Codigo penal

Las aguas siguen turbias

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La crisis desencadenada por la huelga de los médicos ha intensificado desconfianzas y rivalidades en la alta cúpula del gobierno, persistentes al comenzar esta semana y solo recubiertas por el propio conflicto y sus derivaciones, aseguran quienes observan de cerca lo que ocurre en los círculos gubernamentales. La espiral de tensiones de las últimas ocho semanas anticipaba nuevos sismos politicos antes que el régimen conmemore 12 años dentro de pocos días. Los analistas concuerdan en que los desencuentros en las filas gubernamentales podrían manifestarse en la recomposición del cuerpo ministerial, en momentos en que el presidente Morales se enfrenta a una oposición creciente a su proyecto de reelegirse y gobernar al menos veinte años, hasta 2025. Sería uno de los períodos de gobierno más extensos de la historia del hemisferio.

Un punto de fricción aún no resuelto, dicen los analistas, sería señalar al principal responsable de la crisis que estalló con el Código Penal, aprobado con mansedumbre pia por los legisladores. La cuenta ha resultado abultada y la pregunta insistente estos días era quién o quiénes la pagarían. Algunos analistas señalaban que no podría eximirse de la cuenta el Vicepresidente García, por la promulgación, pese a la oposición manifiesta de los médicos, de la ley que puso en vigencia el nuevo código, probablemente la legislación más controvertida de los tiempos democráticos bolivianos. En la misma línea de fuego estarían las cabezas del Senado, Alberto González, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ambos personajes destacados del gobierno y cualquier desplazamiento de ellos entrañaría una amputación para el régimen. Bajo la presidencia de ambos se encaminó raudo el proyecto sin que hubiera habido, que se conozca, un debate detallado de cada uno de los 680 artículos. De no menos magnitud sería la participación del Ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debió estar entre quienes plantearon, analizaron y revisaron el documento y dieron curso a su aprobación. La misma responsabilidad es atribuida al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso equivaldría, al decir de un analista, a la cabeza, el tronco y las extremidades del gobierno, un conjunto del que no se podría separar al propio presidente Morales. El nuevo código ha resultado un fiasco gigante, demasiado costoso como para apuntar a algún triunfador. ¿A cuál de los personajes atribuirle la responsabilidad?

Una cuota de responsabilidad también tendrían los legisladores de oposición, que no denunciaron con oportunidad el contenido del documento. Una conclusión sombría entre los analistas sería que el documento no fue leído, ni se tuvo el cuidado de examinarlo. Pero algo más: como ocurre con frecuencia en la historia política del país y de muchos otros, el episodio evidencia lo nocivo que resultan legislaturas con amplia mayoría de alcances limitados y obediencia ovejuna.

Fue por acción de los internautas que poco a poco la cebolla que representa el nuevo código está siendo deshojada. Cada lámina ha sido una revelación. Casi todos los sectores tenían algún punto para reclamar.  Se descubrió que han sido eliminados artículos importantes de la ley 1008, la norma legal para combatir el tráfico de cocaína.  También resultó que desaparecían artículos fundamentales anticorrupción de la ley designada como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por supuesto, la libertad de prensa estaba también amenazada. La ANP hizo resonar su protesta, lo propio los gremios periodísticos. En pocos días, casi todo el mundo tenia alguna razón para sentirse amenazado. Las iglesias evangélicas se declararon en emergencia porque la nueva ley ensombrecía el trabajo pastoral. El Código se deslizaba hacia el ridículo pues podría obstaculizar las contribuciones, fuente vital de sustentación financiera para las iglesias.  La Iglesia Católica observó una docena de artículos contrapuestos a una sociedad que aspira a ser justa y solidaria e invocó al gobierno a tener  la  ¨sabiduría¨ de abrogar todo el Código. Los ganaderos del Beni explicaban que bajo la nueva norma, el abigeato tendría garantizada parte del delito. En la explicación de un ganadero, cinco abigeatistas podrían robar cada uno una cabeza y no serían perseguidos por la ley, que solo castigaría el robo a partir de la segunda cabeza, en tanto que sí podrían asociarse y formar una empresa ganadera con las cabezas robadas.  Igual medida se aplicaría a substancias como la cocaína y la pasta de cocaína cuya posesión punible será ejercitada a partir de un kilogramo por persona. El cupo arbitrario permitiría a una sola persona tener droga suficiente para alegrar toda una fiesta precarnavalera de 4.000 participantes. Los que aún defienden la nueva norma prefirieron evitar las palestras, abrumados por las críticas.

