Terrorismo

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Caso Rózsa va a jurado

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El caso Rózsa llegará hasta la última instancia de la escalera  antes de su final. Un jurado decidirá la suerte de los 39 acusados y sometidos a los cánones de la justicia que rige en Bolivia. Aún no se sabe cuándo, pero sí que será en La Paz y probablemente también en Santa Cruz o en algún lugar de los llanos,  para juzgar a cuatro de los acusados que no tienen condiciones de salud para soportar los 3.500 metros de altura de La Paz o los 2.900 de Cochabamba. La decisión del  juez Ricardo Maldonado surgió al cerrar  este viernes la audiencia conclusiva que incluso llevó el proceso a Yacuiba, para que pudieran exponer su defensa esos cuatro acusados cuya salud estaría en bajo riesgo  en lugares altos: los generales (retirados) Gary Prado Salmón y Lucio Añez Rivera y Ronald Enrique Castedo Allerdin y Juan Carlos Santisteban. El juicio será oral, con jurados presumiblemente de La Paz.  Los sucesos que originaron el juicio ocurrieron en Santa Cruz hace más de 30 meses.

En el capítulo Yacuiba del proceso  aquellos cuatro acusados pudieron responder y rebatir las acusaciones bajo las cuales el fiscal Soza organizó el caso, que  meses atrás le fue devuelto para que le confiriese una mejor sustentación.  El juez que consideró mal articulado el caso del fiscal Soza optó, poco después, por retirarse de la judicatura, y el juez Maldonado asumió la conducción. Se infiere que el juez Maldonado consideró subsanadas las fallas encontradas por su predecesor.

En la audiencia final del jueves y viernes en Cochabamba, imágenes difundidas por la TV mostraron al fiscal Marcelo Soza asegurando que el supuesto grupo que encabezaba Eduardo Rózsa Flores recibió a tiros a los policías de la Unidad Táctica de Resolución de conflictos (UTARC). Los cadáveres de los tres tres del grupo (Rózsa, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi) muertos durante la incursión de la policía estaban desnudos o en ropas interiores. Las múltiples interrogantes que surgieron sobre el caso Hotel las Américas desde que empezó a rodar a partir de la madrugada del 16 de abril de 2009 no recibieron respuestas adecuadas a lo largo del proceso.

Los vacíos, confusiones y falta de detalles en las informaciones que recibió el público boliviano desde entonces me llevaron a escribir un recuento de la historia sobre lo ocurrido hasta el primer trimestre de este año. Hay muy pocos ejemplares sobrantes en librerías de Santa Cruz y la Asociación de Periodistas de La Paz, que patrocinó la obra.

El general Prado Salmón fue el único de los cuatro acusados de la audiencia de Yacuiba en enfrentar personalmente  al juez (los otros lo hicieron a través de sus defensores) y al fiscal, para rebatir las acusaciones. El fiscal atribuye al militar, en silla de ruedas desde hace décadas, la condición de cerebro del plan que supuestamente tenía  Rózsa: una combinación de terrorismo con secesionismo.  Habría tratado de  montar una guerra secesionista con moldes semejantes a los que llevaron a la fragmentación de la antigua Yugoslavia.  Prado Salmón observaba que del centenar de personas interrogadas por el fiscal Soza, sólo dos lo mencionaban, y uno de ellos era “El viejo”, Ignacio Villa Vargas, inicialmente considerado como pieza clave de la investigación y luego acusado de complicidad en el caso y calificado como mentiroso por el fiscal.

El fiscal sostenía la acusación en el conocimiento militar del general  Prado sobre las armas bolivianas. El militar pasó a retiró en 1988, al culminar su carrera, marcada por la victoria de las armas bolivianas sobre la guerrilla que en 1967 lanzó el guerrillero argentino-cubano Ernesto Ché Guevara. El comandante guerrillero fue vencido por la compañía que dirigía el entonces capitán Prado, ante la cual  se rindió. En una entrevista tiempo atrás me dijo que el movimiento comunista internacional y Cuba en particular nunca le perdonaron que derrotara al mayor ícono del “foquismo” guerrillero y que las acusaciones que  ahora se le hacen  son una revancha de los enemigos de hace más de 40 años.

