Violencia

Funeral con ausencia masista

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Los restos de la concejala de Primero el Beni Daguimar Rivera Ortiz recibieron este miércoles el homenaje dolorido y cargado de indignación de miles de pobladores de Guayaramerín (Puerto Sucre), donde la legisladora local fue salvajemente asesinada con balazos en el rostro por desconocidos que aún eluden a la policía. La concejala había denunciado, dijeron parientes y correligionarios, actos de corrupción en su municipio por parte de representantes del partido de gobierno, que comandan el gobierno municipal. La ausencia de una representación del partido oficial, el MAS, fue elocuente, de acuerdo al informe que trajo esta noche la red informativa Erbol. La población que asistió al entierro pidió a gritos justicia y que los asesinos, cómplices o mandantes, sean castigados con la máxima condena prevista por la ley.
La señora Rivera Ortiz era dueña de un local de karaoke, a donde los asesinos ingresaron y la mataron la noche del lunes. La crónica ofrecida por Erbol dice: “Familiares, amigos y miles de vecinos de Guayaramerín exigieron este miércoles (que) se esclarezca el asesinato de la concejala opositora de Primero el Beni, Daguimar Rivera Ortiz, durante el entierro de sus restos mortales en el cementerio local de la avenida 9 de Abril.”
Las ausencias y presencias de ciudadanos en actos como el que ha conmovido a esa ciudad de la frontera con Brasil suelen ser pistas para los investigadores. La expectativa es que el crimen horrendo de la concejala merezca una investigación ágil y efectiva con resultados medidos en días.  Crímenes de una brutalidad como el que ha conmovido a esa población fronteriza deben ser resueltos rápidamente. En el trabajo para descubrir a los autores se juega el prestigio de las autoridades. En un medio donde todos se conocen, no debería ser difícil.

No es más de baja intensidad

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La violencia vista en esta jornada y mostrada por los canales de la TV no es más de baja intensidad. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba fueron campos de batalla que desmentían la idea de que en Bolivia los conflictos en curso son de menor intensidad. Casi toda la red troncal de carreteras experimentaba bloqueos.

Piedras contra gases lacrimógenos tronaron en Puerto Pailas, una de las poblaciones de las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos denunciaban airados que los gases habían caido incluso en escuelas, aterrorizando a niños, a quienes se les suele enseñar que la policía es la representación de la seguridad de la población. La fuerza policial se impuso y consiguió levantar el bloqueo establecido personas de los servicios de salud, en huelga indefinida desde hace más de un mes. Los heridos de la policía eran tres. No se conocía cuántos heridos hubo entre los manifestantes.

En la autopista principal La Paz-El Alto también se desencadenó una batalla campal cuando la policía decidió dispersar a médicos, estudiantes de medicina y funcionarios de salud que bloqueaban el lugar.

En Cochabamba, las imágenes parecían las de una poblada que la policía intentaba contener. Los protagonistas eran los mismos: empleados del sistema nacional de salud y estudiantes, frente a la fuerza policial que no ahorró descargas de gases lacrimógenos.

Los bloqueos iban a extenderse al sur, en las próximas horas hasta afectar inclusive localidades fronterizas con Argentina. Parecía que toda Bolivia –o gran parte del país-  estaba en los momentos más agudos (¿?) de una convulsión generalizada.

Eran los momentos extremos de una crisis, como una olla de presión en pleno estallido. No había un conteo oficial de víctimas, salvo la de los tres policías, incluso un coronel, en Santa Cruz. Dos hechos más se sumaron a la jornada. Sobresalía la voluntad de los marchistas del TIPNIS rumbo a La Paz de continuar su recorrido, a pesar de las amenazas de pobladores de San Ignacio y de otros lugares con fuerte presencia oficialista de someterlos privándolos de agua y alimentación. Hasta ahora, en dos semanas de caminata, los marchistas no han sido frenados ni por el frío ni por el fango de los deteriorados caminos del norte y oriente bolivianos. Esta noche sus dirigentes aseguraron que su ánimo de continuar el trayecto en paz no sería doblegado.

