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Una nueva fuerza

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Un anuncio surgido en el Comité pro Santa Cruz hace saber que se ha articulado  una Alianza Cívica Nacional, de la cual pocos  sabíamos. Po lo menos, yo la ignoraba. Pero lo principal es que con esta ACN el gobierno tiene ahora al frente una fuerza que podría equilibrar, si es manejada inteligentemente, sus movimientos. Ya no tendría más el  horizonte despejado para cuaquier acción, especialmente la de desplazar a autoridades electadas. De acreditar en el contenido de las resoluciones de la alianza, el gobierno deberá tener cuidado en las medidas contra los gobernadores de Beni (Ernesto Suárez Sattori, suspendido) y Rubén Costas, quien por confesión propia anda con el bolsón de viaje bajo el brazo en caso de ser detenido y llevado a La Paz.
A primera vista, el gobierno del presidente Morales difícilmente podrá alegar un “golpe cívico prefectural”, como en 2008. Los cívicos departamentales se unen en un ”Pacto de Unidad” para “derrotar políticamente a las tendencias autoritarias que ponen en peligro la institucionalidad del Estado” y proclaman su defensa a la democracia “como un sistema de valores, formas y mecanismos reguladores del ejercicio del poder político”. Difícilmente eso podrá ser leído como una conjura.  Con los ojos internacionales con más atención en Bolivia desde la paliza de Tipnis y la ausencia de responsables directos, las acciones oficiales no podrán ser sino cuidadosas y repetuosas de las normas legales.
El centenar o quizá más de firmantes, entre ellos representantes cívicos de Cochabamba, Beni, Pando y El Alto, exige al presidente Morales “cumplir y hacer cumplir” la CPE que él pidió aprobar, y respetar el voto popular a quienes resultaron electos (ergo, los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, suspendido, y de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera). Es decir, dar fin a   los “golpes institucionales” que han destituido a gobernadores, alcaldes y autoridades   mayoritariamente electos que no comulgaban con las ideas ni determinados actos del gobierno.
La ACN ve que la democracia boliviana está en riesgo debido a estos “actos ilegítimos” y ha decidido mantenerse en emergencia hasta el esclarecimiento de las acusaciones a los gobernadores de Santa Cruz y Beni. Cuál será la fuerza real de este movimiento es algo aún por ser determinado. El gobernador del Beni está suspendido principalente por haber ordenado la cmpra de un equipio generador de energía en un momento crítico para esa ciudad beniana. Se lo acusa de haber iugnorado trámites administrativos para ordenar la operación. Sobre el de Santa Cruz hay una variedad de acusaciones, peero una de las principales es haber gastado dinero en la realización dek plebiscito en el cual el epartamento aprobó sus estatutos autonómicos con  un 84% de voto.

La jornada de anoche parece haber testimoniado que los comités cívicos se han colocado detrás de sus escudos romanos y desafían el poder, hasta ahora sin contrincante organizado. Está por verse si el gobierno preparará su caballería para doblegar a los cívicos o si se trata del inicio de un juego civilizado en el que dos fuerzas buscarán en la razón la fuerza de sus argumentos.

El Pacto de Unidad y Compromiso suscrito por  los dirigentes reunidos en Santa Cruz critica de manera indirecta al gobierno y dice quen el progreso y el desarrollo no pueden fundarse “en líneas étnico-culturales sino  en las potencialidades de las regiones.” Es decir: Dejen de guiarse sólo  por  el aymaro-centrismo y miren a los nueve departamentos. También manifiestan su respeto a la sabiduría y representación política de los originarios del oriente, pero sin rechazar el conocimiento universal y el mundo moderno. Es una velada crítica a quienes censuran la tecnología y el mundo que nos han traído los avances científicos del último siglo y los que avasalladoramente ocurren en estos años, lo mismo que un revés a quienes quieren aprender en las arrugas de los abuelos.

Al igual que 2011,e ste 2012 que ya nos toca las puertas se anuncia extremadamente activo.

Colaboracionismo

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Este término fue acuñado, con una sombra peyorativa, durante la segunda guerra mundial. Colaboracionistas eran los que, bajo la excusa de preservar un cierto orden, se plegaban a las fuerzas nazis de ocupación. Ocurrió principalmente en algunos países nórdicos y, con la promesa de autonomía, en Bélgica, y en la parte ocupada de Francia. En Francia se instaló el régimen de Pétain. Pero nada de eso garantizó la tranquilidad plena de las fuerzas que ocupaban militarmente a los países vencidos, pues lograron someterlos en casi todo, menos en la conciencia. La conciencia democrática logró prevalecer y los “maquis” en Francia y los movimientos guerrilleros en Noruega y otros países europeos, especialmente Italia, acabaron socavando a las que parecían dictaduras inamovibles y bien pronto los colaboracionistas estaban en el banquillo de los acusados o ante un paredón o colgando de las cuerdas de horca de multitudes enardecidas de las que no lograron escapar (Il Duce, de Italia).

El colaboracionismo viene a propósito de a actitud de concejales -consejeros, de acuerdo a un amigo lector, a quien agradezco la aclaración- del MNR en el Beni para apartar al gobernador Ernesto Suárez Sattori quien, por requerimiento de  un fiscal fue suspendido del cargo. Al gobernador (o ex?) se lo acusa de uso arbitrario de fondos públicos, especialmente de  haber comprado  un generador para abastecer de electricidad a San Borja, aquejada por falta de energía. Tiene otros cargos más, pero el del generador, que alivió a una de las mayores poblaciones cercanas al departamento de La Paz, es el principal. Sattori sostiene que actuó ante la urgencia de dotar de algo de energía a esa población, omitiendo la dictadura de los papeleos que quizá hasta lo habrían frenado.

