Prado Salmón

La ausencia de Soza

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Cerca de un año después de su fuga de Bolivia, el ex fiscal Marcelo Soza continúa siendo una pieza fundamental para esclarecer la acusación con la que basó uno de los mayores casos de la historia penal boliviana. Los fiscales que lo sucedieron mantienen la premisa del ex fiscal Soza de que hubo terrorismo que pretendía desembocar en la la derrota del ejército y la creación de una nueva república en el centro de América del Sur. El tribunal, bajo el argumento de que no le corresponde producir pruebas, ha rehusado facilitar la obtención de copias autenticadas de la confesión del ex fiscal, que al fugar declaró que las bases que sostienen el caso fueron prefabricadas, y que el gobierno lo presionó para imputar a personalidades de Santa Cruz y desarticular a la oposición en el oriente.
A lo largo del proceso, nunca había parecido tan importante tener al ex fiscal presente en las audiencias que se llevan a cabo en Santa Cruz, para aclarar el que los abogados de la defensa califican como montaje para escenificar el mayor juicio penal boliviano en lo que va del siglo.
En las últimas semanas, los acusados han apuntado a las debilidades de la acusación en cuestiones militares y a la imposibilidad de que los acontecimientos del 16 de abril en el Hotel Las Américas hubiesen ocurrido como los describió el ex fiscal. Probablemente sólo él, dicen, podría ayudar a entender las falencias de su acusación.
En una sorpresiva acción que, vencido el plazo legal, aún no tiene respuesta, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas planteó un proceso abreviado admitiendo que participó en la elaboración y traslado de explosivos a la casa de un concejal del partido de gobierno y a la del cardenal Julio Terrazas, pero dejando sentado que obedeció órdenes de funcionarios del gobierno; y un defensor quiso, sin éxito, exponer su alegato con apoyo de anotaciones electrónicas como antes hizo la acusación. El tribunal aceptó pero luego revirtió su aceptación.
La admisión de un abogado asistente de Soza de que efectivamente hubo extorsión, astilló más la acusación y dio sustento a Roberto Eduardo Justiniano, funcionario de la Feria Exposición de Santa Cruz y uno de los 39 acusados por Soza, para decir al tribunal que no debe sentirse obligado por un formato acusatorio fraudulento y que tomara en cuenta que “…estamos siendo acusados por un extorsionador”.
Nadie ha defendido a Soza, a quien las más altas autoridades llaman “delincuente confeso”, pero el pliego acusatorio que él elaboró es el ABC con el que trabajan los abogados del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.
El abogado José Hoffman, del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo y de Gelafio Santisteban, participante de las fuerzas de paz de la ONU en representación de Bolivia, acudió a un recurso didáctico. Dijo que la superioridad de la acusación que promueven los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno deberá ser absoluta. Comparó la decisión que debe tomar el jurado que integran dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, con un partido de fútbol que los acusadores tendrían que ganar al menos por 10-0 para que no haya duda de la acusación de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. En los jueces, dijo, no debe existir la duda más mínima pues, de lo contrario, se aplicaría la máxima jurídica: mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entre otros argumentos, subrayó que el único hecho que el Ministerio Público tiene para apoyar su teoría es el estallido de una bomba en el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas la noche del 15 de abril. Para su defendido, dijo, es “un delito imposible” pues Santisteban se encontraba entonces en Estados Unidos.
El penalista paceño Alberto Morales, del ingeniero Hugo Paz Lavadenz, de COTAS, subrayó la ausencia de peritaje para todo el andamiaje de la teoría del fiscal ahora refugiado en Brasil, desde la invasión de la unidad policial sin orden judicial hasta la apertura arbitraria de computadoras y teléfonos celulares. Puso énfasis en una incoherencia de la historia oficial: ¿cómo un grupo al que se atribuían intenciones adversas al gobierno, inclusive magnicidas, iría a atentar contra el domicilio del cardenal Julio Terrazas, a quien el gobierno identificaba como uno de sus principales opositores?
Ridiculizó la conclusión del ex fiscal de que, al figurar en el teléfono atribuido a Eduardo Rózsa Flores un número con el nombre de Hugo Paz, éste era cómplice de los planes y actos que endilgaba a aquél. Enfatizó la irracionalidad de la conclusión diciendo que seguramente el celular del fiscal principal de la causa, Sergio Céspedes, contenía registros de llamadas hacia el ex fiscal Soza y viceversa. Eso no lo volvía cómplice de Soza, quien está acusado de extorsión, dijo. Paz Lavadenz emocionó a la audiencia al contar una fábula y pedir al tribunal que procure escuchar a quienes están limitados (padres, madres, esposas, hijos), y a quienes están en el exilio.
En la lista de más de 70 personas que el general Gary Prado Salmón ha pedido que comparezcan en el juicio está el ex fiscal, a quien se propone exigir que aclare contradicciones en la acusación y escuchar de la ex autoridad un informe detallado sobre por qué lo incluyó entre sus acusados.
El abogado Otto Ritter, entre cuyos defendidos está el ex dirigente cívico juvenil cruceño Alcides Mendoza, dijo que éste se encontraba preso “por yesca”, por no tener dinero para pagar extorsiones. Dijo a los jueces: “Alcides Mendoza se declara culpable del delito de ser yesca. Busquen ustedes en el Código Penal la tipificación de ese delito, por el que ya está preso hace más de cinco años”.
Svonko Matkovic Ribera también desmenuzó la teoría de Soza y en una de numerosas preguntas indagó sobre un scanner que el ex fiscal asegura que el acusado hizo llegar a Rozsa Flores y que no aparece en la lista de pruebas que el ex funcionario ofrece en su pliego acusatorio.

