Alcides Mendoza

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.