Justicia

Ante una distopía

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Dirigentes de prestigio  internacional  enfilan baterías para sumarse a la defensa de líderes venezolanos encarcelados por el régimen de Nicolás  Maduro, en una actitud colectiva a favor de los derechos democráticos que perfila un movimiento en ruta opuesta a los regímenes socialistas del  siglo XXI. El paso anunciado por Felipe González (España),  Fernando Henrique Cardoso (Brasil),  Aecio Neves (Brasil), Alan García (Perú), Irving Cotler (Canadá, defensor de Nelson Mandela) y otros líderes de DNA democrático reconocido,  ha molestado al régimen venezolano cuando sobran los dedos de una mano para contar a los países que lo apoyan sin cuestionarlo y crece la inconformidad con el silencio de los gobiernos simpatizantes del  “chavismo”.

El trabajo del equipo legal potenciado por esas personalidades puede convertirse en el mayor desenmascaramiento de una situación que, para un gran número de venezolanos, es una distopía, la utopía al revés que se vuelve indeseable porque representa el polo opuesto de lo que muchos soñaron.

Son cada vez menos los venezolanos convencidos de que en su país existen las  libertades básicas;  son cada vez más los que creen que de la libertad de la que gozaron durante décadas ha desaparecido, y que la propaganda monótona proclama logros que se desvanecen con la escasez de casi todo, en un país que años atrás era sinónimo de abundancia.

La perspectiva de mayor visibilidad que supone la acción de los nuevos defensores para los detalles de la crisis en que está sumido el  país bolivariano  no es grata a los ojos oficiales. “Malandro” ha sido el calificativo más liviano que las autoridades venezolanas han endilgado a González. A partir de ahí se puede medir el calibre de otros adjetivos.

En las décadas de 1960, 1970 y 1980, Venezuela fue refugio seguro para muchos militantes de izquierda que huyeron de las dictaduras del sur del continente. Allí encontraron acogida y oportunidades que se les negaba en sus países.  La presencia de líderes de talla mayúscula al lado de los encarcelados es una respuesta incómoda para el silencio con el que ahora los regímenes de izquierda condonan las medidas que aplica el régimen de Maduro sobre sus opositores.

Ese silencio puede empezar a romperse cuando la defensa robustecida de los líderes encarcelados empiece a ganar una resonancia mundial mayor y se afirme la idea de que en la nación líder del Socialismo del  Siglo XXI rige una distopía.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

El turno de las pruebas

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Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza  de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país.  Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis  magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará  una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández,  se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza.  El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal  acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación,  entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, cuando la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis.  Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar  a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo,  deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril.  Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Deshojando la cebolla

