Día: agosto 26, 2008

Bloqueador de ayer, desbloqueador de hoy

Posted on Actualizado enn

 

El presidente Evo Morales, que hizo de los bloqueos de caminos la marca de su carera política e inviabilizó algunas industrias económicamente prometedoras en El Chapare, ha prohibido los bloqueos y cualquier tentativa de cerrar el flujo de gas para la exportación y anunciado severas multas para quienes los protagonicen. La decisión del gobierno ha dejado perplejos a muchos diplomáticos (en Bolivia casi se ha perdido la capacidad de sorprenderse), pues si se aplicasen las multas retroactivamente, el presidente y su partido estarían endeudados por generaciones.

Algunos de los bloqueos en curso fueron suspendidos. Por sindéresis, los que realizaban movimientos campesinos sobre Sucre quedaron indefinidamente en suspenso. Los bloqueos trataban de hacer la vida imposible para la prefecta Savina Cuéllar, que desplazó al Movimiento al Socialismo en la elección prefectural de ese departamento, e imponer subprefectos favorables al gobierno en el campo. La prefecta se mantuvo firme y no cedió. Y para el gobierno habría sido una inconsecuencia demasiado elocuente favorecer esos bloqueos y prohibir otros.

Pero la movilización de las prefecturas por recuperar los recursos confiscados de los impuestos sobre los hidrocarburos se mantenía y para este miércoles estaba prevista una reunión de autoridades cívicas y departamentales (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando) para definir nuevas medidas de presión.

El gobierno, entretanto, parecía dispuesto a apretar el acelerador y alcanzar sus metas. Se afirmaba que en las próximas horas aprobaría un conjunto de decretos para poder llamar a nuevos plebiscitos, especialmente uno que permita votar a la ciudadanía sobre el proyecto de constitución aprobado en Oruro en diciembre en medio de múltiples irregularidades. A la cabeza de todos los puntos del proyecto de constitución: la reelección de Morales y la posibilidad de una segunda reelección. En total, 10 años más. Y algo que podría ser una estocada sobre los departamentos autonomistas: redistribuir los recursos del IDH e incorporar en sus beneficios a los municipios y comunidades indígenas.