No menos explosiva, por los inevitables peligros que encierra, fue la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB)  de apoyar al sector salud en sus demandas y de rechazar el aumento salarial del 8% ofrecido por el presidente Morales el 1 de mayo. La organización decretó un paro general de 72 horas, del miércoles al viernes de la semana próximo. Al concluir este paro, habría una reunión para decidir un paro nacional indefinido. Para el lunes y el martes está previsto un paro del transporte.

Esta noche, era cada vez más insistente la pregunta para la que no había respuesta: ¿Qué vendrá después?

Yapacaní no ha acabado

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Las organizaciones cívicas de Yapacaní y pobladores del lugar decidieron hoy realizar un bloqueo de seis horas sobre la carretera central hacia Cochabamba y Santa Cruz y amenazan con convertirlo en indefinido a partir de la semana entrante si no son liberados las  cinco personas que las autoridades detuvieron y que inicialmente fueron traídas a Santa Cruz. El bloqueo que vuelve a dificultar el tráfico en ese nudo de la carretera central Santa Cruz-Cochabamba-La Paz y vuelve a plantea un nuevo desafío al gobierno, pues la amenaza de lanzar un bloqueo indefinido exige el despido de sus cargos del Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, probablemente el de mayor cercanía e influencia sobre el presidente Evo Morales, y de la comandante de la policía en Santa Cruz, Lily Cortez. Ambos son responsabilizados por los bloqueadores por la represión sobre los manifestantes que el martes celebraron un cabildo y reiteraron la demanda para la renuncia del ahora renunciado alcalde David Carvajal.
Los cinco detenidos están acusados de promover hechos vandálicos el día del cabildo y de la represión en ese lugar de colonos, a sólo 124 kilómetros de Santa Cruz. Mientras el bloqueo se iniciaba, el ministro cuya renuncia los bloqueadores demandan, anunciaba que los responsables de las muertes de dos personas en Yapacaní durante los disturbios del martes recibirían la máxima pena prevista para los delitos en Bolivia: 30 añ0s de presidio. El plazo para la salida de Romero y la renuncia de Cortez vence el domingo, según los dirigentes de los sectores que amenazan con un nuevo bloqueo prolongado.
El bloqueo en curso esta noche se inició tras el entierro de la segunda víctima fatal en los disturbios del martes, el joven Michael Sosa Apata (23 años).
Entretanto, empezaba el trabajo preliminar de comisiones de legisladores y de derechos humanos sobre lo ocurrido.
Otro punto de tensión política se presentó esta tarde en el congreso, donde se intentaba, en medio de una algarabía ensordecedora, la consideración de la ley que prohibió la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).  El Vicepresidente Alvaro García no dio la palabra a los legisladores de oposición que intentaban criticar la actitud del ccambiante gobierno en torno a la ley. La piña espinuda que representa esa ley fue enviada a la Comisión de Constitución y Justicia para determinar su compatibilidad legal.
Cuando hace menos de tres meses fue sancionada por el Presidente Morales, la ley vigente prometía resolver el problema que se había planteado con esa carretera, cuya construcción desconocía la CPE y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. La marcha de más de dos meses que realizaron más de 1.500 nativos de esa región, considerada un santuario ecológico, culminó con una bienvenida a La Paz raras veces vista en La Paz, con cientos de miles de personas que salieron a las calles para saludar y vitorear a los marchistas. Dos días después el presidente promulgó la ley que ahora se quiere modificar.

Ahora, ante la amenaza de una reprobación de la  ley, la marcha del Tipnis podría reanudarse y esta vez también tendría carácter urbano, pues sería enb defensa de la norma aprobada a disgusto por elgobierno. “Ha de ser también  una marcha por la democracia”, advirtió el dirigente fernando Vargas, quien encabezó la marcha original, si la reprobación tuviese el sello del legislativo. “Los que marchan ahora son cocaleros…producen coca para el narcotráfico”, dijo en PAT es noche (No Mentirás).

Marcha, contra-marcha, leyes, contra-leyes; firmo, no firmo. Hay, no hay. Es cierto; no, es mentira; es así, no es así. Parece un sube-y-baja, una inconsistencia que marea. La incertidumbre es enemiga de todos.

