Ritter

Rueda del destino

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La reacción de jueces y acusadores en el Juicio del Siglo pareció de molestia contenida cuando dos abogados defensores señalaron que las irregularidades procedimentales que denunciaban serían base para plantear la nulidad del proceso, con las consecuencias resultantes en cuanto la brújula política del país señale otra dirección.

¨Ya sabemos que Uds. tienen lista la sentencia condenatoria¨, dijo el abogado Otto Ritter, tras los esfuerzos infructuosos de su colega Carlos Mariaca para convencer al tribunal de aplicar a su favor reglas que en audiencias anteriores habían favorecido a la acusación. ¨En cuanto caiga este gobierno usaremos estas decisiones para demandar la revisión del proceso¨, había dicho Mariaca. En otras circunstancias, el tribunal y los acusadores habrían protestado de inmediato diciendo que se los amenazaba. Esta vez acusaron la advertencia sin escandalizarse.

El abogado reclamaba que se permitiese al jefe de policías que testifica desde hace casi tres meses, aclarar si había sido investigado alguna vez por corrupción, por extorsión o por delitos que descalificarían su condición de investigador probo e imparcial. El juez Sixto Fernández descartó la pregunta reiteradamente diciendo que el jefe policial no era investigado.

Es curioso pero recurrente. Pocos casos dramatizan tanto los vaivenes de la justicia y sus ejecutores como el que ahora ocurre en Argentina. El trazado del destino tiene un curso inexorable que suele colocar a personas un tiempo con todo el poder frente a mecanismos que crearon o que un tiempo los favorecieron.

La ex presidente Cristina Kirchner acaba de quejarse de sufrir una persecución y  que están en riesgo sus bienes, congelados por un juez y con valor multiplicado respecto a los que poseía antes de acceder al poder a principios de la década anterior. Hace solo un año, contra la ex presidente nadie habría osado actuar judicialmente, al igual que contra los que, desde un poder judicial permeable, la protegían. Hoy, en un radical vuelco de fortuna, los que hace poco tiempo cometían atropellos y abusos de poder, también están en la picota.

No es la única, pues en situación similar se encuentran algunos de sus ex colegas en la región.

El Juicio del Siglo llegó a un clímax la semana pasada con el deterioro de la salud del general Gary Prado Salmon. Dio vuelta al país, y también más allá, la imagen del militar declarado Héroe Nacional por el Congreso tendido sobre una camilla desvencijada.  Al día siguiente, la camilla fue sustituida por otra menos precaria, suficiente para ver  las llagas de las escaras de la parálisis que lo tiene en silla de ruedas desde 1981, cuando cumplía una misión para restablecer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz.

 

En busca de una milicia

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 La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000  provenientes  de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial  surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.

En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.

El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r)  Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.

El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.     

El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese.  Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.

Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía.  Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.  

La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”,  dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.

Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

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Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.