La actitud que aopoyó el cambio de mando en la gobernación provino del ahora gobernador interino designado, Haissen Ribera Leigue (15-12), oficialmente del MNR, pero poco después de la votación tuvo suspendida su militancia y una orden para que devuelva el cargo al gobernador apartado.

Las reacciones populares no ocurren todas de la misma manera, pero responden a situaciones anómalas. Para lograr la mayoría de 15 votos, el oficialismo capitaneado por el partido de gobierno suspendió a dos concejales (consejeros), uno de ellos de su propio partido, dice El Deber del sábado, que  habían actuado al lado de Suárez Sattori en la decisión que  alivió a San Borja.

Ahora prevalece el temor de que el gobierno quiera hacer en Santa Cruz lo que ha hecho en el Beni. Como en el dicho mejicano: Jalisco nunca pierde, y si pierde, arrebata. Un juez ya ha ordenado a detención del gobernador Rubén Costas, acusado de un sinnúmero de delitos administrativos, entre ellos la realización del plebiscito que aprobó con el 84% los estatutos autonómicos de departamento. En Trinidad se ha dispuesto un “paro cívico movilizado”, tras una masiva acción policial con lanzamiento profuso de gases lacrimógenos esta mañana para garantizar el ingreso a las oficinas del gobierno departamental de Ribera Leigue. En Santa Cruz, con su guardia policial disminuida pues una parte fue enviada a Trinidad, puede ocurrir algo similar tras una convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad para las próximas 48 horas.

Estamos a las puertas de una Navidad que ciertamente no luce blanca.

Un comisario ataca al Cardenal

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La acusación de un fiscal de La Paz formulada el lunes contra el Cardenal Primado Julio Terrazas, a quien sindica de haber recibido fondos reservados por un valor de  115.000 bolivianos  en 1999, vino como trueno ominoso en plena Semana Santa. Acostumbrado a la lógica de sus superiores de dispara primero, averigua después,  el fiscal Félix Peralta no se preocupó por determinar si se trataba de un homónimo, menos aún de determinar qué fin tuvo esa supuesta entrega ni la magnitud de la calumnia que podía tejer. Se trataba de denigrar al Primado boliviano, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en este país, cuya voz serena y firme molesta visiblemente a los mandamases del gobierno.

Se cuenta que San Agustín, en una visión mientras meditaba sobre el mal de la calumnia sobre la reputación de las personas, vio a un niño que echaba agua en una canasta interminablemente. Movido por la curiosidad, se le acercó y le preguntó qué hacía. El niño respondió que quería llenar de agua la canasta. “Es imposible”, le replicó el santo. “El agua siempre se saldrá”. El muchacho despareció ante el asombro del santo mientras una voz le decía: “Lo mismo ocurre con la reputación de las personas. Por más que trates de reparar el daño hecho, jamás lograrás restablecerle plenamente la reputación.”

Por eso el buen nombre de las personas es uno de los mayores valores a respetar. No hacerlo constituye una de las mayores afrentas morales.  Eso explica la reacción de toda la Conferencia Episcopal Boliviana y de la Arquidiócesis de Santa Cruz. En un comunicado este martes, la institución declaró que  “lo que  causa  aún más extrañeza es que el mencionado fiscal lanza las acusaciones a la opinión pública sin haber confirmado la identidad de la persona, demostrado de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo las normas legales”. Agrega: “A nombre del señor Cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal, nunca él ha recibido dinero de parte de ningún gobierno”.

El siguiente párrafo dice: “Estas declaraciones desaprensivas, basadas en una documentación no verificada legalmente y que por lo tanto hacen sospechar en la manipulación, causaron un grave daño a la persona del Cardenal, a su dignidad y sus derechos, además a su investidura y trayectoria, y en el Pastor, a toda la Iglesia Católica”.

Concluye: Este hecho doloroso se da significativamente durante la Semana Santa, días sagrados para la comunidad católica que vive intensamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor” y de inmediato invita a todos los cristianos a participar de las celebraciones litúrgicas, a “intensificar la oración” y a solidarizarse con el Pastor católico.

Menudo problema ha creado para su gobierno el fiscal Peralta, quien tendrá que mostrar todas sus cartas. Parte del problema queda transferido a los candidatos del partido de gobierno en las elecciones del Domingo de Resurrección.

La lista de fiscal incluye unos 50 nombres, de personas y empresas, incluso el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien  ha reconocido que recibió no los 150.000 bolivianos que señalo el fiscal Peralta, sino mucho más. Recibió, según dijo, más de un millón, que distribuyó entre víctimas de la violencia en el Chapare. El ex defensor deberá ahora, en su propia defensa, dar los nombres de los receptores.

Una  huelga de hambre

En un hecho separado, pero que exhibe el grado de tensión que existe entre Santa Cruz y el gobierno, el Presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, decidió declararse desde este miércoles en huelga de hambre ante los que denomino “atropellos continuos del gobierno” contra la región. Para el candidato del gobierno para la elección de gobernador, Jerjes Justiniano, ni la huelga de hambre ni la carga sobre el Cardenal son buenas noticias.