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La defensa en el Juicio del Siglo empezó esta semana a responder a la acusación contra 39 personas a las que se atribuye el propósito de sembrar el terror, desmembrar Bolivia y desarticular la división geopolítica del continente sudamericano. El fiscal que elaboró la acusación está refugiado en Brasil desde marzo y se dice perseguido por el gobierno que hizo que preparase, asegura, una tesis acorde con los intereses políticos de las autoridades. No hay signos que indiquen un desenlace próximo del mayor juicio penal de la historia boliviana surgido de un episodio sangriento hace cerca de seis años en Santa Cruz.
El año comenzó bajo la impaciencia de los acusados con la prolongación del proceso, cuya duración marca un récord. Al reanudarse las sesiones tras los feriados de fin de año, el acusado Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que reconoce haber engañado al comandante de la supuesta gesta, Eduardo Rózsa Flores, vendiéndole una pistola (correcto) mugrienta y sin cacerinas con la que iría a dirigir la insurrección separatista, reclamó al juez Sixto Fernández por su dilatada prisión. “Pronto voy a cumplir seis años en la cárcel… ¿hasta cuándo?”, reclamó airado. Guedes ya ha escrito un libro sobre su prisión y dice que tiene pronta una narración adicional. Acusado de ser traficante de armas, subrayó que su domicilio nunca fue inspeccionado para verificar la acusación de que iba a ser el proveedor de pertrechos para miles de hombres.
A los frecuentes altibajos y suspensos del proceso que llegó Santa Cruz hace dos años tras peregrinar por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, se agregó esta semana una frase del presidente Evo Morales en la ceremonia de inauguración del Año Fiscal organizada por el Fiscal General de la Nación, Ramiro Guerrero. “Si castigas a los separatistas (acusados en el Juicio del Siglo), puedes ser el nuevo presidente” de Bolivia, le dijo al fiscal, citado por el diario El Deber. En la misma jornada, el mandatario sugirió un referéndum para reformar la Carta Constitucional. La frase acentuó la perplejidad entre quienes asisten al juicio cuando el mandatario se mostró partidario de suprimir el debido proceso. ¿Puede eliminarse un principio, un concepto fundamental en democracia? “Es un principio tan válido para los derechos humanos como lo es el que la tierra gira alrededor del sol o que el mundo es redondo”, dijo un abogado defensor. El principio es parte de la CPE.
Otros hechos anecdóticos han causado una huella temprana en las audiencias de este año. El 11 de septiembre, el general Gary Prado Salmón había planteado la suspensión de la detención domiciliaria que le impuso una juez en mayo de 2010. El general acusado subrayó esta semana que la juez que entonces le tomó la declaración tenía lista la decisión de siete páginas tamaño oficio y renglón seguido preparada antes de escucharlo.
En su más reciente petición, Prado Salmón pidió que se permita defenderse bajo entera libertad. Entre las razones para imponerle la detención actual estaba el recelo de la juez de entonces por evitar que se comunicase con otros acusados y con los medios informativos, debido al relieve del general, cuya compañía de Rangers rindió a Ernesto “Ché” Guevara en los parajes de Ñancahuazú en 1967. El militar hizo notar esta semana que la prohibición de contacto fue superada con las audiencias, en las que todos los acusados presentes conversan, hablan con los periodistas y suelen compartir café. No debía, especialmente, conversar con el general Lucio Añez Ribera, también retirado y ahora apartado del juicio por problemas que le dificultan la memoria. Con ese factor también superado, ya no existirían razones para mantener las restricciones a su liberad, planteó la defensa. El juez flexibilizó el horario de las restricciones incorporando sábados y domingos, pero negó extender formalmente la hora de retorno a su domicilio con el fin de facilitar el desplazamiento del general desde las universidades en las que dicta clases.
En una de las últimas sesiones, el juez Sexto Fernández hizo preguntas al coronel de policía Adalberto Torres Céspedes, uno los 39 acusados. El juez hizo una pregunta que uno de los fiscales objetó, en una situación inusual. No es común que un fiscal objete al juez que, en este caso, retiró la pregunta. El hecho sembró inquietud entre los acusados sobre quién efectivamente ordenaba la sesión.
Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, reclamó que cuando él declaraba meses atrás, se había presentado una situación similar. Sus abogados quisieron objetar una pregunta del juez pero éste dijo que las preguntas del juez no eran objetables. Su abogada Erika Oroza tocó uno de los nervios más sensibles al afirmar que el proceso tenía un error básico insalvable: sus orígenes habían sido una denuncia fechada el 14 de abril de 2009, antes de que ocurriese una explosión sobre el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas y antes del asalto al Hotel Las Américas.
Las preguntas respecto a flaquezas de la acusación empezaron a ser expuestas por Gianni Prado, el abogado de Mario Tadic, al iniciarse la etapa de alegatos. Uno de los primeros puntos fueron las afirmaciones de un periodista español que, después, resultaron endebles pero que la acusación las utilizó como fuente básica. “Si hubiera habido probidad en la administración de la justicia, se habría visto que el caso fue armado”, dijo el abogado.
Las réplicas a la acusación deberán continuar, al reiniciarse las sesiones este 19 de enero.

Carta a un observador

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Le escribo a Ud., observador de un país extranjero. Primero, quisiera que me dijese con toda franqueza: ¿Conoce algún país en el que los magistrados que aplican la justicia sean electos por voto popular? Seguramente me responderá que  hay muy, muy pocos casos o lugares –lugares, condados, digamos, no naciones- en los que esta selección se produce así.   Son lugares privilegiados, ¿verdad? Estoy de acuerdo. No viene al caso nombrarlos, pero coincidirá conmigo en que pocas carreras son tan vinculadas a los méritos profesionales como la de un juez: llega a esa posición en virtud de su idoneidad, sus méritos en el ejercicio  de sus funciones y de la confianza ganada en su comunidad.

