Soza
El tedio no tiene fin
Ánimos crispados
El Juicio del Siglo reanudará las sesiones orales este lunes, a pocos días de haber sido colocado cerca del colapso cuando un abogado del gobierno y otro de la defensa estuvieron a un paso de llegar a los puños, en un pugilato que sólo habría expresado la decadencia del mayor juicio penal de la historia boliviana.
Desde el inicio de la fase oral en Santa Cruz, hace tres años, el Juicio del Siglo ha estado repleto de incidentes, pero el de la semana antepasada eclipsó los anteriores, en medio de incitativas e interjecciones ante los ojos del tribunal primero de sentencia de La Paz, que preside el juez Sixto Fernández.
El 7 de enero, durante la sesión en la que hicieron crisis algunas de las tensiones y frustraciones acumuladas en años, el magistrado intentó reflexionar ¨a todas y cada una de las partes¨. Esta semana podrían medirse los efectos de la reflexión sobre los ánimos de los involucrados, en un proceso que no exhibe señales de un final próximo, después de 80 meses de la invasión policial al Hotel Las Américas y la muerte violenta de tres ocupantes que, en la voz del gobierno, iban a cometer magnicidios, terrorismo y una guerra para dividir Bolivia.
¨Hay quienes quieren que el juicio fracase…¨, dijo el juez, al anunciar que había dispuesto mayor vigilancia de los policías siempre presentes en las audiencias para que observen el comportamiento de todos los asistentes. (La chispa de ese incidente había sido una interjección desde algún lugar donde su ubican los acusados y el público visitante). El llamado genérico del juez ¨a todas las partes¨ para que asuman un comportamiento profesional causó molestias en la defensa. Uno de los abogados le señaló que el incidente que acababa de ocurrir había sido causado por la interrupción exabrupta de un representante del Ministerio de Gobierno cuando hablaba un defensor.
Durante gran parte de las audiencias de diciembre y de comienzos de este mes, el tribunal ha estado abrumado por una crisis interna cada vez más visible. Una de las jueces ciudadanas acusó a un fiscal de pretender imponerles su voluntad; luego las jueces ciudadanas acusaron a su colega técnica de no guardarles respeto y pidieron la intervención del juez presidente. Hace 10 días otro fiscal responsabilizó al juez Fernández de no conducir apropiadamente las sesiones.
En esa atmósfera tensa, el día 7 de enero hubo interjecciones airadas y un abogado defensor y un representante del Ministerio de Gobierno se levantaron de sus asientos con los puños cerrados rumbo al centro de la sala frente al tribunal. La intervención de sus colegas, que sujetaron a los dos, previno el pugilato que estaba por desencadenarse. La sesión iba a continuar, pero prevaleció la sugerencia apaciguadora del abogado defensor de funcionarios de COTAS para suspender la audiencia porque no existían condiciones para continuarla.
Luego de peregrinar por La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba forzado por problemas de salud que acosan a los acusados (uno de ellos sufrió un infarto), el caso está radicado en Santa Cruz desde enero de 2013. De los 21 acusados de entonces, quedan 16. Cinco optaron por juicios abreviados y se declararon culpables de delitos que les endilgaba la acusación y que ellos habían negado durante años. La abreviación fue calibrada para que la sentencia coincidiera con el tiempo que habían permanecido presos. Un tufillo evocador de los Juicios de Moscú en la década de 1930 es inevitable para todo quien haya leído un mínimo de la historia de esos años.
El juicio continúa en la fase declaratoria de los testigos de la acusación, cuyo número el juez decidió reducir para acelerarlo. Al acabar la presentación de testigos de cargo, deberá ocurrir el turno de los testigos de la defensa. Aún quedaría pendiente la presentación de pruebas en las que se basó el ahora ex fiscal Marcelo Soza Álvarez para articular la acusación. La gestión del ex fiscal duró más de tres años antes de que fuera apartado. Ahora está en Brasil, donde se le brindó refugio tras denunciar que gran parte de su pliego acusatorio fue resultado de presiones del gobierno para involucrar a dirigentes de Santa Cruz en la trama que asegura buscaba derrotar al ejército y crear una nueva nación. Los documentos que el ex fiscal presentó en Brasil para obtener refugio no han sido aceptados entre las pruebas.