Sumergido en la confusión

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Los hechos trágicos que han ocurrido ayer en Yapacaní han lanzado a muchos ciudadanos en un profundo mar de confusión.  Gracias a las imágenes transmitidas por la TV, las versiones radiales y los informes de los diarios, el país fue espectador de los extremos a los que llegó un conflicto que pudo haber sido resuelto hace meses.  Tres muertos y decenas de heridos son mucho más de lo que el país habría podido soportar  del conflicto en un pueblo donde un alcalde del partido de gobierno era repudiado por una gran porción de la población y que, en contraste,  las autoridades superiores se empeñaban en mantener.

Tras haber sido alejado del cargo en noviembre por la presión popular, el alcalde David Carvajal fue reimpuesto por orden de una juez. Y para hacer efectiva la reimposición llegaron entre 500 y 700 policías a un lugar que tal vez no sobrepase los 30.000 – 40.000 habitantes.  Falta una reconstrucción detallada  de lo ocurrido ayer pero se sabe que quienes repudian al ahora  ex burgomaestre lo acusaban de corrupción e incapacidad administrativas. Las acusaciones eran reproducidas por  medios locales de radio y TV,  saqueados el año pasado, en los albores del conflicto, supuestamente por grupos que obedecían al entonces burgomaestre.

Tras más de un mes fuera del cargo, expulsado por presión de sus críticos, una juez ordenó su retorno y para que la orden fuese efectiva, el gobierno dispuso que fuesen a Yapacaní cientos de efectivos policiales.

La furia que se desencadenó ayer en la tarde y  por la noche tras el cabildo convocado por instituciones cívicas del lugar acabó obligando a un repliegue de esa fuerza, que anoche partió de vuelta a Santa Cruz y Cochabamba seguido durante algunos instantes por una multitud de manifestantes. El Ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, dijo al país que la fuerza se retiraba porque, al haber renunciado el alcalde, la presencia del contingente policial  no era más necesaria. Pero el alcalde David Carvajal dijo que no había renunciado (“en ningún momento”)  y volvió más densa la confusión sobre lo que ocurría.  Carvajal ya estaba en Santa Cruz cuando desmintió a su superior. Parecía poco probable que volviese a ocupar el sillón edilicio. El costo que está pagando el gobierno y su partido es demasiado grande como para seguir apostando a su favor. De hecho, horas más tarde se anunció que efectivamente renunciaba,

¿No podían las autoridades prever la violencia que se cernía? Ya se habían registrados enfrentamientos cuando la juez ordenó la reinstalación de Carvajal y éste procuró, sin éxito,  normalizar la administración municipal. Lunes y martes fueron días de escaramuzas entre sectores cívicos y la fuerza policial. Hubo decenas de detenidos y un número impreciso de heridos. Hasta que se desembocó en la jornada sangrienta de ayer.

Los críticos de Carvajal culpan a ministros del entorno más estrecho del Presidente Morales de no haberlo informado debidamente sobre los motivos del conflicto.  Carvajal replicaba que las acusaciones de lenidad y corrupción eran falsas.  A falta de mejores explicaciones, autoridades del gobierno apuntaron ayer, de manera vaga,  a “la derecha”,  la que, de tener la capacidad de generar movimientos como el que se opone al burgomaestre, constituiría un rival de temer.

Yapacaní ha sido uno de los baluartes más sólidos del presidente, donde en los últimos seis años el partido de gobierno siempre triunfó con holgada mayoría.  De manera que la atribución imprecisa a “ la derecha”  de generar la oposición al alcalde parecía no tener asidero.

Todo esto ocurre cuando la atmósfera política ya estaba nublada con declaraciones del nuevo Comandante en Jefe de las FF.AA., quien afirmó que “por iniciativa propia” había dispuesto el desplazamiento hacia Rurrenabaque de aeronaves del TAM que irían a transportar a los marchistas del Tipnis que la policía reprimió el 25 de septiembre.

“Creí que  iba a necesitar, tal vez había heridos; por eso envié, no me ordenó nadie; fue por iniciativa propia”, declaró el pasado martes el general Tito Gandarillas a Erbol, la cadena radial que reúne a unas 300 emisoras rurales en todo el país. El transporte de marchistas detenidos por la policía no ocurrió porque la población de Rurrenabaque bloqueó el aeropuerto. Quizá sin pretenderlo, el nuevo Comandante en Jefe puede haber creado un precedente peligroso.

