Separatismo

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Hotel Las Américas: Otra vez será

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La reapertura de la sesión conclusiva del caso Hotel Las Américas ha sido otra vez aplazada sine die, sin fecha. La razón: el bloqueo de caminos en la carretera troncal que llevan a cabo organizaciones campesinas y un festival religioso que, según las autoridades judiciales, no aseguran garantías suficientes para el funcionamiento de las terminales de buses y aeropuertos. El juez Ricardo Maldonado dijo  que había dificultades de alojamiento, ante la masiva concurrencia que llegaba a Cochabamba, sede de la audiencia, para una fiesta en honor de la Virgen de Urkupiña.

Citado por Erbol en su página web, el juez Maldonado dijo: “Comprobé personalmente la imposibilidad de conseguir pasajes aéreos, transporte, medios de estadía en Cochabamba para el alojamiento y la seguridad de las autoridades, así como de las partes intervinientes en este proceso, en virtud a la festividad a la virgen de Urkupiña, por ese motivo hemos decidido suspender la audiencia conclusiva”. El juez dijo también que aquellas personas que se encuentran con detención domiciliaria en Santa Cruz subrayaron que, con las dificultades de movilización, no estarían en Cochabamba para la audiencia.

No es común que una audiencia de la magnitud del caso Hotel Las Américas sea aplazada por razones logístico-festivo-religiosas. No había comentarios disponibles de los abogados defensores de las decenas de imputados. Hasta el fiscal Marcelo Marcelo Soza se quejó del aplazamiento. La audiencia está en suspenso desde que hace cuatro meses, cuando el juez Sarmiento, que entonces presidía la audiencia, devolvió el expediente al fiscal Soza porque lo consideraba insuficiente para sustentar las acusaciones de alzamiento armado y separatismo, además de terrorismo,  con las que ha estructurado el caso.

Qué novedades trae ahora el expediente, que según el fiscal ya está completo, han sido motivo de especulaciones todos estos meses. Quienes siguen el caso tuvieron que deshojar este viernes una nueva margarita.

Discordancias 2007

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A menos que ocurra algo extraordinario estos días, en los primeros meses de este nuevo año habrá un plebiscito para aprobar o rechazar la CPE del MAS. Será una votación fundamental y vale la pena hacer algunas consideraciones. Este proyecto de constitución fue  gestado ilegalmente, por más esfuerzos que realicen sus defensores para conferirle legitimidad o legalidad. Nació fuera de su matriz natural, Sucre, y en una academia militar, lugar inapropiado para un país consciente del costo de las dictaduras militares en sufrimientos y vidas humanas (Sólo para mencionar un caso,¿recuerdan los campesinos muertos en Tolata y Epizana?).  Los constituyentes se esfumaron en la madrugada del  24 de noviembre y reaparecieron en Oruro. Con la ayuda de consuetas aprobaron el texto en revisión y detalle…en una sola noche.  Además, sin convocatoria bajo los términos previstos y sin distribuir el texto a discutir. Falsa y tortuosa la premisa de origen, falsos y tortuosos los resultados. Serán nulos más temprano que tarde.

Sobre esto tienen que meditar quienes quieren ver el proceso boliviano como un camino civilizado, y no un camino torcido de normas legales rotas como el que ha ocurrido.

Una constitución es el pacto de país para gobernarse.  En el juego al que quiso ingresar Bolivia no deberían existir mayorías victoriosas pues no se trataba de una guerra (¿o era?) ni de confrontar a un adversario para aplastarlo.  Además, visto en números,  el  53,7% vs. 46,3% muestra una diferencia del 6%, que a estas alturas puede haber desaparecido.

La CPE del MAS no incluyó un solo artículo opositor. Todo estaba listo. Y sin embargo, me agradaría saber si el Senador Peredo o el líder masista Santos Ramírez logran recitar de memoria el  Art. 1 de esa constitución y explicarlo inteligiblemente a su audiencia.

Como periodista, me parecen graves los artículos 107 y 108 de la CPE-MAS sobre las libertades de Expresión y de Prensa. La que tengo, (se asegura que  el texto ha sido varias veces alterado: más ilegal aún) parece una ensalada de conceptos ideologizados que son raros en las normas de países democráticos. Donde las hay, han sido objeto de grandes polémicas. Hablo de los artículos 107 y 108. Ambos están redactados de una manera letalmente vaga. Hay que estar convencidos de una cuestión básica: Al  coartar la libre expresión la democracia queda tullida.

Me agradaría saber qué países tienen  normas de imprenta que imponen la obligación (¿cómo?, ¿bajo qué reglamentación? ¿qué jurisprudencia tienen?) de los medios de comunicación social de “promover los valores éticos, morales y cívicos delas diferentes culturas del país con la producción y difusión de programas educativos plurilingües…”  (Pobres la poliétnica  India, Canadá o Brasil.) Todo parece un buen deseo, pero los constituyentes oficialistas deberán explicar su aplicabilidad.