En los próximos días podría saberse cuándo se llevará a cabo la designación de jurados y las fechas tentativas para el proceso. Los Tiempos, en su edición digital de este sábado, dice que la conformación del jurado ocurrirá dentro de 40 días. No está claro si serán 40 días corridos o días hábiles.

En las jornadas finales del proceso el Cardenal Primado Julio Terrazas decidió desistir de la denuncia sobre la explosión que ocurrió en el portón de su residencia la noche del 15 de abril de 2009, un día antes de la operación en Hotel Las Américas. Ese episodio era uno de los elementos fundamentales de la acusación. El Deber, también en su edición digital del sábado, refiere una marcha de grupos estudiantiles que mostraban carteles que recordaban a las autoridades judiciales que al extinguirse la denuncia se extingue también el delito.

Hotel Las Américas: Otra vez será

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La reapertura de la sesión conclusiva del caso Hotel Las Américas ha sido otra vez aplazada sine die, sin fecha. La razón: el bloqueo de caminos en la carretera troncal que llevan a cabo organizaciones campesinas y un festival religioso que, según las autoridades judiciales, no aseguran garantías suficientes para el funcionamiento de las terminales de buses y aeropuertos. El juez Ricardo Maldonado dijo  que había dificultades de alojamiento, ante la masiva concurrencia que llegaba a Cochabamba, sede de la audiencia, para una fiesta en honor de la Virgen de Urkupiña.

Citado por Erbol en su página web, el juez Maldonado dijo: “Comprobé personalmente la imposibilidad de conseguir pasajes aéreos, transporte, medios de estadía en Cochabamba para el alojamiento y la seguridad de las autoridades, así como de las partes intervinientes en este proceso, en virtud a la festividad a la virgen de Urkupiña, por ese motivo hemos decidido suspender la audiencia conclusiva”. El juez dijo también que aquellas personas que se encuentran con detención domiciliaria en Santa Cruz subrayaron que, con las dificultades de movilización, no estarían en Cochabamba para la audiencia.

No es común que una audiencia de la magnitud del caso Hotel Las Américas sea aplazada por razones logístico-festivo-religiosas. No había comentarios disponibles de los abogados defensores de las decenas de imputados. Hasta el fiscal Marcelo Marcelo Soza se quejó del aplazamiento. La audiencia está en suspenso desde que hace cuatro meses, cuando el juez Sarmiento, que entonces presidía la audiencia, devolvió el expediente al fiscal Soza porque lo consideraba insuficiente para sustentar las acusaciones de alzamiento armado y separatismo, además de terrorismo,  con las que ha estructurado el caso.

Qué novedades trae ahora el expediente, que según el fiscal ya está completo, han sido motivo de especulaciones todos estos meses. Quienes siguen el caso tuvieron que deshojar este viernes una nueva margarita.

Frio polar en las relaciones con Argentina

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N.R. Puesta el10 de junio de 2011.

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La noticia de La Nación fue infundada. La desmintieron tanto en Buenos Aires como en La Paz. El presidente Morales viajará al vecino país como estaba previsto, a fines de este mes. Es difícil, de momento, determinar todo el impacto de esta crisis originada con la visita oficial del Ministro de Defensa iraní.  Las organizaciones judías de Argentina, especialmente AMIA, la parte afectada por el acto terrorista, no ha bajado los brazos y difunde su protesta por la omisión de detener al funcionario iraní por parte de la Interpol cuando visitó Bolivia a fines del mes pasado en conexión con actos celebratorios de la Fuerza Aérea Boliviana.