Juicio del Siglo empantanado

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Las dolencias de una juez han puesto en aprietos al tribunal que preside el Juicio del Siglo, donde los cargos de conspiración para matar al presidente Morales van de la mano de los de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. Es una de las acusaciones más graves formuladas por el Ministerio Público en contra de un grupo de ciudadanos en toda la historia nacional.
Los problemas de salud no son nuevos para este tribunal, cuyas audiencias tienen lugar en Santa Cruz desde principios de año. Ya tuvo que tomar decisiones cuando uno de los acusados sufrió un infarto en plena sala de audiencias a principios de año, en Tarija. Ahora tiene dificultades para decidir entre apartar del proceso a la juez Julia Elena Gemio o mantenerla. Los miembros del tribunal no son substituibles y deben acompañar los casos que se les asigna hasta el final del proceso. Un alejamiento de la magistrada debilitaría al tribunal pues una baja adicional por cualquier motivo podría llevar a su disolución. Mantenerla conlleva el riesgo de repetidas demoras y pausas en el proceso que estalló el 16 de abril de 2009, cuando ocurrió la incursión policial al Hotel Las Américas y que con el correr de meses y años es causa de exasperación entre los acusados y sus parientes. En el mes de julio hubo sólo dos sesiones parciales, en los días 29 y 31, y el debate fue dominado por la ausencia de la juez.
La magistrada, de 46 años, tiene baja dictada por la Caja Nacional de Salud, corroborada por la forense a la que regularmente recurre el tribunal, la sucrense Sheila Cádiz Gutiérrez. Sufrió una parálisis facial y su rehabilitación puede llevar unos 30 días. El pasado jueves juez Sixto Fernández optó por suspender las audiencias hasta el 12 de agosto. Ante la pregunta de si, por tratarse de una dolencia de origen nervioso, no estaría simplemente prorrogando la decisión de apartar del proceso a la jueza, respondió que estaba seguro que la magistrada se reincorporaría. La afirmación sobre un problema de difícil predicción, pues por su origen nervioso la recuperación depende también de otros factores, dio lugar a comentarios sarcásticos de la defensa. “El juez se ha vuelto un especialista médico que, además, lee el futuro”, dijo Otto Ritter.
La reanudación de las audiencias dentro una semana mostrará si el optimismo del juez era justificado o si la defensa tenía razón al plantear su alejamiento.
La dolencia de la juez plantea otros ángulos que fueron recordados por la defensa en las dos sesiones finales. El tribunal no aceptó separar a Ronald Castedo del proceso colectivo que involucra a 39 imputados. A principios de año, el ex presidente de COTAS sufrió un infarto que obligó a trasladar las audiencias de Tarija a Santa Cruz. En mayo, Castedo sufrió un desmejoramiento notable y otra vez debió ser internado de urgencia. Los médicos le colocaron un “stent” para facilitar el fluido sanguíneo por una de sus arterias. La forense oficial opinó que Castedo podía continuar asistiendo a las sesiones, en línea con la argumentación de la acusación. Desde entonces ha habido sólo tres o cuatro sesiones que han aumentado las semanas que lleva el proceso, rumbo a cumplir 52 meses.
El tribunal ha sido también inflexible con otros acusados, inclusive el general Gary Prado Salmón, a quien se le exigió un examen forense minucioso que también determinó que debe asistir a las sesiones, durante las cuales su esposa María del Carmen y su hijo, el abogado Gary Prado Araúz, lo auxilian con fisioterapia en un angosto corredor al lado de los asientos del público.
La exasperación por la dilación del proceso fue notoria el jueves cuando dos acusados, Gelaffio Santisteban y Juan Carlos Guedes, expusieron brevemente sus propios problemas de salud. Santisteban tuvo una fractura en la muñeca (“ni me acuerdo en qué año ni cuándo; estoy tanto tiempo preso”), pero las autoridades del penal de La Paz no le permitieron ser tratado por un especialista. Le dijeron continuamente que sólo tenía una luxación. Ahora padece de una bursitis crónica y tampoco recibe el tratamiento adecuado.
Guedes, normalmente de voz altisonante, apenas consiguió hablar a causa de una laringitis aguda resultado dijo, de un edema pulmonar causado por “la pateadura que recibí de la UTARC” (la unidad que invadió el hotel. “Estoy perdiendo la voz”, le dijo al tribunal. “Pronto debo declarar y no sé si podré hacerlo”.

Crónicas del Juicio del Siglo

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Los abogados apelaron cuando en mayo de 2010 un juez de La Paz impuso medidas cautelares sobre el general Gary Prado Salmon, entre ellas prisión domiciliaria y prohibición de hablar con los medios de comunicación. Tres años después, la apelación aún no había sido resuelta pero, hace unos días, otros fiscales pidieron las mismas sanciones para el militar que el jurado del Juicio del Siglo rechazó tras la que probablemente fue una debatida decisión (deliberó  una hora). El incidente muestra las dificultades del proceso para avanzar sobre un camino agreste y  empinado desde que en febrero comenzaron las audiencias en Santa Cruz, bajo una presencia constante de los medios de comunicación.

Los acusadores deben demostrar que en Bolivia se intentó matar al presidente y a otras autoridades, en un proceso que, la acusación del gobierno afirma, buscaba crear una nueva nación. Los elementos esenciales del proceso fueron otra vez cuestionados en la última serie de sesiones, con la lectura de las incidencias  y excepciones que el jurado rechazó, salvo una inocua corrección en la numeración de páginas que carecían de orden. Los 29 conjuntos de observaciones fueron rechazados, en una decisión que los defensores, entre quienes están algunos que los mejores penalistas de Bolivia, no podían creer.   ¿“Será que somos tan tontos y que ellos son tan brillantes”?,  dijo, perplejo, uno de los abogados.

Un segmento emotivo comenzó cuando era juzgado el retiro del militar y su abogado, Otto Ritter, de la sesión del 26 de abril, en protesta porque el tribunal rehusaba cumplir, según interpretaron, toda la resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una decisión del juez Sixto Fernández contra el militar. La acusación vino con todo su peso para castigar a Prado Salmón con las sanciones a las que había apelado en 2010 sin quela justicia se hubiese aún pronunciado.