La acusación cree que se podrá llegar a la sentencia en cuestión de meses. La defensa no es tan optimista. Con la experiencia de los años transcurridos, los abogados de la defensa creen que más realista sería hablar de años, tal vez hasta 2018.
Historias convergentes
El libreto es conocido en Bolivia, pero en Venezuela es una novedad cuyo desarrollo recién empieza y sus consecuencias no deberían demorar demasiado en manifestarse. Franklin Nieves huyó de su país el 20 de octubre y solo se conocen sus declaraciones a medios informativos desde Estados Unidos, donde busca refugio. El ahora ex fiscal asegura que el gobierno lo obligó a forjar las pruebas que una juez utilizó para condenar a uno de los líderes prominentes de la oposición venezolana. Leopoldo López es inocente, asegura el juez fugitivo. En el gobierno lo consideran delincuente y el fiscal teme por su seguridad. ¿Suena familiar?
Marcelo Soza fugó de Bolivia y emergió en Brasil a principios de marzo de 2014. Desde allí dijo que su seguridad peligraba e hizo conocer una ¨Carta al Pueblo de Bolivia¨. En ella dijo que el gobierno lo había presionado para inculpar a líderes de Santa Cruz y pedía a jueces y fiscales a cargo del ¨Juicio del Siglo¨ reconducir el proceso ¨por los fueros de la justicia, la verdad y la legalidad¨. Días después, declaró: ¨En Bolivia no existe justicia imparcial. Ésta se encuentra sometida a los caprichos del gobierno.¨
Soza hizo una travesía por tierra y por aire hasta llegar a Brasilia. Nieves se fue primero a Aruba y después a Miami. Allí dijo que ¨en Venezuela funciona la ley del miedo¨ y que las declaraciones que sirvieron para acusar a López fueron elaboradas por la fiscalía y entregadas a los testigos para que las firmaran. ¨Cuando hicimos la acusación, tergiversamos la información¨, dijo.
El caso bate fuerte en momentos en que Venezuela se aproxima a una prueba suprema el 6 de diciembre: las elecciones legislativas, para las que todas las encuestas conocidas asignan a los partidos opositores una ventaja mayúscula y mayoría parlamentaria. Una situación así es pesadilla para el gobierno de Nicolás Maduro y el ¨chavismo¨ que rige los destinos venezolanos desde hace 15 años.
El pedido de asilo que ha hecho Nieves no es fácil de resolver, pues involucra la confesión del delito de haber fabricado pruebas contra la persona que ahora él mismo asegura que es inocente.
Brasil otorgó refugio a Soza, primero por períodos de seis meses y luego por un año, hasta septiembre de 2016. Entre quienes lamentaron la decisión brasileña estuvieron los acusados por Soza en el Juicio del Siglo, del que ha dicho que las pruebas habían sido montadas bajo presión del gobierno.
Nadie espera que una definición del pedido de asilo de Nieves ocurra en breve, pero hay una certeza: cualquiera que sea la demora no estará cerca de los seis años y medio que lleva el Juicio del Siglo desde su gestación, el 16 de abril de 2009.
El juicio que condujo Soza tuvo en la semana que acabó capítulos surrealistas cuando una testigo de la acusación dejó la impresión de desorientar al Ministerio Público y a los abogados del gobierno con respuestas precisas acordes con su condición profesional.
La administradora del Hotel Las Américas, escenario del suceso sangriento de aquella fecha desconcertó a los fiscales que procuraban probar la tesis de que se gestaba un movimiento conspirativo gigante. La funcionaria dijo que las respuestas a algunos detalles sobre los que preguntaban los fiscales estaban en la documentación que el hotel había enviado a la fiscalía más de seis años atrás, poco después de los sucesos violentos en los que tres personas fueron abatidas.
Entre quienes observaban la sesión surgió la duda sobre si la funcionaria era testigo del Ministerio Público que la interrogaba o de la defensa. ¨No les agradó que decía solo la verdad, que es lo que la acusación no quiere¨, dijo uno de los abogados.