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Las relaciones entre Bolivia y Argentina, estratégicas para nuestro país, han sido estremecidas por el caso Ahmad Vahidi, el Ministro de Defensa de Irán invitado a Bolivia a principios de esta semana y luego ayudado a salir subrepticiamente del país en cuanto se supo que  había una orden de captura lanzada por Interpol, que lo sindica de contribuir al mayor atentado terrorista registrado en Argentina. Ocurrió en 1994 y murieron 85 personas, entre ellas seis bolivianos.

El diario La Nación informó en su edición de hoy que el gobierno argentino, aún insatisfecho con las “sentidas disculpas” expresadas en una carta por el canciller David Choquehuanca Céspedes, suspendió la visita al vecino país que a mediados de este mes iba a realizar el presidente Morales.En el vecino país, el presidente boliviano iba a ser objeto de agasajos y homenajes, hace rato ausentes de su agenda.

La medida diplomática argentina es una de las más graves de un país contra otro y una de las que más se aproxima a una ruptura. No hay indicaciones de que Argentina pretenda llegar a ese extremo, pero resulta evidente que la cancelación de la visita,  la primera que en muchos meses haría al exterior el presidente Morales, exhibe un grado de irritación pocas veces visto en las relaciones internacionales.

La situación se presenta a sólo pocos días de una reunión de la OEA en la que Bolivia buscará una reafirmación del apoyo hemisférico para dialogar con Chile sobre una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia. En esa gestión el respaldo argentino es crítico. Es poco probable que la irritación argentina se traslade a la reunión de El Salvador la semana que viene. Pero no cabe duda que si hay algún respaldo efectivo, éste no tendrá ninguna vehemencia.   El problema es el peor para la diplomacia boliviana seguido del empeoramiento de las relaciones con Chile, de la ruptura con Israel y la casi ruptura con Estados Unidos.

También, la reacción argentina surge a pocas horas de  un pronunciamiento de  militares en retiro, quienes desde La Paz advirtieron que la seguridad de Bolivia estaba en riesgo por las “metidas de pata” del gobierno.

Hasta ahora, la cancillería ha apuntado el índice sobre la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, por desconocer el caso de Vahidi y de invitarlo a venir a Bolivia. Pero sería ingenuo pensar que esa decisión era ignorada por el canciller (y si lo era, aún peor), ni por el propio presidente Morales. No creo que la ministra se hubiese atrevido a hacer la invitación sin una previa consulta a sus autoridades superiores. Una de dos: O efectivamente hubo una supina ignorancia o se aplicó aquello de “yo hago, Uds. enderecen”. Sólo que los  “ustedes” no son aquellos que aceptan enderezamientos  tan fácilmente.

La presidente argentina Cristina Kirchner, también en una muestra que refleja su enojo con Bolivia, debía recibir hoy en Venecia, donde se encuentra, al presidente israelí Shimon Peres.

Los argentinos, dice La Nación, subrayan que Bolivia nada hizo para detener a Vahidi, cuya presencia en Bolivia es vista como resultado de los vínculos estrechos del presidente Morales con el de Venezuela Hugo Chávez. La frialdad del vecino país exhibe también los límites que Argentina no está dispuesta a sobrepasar: los determinados por la justicia, subraya el diario. Y el tema Irán, agrega, es uno de las cuestiones más probables de discusión en la cita de los mandatarios argentino e israelí.

¡Qué papelón!

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Sin comentarios (y habría muchos), reproduzco la carta del canciller boliviano David Choquehuanca a su colega argentino, Héctor Marcos Timerman, pidiendo “sentidas disculpas” por haber  invitado –y luego subrepticiamente hecho abandonar el país- al Ministro de la Defensa iraní,  Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por la Interpol por su supuesta participación en la explosión del edificio de la AMIA de argentina, en la que murieron 85 personas, en 1994, y cientos resultaron heridas.

Dice la carta, de la cual el sitio de Los Tiempos colocó una fotocopia en su edición digital de hoy:

Al Excelentísimo Sr.