Arrecia el vendaval

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La de este jueves fue una jornada que el gobierno del presidente Evo Morales no habría querido jamás vivir. Las movilizaciones obreras hicieron un tormento político de la visita presidencial a Tarija, que celebra este viernes su aniversario cívico.  El país está por “desbocarse”. Lo dijo anoche en un programa de TV Jerjes Justiniano, ex candidato del MAS para la gobernación de Santa Cruz. El riesgo implícito es que el país se quede sin jinete.  En Yacuiba, grupos de manifestantes estuvieron cerca de llegar al lugar donde se encontraba el presidente Morales, quien fue al departamento para sumarse a los festejos cívicos. El presidente no tenía espacio geográfico para desplazarse: en Tarija  los maestros urbanos ocuparon el salón de honor donde debía rendir homenaje a la esfemérides departamental. El margen de desplazamiento territorial del presidente estaba otra vez reducido. Y, al menos en Tarija, estuvo colmado de gases lacrimógenos.

La atmósfera social y política del país continuó tensa, con organizaciones afines al gobierno reiterando que enfrentarían a las marchas y bloqueos obreros. El movimiento en pos de un 15% de aumento sobre los salarios básicos para todos los sectores laborales  era como una mancha de aceite que se extendía sin que hubiese hasta ahora una fuerza capaz de detenerla. El bloqueo de las mil esquinas en La Paz –no creo que hubieran sido exactamente mil- fue una nueva arma de los manifestantes. Era imposible hacer un cálculo cierto sobre cuántos trabajadores estarían movilizados, pero podría hablarse de decenas de miles en todo el país. Los campesinos afines al gobierno amenazaban con entrar al escenario desde el lunes.

Las posibilidades de diálogo era muy reducidas, tras el fiasco del jueves: los dirigentes de la COB no asistieron a la cita con los ministros y han reiterado que sólo se reunirán con el presidente. Hay  una leve esperanza de que el diálogo se renueve hoy, tras las palabras conciliatorias de Jaime Solares, el dirigente minero y  líder de la COB, en el breve intercambio de ideas que sostuvo en la  TV con Justiniano.