La defensa aplicó una táctica que ya había ensayado con el segundo testigo: renunció a contra-interrogar. Como el siguiente testigo, el entonces gerente del Hotel Las Américas, no estaba en ese momento presente para la audiencia, el juez Sixto Fernández tomó una decisión extraordinaria y ordenó su aprehensión para que compareciera al día siguiente, el viernes que pasó.
El testigo se presentó en el Palacio de Justicia a la hora dispuesta por el juez pero la policía dijo que la institución lo había aprehendido. La defensa aclaró que el testigo de la fiscalía había llegado sin intervención policial alguna.
Malestares certificados de uno de los acusados dieron pie a que el juez suspendiera la audiencia hasta el 16 de noviembre. Las historias
de Soza y Nieves convergen un punto dominante: la calidad de la justicia qiue impera en sus países y a la que ambos sirvieron.
Paralelos
Franklin Nieves y Marcelo Soza viven en dos países distantes uno de otro pero sus destinos recorren caminos similares. Los dos están exiliados luego de escapar de sus países temerosos del sistema del que fueron un tiempo fieles representantes de una justicia en la que ahora declaran en público que no creen.
Una diferencia entre los dos personajes es el tiempo que les tomó una decisión que afectaría el resto de sus vidas. Nieves, el fiscal que organizó las acusaciones con las que se basó la juez que hace unas semanas condenó al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, necesitó poco más de un año para concluir que no podía sobrellevar la que denunció como una mentira. ¨No conseguía dormir¨, dijo en una declaración que difundieron las redes sociales tras haber escapado de su país hace pocos días. Marcelo Soza requirió de casi cuatro.
Ambos sostuvieron que hubo intervención gubernamental para conseguir fines políticos y someter al adversario considerado como enemigo. Franklin Nieves dijo a un periódico norteamericano: “Leopoldo López es inocente, este fue un juicio totalmente político y debería ser anulado (…) Todos los derechos humanos de Leopoldo López fueron violados porque nunca se le permitió presentar ningún testigo, ni evidencia.¨
Sus palabras eran un eco de las que había dicho Marcelo Soza. En su ¨Carta al pueblo de Bolivia¨ el 11 de marzo del año pasado escribió: ¨Esas autoridades de gobierno que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación…¨
Al comenzar 2014, Soza estuvo desaparecido. Intentó renunciar, su renuncia fue rechazada y por fin, tras un ostracismo insoportable, fue apartado del caso. No pasaron muchos días antes de que apareciera en la capital brasileña declarándose perseguido político. El gobierno, a partir del presidente Evo Morales, dijo que el ex fiscal era un ¨delincuente confeso¨. La acusación que había elaborado y de la que decía que una buena parte fue producto de presiones del gobierno para inculpar a líderes de Santa Cruz, fue mantenida a ultranza por quienes lo substituyeron.
Nieves estuvo desaparecido por algunos días hasta que el fin de semana antepasado emergió en Miami, donde se encuentra tras haber fugado su familia. Allí dijo que los testigos que presentó la acusación habían sido preparados por los fiscales y ¨fueron obligados a declarar como nosotros queríamos.¨ La fiscal general ¨estaba perfectamente enterada de lo que ocurría¨, pues incluso la computadora de Nieves estaba intervenida, dijo, y convocó a sus colegas en el caso a que ¨escuchen y vean la verdad…Leopoldo es inocente¨ y está preso porque las autoridades venezolanas ¨temen a su liderazgo¨.
Como en Bolivia tras la divulgación de la carta de Soza y su confesión ante el Conare de Brasil, los reclamos de la defensa para anular las bases de la acusación y revertir la condena a López son constantes. También allí la reacción del gobierno ha sido descalificadora. Las autoridades argumentan que el ahora ex fiscal Nieves debía haber hecho la denuncia en Venezuela y dejar constancia escrita. Tarek William Saab, con el cargo de Defensor del Pueblo, ha mostrado una postura similar a la de los fiscales acusadores del Juicio del Siglo en Bolivia: por no estar registrada de manera legal, la denuncia de Nieves no afecta al caso de Leopoldo López. ¨Lo que no está dentro del expediente, simple y llanamente no existe¨, dijo.
En Bolivia, corresponde al juez y a su tribunal decidir si un elemento nuevo es incorporado al proceso.