D. Héctor Timerman

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Buenos Aires, Argentina

Me dirijo a usted con el propósito de referirme al arribo a Bolivia del Ministro de Defensa de Irán, como resultado de  una invitación cursada por el Ministerio de Defensa de Bolivia, instancia que lamentablemente desconocía los antecedentes correspondientes a este caso y tampoco se establecieron los niveles de consulta y coordinación interna.

Ante este lamentable incidente, a nombre del Gobierno de mi país deseo valorar de sobremanera la cooperación que el gobierno argentino, a través de su persona, ha tenido a bien realizar, con el propósito de superar esta lamentable situación, que si bien constituye un grave incidente, el mismo debe ser atribuido únicamente al desconocimiento en ciertos niveles de las circunstancias de la invitación cursada y bajo ningún aspecto a un acto de agravio que pudiese afectar el excelente nivel de las relaciones boliviano-argentinas, que mi  país valora y destaca de manera permanente.

Como resultado de todo este lamentable hecho, debo hacerle conocer que el gobierno de Bolivia ha tomado las previsiones correspondientes a fin de que el señor Ahmad  Vahidi abandone de inmediato el territorio boliviano y de esta manera mostrar con claridad que Bolivia no desea interferir respecto a procedimientos que pudieran existir en torno a la situación jurídica de dicha persona.

Deseo manifestarle a nombre del gobierno de Bolivia mis más sentidas disculpas por el motivo anteriormente citado, que mucho le agradeceré pueda hacer conocer a las más altas instancias del Gobierno argentino para los fines consiguientes.

A la espera de su comprensión, a fin de que esta situación pueda ser superada adecuadamente, hago propicia la oportunidad para manifestarle las seguridades de mu más alta y distinguida consideración.

David Choquehuanca Céspedes

Ministro de Relaciones Exteriores

Restos de bin Laden lanzados al mar

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El enorme espacio en que se encontraba el bunker que escondía a Osama bin Laden desde 2005 carecía de dos elementos esenciales, lo que aumentó las sospechas de los investigadores estadounidenses que tenían la misión de ubicar al terrorista más procurado del mundo: ni teléfono ni internet. Además, los habitantes del bunker, algunas de cuyas paredes se elevaban de seis a ocho metros, destruían en sus propias plantas la basura que generaban. Las otras mansiones no lo hacían. De modo que nada salía del bunker capaz de dar lugar a pistas sobre quién estaba allí. En todo, la operación habría durado sólo unos 40 minutos la noche del domingo.

Como era de suponer, la noticia de la muerte de bin Laden, el millonario ingeniero saudí que ordenó los ataques del 11 de septiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington, ha colmado todos los medios del mundo. Los sitios de las principales organizaciones noticiosas de Estados Unidos y Europa se ocuparon principalmente de ofrecer detalles sobre la operación. Por lo que he leído y escuchado de la TV estadounidense, la pista que puso fin a la mayor cacería de un solo hombre emprendida este siglo, partió de algunas migas de  información que salieron de los prisioneros de Guantánamo. A partir de esas trazas  informativas –nombre y sobrenombres de algún correo- se fue armando la ubicación del lugar, un área residencial a sólo 60 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán.

El que hubiera estado tan cerca del centro del poder paquistaní era algo que intrigaba a las autoridades y analistas en todo el mundo. La mayoría de las conclusiones decían que de alguna forma los sistemas de espionaje paquistaní se sentían más cerca de bin Laden que de los Estados Unidos, que ya lo buscaban desde la última década del siglo pasado.

En la operación murieron cuatro personas: dos mujeres y uno de los “correos” y un pariente de éste. Una de las mujeres –esta noche no se podía precisar si se trataba de alguna de las decenas de mujeres que se atribuía a bin Laden- le sirvió de escudo y también murió.

En cuanto hubo una identificación plena del cadáver, se optó por una decisión: echar los restos al mar. Su propio país, Arabia Saudita, se habría negado a acogerlos.