Preparativos

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En medio de la tensa calma que vive el país, el gobierno y las agrupaciones cívicas y departamentos de oposición, cada cual por su lado, están preparándose para una batalla decisiva para consolidar posiciones. El congreso empieza a discutir, a través de una comisión, las reformas al proyecto de carta fundamental oficialista. No está claro si la oposición ha aceptado debatir un texto cuyos orígenes tienen cuando menos dudosa legalidad, o si las bases serán diferentes. El gobierno insiste en que sólo se discutirá la inserción de las autonomías departamentales en su proyecto, tema que a regañadientes han aceptado los sectores que lo apoyan.

La convocatoria a referendo luce inevitable, tras el respaldo masivo que recibió el presidente el 10 de agosto y la demostración de poder y fuerza en Pando.  Como ha dicho varias veces el presidente, el gobierno quiere pasar el proyecto “a las buenas o a las malas”. El camino, empero, no está completamente despejado.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, está comprometido, ante un cabildo realizado en esa ciudad esta semana, a desconocer cualquier consulta constituyente. Un mandato similar tiene el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. En esta región se mencionaba la posibilidad de un nuevo cabildo abierto en los próximos días para ratificar ese mandato y apuntalar a los congresistas opositores. La Juventud Cruceñista y organizaciones universitarias preparan para el viernes (mañana) una marcha antigubernamental, contraria a una convocatoria referendo y de apoyo al prefecto de Pando, Leopoldo Fernandez. Los organizadores, cuyo lema se expresará en un “No se atrevan”, dicen que reunirán a unas 30.000 personas en la Plaza del Estudiante para marchar desde ahí hasta el monumento al Cristo Redentor, a unos 1.000 metros de distancia.

Pero en la otra orilla no están con los brazos caídos. Las organizaciones que apoyan al gobierno se preparan también para congregarse a partir del día 13 entre Oruro y La Paz para desde allí marchar hasta el Congreso y realizar vigilias mientras los congresistas deciden sobre una eventual convocatoria a referendo para el proyecto constitucional del MAS.

“Será una marcha pacífica y no cercaremos el congreso”, dijo el dirigente campesino Isaac Dávalos. Pero, advirtió a los legisladores de oposición: “No nos enojen”. El significado exacto de la expresión se traducía en: “Aprueben la convocatoria a referendo o cercaremos”.  Habra que ver si estaran presentes los observadores internacionales. Aun sin ser observador, si yo fuera extranjero reservaria ya mismo las entradas para ver un espectaculo incomun en sociedades realmente democraticas.

El gobierno realizó fuertes presiones para convencer a los prefectos que firmasen un acuerdo cuando todavía se negociaba en Cochabamba, con lo cual la convocatoria a referendo quedaría expedita. El propio presidente Morales le dijo a Costas que firmase para “tranquilizar” a Santa Cruz. Costas dijo esta noche que habrá dos visiones de país si el gobierno decide ir adelante con su proyecto de carta magna. “Con o sin referendo”, dijo.

En la víspera había dicho que el gobierno busca defenestrarlo. “Hay una cabeza que quieren de una vez por todas. Es la mia, para desestabilizarnos. Pero estamos completamente firmes”, dijo, citado en El Nuevo Día.

Por las palabras dichas, parecía inminente un recalentamiento político en el país.

KKK irrumpe y el diálogo está amenazado

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Si algo no precisaba el gobierno mostrar al país o a los delegados que supervisan el diálogo con los prefectos era a encapuchados secuestrando a un prominente líder cívicos de Villamontes. Después se supo que la del martes era una detención practicada por agentes policiales, según el informe oficial, para acusar formalmente al activista civico como uno de los responsables del atentado contra el gasoducto que transporta gas con destino a Brasil y Argentina. La acción policial encapuchada trajo reminiscencias del mejor estilo Ku Klux Klan, la organización clandestina ultra-racista de los Estados Unidos. 

Los encapuchados bajaron de dos vehículos con vidrios oscuros e interceptaron la movilidad en que se encontraba el dirigente cívico José Vaca y se lo llevaron rumbo a Santa Cruz, según la versión de El Deber y La Prensa. Después, al mediodía, los canales de TV mostraron al Ministro del Interior explicando las órdenes para detener a quienes el gobierno considera responsables de los disturbios que hasta hace poco más de una semana tenían al país con los nervios de punta. Pero para eso no era necesario un espectaculo de encapuchados.  El secuestro de Vaca ocurrió en medio de denuncias de dirigentes cívicos que se consideran amenazados por el gobierno debido a la resistencia que oponen al recorte de recursos financieros (IDH) destinados a sus regiones.

El defensor del pueblo Waldo Albarracín se mostró contrariado por la acción del gobierno,  que ha entorpecido el ambiente para el dialogo con los prefectos. “Podía haberse esperado un acuerdo (gobierno-prefectos) y luego iniciar medidas legales”, dijo. El dirigente civico de Santa Cruz, Branco Marincovick,  dijo que el clima que se ha formado en Bolivia impedía continuar el diálogo. Por ahora, la pelota está en el campo del presidente Morales. 