El rostro de la represión

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La actuación policial en Yapacaní muestra el rostro de las autoridades cuando se enfrentan a movimientos que las contrarían y escapan a su control. No tienen mejores armas que la represión, que exhibe el rostro más feo del gobierno. Repasen la historia de los últimos años y verán que el libreto se repite año tras año,  gobierno tras gobierno (se esperaba que el actual fuese diferente.)

En Yapacaní había ayer decenas de presos (86, en la cuenta de El Deber) a raíz de un conflicto que venía gestándose durante meses.  Hoy, en un clima de alta tensión, se debe realizar un cabildo.

El centro inmediato del conflicto es el alcalde del partido de gobierno, David Carvajal, quien ayer reingresó a su despacho apoyado por una fuerza policial de entre 500 y 700 efectivos, la más numerosa vista en mucho tiempo en ese centro. El cabildo pretende demandar la retirada de esa fuerza e insistir en la destitución del alcalde.

Cuando fue establecido, a 120 kilómetros por carretera desde Santa Cruz de la Sierra, Yapacaní era una promesa para la colonización. Ahora tendría unos 30.000 habitantes (poco más de 9.000 en el censo de 2001).

El problema afloró en los últimos meses del año pasado, por constantes denuncias sobre la escasa ejecución municipal de programas ya presupuestados.  Era un caso de gestión administrativa que se agravó en espiral cuando los medios audiovisuales del lugar fueron atacados y destruidos por grupos afines al alcalde y al partido de gobierno, según organizaciones cívicas. Los medios atacados eran críticos de la gestión municipal. Más al fondo, sin embargo, parece existir un problema entre plantadores de coca, algunos de los cuales han tomado áreas de la reserva forestal de El Chore.

Un cabildo anterior logró la salida del alcalde, pero una orden judicial dispuso su reinstalación, que tuvo lugar esta semana, con el apoyo de la fuerza policial y en medio de disturbios. Ese tipo de decisiones judiciales no es común.

Las declaraciones de autoridades del gobierno central sobre inversiones en Yapacaní el año pasado irritaron más a quienes protestan contra el alcalde. Dirigentes cívicos retaron ayer a esas autoridades a ir a Yapacaní y mostrar qué obras se han realizado en el lugar.

El diario El Mundo en su edición de hoy cita a Freddy Machaca, presidente de la Federación de Juntas Vecinales, denunciando violación a los derechos humanos por parte de la fuerza policial. “Pido a (las organizaciones de) derechos humanos que vayan a la población”, dijo.

El conflicto no es buen augurio para comienzos de año. Se suma a otro con los plantadores de coca en la localidad yungueña de La Asunta, enfrentados con la fuerza militar que procura eliminar plantaciones ilegales.

Colaboracionismo

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Este término fue acuñado, con una sombra peyorativa, durante la segunda guerra mundial. Colaboracionistas eran los que, bajo la excusa de preservar un cierto orden, se plegaban a las fuerzas nazis de ocupación. Ocurrió principalmente en algunos países nórdicos y, con la promesa de autonomía, en Bélgica, y en la parte ocupada de Francia. En Francia se instaló el régimen de Pétain. Pero nada de eso garantizó la tranquilidad plena de las fuerzas que ocupaban militarmente a los países vencidos, pues lograron someterlos en casi todo, menos en la conciencia. La conciencia democrática logró prevalecer y los “maquis” en Francia y los movimientos guerrilleros en Noruega y otros países europeos, especialmente Italia, acabaron socavando a las que parecían dictaduras inamovibles y bien pronto los colaboracionistas estaban en el banquillo de los acusados o ante un paredón o colgando de las cuerdas de horca de multitudes enardecidas de las que no lograron escapar (Il Duce, de Italia).

El colaboracionismo viene a propósito de a actitud de concejales -consejeros, de acuerdo a un amigo lector, a quien agradezco la aclaración- del MNR en el Beni para apartar al gobernador Ernesto Suárez Sattori quien, por requerimiento de  un fiscal fue suspendido del cargo. Al gobernador (o ex?) se lo acusa de uso arbitrario de fondos públicos, especialmente de  haber comprado  un generador para abastecer de electricidad a San Borja, aquejada por falta de energía. Tiene otros cargos más, pero el del generador, que alivió a una de las mayores poblaciones cercanas al departamento de La Paz, es el principal. Sattori sostiene que actuó ante la urgencia de dotar de algo de energía a esa población, omitiendo la dictadura de los papeleos que quizá hasta lo habrían frenado.