Bin Laden muerto por fuerzas de USA

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Una operación de casi diez años, agudizada tras el seguimiento de pistas que surgieron hace ocho meses, llegó a su fin esta noche del 1 de mayo. Osama Bin Laden, el terrorista que organizó los ataques a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2011, y al edificio del Pentágono, en Washington, murió en un ataque comando de un cuerpo especializado de Estados Unidos dentro de Pakistán, y su cadáver está bajo custodia de las fuerzas estadounidenses. Llegó a su final así un  mito que proclamaba la vulnerabilidad de Estados Unidos y  anunciaba el fin del capitalismo. La noticia estaba en todas las redes de TV del mundo y los principales diarios y desbordaba los sitios de internet.

El anuncio de la hazaña estadounidense fue hecho por el presidente Barack Obama, quien rindió homenaje a las víctimas de los ataques del 11/09 y de muchas otras antes y después, promovidas por la organización del millonario saudita Bin Laden que optó por radicalizarse y dedicar su vida al terrorismo contra Estados Unidos y el mundo occidental en general. Obama, en un discurso de cinco minutos, reafirmó el compromiso de su país para combatir el terrorismo y promover un mundo en el imperen las libertades plenamente. Bin Laden fue muerto en poblado cerca de Islamabad, tras un ataque de  helicópteros seguido de una operación de comandos que intercambiaron disparos con el edificio en el que se en estaba el hombre más buscado del mundo. Una mujer que habría sido utilizada como escudo para Bin Laden fue muerta durante la operación. Los detalles precisos de la operación, sin embargo, son desconocidos y todo lo que se informaba esta madrugada era apenas trazos de un cuadro mucho mayor.

De inmediato, se llenaron las calles de Nueva York y otras ciudades para celebrar el acontecimiento. Obama recalcó,  como lo hizo George W. Bush tras el ataque, que la campaña lanzada por Estados Unidos no iba contra el Islam sino contra el grupo de fanáticos que sólo buscaba la destrucción de la civilización occidental.

Se puede esperar ahora un aumento de las medidas de seguridad en Estados Unidos y en las principales naciones del mundo, ante el temor de que Al Qaeda quiera demostrar que no está destruida y que puede asimilar el golpe y reaccionar. Pero el impacto de la muerte de su líder probablemente sea devastador y junto al epitafio de Bin Laden se escriba también el de Al Qaeda. “Se ha hecho justicia”, proclamó Obama.

A partir de hoy, el mundo adquiere una faz diferente. Su primer impacto estará en el mundo árabe, donde las fuerzas pro democracia se sentirán estimuladas.  Podremos ver a un Irán más moderado, y a una Corea del Norte menos beligerante. Es posible suponer que, a mediano plazo, Estados Unidos dirigirá mayor atención a otras latitudes y que podremos presenciar una disminución de la estridencia de la retórica anti-norteamericana. Cuestión de sobrevivencia.

Soza se va, queda el caso, Soza no se va

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Actualización:

El fiscal general de la República, Mario Uribe, acaba de rechazar la renuncia del fiscal Marcelo Soza, a dirigir el caso de supuesto terrorismo-separatismo. En la funciones del Ministerio Público no se puede decir “hasta aquí trabajo y desde aquí no tomo más este caso”, informó. El anuncio viene de la Agencia de Noticias Fides. La decisión del fiscal Soza, que no era irrevocable, vuelve a fojas cero. Pero se ignora cuándo se reinician las audiencias en Cochabamba.

Y Erbol remachó con los párrafos siguientes de su crónica sobre el mismo asunto: “El doctor Marcelo Soza asignado al caso terrorismo deberá seguir (en su trabajo) hasta la conclusión del todo el proceso”, afirmó Uribe, en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Sucre, según el reporte de la Radio Aclo, de la Red Erbol.