Dirigentes del Beni, de Tarija y Pando están entre quienes se consideran perseguidos. La dirigente cívica pandina Ana Melena está clandestina y cerca de un millar de ciudadanos están refugiados en el vecino Brasil. Hacía mucho tiempo que nada de esto se vivía ni se veía en Bolivia.

Los prefectos, que esperan reunirse en las próximas horas con los delegados internacionales que observan el diálogo cuesta arriba entre el gobierno y las autoridades prefecturales, determinaron una suspensión de las reuniones de Cochabamba mientras el gobierno no cumpla estrictamente los acuerdos que dieron lugar al diálogo. Entre esos acuerdos figura la no persecución a dirigentes cívicos y la suspensión de toda propaganda que promueva el proyecto de constitución del MAS y denigre a los prefectos que se le oponen (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca).

Al anunciar la suspensión y subrayar que ésta tenía carácter temporal hasta que el propio presidente Evo Morales asegure el cumplimiento de aquellos acuerdos, el prefecto tarijeño Mario Cossio dijo que permanecería en Cochabamba. Su colega de Santa Cruz, Rubén Costas, viajó en la tarde a esa ciudad. Cossio reveló por primera vez que los prefectos habían soportado desde hostigamiento hasta humillaciones del gobierno, todo por mantener encendido ese pavilo que son las conversaciones de paz boliviana en Cochabamba. La detención de Vaca era el desborde del vaso colmado de repetidos incidentes en los ultimos dias. Dirigentes cívicos dijeron que el gobierno pretende detener a los principales líderes autonomistas con  un despliegue de fuerza que no se observaba sino en epocas de regímenes dictatoriales.

Al avanzar la jornada, habia una conclusion inescapable: El diálogo, y la relativa calma que ha habido en Bolivia en los últimos días, se encuentran en terapia intensiva.

El cuarto día

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Actualización con nuevo encabezamiento y con la posición de los prefectos

La jornada empezó con la luz moribunda de la esperanza en torno al diálogo de Cochabamba. La esperanza entró en un ciclo diástolo-sistólico pues por momentos desapareció en medio de anuncios de que padecia de serios tropiezos, para luego reaparecer con informes sobre la continuidad de los encuentros, testimoniados por delegados de las Naciones Unidas, Unión Europea, iglesias Católica y protestantes, OEA y UNASUR.

El dialogo resbaló en la insistencia del gobierno en otorgar una semana de plazo para que los prefectos firmen un documento que permita, entre otras decisiones, que el 1 de octubre el congreso convoque a un plebiscito sobre el proyecto de constitución del partido oficial.

Pero el proceso se puso de pie una hora más tarde cuando el prefecto de Tarija, Mario Cossio, dijo que a pesar de “interferencias” para perjudicar el proceso de diálogo, las regiones que él y cuatro de sus colegas a quienes representa no lo romperán y que las sesiones estarían suspendidas hasta el jueves cuando retornaría el presidente Evo Morales de su viaje a las Naciones Unidas.

En principio, el vicepresidente había presentado un documento pre-agenda de las negociaciones el que se estipulaba que los negociadores tendrían hasta un mes para concluir su trabajo. El presidente Evo Morales presentó luego un documento adicional que fijaba 10 días para acabar el trabajo y dar paso a la convocatoria para aquel plebiscito, unánimemente criticado por la oposición y juristas que consideran que su contenido es excesivamente socializante. El proyecto fue aprobado dentro de múltiples irregularidades, de acuerdo con el Colegio de Abogados de La Paz, en ausencia de la oposición y en algunos casos sólo con la lectura del índice del texto.

“En vez de aproximarnos, nos hemos alejado”, dijo el Viceministro de descentralización, Fabián Yasick. Culpó a la oposición del traspié, y pidió a sus rivales políticos “por lo menos llegar a un acuerdo inicial”, que incluiría la realización del plebiscito. “Cuidado con que abortemos todo lo que hemos avanzado”, dijo. “Ojalá que esto no signifique una ruptura”.

El hueso de la discordia fue, al parecer, la decisión de los prefectos opositores de no acompañar al gobierno en la convocatoria a referéndum. “Seguiremos esperando una propuesta razonable”, dijo el Viceministro.

El presidente se dispone a viajar a Nueva York a la Asamblea General de la ONU, y al parecer esperaba llevar consigo un pre-acuerdo con sus opositores que le conferiria un perfil pacificador. Y, sin perder la cara ante sus seguidores, podria pedirles que suspendiesen el bloqueo a Santa Cruz.

Cossio dijo que había hecho notar a los representantes del gobierno que no era competencia de los prefectos determinar leyes de convocatorias para plebiscitos nacionales y que esa era tarea del Congreso. Informó que los prefectos habían presentado tres propuestas: una para que las comisiones sobre el Impuesto directo a los Hidrocarburos (recortado por el gobierno) continuasen trabajando hasta conciliar puntos de vista, otra que indicaba que los prefectos estaban dispuestos a “acompañar” una convocatoria a plebiscito con tal que el proyecto de constitución contemple plenamente las autonomías departamentales, al igual que los ajustes que incluyan las observaciones que se han hecho al texto a lo largo de todo este año, y una tercera que reiteraba la necesidad de una profunda purificación del padrón electoral por técnicos de la ONU, Unión Europea y OEA antes de ingresar a cualquier elección.

En otras palabras, “resetear” el proyecto del MAS, que los prefectos y la oposición política consideran excesivamente socializante y de gestación irregular.

