Día: agosto 14, 2008

Callejón oscuro, otra vez

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Los prefectos de cinco departamentos y el gobierno no lograron aproximar sus puntos de vista y el diálogo quedó, cuando menos, congelado. Menos de 24 horas después de haber comenzado los primeros contactos entre el presidente y sus adversarios regionales, Bolivia está nuevamente camino al despeñadero. La gota que colmó el vaso, de acuerdo a los prefectos, fue la declaración que formuló en la mañana el presidente Morales cuando dijo a los periodistas que los dignatarios departamentales “sólo quieren plata”.

La frase presidencial se basaba en la insistencia de los prefectos de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija) y Chuquisaca de exigir que se les devolviesen los recursos del Impuesto sobre los Hidrocarburos, que el gobierno utiliza desde este año para pagar un bono a los ancianos, como punto principal. (Gran parte de ese bono era antes cubierto con las utilidades de las empresas con inversión extranjera que el gobierno del presidente Morales nacionalizó, entre ellas las de telecomunicaciones). El gobierno planteaba que primero fuesen “compatibilizados” los estatutos autonómicos de los cuatro departamentos de la Media Luna con su proyecto de constitución, aprobado con cuando menos dos docenas de irregularidades, según el Colegio Nacional de Abogados, en la ciudad de Oruro, lejos de Sucre, donde una nueva constitución debía haber sido debatida y aprobada.

Agregado el 21 de agosto: Los prefectos no se cansaron de decir que, efectivamente, lo que quieren es plata para obras infrestructurales en sus departamentos  y que no fueron a Palacio al amenecer para jugar pollita ramada. Quieren, dicen, que a las prefecturas se les devuelva por ley lo que arbitrariamente se es quitó.

Los prefectos agregaron sombras al plebiscito realizado el domingo pasado, al reclamar, en una resolución que aprobaron en la tarde, una auditoría técnica del padrón electoral boliviano, en especial sobre el proceso de carnetización, y exigir que mientras eso no ocurra que no se efectúe ninguna elección en Bolivia. El reclamo viene precedido de numerosas denuncias de fraude en ese plebiscito para revocar o ratificar al presidente, vicepresidente y ocho prefectos. Los más recientes datos de la Corte Nacional Electoral asignaban a Morales dos tercios de la votación, es decir 13 puntos porcentuales más que los que obtuvo en 2005, cuando fue electo con el 53,7% de los votos. El porcentaje es puesto en tela de juicio, pues en dos años y medio el mandatario ha sufrido fuerte desgaste político. En los días previos al plebiscito, no logró presentarse en esos cuatro departamentos y en Sucre, la capital de Chuquisaca, no era bienvenido. Los actos de repudio al mandatario impidieron que llegasen a Tarija, al sur, dos de sus mas estrechos aliados: los presidentes de Venezuela, Hugo Chavez, y de Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner. Hubo, esos días, una violencia callejera pocas veces vista en el pais. Decenas de personas resultaron heridas. Dos trabajadores mineros murieron en Oruro el martes 5 de agosto y cuando menos 40 fueron heridos cuando la policía disolvió el bloqueo de una carretera que los mineros bloqueaban en protesta contra el gobierno. Inclusive, cientos de discapacitados en todo el país, muchos en sillas de ruedas, en camillas y con muletas, han protagonizado actos públicos contrarios al gobierno, que se niega a otorgarles un bono que reclaman. La televisión ha mostrado escenas conmovedoras de minusvalidos intoxicados que apenas podian moverse y solo balbuceaban su reclamo envueltos en los gasses lacrimógenos que les arrojaba la policía. Ha habido persistentes reclamos contra las elecciones en las zonas rurales remotas, donde podrían haber ocurrido fraudes masivos para favorecer al gobierno. Un informe de la OEA observó el acto electoral y el escrutinio. Incluso la corte Nacional electoral está siendo enjuiciada por “falsificación” y un comité de Sucre pidió 15 años de presidio para sus miembros.

En esa atmósfera, los cinco departamentos acordaron ir adelante con sus procesos autonómicos, que les permite mayor libertad en decisiones sobre inversiones públicas. Los recursos que les correspondería a los departamentos han crecido debido al alza de los precios de los hidrocarburos que Bolivia exporta a Brasil y Argentina. Y, además, acordaron:

  • Paro cívico para el 19 de agosto.
  • Declarar no grata a las regiones autonómicas la presencia en sus territorios de los funcionarios del gobierno (el presidente y sus ministros).
  • Pedir la suspensión de una huelga de hambre masiva que estaba en curso desde la semana pasada en sus regiones.

     

    En resumen, no ha traído paz a Boliivia el plebiscito del domingo.