Hoffman

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

27-0

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Puede ser también 90-0. Vamos a un ejemplo. Un campeonato de fútbol llega a la final y la pantalla muestra aquel resultado. Ud. dirá: Un momento. ¿Cómo puede ser que el equipo derrotado, que tiene un conjunto de estrellas,  no hubiera anotado un solo gol?

Así fue la jornada de este miércoles al concluir la lectura de los incidentes y excepciones del “Juicio del Siglo”, que individualmente sumaron unos 90, pero que agrupados en temas, llegaron a 27. El juez Sixto Fernández leyó la resolución del tribunal que preside y declaró inválidos todos los casos.  Ya habían sido resueltos, carecían de sustentación o el término de presentación había expirado.

Los abogados defensores están entre los mejores del país y es difícil creer que hubiesen sido incapaces de acertar un solo punto.  ¿“Será que somos tan tontos y ellos sean tan brillantes”?, me dijo uno de los abogados.

No son evidencia muchas de las fotos recopiladas durante la  investigación, inclusive aquella en la que un capitán de la policía aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de una alegada conspiración secesionista. Murió acribillado a balazos en la madrugada del 16 de abril de 2009.  El juez también consideró “subsanable” la falta de páginas en el expediente, anomalía denunciada por la abogada Verónica Suárez a poco de abrirse las  audiencias en Santa Cruz, en febrero. “Es una falta relativa, y por tanto subsanable”, dijo el juez.

En el inventario de las pruebas leídas el martes, no apareció la  pistola ametralladora,  “mugrienta y sin cacerinas”, que el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno dijo que había vendido a Rózsa para la supuesta operación secesionista. “Ni mencionaron la pistola ni me mencionaron a mí”, dijo Guedes, extrañado que ese dato no hubiese sido notado por los jurados.

Pese a la derrota, los propios acusados dieron algunos testimonios.

Elöd Tóásó, el joven rumano-magiar sobreviviente de la incursión policial al hotel Las Américas junto al boliviano-croata Mario Francisco Tádic, habló ante los jurados tras ser presentado por su abogado Alberto Morales. Habló en húngaro y un traductor llevó sus palabras en castellano al sorprendido tribunal.  Las primeras palabras del joven profesor de informática fueron como rayo en cielo limpio: no había tenido traductor y los fiscales no son precisos cuando dicen que un embajador y un cónsul húngaro tradujeron sus palabras en sus declaraciones tras ser detenido. Un cónsul o un embajador no realizan ese oficio y si lo hacen no son validados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues  esa función es de especialistas, subrayó. Otras declaraciones fueron “traducidas” desde el inglés, que en Tóásó no es fluido (se desconoce la calidad del inglés del traductor que, por lo que se sabe, era boliviano).

El abogado Abel Montaño pidió que el juez precisase cómo había sido aprobada la resolución de rechazo a las observaciones de la defensa: si hubo unanimidad o si hubo disidencias.

Su colega José Hoffman, de la defensa del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo, recordó:  la policía, en horas de la madrugada, allanó sin orden judicial un domicilio privado, el Hotel Las Américas, apagó los registros electrónicos “para que no se vea lo que iba  a ocurrir”, en un acto que constituye  falla absoluta en el proceso pero al que el juez no había hecho mención, dijo.

El abogado Gianni Prado, de Tádic, dijo a los jurados que el proceso ingresaba a un terreno de indefensión absoluta, para de inmediato pedirles que escuchasen a su defendido.

Integrante del grupo de Rózsa, Tádic también tocó nervios vivos: los abogados del gobierno (ahora presos, sospechosos de extorsión) recibieron un poder el 12 de marzo de 2009, lo presentaron casi tres semanas después y lo activaron el 14 de abril, horas antes de la explosión en el portón e la residencia del cardenal Julio Terrazas y sólo un día antes del episodio del Hotel Las Américas, cuando decidieron investigar supuestos delitos que no habían ocurrido.

Atacó un punto central del caso: la policía intervino, tomó el hotel y disparó a matar sobre Rósza, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi dentro de una operación que por lo menos fue planificada en sus principales detalles. Al haber obedecido a un plan,  (la policía llegó a Santa Cruz horas antes del episodio), no hubo flagrancia. Además, subrayó, el propio gobierno ha dicho que  sabía del rupo hacía semanas.  Recordó que el presidente Morales había dicho en Venezuela que, antes de viajar, había dejado órdenes para actuar contra el grupo.

“Entonces, no hubo flagrancia” (de parte del grupo de Rózsa), dijo. Eso dinamitaría un elemento esencial de la tesis del gobierno. La idea de una ejecución ha sido reiteradamente rechazada por los fiscales. El ex cabeza del caso, el fiscal Marcelo Soza, sostiene que el grupo, casi completamente desnudo, atacó “de manera injusta” al contingente policial, que se vio obligado a disparar.

El  coronel Zoilo Salces Sepúlveda también se dirigió al jurado: “Por favor, valoren lo que les voy a decir”, pidió.  Dijo que se había presentado voluntariamente a declarar en La Paz, sólo para ser detenido y enviado a El Alto, a Oruro y traído de vuelta a La Paz. El coronel retirado no sabe exactamente por qué lleva casi cuatro años preso. Ha presentado sus pruebas de descargo pero no ha conseguido una respuesta adecuada, dijo. “ “Si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”.