El frío invernal –tal vez el último “surazo” de la temporada de este año-se volvió más agudo con un anuncio del propio presidente: que el cerco tendido por campesinos oficialistas alrededor de Santa Cruz tiene similitud con el que hace más de dos siglos protagonizó el conductor indígena Julián Apaza, mejor conocido como Tupac Katari.

“Este levantamiento (de campesinos alrededor de la capital) del departamento de Santa Cruz lo comparo con los levantamientos de Tupac Katari”, dijo el presidente en Cochabamba.

Katari protagonizó dos cercos. Uno de 109 días y otro de dos meses, ambos con decenas de miles de indígenas sobre la ciudad de La Paz (40.000, dicen los historiadores), antes de ser capturado y condenado a morir descuartizado el 15 de noviembre de 1871. La intención del dirigente indígena era expulsar a los españoles y restablecer el imperio de los Incas. Desde entonces y hasta la emergencia de Morales como dirigente campesino, no había habido cercos sobre La Paz, que fueron frecuentes en años pasados y ayudaron al actual presidente a llegar a la primera magistratura.

Contrariamente a La Paz, rodeada de montañas, Santa Cruz es llanura. Pero hacia este lugar marchan ahora miles de campesinos que bloquean sus rutas terrestres más importantes hacia el resto del país. Los campesinos presionan para que los prefectos reunidos en Cochabamba, al centro del país, aprueben el proyecto de constitución del partido de gobierno. Provenientes de los valles bolivianos y de las regiones mineras, esta noche habían pasado Buena vista, a hora y media en automóvil desde la ciudad. Al llegar a ese centro, de unos 10.000 habitantes, lanzaron dinamitas frente a una oficina de entidades opuestas a las políticas del gobierno. La mayoría de los pobladores se encerró sus casas. La versión que había en Santa Cruz era que la marcha continuaba rumbo a esta ciudad.

El prefecto Rubén Costas, al hablar desde Cochabamba, dio un mensaje pacificador que puede haberle valido un punto valioso, especialmente ante los observadores de proceso de diálogo. Dijo que la ciudad no reaccionará a un eventual ingreso campesino.

Tras subrayar que los departamentos contrarios al gobierno habían cumplido con levantar bloqueos y devolver instituciones que habían tomado a fin de facilitar el diálogo, dijo:

“Hoy, el gobierno, los movimientos sociales del MAS (partido de gobierno), tienen cercada a Santa Cruz. Esto busca una presión, un chantaje y que no trabajemos de forma tranquila. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, especialmente a Santa Cruz: Estamos haciendo todos los esfuerzos por la pacificación del país. Santa Cruz no responderá a las agresiones ni a la violencia. Creemos que no debe haber un boliviano más que muera producto de la violencia y los desencuentros. No vamos a permitir que esto suceda. Si los movimientos sociales avanzan sobre Santa Cruz, no encontrarán violencia. Encontrarán un pueblo en paz. Nosotros no tenemos un ejército, no tenemos armamento, tenemos un ejército de gente libre que quiere que se restablezca el estado de derecho”. Luego convocó a todo el departamento de Santa Cruz a recibir “con los brazos abiertos” a los eventuales invasores, de la misma manera que el departamento ha recibido a unos 500.000 bolivianos (40 por ciento de la población total) de otras regiones que ahora residen el departamento.

El ambiente en Santa era tranquilo. Su festiva Feria Exposición agro-Industrial cumplia su tercera noche con numerosa concurrencia.

Hay Luz Verde

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Los prefectos enfrentados al gobierno aceptaron el desafío de discutir con el gobierno un gran acuerdo nacional y colocaron la pelota en el campo del presidente Evo Morales. Tras una jornada de tensiones, el prefecto de Tarija Mario Cossio firmó ante el país, con el cardenal Julio Terrazas, primado de la Iglesia Católica como testigo, un documento de dos páginas que establece la agenda a comenzar a ser discutida desde el jueves, con presencia de delegados de UNASUR, Naciones Unidas, OEA y Unión Europea. Todo entró en el juego: Proyecto de CPE del MAS, autonomías y sus estatutos, IDH (que podrá ser restituido en su integridad a las regiones, que asumirán una porción en el pago de la renta a los ancianos). Se suspende la ocupacion de predios y oficinas publicas, que seran devueltos a las autoridades. Un acuerdo final determinará cuáles quedan con los departamentos autonomistas. Tampoco habrá referendum sobre el proyecto de constitucion del MAS, proyecto que queda congelado durante un mes.

El documento ya había sido suscrito por dos subsecretarios del gobierno. El prefecto Cossio pidió esta noche al presidente Morales que lo firme y que convoque a los prefectos y a los facilitadores de las instituciones internacionales a constituirse en Cochabamba.

La sensación que se tenía en toda Bolivia era aún de cierta incredulidad, tras jornadas y jornadas de tensiones. Pero también era visible la sensación de alivio general.

El documento suscrito por Cossio incluye el compromiso de garantías para la salud e integridad fisica del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cuya detención puso la guillotina sobre la cabeza de una posible pacificación de Bolivia.

Cossio representaba a sus colegas de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, ademas de Tarija, cuyos territorios sumados constituyen más de la mitad de la extensión territorial boliviana.