Mientras tanto, en Cochabamba la audiencia en la que el fiscal Marcelo Soza acusa a 39 personas, a mayoría de Santa Cruz, ingresaba a un momento crítico: la red televisiva ATB informó que el juez que preside la audiencia, Rolando Sarmiento, accedió al pedido de los abogados defensores para que el fiscal presente las pruebas de sus acusaciones. Eso pondría en aprietos a la parte acusatoria pues tendría que demostrar, con evidencias, que hubo  una conjura terrorista-separatista. Ya no serían suficientes las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, que fueron la base para acusar a la mayoría de los cruceños en el grupo. Entre otras cosas, tendría que presentar el armamento supuestamente incautado, del cual hubo profusión de fotografías pero no se ha establecido de dónde provinieron, lo mismo que  los supuestos explosivos. De no haber esas evidencias, todo el proceso se tambalearía. Además, tendría que presentar las computadoras atribuidas a Rózsa. Expertos en computación y electrónica podrían determinar si fueron manipuladas. ¿Qué hacía en una de esas computadoras el disco duro de la entonces  Delegada Presidencial y ahora Senadora de la República Gabriela Montaño? Ahora la carga de  la prueba está sobre el fiscal, por lo menos es lo que uno entiende escuchando las noticias de Cochabamba. Muchos “misterios” deberán ser develados, inclusive el que no se quiere tocar directamente a fondo como el del popularmente conocido como video-soborno. Los generales retirados Gary Prado Salmón y Lucio Añez lograron una tregua momentánea: sus acusadores tendrán que esperar nuevos informes médicos sobre la salud de ambos.

La jornada de este viernes promete traer más acción y echar más luces sobre la oscuridad que ha rodeado el caso Hotel las Américas que en la madrugada que se aproxima cumplirá dos años. Se aproxima el momento en que el telón deberá ser levantado.

Un conflicto que, hasta ahora, sólo crece

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Anales de una jornada de abril

El paro convocado por la COB ha cumplido diez días con una tendencia incuestionable: hacia arriba. Cada vez es mayor la gente en las calles y las marchas empiezan a esparcirse por todo el país.  Esta noche había un desfile de teas en Potosí, ayer las marchas habían prendido en Sucre y Santa Cruz y otras ciudades, y las fuerzas del gobierno agrupadas en el MAS empezaban a buscar escudo en los campesinos: el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM)  hizo saber que se preparaba para contrarrestar el movimiento obrero, apoyar el aumento del 10% para los salarios de determinados sectores ofrecido por el gobierno, y asumir la defensa del régimen y del proceso que encabeza. No anunció ningún cronograma,lo que arrojaba dudas sobre su postura,  pero el anuncio tuvo una réplica inmediata del Secretario General de la COB. Jaime Solares dijo que los obreros no tenían miedo de los trabajadores del campo.

“No hay que ser chupamedias”, dijo Solares e  invitó a los líderes de la organización circunstancialmente adversaria a ir a la sede de la COB y discutir los problemas que están sobre la piel del país. “Se trata de un pretexto de (el vicepresidente) García Linera para enfrentar a los obreros con los campesinos”, se lo escuchó decir en los noticieros de la TV. La Vicepresidencia no emitió ningún comentario. La sensación que uno tenía es que pocas veces -no he visto algo así en más de tres ños en Bolivia- el país ha estado tan convulsionnado, y sin una luz al final del túnel.

El paro acompañado de bloqueos y marchas habían embotellado a La Paz, de acuerdo a las quejas escuchadas por los noticieros de la radio y la TV. La población exasperada empezaba a sentir los inconvenientes del movimiento. Igual que  “antes”. El reloj histórico de Bolivia parecía haber retrocedido de golpe seis años, por lo menos en lo que concernía a la tranquilidad social. En otras circunstancias, las llamas políticas también habrían empezado a  elevarse.  Era evidente que el gobierno del presidente Morales empezaba a sorber el cáliz amargo de la intranquilidad en las calles y las presiones para acceder a los reclamos por mejores salarios. Sólo que él no estaba en las calles y, más bien,  se enfrentaba a una demanda pertinaz y masiva para que el estado conceda un 15% de aumento general. De acuerdo a los cálculos del gobierno, un aumento así ensancharía el hueco actual de las arcas fiscales en más de mil millones de dólares, cerca de un 4% del PIB (el valor de todo cuanto un país produce en un año). El déficit con el aumento del 10% llegaría a 880 millones de dólares. Con 15%, el presupuesto nacional, según el gobierno, colapsaría. Todo bajo una administración que se jactabas de haber logrado un equilibrio entre ingresos y gastos fiscales. Como se puede ver y sentir, el slogan de “gobernar obedeciendo al pueblo” ha sido colocado entre el yunque y el martillo. Entre la realidad fiscal boliviana y las demandas obreras.