La justificación de la renuncia de Soza sobre el presunto hecho de que estaría en alto riesgo su profesión y la seguridad de su familia, no tiene ningún sustento legal, de acuerdo a la explicación de Uribe. “En absoluto, ningún otro argumento puede servir de base para que un fiscal diga que hasta aquí trabajo y no atiendo más un determinado caso, esa decisión (unilateral) no existe en el Ministerio Público, aquí nos tenemos que regir bajo el principio de la legalidad”, aseveró.

A tiempo de ratificar que Soza aún goza de la confianza de la Fiscalía General del Estado, Uribe sostuvo que en caso de que este representante del Minisiterio Público pida la colaboración de otros fiscales para el proceso que lleva adelante, se lo asignará a otros colegas con los que conforme una comisión.

En la víspera, Soza presentó una carta de renuncia ante Uribe indicando que junto a su familia recibió en los últimos días gran cantidad de amenazas, además de los constantes intentos de desprestigiar el proceso investigativo que lleva adelante por dos años, de parte de personas allegadas a los acusados en este tema y algunos medios de comunicación.

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Esta noche del 25 de abril de 2011 será recordada como la noche en que el caso del Hotel las Américas estaba al borde de derrumbarse. El fiscal Marcelo Soza colapsó. El caso que había levantado se vino abajo después de haber ensamblado  un conjunto de 39 acusados en medio de videos y testimonios difíciles de sustentar.

El fiscal renunció a dirigir la investigación en una carta que dirigió al Fiscal General de la República, Mario Uribe.  Afirmó temía por su vida y que se había mellado su dignidad. También dijo que algunos medios había “desviado” las investigaciones. No precisó cuáles habrían sido esos medios. ¿Qué pasará ahora? La pregunta se la hacen muchos bolivianos, especialmente la ciudadanía cruceña, que ha sido la región donde se ha sufrido con mayor rigor las consecuencias de ese episodio. Hasta ahora, más de dos años después de aquella madrugada del 16 de abril de 2009, el caso tiene rincones oscuros y las interrogantes a su alrededor se han multiplicado. ¿Fue todo una montadura? El propio presidente Morales aseguraba dentro y fuera del territorio nacional que habían querido matarlo. Ahora las autoridades tendrán mucho para explicar. La investigación ha tenido un frenazo abrupto y a una semana de la decisión del Fiscal General Uribe para que el fiscal Soza reordenase su acusación para darle sustento apropiado. Implacable en reclamar la presencia de todos sus acusados en La Paz, tenía cinco días para reordenar y presentar su caso hasta el pasado viernes. Será necesario saber cuáles son aquellos vacíos que encontró el juez Rafael Sarmiento que lo llevaron a devolver a Soza el expediente para que lo presente de nuevo, debidamente fundamentado. Creo que el público boliviano, y el cruceño en particular,  requieren de una amplia y exhaustiva información. Y el fiscal renunciante  deberá explicar por qué dio curso, sin consultar con sus superiores, al supuesto pedido del Cuerpo de Bomberos para destruir los explosivos que los investigadores dijeron que habían encontrado en poder del grupo presuntamente dirigido por Eduardo Rózsa Flores. El fiscal renunciante sabía que este momento llegaría;  pero al parecer su causa contenía demasiadas lagunas y se hundió. “Ya se había aplazado cuando le devolvieron el caso. No quiso volver a aplazarse en el desquite”, dijo Gary Prado Araúz, quien encabeza la defensa de su padre, el general Gary Prado. El fiscal llegó a presentar su nuevo caso, pero de acuerdo a Prado Araúz, el nuevo legajo “está lleno de imperfecciones.” “Si en  dos años no pudo montar algo sólido, no podría hacerlo en cinco días”, dijo Prado Araúz esta noche en el programa No Mentirás, de PAT. Con la renuncia, que no lleva la palabra “irrevocable”, el caso queda detenido y no hay plazo para la reanudación de la audiencia conclusiva querueda desde el 11 de abril.  El Fiscal General tendría ahora que designar un nuevo fiscal, quien recibiría el legajo dejado por Soza. “Le está dejando un presente griego”, dijo Prado Araúz. El desenlace que se ha presentado  se habría evitado si a la prensa se le hubiese permitido ingresar a las audiencias del fiscal con los aprehendidos y con la defensa, dijo Prado Araúz. “Porque la defensa trituró todas sus argumentaciones”.

