Villa Vargas

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Otra vez Ñancahuazú

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Cuarenta y siete (*) años después de haber capitaneado la derrota y capitulación de Ernesto “Che” Guevara en los parajes selváticos del sudeste boliviano, el general (r) Gary Prado Salmón inició esta semana  una declaración para defenderse de la acusación de preparar una campaña terrorista que derivaría en un alzamiento armado y el desmembramiento de Bolivia tras vencer al ejército del que ganó máximos honores.

La declaración que inició el miércoles ante el tribunal que preside el Juicio del Siglo (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado, derrota del ejército y separatismo) fue una conferencia de historia contemporánea de Bolivia, con detalles poco conocidos para muchos de los que asisten al proceso en el Palacio Judicial de Santa Cruz.

Prado Salmon subrayó que a las doctrinas que regían la vida de las naciones se había agregado la “doctrina (Evo) Morales” que dictaba que si sus ideas e iniciativas tropezaban con obstáculos legales “yo le meto, nomás”,  en actitud de “menosprecio”, subrayó, por la justicia y sus administradores. Si el presidente proclamó, hace unos días, ante dirigentes cocaleros, que “hay que acabar con el debido proceso” y que las obras que propone el gobierno pueden ser ejecutadas sin licitación, “¿de qué justicia hablamos?”.

Le tocaba defenderse, dijo, cercado de muros levantados por la fiscalía y el Ministerio de Gobierno, por el propio tribunal y por la cancillería, que no dio curso a las solicitudes ni el juez las requirió para legalizar los documentos que emitió el ex fiscal Marcelo Soza, ahora fugitivo de la justicia, oficialmente tildado de “delincuente” y cuya acusación es seguida por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Las barreras han buscado, dijo, ocultar las irregularidades a lo largo del proceso, que tiene un curso separado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ser activado cuando concluya el que contabiliza 67 meses desde el asalto al Hotel Las Américas.

Autor de seis libros, entre ellos “La guerrilla Inmolada” con la tesis de que “Ché” Guevara salió de Cuba y se fue al África y luego vino a Bolivia por desacuerdos con la plana mayor cubana, el general retirado es pieza angular en la acusación elaborada por ex fiscal Soza que ahora el mismo ex magistrado repudia. Su presencia entre los 39 acusados es básica para la tesis oficial de que en Bolivia hubo una intentona, que publicaciones solicitadas del gobierno han difundido ampliamente.

Recluido en silla de ruedas desde hace más de tres décadas cuando un incidente al parecer fortuito le paralizó las dos piernas tras reimponer el orden en un campo petrolero  tomado por radicales de Falange Socialista Boliviana, para la acusación era instructor de la supuesta campaña separatista. Para el ex comandante militar la acusación es una venganza por haber derrotado al  ícono del castrismo y su doctrina para desarrollar movimientos guerrilleros en todo el continente.

La declaración de Prado Salmon eclipsó momentáneamente otro tema surgido a principios de mes: la posibilidad de una “conciliación entre partes”,  que provocó  reacciones encontradas.

Entre las ligerezas que atribuyó a la fiscalía mencionó la de no haber investigado el episodio del video en el que Ignacio Villa Vargas (El Viejo) supuestamente recibe un soborno del ahora fallecido ex funcionario del gobierno Carlos Nuñez del Prado. “Unos 10 testigos pudieron haber sido convocados a declarar”, entre ellos altas autoridades del gobierno, afirmó. Los audios, dijo, en los que se escucha al ex fiscal mencionar sobornos, y en un tramo asegurar que uno de sus colegas se quejó de que su nombre había sido utilizado para sobornar, tampoco fueron investigados.

“Vamos a seguir batallando”, declaró, al rememorar acontecimientos que lo llevaron a cruzar su destino con el del “Ché” y sellar el destino del guerrillero cubano-argentino el 8 de octubre de 1967. Comparó a  los guerrilleros a los que combatió con los que supuestamente encabezaba Eduardo Rózsa Flores, de acuerdo a la tesis oficial de complot separatista. “Dormían en la selva”, no en hoteles de primera, dijo, para ridiculizar la noción de que con eso supuestos comandantes se gestaba un movimiento guerrillero-separatista.