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En Santa Cruz, la población vivió la jornada con ojos y oídos en los noticieros de la radio y la TV para saber de la marcha de las investigaciones sobre quién es el pistolero que descargó dos disparos sobre el vehículo del gobernador Rubén Costas y lo hirió en la sien izquierda. Hay varios detenidos, incluso uno que portaba un revólver calibre .38, el calibre de la bala que hirió al gobernador. La atención pública también se dirigía hacia la salud de la autoridad departamental que, por los informes médicos, tendría que permanecer aún varios días en la Clínica Foianini. Pero estaba fuera de peligro, y eso era un alivio general.

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La atención cruceña estaba dividida. Al mismo tiempo la población también observaba preocupada el desarrollo del proceso contra 39 acusados del fiscal Marcelo Soza  y aguardaba perpleja sobre lo que ocurrirá tras la orden de aprehensión emitida contra cruceños prominentes: los generales retirados Gary Prado Salmón y Lucio Añez, y el médico Juan Carlos Santisteban (correcto), dirigente de Falange Socialista Boliviana, y el funcionario de la Cooperativa de Teléfonos COTAS, Hugo Paz (correcto).  Curiosamente, las acusaciones contra casi todos los acusados se basan en declaraciones de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien poco después de declarar ante el fiscal el año antepasado,  fugó de Bolivia y afirmó que todo lo que dijo fue producto de presiones de sus interrogadores. La controversia remató con un video en el que se asigna un rol de principales protagonistas a Juan Carlos Núñez (hay una voz directora que muchos aseguran que es suya) y Edson Alí (se lo ve filmando), ambos (ex?) funcionarios próximos al gobierno y sus mecanismos de seguridad, aparentemente en el momento en que le entregan $US 31.500 como supuesto pago por las acusaciones que había formulado. Las preguntas en torno a ese video, pilar de las acusaciones del fiscal Soza, eran numerosas pero no tenían respuesta de los implicados. Hoy, por lo que se escuchó en la TV y la radio, se acogieron al derecho al silencio y rehusaron hablar. Pero las consecuencias de las acusaciones de “El Viejo”, que ha insistido en que en Santa Cruz había un movimiento separatista,  seguían invariables. Un grupo de parientes de los procesados se mantenía en vigilia en la Plaza 24 de Septiembre.

Sobre el entripado que representa el proceso, cayó un rayo cuando el acusado Juan Kudelka Zalles declaró a gritos en la audiencia que reconocía  en la voz de Núñez del Prado a la persona que lo había traído por tierra el año pasado desde Argentina. “He estado tres días con él. Me trajeron por tierra y entramos por Bermejo”, dijo.  También Mario Tadic Astorga consiguió hab;ar con los periodistas y les dijo que N’ñez lo había torturado.

Había una enorme curiosidad por saber si los investigadores mantendrán el rigor aplicado a los demás procesados para lograr que Núñez del Prado y Alí hablen en el proceso. El video es piedra angular en la pirámide acusatoria. Sin embargo, en el programa No Mentirás de PAT, a cargo de Sissi Añez, se recordó que en sus primeras declaraciones Kudelka dijo que había vuelto a Bolivia por su propia voluntad.

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En la jornada emergió con majestad evangélica un mensaje de la Iglesia Católica que abarca el conjunto de problemas que acosan a la sociedad boliviana. A diferencia de otras oportunidades, no ha habido ningún comentario del gobierno. Todavía. Tras las más recientes declaraciones de algunos obispos, el Vicepresidente García Linera les aconsejó que se dediquen a “salvar almas”. En su nueva carta, los obispos explican por qué la Iglesia se ocupa de los problemas que aquejan a las sociedades.