  En todo caso, si  este es el tipo de cambio que se quiere imponer, me quedo con la vieja Ley de Imprenta de 1925.

¿Qué otros cambios? Nacionalización hidrocarburífera no ha habido, según criterios técnicos. Que el cambio drástico en porcentajes fue positivo, sí que lo fue. Pero para eso no era necesario atravesar tantas tribulaciones sin saber cómo haríamos para garantizar los compromisos con Brasil y Argentina.

Convengamos que hay puntos buenos en la CPE del MAS y que nadie razonablemente duda que son necesarios grandes esfuerzos para redimir a multitudes marginales en un país marginal. Pero para proponerlos no era necesario regar de gasolina al país ni amarrarle caballos  en sus extremidades como hicieron los españoles con Julián Apaza.  Además,  muchos aguardan todavía una gran cruzada nacional por la educación (un camino hacia la redención, aunque temo que, para este gobierno, es demasiado tarde) que el  presidente Morales tuvo condiciones de convocar desde el primer día de su gobierno.

Creo que son pocos los que, incluso del gobierno, comulgan con la insistencia irresponsable de equiparar autonomía a separatismo. Ni con el cinismo  de quien decía que el 15 de diciembre había en el Parque  Urbano de Santa Cruz “cinco o diez familias oligarcas” para contrastar el hecho que en Santa Cruz había muchos más ciudadanos para respaldar estatutos autonómicos que los que comparecieron en La Paz para apoyar un proyecto de constitución.

Por otra parte,  no creo que los Estatutos Autonómicos hubiesen sido suficientemente debatidos.  Se trataba de hacer algo muy diferente del proyecto del MAS.  Son documentos  bien estructurados y el gran público podrá  entenderlos. Pero su gestación debía  estar legalmente fundada. Debían haber exhibido superioridad no sólo de ensamblaje sino moral, con debates exhaustivos en todos los segmentos de la sociedad.  Copias debían haber circulado por todas partes. Y líderes cívicos debían haber convocado a encuentros periódicos  para explicarlos.  

La mayoría del país discorda de los “ponchos rojos” y su crueldad cultora de la violencia bruta y enceguecida de Sendero Luminoso. Tampoco está de acuerdo con los grupos de choque del Comité Pro Santa Cruz.  Y es desquiciante escuchar al jefe de la oposición hablar de la “dictadura” de Chávez cuando éste acababa de reconocer su derrota en el reciente referéndum.

Un país no puede marchar bajo una dinámica de quién lo hace peor, o quién es capaz de sembrar más terror.  Esperemos ver otra dinámica en este 2008.

Atrapados en un callejón

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En medio de un ayuno cuyos participantes pasan de mil en todo Santa Cruz y cuyas ramificaciones se extienden a Tarija, Pando y Beni, con otros novecientos, según los organizadores, se aproxima el momento en que estos cuatro departamentos se declararán autónomos.

Una muestra ya están en vigencia: no se paga peaje en varias rutas departamentales cruceñas. La ausencia de esos peajes serán sentidos por la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), que hasta ayer había dejado de percibirunos 90.000 dólares sólo de Santa Cruz (El Deber, 12-12-2007). Resta ver el impacto de otras acciones, en el orden impositivo, por ejemplo. Entretanto, áreas urbanas de medio porte ya empezaropn adeclararse autónomas. Es el caso de Buena Vista, que lo hizo ayer martes.

La huelga de hambre es una presión masiva para que el gobierno reconstitituya el proceso constituyente. Es decir, para que se anule la constitución que surgió tuerta y coja el domingo, sin la oposición, y se dé marcha atrás en la disposición que cercenó recursos a los departamentos.

Esta semana, el movimiento autonomista ha recibido una adhesión inesperada: empieza a surgir también en La Paz la aspiración de autonomía. Ocurre que desde la votación de hace año y medio, la actitud de mucha gente ha cambiado. Autonomía no es separatismo, como afirma el gobierno, y bien administrada puede resultar en una amplia carretera hacia un progreso mayor de las regiones. 

En apariencia,  el gobierno no parece estar en la disyuntiva de  empezar a ceder o dejar que el centralismo que quiere mantener se le diluya.  Los cívicos aún tienen margen de maniobra en esta lucha que parece en las últimas páginas de una novela de suspenso. El gobierno también, pero su acción es más reducida. Sólo cuenta con el apoyo incondicional de Oruro y Potosí. El de La Paz se restringe mayormente a El Alto.

Aún no sabemos por quién pueden doblar las campanas.