El incidente exhibe la fragilidad de la justicia nacional y agrava la inquietud sobre su paso lento y la indefensión en que pueden encontrarse muchos otros casos, carentes de la luz pública que ofrece el Juicio del Siglo. Se creyó que los jueces electos por voto directo en elecciones con una abstención gigante irían a resolver este atascamiento monumental. Las autoridades suponían que el sistema de elegir a los jueces –no designarlos por méritos- colocaría a la justicia Bolivia en una vanguardia mundial. Lo ocurrido prueba que seguimos en la retaguardia. Este concepto trae una conclusión: no se levanta una nueva estructura cuando no existen bases sólidas para hacerlo. El resultado puede ser peor de lo que se quería substituir.

El coronel retirado Zoilo Salces Sepúlveda, de Trinidad, contó su historia ante el tribunal desde su detención en 2010, tras haber ido voluntariamente a La Paz para a declarar. Lo llevaron preso, a una prisión de alta seguridad, en Chonchocoro, en pleno altiplano. De allí peregrinó por la cárcel de Oruro y volvió a la de La Paz. Salces expuso los argumentos con los que ya en Tarija se defendió pidiendo que su caso fuese auditado. En sus palabras, pasó ocho días detenido antes de ver a un juez; los tribunos de su caso no le prestaron atención y de hecho dispusieron que continuase su prisión preventiva en el penal pues no valoraron sus puntos de vista.

“Por favor, valoren lo que les estoy diciendo”, dijo el militar beniano. Y si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”. Tampoco esta vez tuvo respuesta. Para un hombre que no consigue entender por qué está preso, valía la pena citar una porción mínima de su exhortación.

Los tres defensores del Prado Salmón y el propio defendido ofrecieron una defensa densa en frases y argumentos. Fueron los momentos más intensos de la fase que culminó hace unos días. Por lo que se percibe entre quienes asisten a las audiencias (parientes de los acusados en su mayoría) y las entrevistas de los medios a la gente de la calle, la base de la acusación –separatismo- luce absurda -un país mediterráneo dentro de otro o una división y subdivisión de Bolivia-  y lejos de convencer.

La acusación martilleó sobre el abandono intempestivo protagonizado el 26 de abril por el general Prado Salmón y su abogado principal. El fiscal Sergio Céspedes calificó el acto como un desprecio por las garantías que había ganado con la  libertad condicional y como una manera de dilatar el juicio. La sesión había tenido que ser suspendida una hora antes de su término reglamentario después que el juez Fernández advirtió al militar sobre la gravedad de su decisión. La acusación recibió de contragolpe el razonamiento del abogado Ritter equivalente a “ver la paja en ojo ajeno”. Recordó que en la misma jornada del jueves 10 los acusadores se habían atrasado 25 minutos y que, meses atrás, la única explicación que habían dado a la repentina suspensión de las audiencias en Tarija era que “al Dr. (Fernando) Rivera se lo han cargado” (llevado preso), al arreciar las investigaciones sobre la red de extorsión denunciada por Jacob Ostreicher. “Nadie se quejó”, dijo. El abogado criticó el paradigma resultante de la nueva CPE  que, de acuerdo a uno de los fiscales, había suplantado el derecho a la vida. “Aquel  ‘patria o muerte’”gritó Ritter con, repicando la rrr  con vehemencia. ¿“Se lo recuerdan”?  Era el grito castro-guevarista pronunciado en una de las sesiones de Tarija, cuando la defensa  reclamaba por la vida de los acusados, especialmente la de Ronald Saucedo quien estaba mal y horas después tuvo un infarto.

El abogado Alberto Morales tocó una cuerda diferente: los acusadores querían castigar a Prado Salmón por haberlo ya hecho con el abogado Ritter (fue multado con $US 1.500). “No pueden responder con cárcel a un acto aquel del que se acusa al general. (Los acusadores) les están pidiendo a Uds. que apliquen la pena de muerte al general Prado. No sé si conocen las cárceles del país. La sola mención de la cárcel de Palmasola es ya una tortura”. De inmediato entró a mencionar las penurias cuando alguien de la familia es detenido, especialmente cuando la detención tiene sesgos políticos y peor todavía cuando la acusación es por un terrorismo o un alzamiento armado que no tiene pruebas firmes que lo sustenten.

El abogado Prado Araúz subrayó la contradicción entre la defensa del derecho la vida con el castigo que los fiscales querían imponer al militar al pedir su prisión en Palmasola.