Por inverosímil que pueda parecer, el autor del trabajo que derivó en el nuevo código fue un especialista que trabajó en el Legislativo para el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó en su pizarra de Facebook esta semana el ex prefecto de Santa Cruz Francisco Aróstegui.

Al empezar la semana en curso, el gobierno había dispuesto -y las cámaras legislativas habían dado curso- la abrogación del artículo 205, uno de los más controvertidos y origen de la huelga médica, lo mismo que el 137 que los transportistas objetaban. El gobierno no cedía a la pretensión de los otros sectores que tomaron la posta de los médicos cuando éstos, con sus representación de La Paz, firmaron un acuerdo con el gobierno. Aún estaba en discusión la suspension de descuentos por las siete semanas del paro en su version nacional.

El conflicto entró como un huracán en los planes del presidente para reorganizar su equipo ministerial y las apuestas eran múltiples en torno a quiénes se irían como sacrificados por el turbión del Código Penal y quiénes los reemplazarían. En ese torbellino aparecían nombres de la vieja guardia masista, algunos en misiones diplomáticas y otros apartados de la actividad política.

El sábado y el domingo fueron días inquietos para los conductors de motorizados en gran parte del pais. Las ciudades del eje central (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz) tuvieron enormes hileras de vehículos en los puestos de gasolina. YPFB logró movilizar suficiente combustible para apagar la sed momentánea y hacia el lunes las hileras habían desaparecido.  Pero los transportistas, alarmados por las penalidades del Código hacia responsables de accidentes y de contrabando ingresaron a  un paro junto a otros sectores, todos unidos en torno a un nuevo mantra: derogar todo el Código. La atmósfera fue auspiciosa para los vendedores de libros en la calle: el texto de la nueva norma fue descargado de la red por algunos emprendedores y en los kioskos callejeros se lo vendía en 20 bolivianos.  En pocos días el precio había subido a 25 bolivianos.

El gremio periodístico también entró en ¨emergencia¨, una declaratoria de estado de apronte, hasta hoy no había una medida concreta para lograr la modificación o abrogación de tres artículos, del 309 al 311, que la Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones de periodistas consideraban amenazantes para la libertad informativa.

Hasta este jueves, la población de Pailas, al norte de Santa Cruz, había ganado atención nacional, por persistentes tentativas de bloqueo que la policía combatía con fuego profuso de gases lacrimógenos.  Los arrestados en la semana eran una docena en la semana, que se sumaban a la muerte de una joven asfixiada por los gases lacrimógenos días antes.

Bajo el alboroto, no causaron mayor impresión las alegatos del presidente de que el conflicto era un intento de ¨sacarlo¨ del gobierno. Como el cuento de viene el lobo, sus denuncias no registraron impacto. Más bien, Santa Cruz se preparaba para una prueba de fuerza contra el gobierno, con un paro general de 24 horas previsto para el viernes. Con sus instituciones por lo general poco beligerantes, esta vez Santa Cruz marchaba hacia una prueba de fuerza con el gobierno.

Estado de guerra

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La guerra del gobierno con los médicos ha desnudado realidades hasta ahora no evidentes pero que en la crisis en curso juegan un papel destacado y servirán de base para entender dificultades del futuro inmediato.