Rubén Costas jura al cargo de gobernador

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Declara que le importa “un bledo” la llamada “ley corta”  en trámite legislativo que desconocería el principio universal de la presunción de la inocencia

El gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera juró esta tarde al cargo ante una manifestación de simpatizantes en el centro de la ciudad,  en una actitud de repudio a la llamada “ley corta” en trámite en el Legislativo que puede echar por los suelos derechos consagrados de las personas.

Costas prescindió de todo trámite y de rodillas, con la mano derecha sobre el lado del corazón y haciendo la señal de la cruz pronunció un “Sí Juro” que la multitud aplaudió. Con ese juramento se ha puesto en marcha una las innumerables vueltas del pugilato político en curso en Bolivia en los últimos años. Vueltas similares pueden desencadenarse en los próximos días en siquiera otros dos departamentos.

Por aquella ley, que encuentra fuerte resistencia de parlamentarios de oposición y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, cualquier autoridad, menos el Presidente y el Vicepresidente, puede ser exonerada del cargo si un fiscal la imputa de algún delito contra el Estado. Hasta hace unos días, esa imputación parecía dirigida a impedir que autoridades electas asumiesen el cargo para el que fueron elegidas. Es el caso de los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Tarija, contra quienes hay acusaciones de malversación de fondos públicos por su responsabilidad en los plebiscitos que en esos departamentos dieron un Sí muy claro a la demanda de autonomía (los tres gobernadores electos son opositores del presidente Morales).  Ahora la imputación puede ser formulada durante el ejercicio de la autoridad.

“Nos importa un bledo esa ley corta”, dijo Costas desde el escenario armado en la Plaza 24 de Septiembre. “Vamos a jurar aquí, ante mi pueblo, para defender su voto”, agregó tras recordar su holgada victoria como gobernador en las elecciones del 4 de abril pasado.

El dirigente cívico acusó al gobierno del presidente Morales de pretender desconocer la voluntad popular expresada en esa votación. Habló durante unos 45 minutos ante una multitud militante de pocos miles de personas,  cantidad  distante del “Cabildo del Millón” que los organizadores del acto de este viernes decían que esperaban repetir. Los términos de Costas fueron duros. Dijo que no le importaban “un bledo los decretos de la dictadura que se disfraza de democracia” porque el tirano más rudo no podrá contra los hombres y mujeres libres”.  Al calificar al gobierno como “un régimen de terror” dijo que en Bolivia “se ha dado fin a la independencia de poderes. Ahora tendremos que defendernos desde la cárcel”. La “leycorta” prevé que el juramento sea hecho ante el Presidente de la República.

“La ley corta (ya aprobada en algunas instancias del Poder Legislativo, donde el oficialismo tiene amplia mayoría)  contradice la propia constitución aprobada con sangre por el partido de gobierno”. Dijo que el del presidente Morales era un “régimen del mal” que confería una amplia “permisividad” al cultivo de coca que lo convertía en “cómplice del narcotráfico” y que había vuelto de Bolivia “un paraíso delincuencial para la mafia internacional”.

Dijo también que la acción de fiscales del gobierno tenía presos a dos cruceños notables: Ronald “Chichi” Castedo y Juan Carlos Santisteban, el primero ex presidente de COTAS y el segundo dirigente de Falange Socialista Boliviana (FSB). En ese momento aún se desconocía que una juez venida desde La Paz había ordenado prisión domiciliaria para los dos y para el general retirado Gary Prado Salmón, el militar boliviano que derrotó la campaña del guerrillero argentino-cubano Ernesto Ché Guevara. A los tres se los acusa de vinculación con una presunta conspiración.

No hubo comentarios inmediatos de Morales ni de sus ministros acerca de la decisión de Costas, que presenta al gobierno con un hecho cumplido rodeado de interrogantes. Pero, por las escenas mostradas anoche por la TV, hubo gritos de protesta por la detención domiciliaria de Prado Salmón, quien vestía de negro en duelo por la muerte de su hijo menor hace menos de dos semanas. La protesta ocurrió en las afueras del edificio policial donde Prado fue interrogado por la juez.  Tanto a él como a Castedo y Santisteban la juez ordenó que no formulasen declaraciones a la prensa.