El propio Prado Salmón cerró su defensa con pocas palabras para subrayar su escepticismo sobre la justicia boliviana. Al blandir un suplemento oficia ordenado por la Vicepresidencia sobre el “caso terrorismo” , Prado Salmón dijo en ese documento ni se lo mencionaba, pero que cuando al ex fiscal del caso Marcelo Soza le preguntaron por qué Prado estaba detenido, su respuesta fue le habían impartido la orden “desde La Paz”. Concluyó con una arenga: “Llegó al colmo mi paciencia. Si vamos a terminar en Palamsola, terminemos de una vez”.

El tronco y sus ramas

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Sobre el “Juicio del Siglo” (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) han confluido elementos que refuerzan la impresión de los críticos del gobierno de que el episodio del Hotel Las Américas ha sido el tronco esencial de algunos de los más importantes desplazamientos políticos desde entonces. Muchas de las preguntas que se hicieron en su momento están sin respuesta y las actitudes de algunas autoridades han contribuido a volverlas más apremiantes, pues de ellas depende el esclarecimiento oficial que los bolivianos aguardan desde hace casi cuatro años.

La semana pasada, antes del nuevo intervalo en el juicio que se desarrolla en Santa Cruz, el abogado Otto Ritter, defensor del general Gary Prado Salmón, afirmó que “a Eduardo Rózsa lo trajo a Bolivia un venezolano de apellido Osorio, que le pagó los pasajes desde Europa con la finalidad de hacer pisar el palito a algunos ingenuos”. El abogado también dijo que el caso había sido “montado” con la intención de una alta autoridad de derrocar al actual presidente. Por lo menos uno de los personajes acusados ha sostenido una tesis similar. Resulta imperativo, entonces, determinar quién, dónde y cuándo pagó esos pasajes, preguntas de cuya respuesta depende la libertad de muchas personas, la tranquilidad de parientes, familiares y amigos y el fin de la zozobra bajo la cual ha vivido Santa Cruz desde el asalto armado a aquel hotel.

La sospecha de envolvimiento directo de extranjeros hispanoparlantes ha sido también sugerida por Mario Tádic, el boliviano sobreviviente, junto al rumano Elöd Tóásó, quien ha declarado que fueron venezolanos los únicos alojados que lo vieron, en la tarde anterior al fatídico episodio, fumando cigarrillos Camel en la sala de espera de la recepción del hotel. Tádic dijo que después, cuando fue sometido por la UTARC y estaba semidesnudo y esposado en el pasillo fuera de su habitación, uno de los uniformados de negro que lo vigilaba le dijo a otro: “Este es el que fuma Camel”.

Quienes asisten a las audiencias en Santa Cruz han escuchado al fiscal Marcelo Soza reiterar que por la inexistencia de elementos suficientes decidió no imputar a un capitán de la policía, cuya fotografía al lado de Eduardo Rózsa Flores en la que parece una reunión de amigos ha circulado por casi todos los medios informativos nacionales. Abogados de los acusados han hecho notar que sólo el registro de números en la libreta de anotaciones de Rózsa Flores ha llevado a los investigadores del gobierno a ordenar detenciones preventivas. Comparativamente, una fotografía tendría un peso investigativo mucho mayor que números de teléfono en una libreta. No existe una descripción de la fiscalía para las funciones de este capitán, a quien no se puede calificar de “agente infiltrado” porque esa figura sólo se aplica legalmente para el narcotráfico. El capitán sería un “infiltrado no infiltrado”.

Hace tres semanas, en el programa televisivo No Mentirás, de PAT, Soza dijo que la fotografía no era un elemento para una imputación y admitió que “oficialmente” no la tenía. De remate, afirmó que la policía había sido “agredida de manera injusta e ilegal” por el quinteto alojado en el hotel y tuvo que responder a los atacantes, que inauguraban una manera morbosa de atacar y morir en cueros o apenas en calzoncillos.

En la grabación distribuida estos días, con diálogos que supuestamente corresponderían al fiscal con interlocutores no identificados, se asigna al caso Hotel Las Américas un papel fundamental en la estrategia política del gobierno. Sin tomar partido en torno a la veracidad o falsedad del contenido de la grabación, el tema es extremadamente grave y por eso ha sido vista como una medida saludable la decisión del Fiscal General de ordenar una investigación. Algo tan sensible no debe quedar flotando en sospechas y será bienvenido todo esfuerzo que contribuya a una aclaración más allá de toda duda. Cuando, como en la grabación, alguien asegura que el gobierno se derrumba si se cae el caso terrorismo se ingresa a un campo de graves implicaciones que debe ser esclarecido. Todos los bolivianos lo agradecerán.