En la mañana, al retornar de una segunda ronda de negociaciones con autoridades del gobierno, Cossio había dicho que el diálogo agonizaba y pidió a los activistas de su departamento, limítrofe con Argentina, que suspendiesen todos los bloqueos y medidas de fuerza en gesto de buena voluntad por la paz.

Cossio dijo que todo estaba previsto para firmar la agenda en la mañana, cuando ocurrió el arresto militar del prefecto de Pando. Las cartas del pre-acuerdo se desparramaron y el dignatario vino a Santa Cruz para consultar con sus colegas. No consiguió que el presidente Evo Morales cambiase de actitud y suspendiese el estado de excepción.

Las apuestas, sin embargo, eran demasiado altas. El Vicepresidente García Linera expuso en líneas generales el pre-acuerdo y convocó a los prefectos a firmarlo, como quien, en juego de poker, pone todas sus fichas en la mesa. Es posible que no haya habido una convergencia planificada de hechos (el llamado de García, el de Cossio a su departamento, las presiones de grupos sociales sobre Santa Cruz, con un cerco de campesinos que amenazaba agravarse). Pero el tiempo apremiaba y es posible que el resultado fue probablemente el que los dos dirigentes buscaban. O tal vez no. Pues para el gobierno habria sido ideal que los prefectos dijesen no a todo el plan de diálogo que se habia conseguido armar. Habria podido decir sin duda alguna al continente: Ellos no quieren. Y asi dar valor a su repetida versión de que en verdad quieren golpearlo.

Sólo un par de horas antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández había solicitado al gobierno que suspendiese el estado de sitio en Pando. Colocaba al gobierno ante una petición que no podía desoir sin ganarse la sospecha de los países que lo apoyaron el lunes en Santiago. Es decir, ignorar ese pedido era perder apoyo entre los vecinos de Bolivia, pues la voz de un tribuno de la Corte Suprema tiene resonancia en cualquier parte (o deberia tener, inclusive en Bolivia).

Si el gobierno jugaba como un maestro de poker, resultó que le aceptaron la apuesta. Y ahora llegó para el presidente Morales y para los prefectos, el momento de mostrar el juego.

“El triunfo es del pueblo boliviano”, dijo el cardenal Terrazas al cerrar la ceremonia. Y como buen guia que sabe que hay que mantenerse alerta hasta el final de la jornada, agregó: “Vamos a seguir orando”.

Con seguridad todo mundo en Bolivia se quita un peso de encima. Pero el gobierno debe lidiar con otro, terriblemente más pesado. Tiene a los Estados Unidos al frente, que acaba de mostrar solamente la punta de una de sus numerosas cartas. Bolivia ha sido “descertificada” del combate anti-drogas y debe lidiar con la calificación que la coloca ante el mundo como indolente ante la lucha anti-narcóticos. Su mejor defensa -apenas defensa- es frenar y disminuir drásticamente las áreas de cultivo de coca, algo que sus aliados del Chapare no recibirán con agrado.

Paranoia y diálogo

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Santa Cruz amaneció bajo una calma nerviosa. Casi todo mundo fue a la cama anoche con la idea de que amaneceríamos con tanques en las calles, y nuevos disturbios y más bajas bolivianas. La noche fue de paranoia, pero sólo amanecimos con el corazón a media asta por los muertos en Pando, el medio centenar de heridos en ese departamento y otro tanto en Tarija. Esa fue la Bolivia del 11 de septiembre de 2008.

Hubo informes de unidades blindadas rumbo a Santa Cruz. Nadie las ha visto, por lo menos hasta media tarde de viernes el paradero de las unidades -supuestamente cuatro tanques, cada uno con 90 soldados en sus respectivas unidades de transporte-  era un misterio. Se informo, empero, que algunas compañias habian tomado rumbo a Yacuiba, probablemente para brindar mayor proteccion al centro recolector del gasoducto que lleva gas natural a Argentina.

Hoy se han abierto nuevas esperanzas de paz. El prefecto de Tarija deberá reunirse con el presidente Evo Morales y discutir una forma de armisticio. El diálogo está abierto a los demás prefectos, pero no se sabe si habrá otros, además de Mario Cossio, en la cita.

Al hablar en Cochabamba, el mandatario afirmó que en el diálogo prevalecerán “las razones” y no las imposiciones. Agregó que a la crucial reunión podrían asistir alcaldes, sectores sociales, organizaciones cívicas, sindicales y entidades colegiadas, como garantes. Con tantos participantes, el diálogo puede de nuevo empantanarse. Pero hay que esperar lo mejor. La posibilidad de una mediacion de paises amigos, para la cual Brasil estaba mas que dispuesto, quedo descartada anoche, ante el rechazo del presidente Morales a una mediacion externa. Informare por separado de ese rechazo.

En Santa Cruz, centenas de vehículos haciendo filas para cargar combustible testimoniaban la falta de carburantes que aqueja a la región. Similar era la situación en otros departamentos de la llamada Media Luna (Tarija, Beni y Pando). En la tarde estaba tambien en curso una manifestación de centenares de universitarios en favor de la autonomia y la devolución de los recursos del Impuesto sobre los Hidrocarburos que el gobierno dejó de pagar desde principios de año.

