Día: agosto 8, 2008

Declaración de Brasil

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 El gobierno brasileño reiteró este viernes que espera que Bolivia “continúe consolidando su democracia y construyendo un país de oportunidades para los bolivianos de todos los orígenes y de todas las regiones”.

En una nota formal distribuida por la cancillería, destacó que el gobierno brasileño “sigue con atención” el plebiscito de este domingo y espera que “todos los bolivianos puedan expresar libre y pacíficamente sus opciones sobre el futuro del país”, y que contribuya para “el fortalecimiento del estado de derecho” y para “la reconciliación nacional”.

En el críptico y cuidadoso lenguaje diplomático, se destacan frases como “fortalecimiento del estado de derecho”, la “reconciliación nacional” y la construcción de un país de oportunidades “para los bolivianos de todos los orígenes y todas las regiones”.

Firma la nota el asesor del presidente brasileño para las relaciones exteriores, Marco Aurelio García. 

  

 

 

Ante el destino

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Un poco más de cuatro millones de bolivianos se aprestan a reforzar el movimiento de bifurcación política (en la manera formulada por el vicepresidente García Linera) que tuvo su apogeo el 5 de agosto, cuando murieron dos trabajadores mineros y unos cuarenta resultaron heridos. El domingo habrá un referéndum revocatorio y gran parte de la ciudadanía se apresta a votar bajo la convicción de realizar un acto inútil que no resolverá ninguno de los problemas fundamentales de Bolivia. El país continuará enfrentado entre dos visiones: una que, con tropiezos y contradicciones, procura avanzar hacia la modernidad desde el oriente, y otra que procura un socialismo indígena que nunca tuvo expresión histórica. Pero esos acontecimientos han vitalizado el referéndum, que hasta hace una semana era visto con apatía generalizada.

Como prueba de la contraposición bajo la cual el país celebra este plebiscito, hay unas mil quinientas personas en huelga de hambre que llenan las plazas principales en cinco o seis de los nueve departamentos, inclusive los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, bajo un ambiente festivo. En la semana quedó también evidenciado el confinamiento de la capacidad de movimiento del presidente Morales a apenas dos lugares: El Alto y El Chapare, sus bastiones y los únicos a los que, en estos días, pudo llegar sin incidentes.

Riberalta se alzó el jueves, cuando jóvenes de instituciones cívicas tomaron el aeropuerto e impidieron La llegada del Ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, para presidir el cierre de campaña del presidente. Una acción semejante se produjo en Cobija, fronterizo con Brasil y Perú, en una ratificación de los jaques sucesivos que experimenta el gobierno.

La campaña, que hasta el lunes parecía falta de motivación, cobró vigor a favor de los movimientos cívicos contrapuestos a Morales con la represión policial de mineros que habían tomado una carretera central reclamando la aprobación de una ley de pensiones distinta de la que propone el gobierno. Dos mineros murieron y más de 40 resultaron heridos a causa de las refriegas. El hecho impidió el ingreso de Morales a Trinidad y Santa Cruz. Pero ayer pudo asistir al cierre festivo de su campaña en El Alto. Medios locales contrastaron el entusiasmo presidencial y de sus ayudantes y seguidores con la tristeza que prevalecía entre los mineros, que todavía velaban a uno de sus muertos.

El ambiente se agitó aún más esta semana con la renuncia al opositor Podemos de cinco parlamentarios y constituyentes (la Asamblea aún no ha sido disuelta). La renuncia fue una protesta contra la dirección de Podemos y del ex presidente Jorge Quiroga. Pero, más al fondo, parece responder a un requerimiento latente de la sociedad boliviana de instrumentos políticos no contaminados, distante del social-indigenismo del Movimiento al Socialismo, de Morales, y del tradicional Podemos. La gota de agua que rebasó el vaso, dijeron, fue la actitud de los senadores de Podemos de poner en el debate y aprobar la ley por la cual los bolivianos van este domingo a las urnas.

La bifurcación

Aún no han sido analizados en detalle ni profundidad los acontecimientos del 5 de agosto, pero a pocos días parece evidente que constituyen una bifurcación en el camino del gobierno de Evo Morales y su pretensión de establecer un régimen socialista en Bolivia.

Ese día marca una ruptura con el movimiento sindical minero, la espina dorsal de la otrora todopoderosa Central Obrera Boliviana (COB), y exhibe dramáticamente las tremendas limitaciones dentro de las cuales el gobierno trata de moverse.

El no haber conseguido traer a Tarija a sus aliados Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, y a Hugo Chávez ha sido un repliegue catastrófico no sólo para el presidente Morales sino para sus propios invitados. Ninguno de los dos había sido impedido de visitar un país por un movimiento de multitudes ni desencadenado choques tan violentos entre policías y manifestantes. Acostumbrado a ser recibido –cada vez menos, sin embargo- con cierto alborozo en los lugares que visitaba, para Chávez el 5 de agosto debe haberle deparado una sorpresa amarga. Su aliado sudamericano no seduce como él había creído y más bien el descontento con el régimen está colocando a Bolivia tocando dentro de un área de peligrosa ingobernabilidad.

Las cartas están echadas.