El argumento de la autoridad venezolana es parecido al círculo vicioso que surgió en Bolivia cuando los defensores de los acusados en el Juicio del Siglo no lograron que la Embajada en Brasilia autenticara la carta del ex fiscal Soza porque la legación boliviana exigía que la legalización fuese hecha por Soza y en las oficinas de la Embajada, territorio boliviano donde el ex fiscal perdía su condición de asilado. La carta y la confesión más leídas de Bolivia fueron declaradas inexistentes por el tribunal que juzga el caso.
Elogio a Mafalda
La posibilidad de una segunda ronda televisiva sobre la demanda marítima nacional con el canciller chileno en estudios bolivianos empezaba a languidecer cuando ocurrió la noticia que alivió a muchos: Chile declinaba la invitación de venir a Bolivia. Desde la oferta extraña de enviar un avión a Chile hasta las dudas sobre si algún periodista del sistema estatal tendría la solvencia para entrevistar a altos niveles de la diplomacia del vecino país, la cuestión parecía destinada a abrir más controversias en el país que a generar avances en su estrategia diplomática.
La iniciativa de la Ministra de Comunicación para que la TV del estado ofrezca al canciller del vecino país una entrevista similar a la que tuvo en Santiago Carlos Mesa, fue fuente de confusión desde su lanzamiento. Seguía la norma de buscar equilibrio, pero no era original ni seguía el curso regular de periodista o su institución periodística al personaje que se quiere entrevistar. La original fue la de Chile, cuyo programa televisivo buscó la entrevista sin dar la impresión de intervención directa del gobierno. Esa gestión no obligaba a ninguna segunda vuelta.
La oferta nacional vino en medio de calificativos de neoliberal, derechista y antipatriota endilgados a Mesa, que algunos funcionarios juzgaron que eran compatibles con la función de portavoz de la demanda marítima. Dijeron que estas condiciones pueden coexistir sin inconvenientes porque los calificativos sobre el ex presidente valen solo en el ámbito interno. Un antipatriota interno no sería antipatriota externo.
Esa lógica no debe ser muy conocida y quizá son muchos los que pagarían por una explicación exhaustiva. Uno se siente como para gritarle un ¡bravo! a Mafalda cuando plantea que paren el mundo porque quiere bajarse pues no lo entiende.
-0-
Los medios, en particular los televisivos, han alzado la voz estos días con la paliza brutal, saltos sobre la cabeza de remache, que un joven de Santa Cruz propinó a otro.
En principio nadie está de acuerdo con la violencia y la reprueba. Pero la cuestión debe plantearse más allá y proponer conductas consecuentes, a ser observadas, en especial, por las redacciones y las escuelas de comunicación. Levanten la mano quienes durante el almuerzo o la cena no sienten el bombardeo televisivo impiedoso de imágenes sobre violaciones, robos, feminicidios, incestos, infanticidios y dosis generosas de quejas lastimeras. Conllevan un plus si traen sadismo y masoquismo, todavía mayor si hay niños involucrados.
Salvo los de verdadero interés público, ¿no sería tiempo de confinar la difusión de esos crímenes a horarios nocturnos fuera programación regular? ¿Será que los noticiarios de la TV son incapaces de sobrevivir con porciones reducidas de ese tipo de crónicas?
Esta secuencia de desaciertos llega a cogollos del gobierno. Quien aconsejó al presidente para dudar que un oriental pueda llegar a la presidencia de la república olvidó a Velasco, Busch, Natusch Bush y Banzer, llegados a la presidencia bajo formas muy parecidas a las de muchos de sus congéneres occidentales. La duda lució discriminatoria, pero también llevó a preguntarse si en algo así hay olvidos de calibre, qué podría ocurrir en otros niveles.
-0-
El Beni exhibe una justicia en extremo parcializada e inoperante cuando se lee la información sobre un ex subgobernador que había acusado al ex gobernador Carmelo Lens y contribuido a su detención en Trinidad. El acusador está prófugo. Ahora localizado en Estados Unidos y ante una posible repatriación, a su vez está acusado de calumniar al ex gobernador para beneficio propio y de su partido, el de gobierno. Con todo, la justicia no muestra ninguna prisa y Lens continúa preso en la cárcel trinitaria de Mocovi.
