abril, a las 11:30 de la mañana.

La nueva fecha es la misma que, en La Paz, se ha fijado para que el fiscal desaparecido Marcelo Soza declare sobre la grabación que se le atribuye y las fotografías que lo muestran  al lado de otros abogados del gobierno ahora presos por extorsión. Es también el Día de la Mentira, en un gran número de países.