La primera realidad, en la que la mayoría de los analistas concuerda, es que el miedo se ha desvanecido, o no existe más en la medida de hace poco tiempo. La sociedad no tiene reparos en manifestarse contra las autoridades nacionales cuando siente que sus intereses democráticos están amenazados y sus actores emergen dispuestos a pagar el precio que conlleva su lucha.  La amenaza de sectores afines al régimen carecen del efecto de otros tiempos. No consiguen más inducir al temor manifiesto hace pocos años ni a la cautela que confería un respeto reverencial a un ¨proceso de cambio¨ que, para muchos, ahora representa una repetición temible de procesos históricos, en Bolivia y en otras latitudes, que amenazan con un sepultamiento de las libertades individuales esenciales. Lo ocurrido en Venezuela está demasiado cerca y es inocultable. Esta realidad ha venido acompañada de un repliegue de los así llamados ¨movimientos sociales¨ sobrepuestos a las fuerzas políticas tradicionales y que, colocados en una etapa diferente de una lucha que no parecen comprender, carecen de armas equivalentes apropiadas. Las amenazas de organizaciones del Chapare de intervenir hospitales y clínicas no lograron disuadir a los medicos y a las pocas horas el president anunciaba que iba a plantear la derogatoria de los artículos resistidos del nuevo Código Penal que activaron todo el conflicto

A la pérdida del miedo se suma la insurgencia de nuevas generaciones que se expresan en plataformas digitales sobre las cuales ni el gobierno ni quienes lo secundan tienen capacidad de control, pues ellas emergen con armas propias nuevas, con pensamiento y habilidad que los movimientos sociales no logran contrarrestar pues su surgimiento es extraño a las esferas de lucha donde esos movimientos se forjaron. La insurgencia generacional, hasta solo hace poco subterránea y sin mayor sincronía entre sus actores, se ha posicionado al lado del movimiento de los médicos, el sector príncipe de la sociedad boliviana. El gobierno luce carente de un antídoto para equilibrar ese robustecimiento de posiciones, que coloca del mismo lado  a las generaciones digitales que perciben con mayor claridad el mundo en el que están insertos, y al sector médico, por lo general el más preparado, más leído y más ilustrado de la sociedad boliviana. Al igual que en otros países, los médicos son una referencia para las aspiraciones de gran parte de la juventud. No ha sido casualidad que en miles de vehículos y viviendas hayan aparecido carteles que rezaban: ¨Yo apoyo a mi médico¨. Si eso hubiese ocurrido en tiempos de elecciones, habría sido fácil determinar quién ganaría y quién perdería.

Carlos Hugo Molina, uno de  los mayores ¨municipalistas¨ de Bolivia, subraya que el fenómeno ocurre paralelo al avance impetuoso de la urbanización, que encoge cada vez más a la población rural, en un proceso que, aún con graves deficiencias, estimula la educación y lleva al modernismo. Ese desarrollo hace más evidente para los protagonistas el atraso de sus municipios y reclaman del gobierno mayor atención. El reclamo se vuelve patético ante la evidencia de que la mayoría de los municipios es conducida por dirigentes del partido de gobierno y los tiempos son de austeridad, en contraste con la época en que el dinero era abundante.  Cita un ejemplo: De los 339 municipios del país, 251 (más de dos tercios) tienen menos de 20.000 habitantes y no cuentan con un solo hospital de segundo nivel, lo que obliga a la escasa población con algunos medios a buscar auxilio en centros urbanos mayores.