Es uno de los casos que más aporta a la desconfianza generalizada que parece existir en torno a la administración de justicia en Bolivia. A ésta muchos la rehúyen, en especial los que la conocen. Ya no es noticia mayor, pero es emblemático el caso del ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras escapar de Bolivia por temor al sistema de justicia en el que medró.
Un ejemplo del funcionamiento de la justicia son las audiencias del Juicio del Siglo, con orígenes en el asalto al Hotel Las Américas (2009) y con una dimensión internacional y consecuencias que pocos parecen percibir. Puede resultar aleccionador escuchar cómo se defienden los acusados, cómo argumentan los fiscales y cómo deciden los jueces, dos de ellas bajo investigación, dice la defensa, tras haber fallado a favor de un detenido enfermo para trasladarlo de la cárcel de San Pedro a Palmasola.
Si Ud. leyó a Koestler, Orwell o Gheorghiu no le parecerá extraña la atmósfera que podría respirar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Amnnistía: esperanza y escepticismo
La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”
La ausencia de Soza
Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.
Conminatorias
El Fiscal General del Estado ha sido conminado a “materializar” la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, a cargo del Juicio del Siglo durante cuatro años y ahora en Brasil, donde se le ha extendido la condición de refugiado al menos hasta septiembre de 2015. La conminatoria carece de plazo pero tiene características que el magistrado, Ramiro Guerrero, no podrá ignorar. Viene del Presidente del Senado, Eugenio Rojas, a quien se supone asesorado por funcionarios versados en derecho de asilo y en las decisiones soberanas que asumen los estados.
El funcionario dijo que esa autoridad “tiene que hacer cumplir la norma. No sé por qué no está haciendo cumplir. Es su atribución; tiene que demostrar toda la documentación del caso…nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”.
Las expresiones de la autoridad legislativa ocurrieron durante una entrevista con la Cadena A de televisión. Horas antes, la misma estación había logrado hablar con el ex fiscal Soza, quien, esta vez sin matices, afirmó que lo ocurrido en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 fue una masacre. (El Deber, 10-09-14). En su “Carta al Pueblo de Bolivia” y la declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil, en marzo y abril pasados, había dicho que hubo “uso excesivo e irracional de la fuerza” en el ataque policial de esa madrugada.
Por instrucciones del senador, el fiscal general deberá lograr una hazaña que la diplomacia británica ni Scotland Yard alcanzaron en 35 años, cuando persiguieron sin éxito al asaltante del tren postal inglés Ronald Biggs. El famoso asaltante vivió feliz como refugiado durante décadas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, hasta entregarse voluntariamente a las autoridades de su país a principios de siglo. Murió en diciembre del año pasado.
Es poco probable que el Dr. Soza quiera entregarse hacia 2049 o que el caso que lo ha llevado hasta el cerrado brasileño persista hasta entonces.
La conminatoria del senador se suma a la demanda de los acusados que también reclaman la presencia de Soza para limpiarlos de acusaciones que la ex autoridad ha declarado que son ilegales y fruto de presiones. Puede especularse que la conminatoria del legislador al fiscal general contribuye a agitar más las aguas del Juicio del Siglo, remecidas por los documentos y declaraciones de la ex autoridad judicial a los medios nacionales y que en el proceso todavía no son reconocidos como palabra legal.
Las últimas horas de un jurado
Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.
Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan sobre el ex poderoso fiscal y su fuga a Brasil, como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.
Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno. El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria que atribuía a una hija de Anastasia Callisaya Katari.
Después de consultas entre los miembros del tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como había requerido la defensa. La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesión había sido labrada desde los niveles más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó una inusual alteración de turnos a fin de exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo” Guido Colque le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también debía ser fundamentada.
Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud y que había tomado una decisión. “Me cansé”, dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”. La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.
El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.
No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la demora sería mayor.
El colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del Fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.
No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del Fiscal Sergio Céspedes durante toda la jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.
En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación que está en Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.
“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”. Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.
“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967.
“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.
