Santisteban

¿De Moscú a Palmasola?

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El mayor juicio penal de la historia boliviana tropezó todo el mes de junio en la desconfianza de la defensa sobre la calidad profesional de quienes deben guiar su administración, en tanto que el método de  ¨juicio abreviado¨ se adjudicó la confesión de culpa de otro detenido en Palmasola.

Tres forenses del gobierno decidieron que el general (r) Gary Prado Salmón, quien acababa de soportar una limpieza de escaras tras cirugías recurrentes en la parte inferior de la espalda y asomaba la posibilidad de una nueva operación, tenía condiciones de cumplir un horario igual al de cualquier persona con salud plena: ocho horas diarias.

La carga horaria con efecto inmediato determinada el jueves por los forenses es superior a la de 5 ½ horas que solía cumplir el militar hasta antes de la crisis más reciente, originada en el balazo que recibió hace 35 años cuando intentaba reimponer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz. Dobla también las cuatro horas diarias que habían recomendado sus médicos tratantes: dos en la mañana y dos en la tarde.

Los forenses oficiales no explicaron en qué mejoramiento de la salud del militar basaban el dictamen, que para la defensa revelaría que en la condición del paciente se estaría operando un fenómeno extraordinario.

El episodio derivó en una controversia y, a la postre, en una suspensión de la audiencia hasta el 4 de julio. Junio ha sido uno de los meses más accidentados de todo el proceso, que lleva más de tres años en Santa Cruz y más de siete desde el asalto al Hotel Las Américas que lo originó.

En estos días debe ocurrir la libertad plena de Gelafio Santisteban Stroebel, el joven militar boliviano que sirvió en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Congo y Haití y a quien el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza acusaba de participar en planes para sembrar el terror en Bolivia, doblegar al ejército y crear una nueva  nación. Los antecedentes no valieron y el ex fiscal apoyó la acusación en una auto-descripción como ¨experto en combate urbano¨ referida supuestamente a otro de los acusados ahora fuera de Bolivia en una conversación electrónica.

Con la acusación de terrorismo quitada, Santisteban esperaba salir esta semana de la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, tras acogerse a un sistema de ¨juicio abreviado¨, para abogados de la defensa reminiscente de los ¨Juicios de Moscú¨ para suprimir a disidentes bajo Stalin.

Santisteban confesó ser culpable del delito de ¨alzamiento armado¨, que había negado durante todos los años de su detención. La misma decisión de optar por un proceso abreviado fue asumida el año pasado por otros cinco detenidos en el caso penal más célebre de la historia nacional (terrorismo, separatismo, magnicidio y alzamiento armado) contra 39 personas. Entre los acusados figuraba el padre del militar, el general (r) Gelafio Santisteban Hurtado, cuya exclusión del proceso habría sido parte del acuerdo alcanzado por Santisteban Stroebel.

En la Rusia bolchevique, el régimen encarceló a críticos y opositores prominentes quienes, ante la incredulidad de quienes los conocieron, admitieron culpas que siempre negaron. Con los cargos desprovistos de evidencias que los sostuvieran, los juicios pasaron al registro histórico como una farsa.

En Bolivia, diseñado para descongestionar las cárceles, el juicio abreviado es percibido por la defensa en el Juicio del Siglo como hecho a medida para que los acusados se declaren culpables y sancionen la tesis del gobierno como justificación del asalto al Hotel las Américas y la muerte de tres personas, seguido de persecución y enjuiciamiento de decenas de otras. Desde que empezó a aplicarse ha sido criticado por la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos como un señuelo cruel para que los acusados se inculpen.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Analogías

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Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.