Estoy seguro que coincide conmigo en que en esos pocos lugares la educación registra niveles elevados, ¿no es así?

También quiero preguntarle si quienes resultaron electos habían sido pre-designados por algún poder del estado.

Le hago estas preguntas porque quiero que sepa que en Bolivia, donde aún con altos niveles de analfabetismo y no muy amplia cultura democrática, decimos que estamos dando un paso que es un ejemplo para la humanidad, pues en ninguna otra nación de las que figuran en el mapa mundial se procede así.  No se asombre que hable de analfabetismo. Las autoridades han dicho que Bolivia tiene cero analfabetos. No es verdad.   Saber el ABC o leer el título de alguna obra no es necesariamente haber alcanzado el nivel de alfabetización que requiere de comprensión y asimilación. Es, sin embargo, el primer escalón en un curso de educción formal. Pregunte en las librerías cuántos ejemplares constituyen un éxito editorial. O pregunte a los periódicos qué circulación tienen. O a los maestros sobre el grado de entendimiento de sus alumnos. Ud. no se sentirá feliz.

También quiero que sepa que estas decenas de candidatos (para 56 puestos) han sido pre-designados por el partido de gobierno, que utilizó su mayoría  legislativa de dos tercios para imponer a todos, absolutamente a todos  los candidatos.  (Todo para mí, nada para ti. O winners take all, como se dice en los vituperados paraísos de la libre iniciativa o del capitalismo) No hubo consideración hacia méritos profesionales. Fíjese que el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarrracín, era uno de los pocos conocidos en todo el país y con méritos considerados como genuinamente idóneos. Pues bien, su nombre fue desechado por esa mayoría. Y eso que el Dr. Albarracín era por algunos visto, cuando estaba en funciones, como inclinado por el gobierno.

Fíjese en la responsabilidad que puede tener su opinión en el curso que siga la justicia en Bolivia. No es que la justicia boliviana sea de las mejores. Sabemos que está entre las peores administradas. Pero una elección que entregue al gobierno toda la justicia puede ser fatal. Es obvio que el gobierno, al escoger sólo a sus candidatos, procura  una justicia que le obedezca solícitamente. Ponga la mano al pecho y dígame si querría eso en su país.

Fíjese, también, que el sistema no sólo es novedoso sino complicado para los bolivianos. Habrá visto la TV y escuchado la radio o leído los periódicos. Son muy  pocos los que están enterados de quiénes son los candidatos. Menos aún son los que saben por quiénes van a votar. Yo nunca vi tanto desconcierto en torno a una elección en ninguno de los países en los que estuve y donde también cubrí elecciones. Y ha oído también al Sr. Presidente decir que espera ganar siquiera con  un 70 y 80 por ciento. Con lo poco que Ud. ha logrado ver, ¿cree que eso será posible a menos que los resultados ya estén arreglados de antemano? Además, hay mucha gente que dice que votará nulo. La lógica dice que, por el desconocimiento y por la complejidad del sistema, el número de nulos debería ser grande, ¿verdad? ¿Será que con todo eso habrá todavía para ganar con aquellos porcentajes? Si eso ocurriese habría que pensar que había gato encerrado, ¿cierto?

Ha visto también que la ley prohibe la propaganda. Y, hace pocos días, ¿ha visto la intervención del Presidente Morales en una concentración ante gente que lo apoyaba (muchos eran empleados públicos, ojo) pidiendo a la gente que vote. Sabiendo que los candidatos  han sido escogidos por el gobierno, ¿por quién crees que estaba pidiendo que se vote? La misma campaña la repitió este viernes en Oruro. Y hasta los integrantes de las Fuerzas Armadas han exhortado a sus subordinados a votar (¡!).  Esto suena raro y le aseguro que me salta la sospecha de que el presidente y su gobierno están temerosos de que el voto nulo resulte tan alto que invalide moralmente la elección y le quite legitimidad. Por eso yo también me he preguntado cuál es la razón por la que se hubiese omitido el uso de la tinta indeleblde, aquella que en el dedo meñique le marca de azul o negro para  indicar que ya ha votado. Como no he escuchado ninguna explicación que me convenza razonablemente de esa omisión, me aterra pensar que se trata de  una  maniobra burda para permitir doble o triple votación.