No hay final claro ni ordenado para El Juicio del Siglo
A dos meses del quinto aniversario del ataque policial al Hotel Las Américas, el Juicio del Siglo que abrió el gobierno contra 39 personas, acusadas de preparar una guerra secesionista, luce cada vez más enredado y distante de una salida clara y ordenada. Si fuera como narrar un partido de fútbol, se diría que el gobierno parece estar embotellado, la pelota se desplaza sin control y ni con ayuda de los árbitros podría dominar el juego.
En las últimas dos semanas un abogado del Ministerio de Gobierno fue apartado del juicio cuando un acusado hizo saber al tribunal que el magistrado tenía una sentencia a cuatro años de prisión por estafa. Al mismo tiempo, el ex principal acusador estaba bajo un cerco cada vez más estrecho levantado por denuncias de extorsión, y desmejorada la salud algunos de los acusados, cuyos médicos alertan que podrían morir.
Como manto de fondo está la mirada severa de la Unión Europea, dos de cuyos ciudadanos están presos desde la génesis del caso, el 16 de abril de 2009, cuando un grupo policial venido de La Paz horas antes mató a tres personas, entre ellas un croata-boliviano, un irlandés y un húngaro.
Hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó (54-7) una resolución reclamando al gobierno boliviano una investigación con participación internacional sobre la muerte de Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi. La resolución renueva las dudas sobre la versión oficial de que la policía fue atacada y tuvo que reaccionar matando a los tres sin que sus filas registraran baja alguna.
La tesis que presentó el ahora ex fiscal Marcelo Soza se vio ensombrecida el año pasado cuando el ex prefecto de Santa Cruz, Svonko Matkovic Fleig, lo acusó de extorsión. Le había pagado bajo presión, dijo, 90.000 dólares en dos entregas a cambio de la promesa de liberar a su hijo, Svonko Matkovic Rivera, cuyo número de teléfono celular estaba en el atribuido a Rózsa en una conversación de unos 20 segundos.
El ex prefecto ha dicho que los extorsionados son decenas de personas (40 o 50, dijo a El Deber, lo que representaría millones de dólares si se toma como referencia lo que Matkovic dijo haber pagado) y los ha exhortado a denunciar públicamente al ex fiscal. Entre ellos mencionó a una decena de empresarios cruceños ninguno de los cuales ha confirmado las afirmaciones de la ex autoridad. Dijo, inclusive, que uno de ellos ya declaró pero que “se olvidó de algo”. Dejó en el enigma aquel “algo”. “Esos empresarios me dan lástima”, dijo en una entrevista con El Día, de Santa Cruz.
Todos han sido citados a declarar ante el fiscal anticorrupción Ángel Álvarez. El director del programa televisivo “Sin Letra Chica”, Carlos Valverde, declaró que Matkovic ha dicho la verdad, pero que no puede probarla.
Con recusaciones récord de los jueces que debían tomarle declaraciones, Soza ha rehusado presentarse a declarar en Santa Cruz. La última fue conocida el viernes, cuando estaba citado para declarar ante un fiscal anticorrupción designado por un juez de Santa Cruz.
El caso contra Soza fue levantado por la senadora por Pando Carmen Eva Gonzalez, también el año pasado, tras la conmoción causada por dos audios en los que una voz, que exámenes técnicos ordenados por la legisladora atribuyeron al ex fiscal, decía a un interlocutor que las pruebas para incriminar a los acusados fueron montadas y que una caída del caso implicaría la caída del gobierno. Los informes periciales que ordenaron en Brasil y España la senadora y, por su parte, el director televisivo Valverde, no han sido contradichos. Las pericias que las autoridades judiciales dijeron que ordenarían, no se han llevado a cabo o no se conocen sus resultados.
Entre los argumentos de la defensa de Soza para no asistir a las convocatorias para declarar está la de que el caso debería ventilarse en La Paz, por ser su domicilio. Ese ha sido el mismo argumento de los acusados por el gobierno, que peregrinaron entre La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija. Debió mediar una complicación grave en la salud de uno de ellos (un infarto en Tarija, hace poco más de un año, sufrido por Ronald Castedo, que sostiene haber también sido víctima de una tentativa de extorsión) para que el tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidiese traer el juicio a Santa Cruz.
