Alcides Mendoza
Décimo aniversario
A una semana del decimo aniversario de los eventos que le dieron inicio, el Juicio del Siglo volvió a tropezar el miércoles con incidentes que expusieron su trama surrealista: el hijo de una de las jueces ciudadanas que conforman el Jurado se enfermó y la juez Sonia Mamani anunció que había decidido ir el mismo día a La Paz para atenderlo. Su decisión originó un fuerte altercado con el juez Sixto Fernández, quien no logró disuadir a la juez de su viaje y se vio obligado, en la mañana, a suspender las audiencias hasta la semana del 22 de abril. Todos los acusados y abogados de la defensa presentes dieron apoyo a la jurado y de manera indirecta repudiaron el punto de vista del juez presidente y de los fiscales, reacios a suspender la audiencia.
La inesperada situación, y la decisión del juez, no evitaron que el juicio, por lo menos en calendario, se mantenga en sesiones cuando llegue el aniversario del 16 de abril, cuando una unidad fuertemente armada de la hoy disuelta UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Conflictos) atacó el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, y mató a sangre fría a tres de sus ocupantes y detuvo a dos, años después puestos en libertad. A partir de ahí se desencadenó una fuerte represión contra líderes de Santa Cruz, acusados de ser parte de un esquema para dividir a Bolivia y hacer del oriente una nueva nación en pleno centro sudamericano. La acusación nunca fue solidamente sustentada pero mantuvo cuando menos cabizbaja a la dirigencia cívica cruceña.
Hasta ahora se mantienen muchas de las incógnitas surgidas en aquella ocasión: ¿Quién exactamente ordenó traer a Bolivia a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de la banda que iba a enfrentar al ejército nacional? ¿De dónde provendría el financiamiento de la supuesta guerra separatista? (Se supone que el ejército lucharía con todo para evitar la división del país, lo que representaría un gran escollo en el supuesto plan.) ¿Quién contactó a Rózsa en Europa central, donde vivía, para que viniese a Bolivia y bajo qué ofrecimiento? ¿Y qué de los dos supuestos integrantes de la también supuesta ¨célula terrorista¨? Uno de ellos -el húngaro Elod Toaso- fugó del país mientras estaba en libertad condicional, y su compañero Mario Tádic desapareció de la circulación y se lo supone en Chile o en Croacia.
Muchos pormenores siguen en la bruma, si bien algunos elementos han sido clarificados. El propio presidente Evo Morales dijo que él había dejado la orden de atacar al grupo antes de partir rumbo a Venezuela (y estacionar su avión en el aeropuerto de Santa Cruz en la misma madrugada en que morirían Rózsa Flores y dos de sus compañeros.) De esta declaración se agarran quienes pretenden responsabilizar al presidente de las muertes de esa madrugada.
Por coincidencia, para el miércoles estaba prevista una audiencia del médico neumólogo Juan Carlos Santisteban, una personalidad en Santa Cruz, en el inicio de un juicio separado del resto de los acusados (algunos están en similar situación, y con detención domiciliaria). La audiencia quedó suspendida hasta la semana subsiguiente.
Las audiencias quedaron instaladas en Santa Cruz en 2013, donde se produjo la mayor parte de los incidentes que han hecho ensombrecido el proceso, sobre el que he escrito dos libros, ahora agotados. El último, que incluye el primero, (Labrado en la memoria, anotaciones de un reportero) fue presentado en la Feria del Libro de Santa Cruz en 2017, impreso y distribuido por Editorial Plural.
¨No sé cuánto tiempo más estaré preso peleando contra esta infamia¨, dijo en una declaración escrita Juan Carlos Guedes, uno de los dos en la cárcel de Palmasola, donde ha afinado sus condiciones narrativas y ya ha escrito un libro sobre sus vivencias en la cárcel y prepara una edición actualizada. También está preso Alcides Mendoza. Ambos eran líderes de la Unión Juvenil Cruceñista, que el gobierno consideraba archi-enemiga.
El incidente con la salud es el más reciente de los traspiés del juicio. El propio juez residente ha debido ausentarse de las sesiones durante semanas, debido a dolencias relacionadas con una diabetes que le impedían su traslado a Santa Cruz. Las demás jueces también han estado acosadas por distintas dolencias, una de ellas por una parálisis facial.
N.E. Ajusta anterior versión.
Surrealismo sin fin
Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad bajo la que ha vivido durante ocho años de encierro en el penal. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó las acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años. Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.
Matkovic era uno de los tres acusados aún presos en Palmasola por el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía hipótesis de alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Este última acusación fue quitada del pliego acusatorio pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.
En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.
Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (¨Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero¨) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.
Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glicosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glicosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba ¨en prenda¨ y el encargado de custodiarlo también. El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.
En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.
Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.
Son aún desconocidos los detalles de la incursion, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana. En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.
Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que ¨todos fueron golpeados¨ por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de ¨mal trato¨, pero el cojear acentuado que tenia en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.
Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.
Crónica de un martes
Corrige título: martes, no matres.
Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.
La ausencia de Soza
Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.
Mientras tanto, en Santa Cruz 