Hay muchas otras cosas de las que querría hablarle. De la economía, del proceso de cambio, de las relaciones exteriores. Su tiempo no es muy largo y no lo permitiría. Pero le digo que Bolivia esperaba mucho de este gobierno. Se creía ingenuamente que muchos de sus integrantes, puesto que  nunca habían sido gobierno, serían diferentes y buscarían construir un país decente. Pues hoy el país  huele a lo mismo y, salvo excepciones, hasta peor.  En los albores del gobierno se proclamó a pecho henchido que había que retroceder siquiera 500 años.  Créame que lo estamos haciendo. Pero no quiero cansarlo. Sólo quisiera que medite sobre lo que acabo de decirle y que vea en mis palabras sólo un propósito de equilibrar lo que desde las oficinas públicas le pueden haber dicho.

Cordialmente,

¿Votar por pre-elegidos?

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Votar es algo muy serio.  Involucra una actitud de la persona. Cuando tomamos una decisión, asumimos el rol pleno de nuestra dignidad. Es una manifestación de la grandeza de nuestra libertad. Pero cuando esa elección es resultado de otras que otros han hecho por nosotros, no ejercemos nuestro libre albedrío y nuestra dignidad empequeñece.

Esta es una de las principales fallas de la “elección de elegidos”  a la que los bolivianos hemos sido convocados para el próximo mes. No es una elección en la que los bolivianos decidamos libremente por quién vamos votar, pues otros –la mayoría del partido de gobierno en el Poder Legislativo- lo han hecho antes que nosotros. Con el argumento de que hay que establecer equidad, equilibrio, dar oportunidad a otros sectores de la sociedad, etc., avanzamos hacia esta comparecencia nacional en las urnas.  Hay, sin embargo,  un punto que debe quedar muy claro: los jueces, desde el que administra justicia en el más pequeño rincón del país hasta los  magistrados de la Corte Suprema tienen  una sola misión: hacer justicia.  Equidad, igualdad de género, y otros conceptos, válidos en otras esferas, no deben formar parte sino, y quizá muy secundariamente, de las decisiones que emite un juez, cuyo papel principal es administrar justicia sin mirar más allá de esa misión. No es por nada que  la diosa de la justicia entre los romanos fue representada como una joven con los ojos cubiertos y una balanza en las manos. Nada ha cambiado esa simbología que destaca que el juez encargado de hacer justicia no debe ver otra cosa ni pesar algo diferente de su misión esencial: practicar la justicia.

Para evitar parcialidades, compromisos o cualquier índole de inclinaciones, desde compadrazgos hasta relaciones familiares y militancia política,  que los lleven a favorecer o desfavorecer a una persona sometida a la justicia, los jueces deben ser impecablemente imparciales. Se aplica el antiguo dicho de que la mujer del César no sólo debe ser casta y honesta, sino también parecerlo. Que haya jueces malos, sinvergüenzas o incapaces, es otra cosa. Eso ha sido un mal recurren en Bolivia, lamentablemente. Pero los defectos de un médico no anulan la medicina, ni los de un maestro a la escuela ni a la educación.

Hay algunos casos de elección popular de ciertos jueces en Japón, Suiza y Estados Unidos, pero los altos magistrados de nivel estatal o nacional son producto, más en ninguna otra cosa, de sus propios méritos. El prestigio y la probidad son las únicas credenciales para postular a altos cargos en la magistratura.  Y aún así, la preselección es extremadamente rigurosa, lo que no parece haber sido el caso con las decenas de candidatos bolivianos a esta elección, oficialmente consideradas como “únicas” en el mundo. En la ex Unión Soviética, los jueces gozaban de una relativa libertad condicionada al poder del Soviet Supremo, cuya palabra sí era inapelable.

Creo que el tema central que se abate sobre los bolivianos es cómo participar de  una elección en la que los candidatos ya fueron “pre-electos”. Nadie discute que puede ser que haya probidad plena entre los pre-seleccionados, pero quedan muchas preguntas de conciencia y de práctica común para asistir tranquilos a esta cita en la que otros ya han elegido por nosotros.