La actitud que aopoyó el cambio de mando en la gobernación provino del ahora gobernador interino designado, Haissen Ribera Leigue (15-12), oficialmente del MNR, pero poco después de la votación tuvo suspendida su militancia y una orden para que devuelva el cargo al gobernador apartado.

Las reacciones populares no ocurren todas de la misma manera, pero responden a situaciones anómalas. Para lograr la mayoría de 15 votos, el oficialismo capitaneado por el partido de gobierno suspendió a dos concejales (consejeros), uno de ellos de su propio partido, dice El Deber del sábado, que  habían actuado al lado de Suárez Sattori en la decisión que  alivió a San Borja.

Ahora prevalece el temor de que el gobierno quiera hacer en Santa Cruz lo que ha hecho en el Beni. Como en el dicho mejicano: Jalisco nunca pierde, y si pierde, arrebata. Un juez ya ha ordenado a detención del gobernador Rubén Costas, acusado de un sinnúmero de delitos administrativos, entre ellos la realización del plebiscito que aprobó con el 84% los estatutos autonómicos de departamento. En Trinidad se ha dispuesto un “paro cívico movilizado”, tras una masiva acción policial con lanzamiento profuso de gases lacrimógenos esta mañana para garantizar el ingreso a las oficinas del gobierno departamental de Ribera Leigue. En Santa Cruz, con su guardia policial disminuida pues una parte fue enviada a Trinidad, puede ocurrir algo similar tras una convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad para las próximas 48 horas.

Estamos a las puertas de una Navidad que ciertamente no luce blanca.

Campaña por presos del 16 de abril

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Un grupo de personas, probablemente en gran parte parientes y amigos de los presos en cárceles bolivianas y exiliados por causa del episodio del Hotel Las Américas ocurrido hace casi cuatro años, ha iniciado una campaña por la red para recolectar firmas a favor de los derechos humanos “severamente y continuamente vulnerados” de los 39 prisioneros y exiliados aún bajo proceso al cabo de 43 meses de los sucesos y de otros 40 de la lista del llamado Caso Terrorismo II.

La campaña pide que se escriba sobre el caso a la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

La nota en la web refiere  brevemente los sucesos del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en los que murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpád Mgyarosi y Michael Dwyer. Los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron arrestados y la operación se cumplió sin orden ni presencia de  un fiscal. Sostiene que hasta ahora el gobierno no ha probado que el grupo hubiese sido terrorista.   Pero junto a ellos, dice la carta, han sido procesadas otras 37 personas cuyo único común denominador es ser opositoras al gobierno el presidente Evo Morales. Subraya que hasta ahora, tras 32 meses de detención, las personas no han sido sentenciadas, y  que la ley determina que la sentencia final debe ser anunciada a los 36 meses de iniciado el proceso. A los 18 meses, debía haber cesado la prisión preventiva de algunos, de acuerdo a las leyes vigentes hasta entonces. Pero, agrega, en diciembre de 2010, el gobierno aceptó modificar la ley retroactivamente, algo inadmkinisible en la jurisprudencia moderna, de manera que la prisión preventiva continuase.

La nota dice que al menos cuatro personas han sido torturadas física y psicológicamente; las muertes en el Hotel Las Américas nunca fueron oficialmente investigadas y que el derecho a un tribunal efectivo y competente está siendo violado; tampoco se permite, dice, el derecho a un tribunal independiente, público e igualitario y que  la presunción de inocencia “ha sido negada desde el primer día”.

Dice también que a algunas personas se les quitó propiedades y tierras sin derecho alguno a juicio o sentencia y que la libertad de opinión y expresión de ellas es violada.

Piden que se escriba a las organizaciones de derechos humanos para que el proceso a los detenidos y perseguidos se lleve a cabo en base a las leyes nacionales e internacionales y se evite la creación de nuevas leyes retroactivas.