Un traspie para el Ministerio Público

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Tantas idas y venidas…

El juez Rolando Sarmiento, quien en Cochabamba preside la audiencia final del “caso terrorismo-separatismo”,  entregó de vuelta al fiscal Marcelo Soza el expediente con el que acusa a 39 personas, la mayoría cruceñas, para que la documentación sea reelaborada y vuelta a presentar en un plazo de cinco días hábiles. El juez encontró fallas en la documentación y evidencias con las que el Ministerio Público representado por el fiscal Soza procuraba probar la tesis sobre un movimiento conspirativo con eje en Santa Cruz, cuya ejecución atribuye al boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, acribillado a balazos junto con otras dos personas en la madrugada del 16 de abril de 2009. La noticia la dio esta noche desde Cochabamba el noticiero de Radio Fides, en cuya transmisión se oyó la voz del juez que decía que se abría un paréntesis de cinco días hábiles, el plazo que tenía el fiscal Soza para presentar nueva documentación. El hecho, que obligaría al fiscal, al cabo de una gestión de más de 20 meses a presentar una acusación de mejor peso y calidad,  es el primer grave traspié del Ministerio Público en la audiencia, pues sus pruebas no son suficientes para el juez que juzga el caso. Los abogados de la defensa deberían ahora explicar mejor para el público los alcances de la medida, que pone en jaque  a  toda la investigación, durante la cual Santa Cruz y gran parte de la región oriental boliviana han vivido en vilo. Si no hubiesen tantas heridas, persecuciones, dramas familiares, malos tratos, angustias y calumnias e injurias de por medio, sería como para tararear una cueca de Tarija, departamento que hoy cumplió aniversario:  “Tantas ideas y venidas…” La pregunta es qué pasará si el fiscal Soza no logra presentar la documentación en el nivel que le pide el juez hasta la próxima semana.

Batallas campales en el altiplano

Entretanto, las protestas asumieron este viernes las características de un enfrentamiento entre la policía y las fuerzas sociales que reclaman un aumento general de salarios del 15% frente al 10% que ofrece el gobierno sólo para algunos sectores laborales. Los más graves se produjeron entre maestros rurales y policías de una localidad del camino entre La Paz y Oruro. La carretera que une a las dos ciudades amaneció con varios puntos bloequeados por maestros rurales.  Como resultado de las refriegas para reabrir la ruta, había, según informes no oficiales,  entre seis y ocho personas heridas.

Las imágenes reproducidas por la TV mostraban un campo de batalla en pleno altiplano, en la más grave manifestación de un conflicto que no da muestras de ceder. La prensa estuvo entre las víctimas de la violencia del viernes: las filmaciones de algunos reporteros fueron decomisadas por la policía.

Las movilizaciones y bloqueos que cerraron durante horas el tráfico entre La Paz y Oruro continuaban acosando a La Paz y otros centros urbanos y rurales. Había bloqueos inclusive en San Borja y Guayaramerín, de acuerdo a informes de la radio. A esos bloqueos se sumaban otros sobre la carretera entre Santa Cruz y Trinidad y Santa Cruz y Camiri. Manifestantes de los sectores en huelga también obstaculizaban el tráfico en Puerto Suárez y Yapacaní. Casi toda la geografía boliviana estuvo afectada durante gran parte de la jornada.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos exhortó a retomar el diálogo y encontrar una salida al reclamo laboral para pacificar al país, convulsionado como en los tiempos en que uno de los cabecillas de los bloqueadores era el actual presidente.