Corrigió a uno de los abogados del gobierno que en la jornada anterior había preguntado al neumólogo Juan Carlos Santisteban,  también acusado en el juicio, sobre cuestiones militares que involucraría la participación en los cursos de Altos Estudios Nacionales en los que Prado Salmon enseña. Subrayó que asistir a esos cursos no conlleva adiestramiento militar sino conocimiento de la  realidad boliviana desde todos sus ángulos.

Tras contar resumidamente su vida militar y el respeto que ganó en todo el país por su cruzada por la democracia (la más reciente distinción ocurrió hace sólo unos días), pidió a las jueces que, para emitir su veredicto, colocasen su historia en la balanza junto a la que había contado el ex fiscal.  Soza, recalcó, nunca dispuso que sobre las computadoras relacionadas al caso se realizase una pericia, que habría demostrado que hubo forjamiento de pruebas.

Cuando concluya su declaración, la defensa y los acusadores del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, podrán interrogar al general. Tras el fin de semana, la audiencia se reanudaría el 24 de noviembre.

El jueves, al escribir esta reseña, la sesión estaba suspendida debido a las penurias de Ignacio Villa Vargas, cuya glucosa había llegado a un nivel alarmante de 400 (3 ½ veces el máximo que el organismo puede tolerar) y requería de un tratamiento clínico de urgencia pues podría estar ante complicaciones aún mayores.

* Un error de digitación hizo que en la versión original se escribiera 45. Lo siento..

Esposados en un hospital

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El Juicio del Siglo quedó la del lunes pendiente de una evaluación cardiológica de tres pacientes, que el cardiólogo oficial prometió realizar en una hora (“20 minutos por paciente”). La afirmación del galeno ocurrió en medio de reiteradas denuncias de los abogados defensores y acusados en el proceso de que a los médicos de la justicia les faltan ética y probidad.
La atmósfera de la sesión, la primera luego de una pausa de once días, estuvo tensa a causa de otras denuncias tan graves como raras: los tres pacientes dijeron que habían estado esposados en el Hospital San Juan de Dios durante los días en que debían ser tratados de sus dolencias. Uno de ellos, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, dijo que no había logrado contener sus necesidades y descargó su orín en la cama sin recibir auxilio de los guardias, quienes lo mantuvieron esposado.
Villa Vargas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes dijeron que estuvieron esposados gran parte de los ocho días en los que debían haber sido atendidos para paliar las dolencias que habían presentado en la anterior etapa de sesiones, a comienzos de mes. “Estuve enmanillado todos los días”, dijo Villa.
La misma denuncia provino de Alcides endoza y de Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista acusado de haber suministrado una pistola ametralladora Eduardo Rózsa Flores, el supuesto jefe de una agrupación terrorista-separatista que planeaba, según la denuncia oficial, asesinar a autoridades nacionales y regionales en un movimiento que desembocaría en un alzamiento secesionista.
Guedes dijo que la semana pasada el juez Sixto Fernández había visitado a los detenidos y verificado la condición en que se encontraban. Pidió la palabra durante la audiencia y agradeció al juez por haber estado con ellos. “El Viejo” tenía fotos enmanillado en su cama.
La denuncia, que configuraría una grave violación de los derechos humanos castigada por convenios internacionales y la CPE, enturbió la sesión que no avanzó en la recepción de la declaración de “El Viejo”, la tercera del proceso que se arrastra desde hace 55 meses.
El jueves, por falta de insulina, Villa Vargas se había desvanecido, dijo el abogado Gary Prado Araúz y que, al comprobar que el paciente no tenía la medicación él la compró para que se le administrase al acusado, un tiempo “testigo clave” del caso que lleva el gobierno contra 39 personas. El abogado dijo que la glucosa que registraba la sangre de “El Viejo” era de 530, casi cinco veces el nivel máximo (110) aceptable como parámetro normal (el mínimo es 70).
La acusación dijo que los problemas de la salud de Villa Vargas se originaban en su incumplimiento con la dieta que prescribían los médicos. El acusado replicó que la coca cola que el fiscal dijo que fue visto toando era cero calorías.
En la sesión del lunes pareció rondar el fantasma de José Maria Batkovic, fallecido el 12 de octubre de un infarto tras haber viajado a la sede de gobierno. Sus médicos desaconsejaban el viaje pero el ex director del Servicio Nacional de Caminos decidió emprender el que iba a ser su último ante los informes forenses oficiales que consideraban que iba a soportar el viaje.
El defensor AlbertoMorales instó al tribunal a abrir causa inmediata por violación de derechos humanos.
El informe forense oficial determinó que el trío de acusados adolecía de múltiples deficiencias pero que todos estaban “lúcidos” y “aptos” para asistir a las audiencias. Los médicos incorporados al juicio deberán informar este martes sobre la condición cardíaca de los tres. El acusado Ronald Castedo ridiculizó la idea de una evaluación cardiológica en 20 minutos y dijo que una prueba elemental de “Holter” llevaba 24 horas.