La jurisdicción y competencia para tratar el caso aún no están resueltas, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde el asalto al hotel. La defensa argumenta que la juez de La Paz que tomó el caso nunca dictó un decreto asumiendo el control, un paso insoslayable. La ausencia de ese decreto sería razón para anular el proceso. El tribunal del caso sostiene que el asunto ya fue abordado y resuelto y no ha cedido a las protestas sobre esa aparente irregularidad.
Tampoco está zanjada irrefutablemente la objeción de la defensa a la legitimidad del tribunal. Las dos jueces ciudadanas fueron posesionadas sin la presencia de algunos acusados, entre ellos Ignacio Villa Vargas “El Viejo” y el general Gary Prado Salmón. El primero alega que estaba en terapia intensiva y que su lugar fue asumido por un abogado de oficio nombrado por el fiscal; el segundo obedeció a sus médicos que le ordenaron no exponerse a la altura de Tarija. Sin la presencia de todos los acusados, las decisiones del tribunal a partir de entonces serían nulas.
Castedo, ex presidente de COTAS, ha demandado a todo el tribunal, -el presidente Sixto Fernández, la juez técnica Elena Julia Gemio, y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya- a quienes acusó de retardar la justicia y atentar contra su vida al obligarlo a asistir a sesiones en la altura y a negar separarlo del proceso. Los últimos informes médicos dicen que su corazón funciona sólo al 26% de capacidad. La demanda fue rechazada pero su defensor principal, José Hoffman, ha dicho que interpondrá nuevas recursos.
La secuencia de acontecimientos también ha intrigado a los investigadores independientes. El 30 de marzo de 2009 ocurrió el atentado contra la residencia del entonces vice Ministro Saúl Ávalos. La denuncia fue registrada el 1 de abril. El 14 del mismo mes, abogados del gobierno (ahora presos acusados de extorsión) presentaron una denuncia sobre actos de terrorismo que ocurrirían {sic} para sembrar zozobra en la población. Horas después sucedió el atentado contra la residencia del Cardenal Terrazas. La denuncia del suceso fue registrada a las pocas horas. En la madrugada siguiente ocurrió el ataque al Hotel Las Américas. La duda que prevalece entre los investigadores es si la denuncia sobre preparativos para actos desestabilizadores por venir fue concebida para justificar lo que efectivamente vendría después. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, que afirma que fue contratado por el gobierno para espiar a Rózsa, ha afirmado que participó de los dos atentados.
Aquella denuncia (sobre actos de terrorismo) tiene al 30 de marzo como fecha original, pero fue presentada el 14 de abril, poco más de un día antes de los sucesos del hotel. Su presentación fue la base para que el caso quedase radicado en La Paz y asignado a Soza, pese a que los casos de las dos explosiones, sostiene la defensa, ya los había asumido Santa Cruz. La defensa dice que ambas explosiones configuran actos vandálicos, no terroristas, pues no hubo ninguna lesión personal. El gobierno dice que el delito de terrorismo/separatismo tiene connotación nacional y puede ser procesado en cualquier lugar del país.
Estos días dejó de comparecer a las sesiones del juicio el abogado del Ministerio de Gobierno Marcelo Salinas. La inasistencia del abogado ocurrió tras una declaración que hizo Juan Carlos Guedes, el mecánico de aviación a quien la acusación tilda de intermediario en el aprovisionamiento de armas para el supuesto alzamiento separatista.
Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que Salinas había sido sentenciado a cuatro años de presidio, culpable de una denuncia por estafa, falsificación de documentos, robo y abuso de confianza, y que no había estado un solo día en la prisión. Corroboró la afirmación con copias de la sentencia emitida el 11 de junio de 2011 por el tribunal que presidía Carlos Blanco. Otro abogado ocupa ahora el lugar de Salinas.
Guedes aún continúa con su declaración, la que más ha golpeado a la tesis gubernamental. La etapa en curso debe incluir a todos los acusados, entre ellos Alcides Mendoza, otro ex dirigente juvenil cruceñista, cuya presión arterial obligó la semana pasada a abrir un paréntesis hasta el día 17.
- 1
- 2
- Siguiente →
Mientras tanto, en Santa Cruz 