La preocupación mayor, además de un diálogo pacificador, estaba centrada en las consecuencias de la virtual ruptura de relaciones entre Bolivia y Estados Unidos. Bolivia echó al embajador estadounidense anteayer, y ayer Washington hizo lo propio con el boliviano. Las zonas exportadoras de manufacturas a los Estados Unidos bajo un régimen especial, que costó mucho lograr, estaban en vilo. De inmediato, en juego están unos 50.000 empleos, gran parte en El Alto, el bastión del presidente Morales. Pero sobre la mesa de apuestas hay mucho más que eso: todo el comercio de Bolivia con los Estados Unidos está bajo un signo de interrogación. Y todavía más: el gobierno tiene que esforzarse a mostrar al mundo que la salida de la DEA, de USAID y del embajador estadounidense redundará en un mayor empeño en el combate al narcotráfico.

Estaré atento para actualizaciones que probablemente serán necesarias.

Ahora es Pando y la sangre corre

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Lectores: Corrige el nombre del trabajador de Pando que afirmó que el ataque fue una emboscada y agrega declaración de prefecto de Pando. Agrega nuevas declaraciones del dirigente campesino.

Actualizacion, 23:45. El numero de muertos subió a nueve y el de heridos seria de medio centenar.

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El ataque de esta madrugada, que parece haber sido una emboscada, en Porvenir, una remota población del norte boliviano, ha cobrado un número mayor de muertos que el inicialmente estimado de cuatro. Son ocho los muertos -todos por impactos de bala- y los heridos 34, según una verificación nombre a nombre hecha por el jefe de oficina en Cobija de Radio Fides.

La situación se perfilaba confusa pues algunos de los heridos serían parte de una columna de brigadas cívicas que se movilizaba para impedir un bloqueo anunciado por partidarios del gobierno y que habría sido enmboscada por una supuesta columna venezolana, según denuncias de gente del lugar que habló por la emisora nacional Fides.

Un declarante identificado como Rudy Atiare, ex trabajador en la zona de la refriega puesto por Fides en sus micrófonos en Santa Cruz, dijo que se trató de una emboscada y que los atacantes serían venezolanos. “Ellos fueron atacados viniendo de la reserva (extractivista). Como le decía, el compañero Pedro (Oshiri, muerto en la mañana), trabajaba con nosotros. Y el pueblo de Cobija se ha levantado y se ha ido tras la captura de estos militares, que supuestamente son venezolanos, para ver si se los puede agarrar. El pueblo esta embravecido”.

Atiare estaba en Santa Cruz para reunirse con dirigentes civicos de la ciudad, bastión de la oposición al gobierno del presidente Evo Morales, y explicó a reporteros de la emisora que la información sobre la supuesta emboscada provenía de trabajadores colectores de goma natural del lugar. Atiare es dirigente nacional del Sindicato de Siringueros del lugar.

La reportera le preguntó: ¿Cómo sabe que son venezolanos?

“Cada vez ..la otra vez, señorita, fueron encapuchados, y eran venezolanos. Son gente entrenada del gobierno y pagada”, respondió.

Horas después el dirigente campesino, de la tribu de los Araona, según dijo, conversó por teléfono con este periodista, y dijo que sus afirmaciones provenían de haber visto durante varios días en las últimas semanas el aterrizaje y despegue en esos parajes de helicópteros con militares venezolanos. El hecho, sin embargo, no revestiría mayor relevancia pues Bolivia tiene acuerdos de cooperación militar con Bolivia. Atiare dijo que le dolía lo ocurrido pues ”nosotros somos hombres de paz, recolectamos de la selva amazónica lo que ella buenamente puede darnos”.

La denuncia coloca un nuevo elemento sensible en el conflicto que vive Bolivia y que probablemente llevará a una investigación sobre a las relaciones del gobierno del presidente Evo Morales con Hugo Chavez, de Venezuela.

No había manera inmediata de conseguir una verificación de la denuncia de manera independiente. Otras versiones hablaban simplemente de choque entre campesinos.  Tambien se hablaba de un numero impreciso de campesinos que habrían sido tomados como rehenes, pero se desconocía a que bando pertenecían.

El Viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, responsabilizó de la violencia al prefecto del departamento, Leopoldo Fernández. Dijo que funcionarios de la prefectura junto a “sicarios” marcharon a atacar con armas de fuego a campesinos que reunían cerca de Porvenir. El prefecto el gobierno estaba poniendo gasolina al fuego y que “la  mentira no va a prevalecer”. Llamó de martires a las victimas de la violencia. Fernandez habló ante una concentración de ciudadanos en Cobija que protestaba por la matanza. Pidió a los ciudadanos dispersarse pacificamente.

La ciudad de Cobija, frente a Brasilea, en la frontera con Brasil, paralizó de hecho gran parte de sus actividades habituales. El comercio cerro y las labores escolares fueron suspendidas.

En Santa Cruz continuaba la toma de instituciones del estado y la prefectura (gobernación) se preparaba para administrarlas directamente, en la materialización de facto de una forma autonómica de gobierno. No habia informes inmediatos de nuevas bajas.

La información del blog en la mañana:

Grupos de campesinos que marchaban hacia Cobija, capital del departamento de Pando, en el extremo norte boliviano, chocaron con militantes cívicos que les salían al encuentro para evitar que cercasen localidades y llegasen hasta Cobija. Habría tres muertos, uno de ellos identificado como Pedro Oshibo, de descendencia japonesa, y cuando menos cinco heridos, según los primeros informes transmitidos en la mañana por radio Fides. Las bajas eran transportadas en ambulancias hasta el hospital Roberto Galindo, de Porvenir.

