Fiscal
La ausencia de Soza
Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.
No hay carretera …por ahora
Se suspende la carretera. Con estas cuatro palabras el presidente Evo Morales dio por concluida la declaración a la prensa que había anunciado el Palacio de Gobierno para referirse a la represión de los nativos del Tipnis. No habrá carretera que atraviese el Tipnis, por ahora…
A lo largo de su declaración, negó que hubiese habido muertos durante la intervención policial del domingo. Los vecinos de San Borja y las noticias de la radio y de la TV habían mostrado a testigos las noches del domingo y la mañana de hoy que aseguraban que había cuando menos cuatro muertos: dos adultos y dos niños como resultado de la intervención de la policía. El presidente desafió a que le demuestren que ha habido víctimas fatales. La policía aseguró que la versión sobre víctimas fatales era falsa.
El Ministro del Interior, Sacha Llorenti, había dicho que había una orden de un fiscal para desencadenar la acción policial. Esa afirmación quedaría en entredicho a lo largo del día,
El presidente leyó una decena de decretos y otras disposiciones que autorizaban la carretera San Ignacio-Villa Tunari. No hizo mención a la CPE aprobada hace dos años que obliga a los gobernantes a consultar con los nativos de las áreas protegidas sobre cualquier obra que afecte su hábitat. El gobierno no hizo la consulta.
El presidente anunció también que quiere llamar a un referéndum de Cochabamba y Beni para definir si se hace o no se hace la carretera. No mencionó que el Tipnis es un parque nacional, es decir de toda Bolivia, no solamente de Cochabamba y Beni y que, en todo caso, el referéndum podría ser nacional, si llegare a realizarse. Y, por último, podría ser también continental. Pues se trata de uno de los respiraderos de oxígeno del continente. Esto lo escuché decir a la socióloga Silvia Rivero en el programa Cabildeo televisivo de Amalia Pando. Los nativos han ganado tiempo, a menos que se cancele la obra por completo y se decida por un nuevo trazado que no toque el parque.
Como es común en las reuniones presidenciales con la prensa, no hubo preguntas. O no se las permitió. Si era previsible que la opción del aplazamiento de las obras era una de las probables decisiones del gobierno, por qué no se la anunció antes de la intervención policial o antes de que empezara la marcha, hace 42 días? Muchas preguntas quedaron en el tintero.
El presidente simplemente acabó sus palabras con un “buenas noches”. No habló de la renuncia de la Ministra de Defensa, Cecilia Chacón (por su valentía, cualquiera que hubiesen sido las circunstancias, su actitud fue unánimemente encomiada por la audiencia de PAT y de gente que escuché privadamente), ni de cuándo se realizaría el plebiscito ni sobre a quiénes abarcaría la consulta, ni si se atendría a las normas constitucionales y a los convenios externos suscritos por Bolivia. Esas normas asignan a los nativos de lugares protegidos la facultad de decidir sin intervenciones de terceros, ni siquiera de colonos, sobre sus territorios. Y, todavía más, les asignan participación en los recursos naturales que llegaren a ser explotados.
El rostro del presidente parecía demudado. No había sido derrotado, pero parecía sentir que no había podido cumplir con aquello de que “la carretera se hará sí o sí”. Le habían torcido la mano.
Igualmente, se desconocían los detalles de la reacción de los nativos, que todavía curaban las heridas de la intervención policial. La supuesta orden para la descarga policial sobre los marchistas habria sido expedida por una fiscalía. Esta aseveración fue desmentida por el Fiscal General de la Nación. Otra información decía que la orden judicial la habría impartido el Ministro del Interior, Sacha Llorenti, al coronel Aracena, comandante de la operación.
Pero alguien estaría mintiendo, pues el presidente dijo que lamentaba todo lo ocurrido. Si lamentaba lo ocurrido (no podría lamentar lo que habría ordenado), era porque ignoraba que hubiese una orden de intervención policial de esa magnitud. Y tal orden no podía haber sido desconocida por el ministro Llorenti. No se puede suponer que el Ministro actuó sin consentimiento del presidente ni que el coronel Aracena lo hubiese hecho sin una disposición expresa del Ministerio de Gobierno. ¿De dónde partió la orden? Nadie asumía la responsabilidad.
El país parecía haber despejado parte de sus nubarrones esta noche. Los nativos dijeron que reiniciarían la marcha, pero eso fue antes del mensaje presidencial.
El fiscal y la NYPD
El fiscal Marcelo Soza vino a Santa Cruz, allanó equivocadamente una vivienda, asustó a gente que lo vio, vistió una gorra con las iniciales de lo más expresivo de la policía de los Estados Unidos, la de la ultracapitalista Nueva York, verdadera capital del imperio estadounidense, y…no se sabe si consiguió algo, aparte de dejar la sospecha de que la investigación que preside da palos de ciego. Apareció con la gorra policial neoyorquina –que se vende en unos $5 a $10 en la mayoría de las tiendas de “souvenirs” que pululan en Times Square y sus alrededores. A menos que alguien del New York Police Department le hubiese dado una original… Más simpático habría aparecido en las escenas que esta noche mostró “No Mentirás” de PAT si hubiese vestido una gorra de Adrián Monk (Anthony Shallhoub), el célebre detective de la serie que apasiona a la audiencia de TV por su sorprendente habilidad deductiva que lo lleva a resolver casos que parecen imposibles. Monk es de la policía de San Francisco (SFPD).