Francisco Aróstegui, analista cuidadoso, ex prefecto de Santa Cruz bajo el gobierno de Jaime Paz, cree que el proyecto de poder del MAS boliviano muestra como nunca graves limitaciones. El MAS original (1968) reside en Venezuela y es de tendencia opuesta.  ¨El masismo fue bueno para destruir las instituciones de intermediación social: primero, la COB, con lo que los trabajadores y menos protegidos quedaron sin la institución que los escuchaba y atendía, pero  no consiguieron crear un substituto histórico…Destruyeron el sindicalismo campesino (CSUCB) y tampoco construyeron una instancia substitutiva. Y poco a poco destruyeron a las organizaciones de clase media. Primero, los abogados, luego los auditores y contadores públicos, y así ingenieros, arquitectos, etcetera. Hasta que les tocó a los médicos. Pero éstos han resistido la destrucción con una persistencia a la que el gobierno no está acostumbrado. De ahí que el alzamiento de los mandiles blancos ha concitado solidaridad y un apoyo que el gobierno no calculaba. CONALCAM es una caricatura de lo que querría ser y está ante un proceso inverso. Una de sus limitaciones es su incapacidad de revertir ese proceso. De la pulseta resulta claro que el gobierno ha pasado, por primera vez, a la defensiva y que no consigue retomar la iniciativa¨.

Molina cree que hay cuatro factores insurgentes que han tomado cuerpo durante el año transcurrido: los movimientos juveniles, políticamente aún amorfos, los médicos indignados, el desafío irresuelto del ¨federalismo¨ cuya bandera volvió a levantar el gobernador cruceño Rubén Costas, y la urgencia de un pacto fiscal para las regiones, en momentos en que no hay más holgura económica y todos pugnan por guarecerse bajo un paraguas estrecho. El gobierno se niega a conceder recursos que afecten su área de ingresos de la que tuvo durante una década unos 90.000 millones de dólares, y ¨se aferra a una lógica inequitativa de ´lo mio es mío y solo negociamos  lo tuyo´¨. Comparativamente, dice Molina, aquella cifra representa tres PIBs, todo  lo producido y ganado por el país en un año.

Otra realidad manifiesta fue expuesta cuando los médicos denunciaron que algunas de sus réplicas a la campaña gubernamental  fueron rechazadas por una media docena de medios informativos, impresos y radiotelevisivos. El episodio expuso otra vez la fragilidad de la libre expresión en el país.

Los tambores de la guerra declarada por el Vicepresidente fueron escuchados con incredulidad por gran parte de la población que creía que la función de las autoridades era administrar y gobernar, no pregonar hecatombes, menos aún en temporada Navideña. No hubo una cuantificación sobre si los augurios bélicos tuvieron algún efecto en el 30%-35% que votó el 3 de diciembre para designar jueces. Los analistas aseguran que ese porcentaje es el del ¨voto duro¨ con que se blinda el gobierno y sería el límite capaz de asegurarle una victoria. Ese límite parece caminar sobre las orillas de su capacidad de satisfacer demandas sociales crecientes en momentos críticos, al aproximarse nuevas justas electorales. El episodio también operó como un llamado a las organizaciones que discrepan con el gobierno a promover la unidad y forjar un solo frente para las elecciones de 2019.

La llegada de los médicos cubanos obró más como combustible sobre el fuego del conflicto que como apaciguador. La controversia en torno a la calidad de los servicios de esos profesionales fue puesta en duda con informes de otros países que dudaban de la vigencia de las bondades que vistieron a los galenos caribeños durante los primeros años de la revolución cubana, cuando la salud era aún más incipiente en Bolivia y otras naciones en desarrollo.  A mitad de la semana, estaba en gestación acelerada un frente mayor con el ingreso del transporte pesado a una huelga general a menos que el gobierno derogue todo el Código Penal. Era un reflejo e lo que los médicos ya se planteaban: el artículo 205 sería solo uno de muchos otros que habría que ¨componer¨ para inocular los aspectos nocivos que tendría el nuevo Código. Cerca del cierre dde la semana, el Presidente Morales annció que iba a pedir a las cámaras legislativas que deroguen el artículo 205 del nuevo Código y revisen otros igualmente controvertidos.

El conflicto con los médicos fue reminiscente de las semanas finales de 1977, cuando una huelga de hambre por una amnistía sin resrtricciones dobló el brazo del gobierno, desnudó sus debilidades y condujo a nuevas elecciones en las que el gobierno fue derrotado para dar lugar a una nueva dinámica política que no paró hasta la reinstauración de la democracia.

 

 

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.