El choque con armas de fuego, el primero en las tres semanas de crisis que llevaba Bolivia, se habría producido cerca del establecimiento de Tres Barracas, en el camino a Porvenir, la segunda localidad urbana de Pando, con uno 18.000 habitantes, cuando grupos de campesinos del partido de gobierno salieron al encuentro de brigadas cívicas para impedirles tender un cerco alrededor de Cobija y estalló la refriega. Cobija está a uno 70 kilómetros de Porvenir.

Las transmisiones de radio no ofrecían detalles sobre el tipo de armas utilizadas ni de dónde partieron los disparos. Pero hasta las primeras horas de la mañana no se había hecho presente la policía.

Los campesinos del partido de gobierno, en su mayoría zafreros de goma elástica y almendras, habían anunciado que partirían desde Riberalta, la principal urbe de la región, para cercar Cobija, la sede prefectural de Pando, cuyo prefecto se opone al gobierno del presidente Evo Morales.

El área es plena región amazónica y Pando limita con Brasil y Perú.

La información corrió por todo el país y levó a la iglesia Católica a reclamar por reimposición de la calma. El cardenal primado Julio Terrazas pidió en un mensaje que los bolivianos trabajen por la paz y una verdadera justicia social que acabe o disminuya drásticamente la pobreza extrema. Convocó a una jornada nacional de oraciones por la paz el 19 de septiembre.

La violencia de Pando ocurrió a sólo pocas horas de la decisión del presidente Evo Morales de expulsar de Bolivia al embajador de Estados unidos Philip Goldberg, a quien responsabilizó por la ola de inestabilidad que atraviesa el país.

Esta mañana se supo que la orden para la declaración de persona no grata de Goldberg fue recibida por el canciller David Choquehuanca se reunía con el propio embajador para comunicarle que de la región cocalera (la coca es la materia prima de la cocaína) saldría la DEA, el organismo estadounidense de control de estupefacientes.

Tras la salida de la DEA y la de hace pocos días de USAID, la región cocalera de mayor extensión en Bolivia quedaría desprovista de todo control externo.

En Cobija, anunciaba Radio Fides, se formaban brigadas para marchar hacia Porvenir. Este mediodía, el reguero iniciado en Pando amenazaba con extenderse.

O Estado de S. Paulo: Los militares no obedecen a Evo

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O Estado de S. Paulo, el influyente diario brasileño, tambien asegura en un subtíitulo que el presidente Evo Morales no está en condiciones de garantizar la entrega de gas porque existe insubordinación en las fuerzas armadas.

El presidente boliviano, dice la versión publicada hoy, tiene las manos amarradas, según el análisis que hace la cancillería brasileña de la situación boliviana. Aun si lo quisiese, no tendrá manera de evitar nuevos ataques de la oposición a los campos de gas natural y al gasoducto Brasil-Bolivia. Por tanto, agrega, hay el riesgo de una reducción aún mayor de las entregas de gas a Brasil y Argentina.

La inercia bajo la que vive La Paz se debe principalmente a la desconfianza de las Fuerzas Armadas hacia Evo, lo que anula toda garantía de protección a las instalaciones de gas.

 Una fuente diplomática sintetizó su pensamiento en cuatro palabras: “La situación está negra”. La versión del importante diario paulista, dice que la cancillería había verificado que en el momento en que grupos opositores destruían una válvula del gasoducto Gasbol, en el Chaco, había 18 militares de guardia y no previnieron el ataque ni reaccionaron. Y no existen indicaciones ciertas de que los demás efectivos militares desplegados a lo largo del gasoducto desde la semana pasada puedan frenar nuevas eventuales ofensivas. Itamaraty cree que el presidente Evo Morales se niega a dictar el estado de sitio precisamente porque las fuerzas armadas están, en la práctica, insubordinadas.

Agrega que hace poco el comandante en jefe de las FF.AA. bolivianas, Gral. Luis Trigo, afirmó que el ejército iba a estar pronto para proteger las instalaciones de gas y los edificios públicos de los ataques de la oposición, con tal que Evo diese la orden por escrito. Ese condicionamiento indica insubordinación y desconfianza sobre la capacidad de Evo de asumir la responsabilidad por las olas de víctimas civiles en posibles enfrentamientos. (Nota del blog: Aun hoy hay militares bajo proceso por los muertos durante insurrecciones populares contra el depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y los lideres de esos procesos son parlamentarios del partido de gobierno.)

AMENAZA A LOS INGRESOS

El diario dice que de acuerdo al diagnóstico de Itamarty, la oposición boliviana está alcanzando su objetivo de debilitar a Evo Morales amenazando los ingresos del gobierno. El corte de 10% de las entregas de gas a Brasil significará la perdida de unos 8 millones de dólares diarios e implica, además, multas contractuales a favor de Petrobras.

 Ante esta situación, el gobierno brasileño, dice el diario, no tendrá otra salida sino exhortar con discreción para que el presidente Morales vuelva atrás en dos de sus recientes decisiones: realizar en diciembre un referéndum sobre el proyecto de constitución de su partido y no reconocer la autonomía de cuatro departamentos opositores. Ese retroceso doble sería el único camino hacia el diálogo con la oposición y la desaparición de la crisis política. Las recientes exhortaciones de Brasil a favor del diálogo no han tenido éxito.