El fiscal encabezó un equipo policial con el que allanó la vivienda de una familia Asbún…que nada tenía que ver con el Asbun que él quería investigar pues no tenía relación con un señor apellidado Asbún detenido en Estados Unidos, al parecer por pretender comprar armas livianas sin las debidas autorizaciones y sin ser ciudadano estadounidense. Fue un fiasco que el jefe de Adrián Monk no toleraría, ni Monk cometería.
Las escenas del “gaffe” fueron presentados mientras la directora de PAT, Sisi Añez, entrevistaba a Gary Prado Araúz sobre su traslado a La Paz junto con el secretario de actas de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio.
Prado Arauz y Monasterio fueron autorizados a retornar a Santa Cruz (a cuenta de sus propios bolsillos) el miércoles por la noche cuando la jueza que los interrogó no encontró elementos que los inculpasen. Ambos cumplen detención domiciliaria en Santa Cruz.
Las preguntas que le hicieron en La Paz hicieron creer a Prado Araúz, candidato a la prefectura de Santa Cruz por el MNR en las elecciones del pasado domingo, que la investigación se desarrolla de un modo “desprolijo”, pues los temas saltaban de uno a otro, aparentemente sin mayor coordinación. Es decir, de una manera “desultory”, como los jinetes de los gladiadores que saltaban a los caballos de sus carruajes sin ningún orden establecido previamente. (El verbo viene del latín). Entre las preguntas que le hicieron había una sobre si conocía a algunas personas, entre ellas a su padre… Diciendo poco dijo mucho de la investigación.
Un comisario ataca al Cardenal
La acusación de un fiscal de La Paz formulada el lunes contra el Cardenal Primado Julio Terrazas, a quien sindica de haber recibido fondos reservados por un valor de 115.000 bolivianos en 1999, vino como trueno ominoso en plena Semana Santa. Acostumbrado a la lógica de sus superiores de dispara primero, averigua después, el fiscal Félix Peralta no se preocupó por determinar si se trataba de un homónimo, menos aún de determinar qué fin tuvo esa supuesta entrega ni la magnitud de la calumnia que podía tejer. Se trataba de denigrar al Primado boliviano, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en este país, cuya voz serena y firme molesta visiblemente a los mandamases del gobierno.
Se cuenta que San Agustín, en una visión mientras meditaba sobre el mal de la calumnia sobre la reputación de las personas, vio a un niño que echaba agua en una canasta interminablemente. Movido por la curiosidad, se le acercó y le preguntó qué hacía. El niño respondió que quería llenar de agua la canasta. “Es imposible”, le replicó el santo. “El agua siempre se saldrá”. El muchacho despareció ante el asombro del santo mientras una voz le decía: “Lo mismo ocurre con la reputación de las personas. Por más que trates de reparar el daño hecho, jamás lograrás restablecerle plenamente la reputación.”
Por eso el buen nombre de las personas es uno de los mayores valores a respetar. No hacerlo constituye una de las mayores afrentas morales. Eso explica la reacción de toda la Conferencia Episcopal Boliviana y de la Arquidiócesis de Santa Cruz. En un comunicado este martes, la institución declaró que “lo que causa aún más extrañeza es que el mencionado fiscal lanza las acusaciones a la opinión pública sin haber confirmado la identidad de la persona, demostrado de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo las normas legales”. Agrega: “A nombre del señor Cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal, nunca él ha recibido dinero de parte de ningún gobierno”.
El siguiente párrafo dice: “Estas declaraciones desaprensivas, basadas en una documentación no verificada legalmente y que por lo tanto hacen sospechar en la manipulación, causaron un grave daño a la persona del Cardenal, a su dignidad y sus derechos, además a su investidura y trayectoria, y en el Pastor, a toda la Iglesia Católica”.
Concluye: Este hecho doloroso se da significativamente durante la Semana Santa, días sagrados para la comunidad católica que vive intensamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor” y de inmediato invita a todos los cristianos a participar de las celebraciones litúrgicas, a “intensificar la oración” y a solidarizarse con el Pastor católico.
Menudo problema ha creado para su gobierno el fiscal Peralta, quien tendrá que mostrar todas sus cartas. Parte del problema queda transferido a los candidatos del partido de gobierno en las elecciones del Domingo de Resurrección.
La lista de fiscal incluye unos 50 nombres, de personas y empresas, incluso el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien ha reconocido que recibió no los 150.000 bolivianos que señalo el fiscal Peralta, sino mucho más. Recibió, según dijo, más de un millón, que distribuyó entre víctimas de la violencia en el Chapare. El ex defensor deberá ahora, en su propia defensa, dar los nombres de los receptores.
Una huelga de hambre
En un hecho separado, pero que exhibe el grado de tensión que existe entre Santa Cruz y el gobierno, el Presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, decidió declararse desde este miércoles en huelga de hambre ante los que denomino “atropellos continuos del gobierno” contra la región. Para el candidato del gobierno para la elección de gobernador, Jerjes Justiniano, ni la huelga de hambre ni la carga sobre el Cardenal son buenas noticias.
Mientras tanto, en Santa Cruz 