Se esperaba que la tregua del fin de semana apaciguase los ánimos y crease el ambiente necesario para volver a dialogar. Todo mundo parecía apuntar al gasolinazo del 25 de diciembre como el punto de origen de la ola de conflictos. La fecha marca  el momento del desencanto de sectores que apoyaron al gobierno y la retoma de actitudes que parecían de un pasado que muchos creían que no iba a tener una nueva versión bajo el actual gobierno. Lo de este viernes fue un reencuentro con el pasado.

El oleaje del video

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Desde el jueves 13 por la noche se derrite la afirmación del gobierno que sostiene que en el oriente de Bolivia se había forjado un grupo terrorista con intenciones magnicidas y separatistas. Este colapso ocurre a pesar de los esfuerzos del gobierno por desacreditar el video que muestra el soborno a quien era considerado “testigo clave” en los acontecimientos que llevaron al 16 de abril de 2009 y a los hechos que siguieron.

Las páginas web de este  lunes estuvieron activas con noticias sobre las declaraciones del Ministro Sacha Llorenti y su antecesor Alfredo Rada, quienes descalificaban el video en el que son entregados  31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, cuyas declaraciones fueron la base para construir la tesis de que Eduardo Rózsa Flores montaba un movimiento de terror y separatismo desde Santa Cruz.

El programa “No Mentirás” de PAT mostró al Ministro de Gobierno cuando decía que “El Viejo” no era testigo clave de la investigación del fiscal Marcelo Soza sino un acusado en la misma investigación. Por si acaso, quienes lo denominaron testigo de esa calidad fueron los propios investigadores, poco después de los sucesos del  16 de abril de 2009.  El ministro pidió “responsabilidad” y preservar la reputación de las personas. La recomendación venía en el rastro de declaraciones de algunos dirigentes políticos que subrayaron que hace dos años y medio el ministro del interior era Alfredo Rada y que habría sido responsable de la huida de “El Viejo”, cuyo paradero es ahora desconocido. Con todo, la recomendación pareció extraña en el ambiente de “dispara primero y averigua después”  que está instalado en Bolivia.

Al paso de esa recomendación, salió el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien era entrevistado anoche por el mismo programa. El ex defensor dijo que ese cuidado no había existido cuando se trataba de opositores al gobierno y que eso hacía pensar que en el país había ciudadanos de primera y de segunda. Y subrayó que el video  había puesto graves interrogantes a toda la trama relacionada con el episodio del 16 de abril de hace dos años.

Como el programa también mostró el momento en que el presidente Morales decía que había ordenado  una investigación del caso, surgió el planteamiento de una investigación internacional, de la OEA, de países vecinos (no de UNASUR) sobre todo el caso. El planteamiento ponía en evidencia la desconfianza creciente en la justicia.

El sistema judicial boliviano está desprestigiado, y ese desprestigio ahora cruza las fronteras, como lo confirma el asilo concedido al juez Luis Tapia Patzi por Brasil, al dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, y al ex gerente del Comité pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar. En Brasil ya hay decenas, y quizá centenas, de refugiados. Tapia Patzi se oponía a que los cruceños a quienes se les requería una declaración indagatoria tuviesen que ir a La Paz, como aún exige el fiscal Marcelo Soza.  No se trata de defender a nadie a priori, sino de las dudas que cunden sobre la calidad de la justicia en Bolivia.

Una sorpresa de la noche fue la entrevista a Samuel Diez de Medina, quien dijo que algunos de sus secuestradores la década pasada eran ahora parte del gabinete ministerial. No mencionó a nadie en particular, pero hizo la afirmación cuando se refería al juicio que se le ha instaurado bajo la acusación de “terrorismo financiero” por decir, en un programa de TV en el extranjero, que el peso boliviano sería revaluado hasta seis unidades por un dólar (6,94 actualmente). “No soy terrorista”, declaró. De inmediato dijo que terroristas eran los que lo secuestraron en la década pasada durante 45 días y cobraron un millonario rescate por su libertad.