Juicio del siglo: El viejo ataca

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Actualización: En 7mo párrafo precisa funciones de autoridades
Ignacio Villa Vargas declaró este viernes que los hombres del gobierno y los fiscales que ordenaron su detención en 2009 buscaban que involucrase al general retirado Gary Prado Salmón en el movimiento que atribuían al ex comandante de los Balcanes como represalia por haber capturado al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara hace 46 años.
La premisa, dijo, era que el militar “cavó su tumba” al rendir a quien dio forma en el continente a la “teoría del foquismo” y cayó en el intento de generar una insurrección que desde Bolivia se expandiría a todo el hemisferio.
La afirmación fue una de las descargas verbales del personaje que los fiscales habían considerado como testigo esencial del episodio del Hotel Las Américas antes de girar la acusación en 180 grados y declararlo acusado esencial de todo el proceso, el mayor de la historia judicial boliviana en lo que va del siglo.
Villa Vargas, conocido nacionalmente como “El Viejo”, dijo que la orden de actuar contra el grupo con el que estaba Eduardo Rózsa Flores fue dada por el presidente Evo Morales y que el vicepresidente Álvaro García la convirtió en “orden de ejecución”. “La orden vino a través de Raúl García Linera (hermano de la segunda autoridad nacional) al funcionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo”, y al comandante de la fuerza que invadió el hotel, Cap. Walter Andrade.
Tres pistolas ametralladoras eran del ejército, afirmó, y vinieron de La Paz. Otras tres fueron compradas cerca de la feria de Barrio Lindo, en Santa Cruz. En su propia casa, en Cotoca, dijo, fueron borradas las seriales.
La aclaración de El Viejo (cruceño, 55 años) echa sobre el segundo mandatario la responsabilidad jerárquica de la ejecución de Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpad Magyarosi en la madrugada del 16 de abril aquel año. Su afirmación respecto a la “vendetta” sobre el general Prado Salmón por la captura del “Ché” coincide con las afirmaciones del militar ante el tribunal a lo largo de los 54 meses que lleva el proceso. Está en libertad condicional.
El Viejo encadenó los episodios que han rodeado al asalto al hotel Las Américas con una conjura contra los dirigentes de Santa Cruz para quitarse del camino un obstáculo para el control político sobre el país y de paso conseguir lucros personales. Villa Vargas dijo que el ahora ex fiscal Marcelo Soza le pedía que incriminase a personas adineradas de la región para luego extorsionarlas. El ex fiscal ha repudiado esas afirmaciones.
Reiteró la afirmación de que el mismo funcionario del Ministerio de Gobierno dirigió un supuesto atentado sobre la residencia del Cardenal Julio Terrazas y aseguró que tenía las botellas de vidrio con las impresiones digitales de Clavijo. Apuntó también sobre el capitán Andrade, de la fuerza policial que tomó el hotel, y Carlos Núñez del Prado, uno de los funcionarios de Ministerio de Gobierno que lo habrían conducido hasta Argentina con el supuesto propósito que alejarlo de Bolivia. “Querían acusar a la Iglesia Católica de apoyar a terroristas y expulsarla del país. Yo no iba a apoyar eso”.
Pausado como para que sus declaraciones fuesen cabalmente transcriptas, El Viejo describió algunas “sesiones de tortura” por las que pasó (descargas eléctricas en la planta de los pies y la barriga), privación de medicamentos para la diabetes, amenazas sobre su familia. La sesión fue suspendida hasta dentro de 10 días.
Es el tercero en declarar en el proceso que involucra a 39 personas.

Crónica de un derrumbe

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La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.

En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.

Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.

Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.

Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país;  un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el  supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.

¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.

La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.

Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.

En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos  un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.

La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas”  para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las  instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.

El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.