De la idea absurda del Separatismo

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Apuntes  del  retorno

Poco antes del 17 de julio de 1980, en el semanario Apertura que un grupo de periodistas consiguió traer a la vida  durante tres meses, escribí un artículo central en la que sería la última edición del semanario antes que sobreviniese el  tsunami brutal que sepultó el renaciente proceso democrático boliviano. En “Por qué no debe haber golpe” delineaba  razones elementales que convertirían  una nueva aventura militar en el equivalente a lanzarse a una piscina sin agua.  El entorno internacional, la campaña mundial por los derechos humanos, la vulnerabilidad económica y financiera de Bolivia y sus fronteras patéticamente porosas, todo contribuiría a estrangular al gobierno que surgiese apoyado en la fuerza bruta. La lógica del razonamiento era sólida, pero nada pudo ante la irracionalidad suicida de los militares de entonces, que no trepidaron en poner a prueba  -sin éxito- la fortaleza de sus cráneos lanzándose a   esa piscina sin agua… clavados y de cabeza. El resultado está ahí: Dos años después eran un ejército en desbande precipitado que capitulaba incondicionalmente ante las formas democráticas que el país había escogido. Sus dos cabecillas yacen acurrucados en sus prisiones, el uno en Chonchocoro,   en El Alto, y el otro en un presidio de seguridad de Estados Unidos.

 Para quien retorna a su país con la memoria fresca delos acontecimientos de hace más de dos décadas y su bufonesco final, resulta inquietante escuchar la ligereza con la que con frecuencia se habla de de separatismo o independencia de algunas regiones bolivianas. A los que tan livianamente patrocinan esa idea, les haría bien dar una mirada a su país desde el espacio. Tal vez podrían percibir la magnitud de los condicionamientos geográficos, a los que se suman los condicionamientos provocados por su pobreza y subdesarrollo. Cercada por cinco fronteras, sus opciones de vinculación con el resto del mundo no son autónomas: deben pasar por cualquiera de esas fronteras. Esta realidad debería habernos empujado hace mucho tiempo a ser lo que de boca para afuera se postuló pero que nunca se concretó: convertirnos en país de contactos.  Si las palabras hubiesen sido suficientes, ya tendríamos concluida la carretera Corumbá-Santa Cruz, habríamos derrotado la adversidad geográfica y los rieles nos habrían amarrado como una locomotora poderosa de desarrollo con la unión ferroviaria oriente y occidente; habríamos sacado del papel por lo menos dos ramales carreteros adicionales modernos con Brasil: por el  oriente, hacia San Matias, y por el noroeste, por Riberalta-(Guayaramerín) Cobija-Santa Rosa-La Paz.   Y esa condición de país “bisagra” en medio del continente subraya que para nuestros cinco vecinos resulta más interesante tener un solo país, -y un país estable- al centro de América del Sur.

Dos países, o la desintegración balcánica de Bolivia no son del interés de nadie, ni en Sudamérica ni fuera de ella. Para comenzar, Brasil trabaja por una América del Sur fuerte e integrada económica e infraestructuralmente. Para poder crecer y avanzar como potencia mundial, necesita de un ambiente próspero y tranquilo. Con grandes y difíciles problemas internos,  lo que menos quiere son conflictos que distraigan su atención y sus energías, ni que provoquen recelos con sus vecinos (Argentina y Venezuela, para citar dos) ni suspicacias de Estados Unidos, que ven Brasil,  –dicen los estudiosos- su rival de aquí a 40 o 50 años.  Y por extensión, de Europa, que frecuentemente lo acosa con cuestiones ambientales.  Es decir, la intangibilidad de las fronteras sudamericanas interesa a todo el mundo, especialmente a los actores principales del ajedrez mundial  (entre los que no está Bolivia) y está por encima (y prescinde) de los pequeños actores nacionales. 

Yo creo que el gobierno sabe de eso (o debería saberlo), y los departamentos que  respaldan la autonomía, también.  Germán Antelo, cuando era presidente del Comité pro Santa Cruz, me dijo:  “Queremos que toda Bolivia tenga el desarrollo de Santa Cruz. Así todos seremos fuertes.” Insistir en el tema separatista es jugar con fuego. Y es caminar hacia el trampolín para caer en una piscina sin agua, como hace más de 20 años. O aún peor.

 

Postdata: 1) La controversia con los petrocontratos continúa en medio de la ignorancia de la mayoría de los bolivianos que no sabe qué es lo que se discute.  Los medios,  en su mayoría, que yo sepa, no han sido capaces de descifrar de una manera comprensible para el común de los mortales el contenido de esos documentos ni las diferencias entre los originalmente aprobados por el congreso y los que surgieron después.  Algo tan importante para Bolivia debería ser conocido como el ABC. Pero eso parece interesar a pocos. 2) Los avales. Habría querido ver estos días una ejemplificación de todo el escándalo (un aplauso para el partido de gobierno: no es común que los partidos corten en su propia carne), con el caso de algún fulano, en el partido tantos años,  que consiguió su empleo con una remuneración de tanto gracias a una recomendación de otro fulano.  Etcétera. Será que es tan difícil?  * Harold Olmos, recientemente de vuelta a Bolivia  tras más de 26 años en el exterior, ha sido director de la Associated Press en Venezuela y en Brasil.