En la hora 25

Con la toma del control de los aeropuertos de Santa Cruz y los de ciudades del interior de la region, así como los tres más importantes del departamento de Beni (Trinidad, Riberalta y Guayaramerín), todo sumado al control que han asumido grupos cívicos de instituciones claves del estado de todos los departamentos de la Media Luna más Chuquisaca, Bolivia vive ahora bajo un clima de abierta insurrección. La raíz inmediata es la negativa del gobierno del presidente Evo Morales de restituir a las regiones el Impuesto de los Hidrocarburos (IDH), que las regiones consideran como un golpe a sus aspiraciones de autonomía, para reducir la dependencia del gobierno central en la administración de recursos. Pero más atrás está el proyecto de constitución elaborado con irregularidades por el partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS), como la columna vertebral de su propósito de instaurar un gobierno social indigenista, fuertemente socializante.

Lo que se vio patentemente a lo largo de ocho horas de refriegas fue una absoluta ausencia de poder de control por parte del gobierno sobre miles de ciudadanos que marcharon en rebelión sobre instituciones del estado en santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando.

El primer objetivo, en Santa Cruz, fue la toma de las oficinas de impuestos. Un número impreciso de militares resultó con heridas. Por lo menos uno apaleado, segun las imagenes mostradas por la TV, pero luego protegido por algunos samaritanos que lo llevaron a su unidad.

Tras unas cuatro horas de refriega, la fuerza policial que se parapetaba en la azotea del edificio, fue sobrepasada por la multitud que ingresó a las oficinas. Gran parte del centro de impuestos fue destruida y saqueada, especialmente muebles, documentación y computadoras. Simultáneamente, fueron atacadas las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria y las trancas de acceso a los aeropuertos. Las oficinas del Canal 7 de Televisión del estado también fueron atacadas y sus transmisiones fueron interrumpidas. Incluso la oficina del Defensor del Pueblo fue atacada.

En otras ocasiones en años pasados, el ejército habría salido a las calles para reimplantar el orden bajo un estado de sitio. El gobierno, al parecer, vacilaba en la toma de esa radical medida pues el ejército también vacilaría en utilizar la fuerza para sostenerla. Luego, el propio Comité Cívico de Santa Cruz aseguró que la población no obedecería a una medida semejante, que restringe severamente las libertades individuales.

Esta vez sólo estuvieron presentes algunas brigadas policiales militares. A la tropa sometida en oficinas del estado se le obligó a entregar las armas que iban a ser repasadas a la Prefectura del Departamento. Una versión había corrido difusamente en los últimos días: los militares se resistirían a utilizar sus armas de reglamento a menos que el propio presidente les ordenase de manera expresa y por escrito hacerlo. Al parecer, querrían evitar verse envueltos, posteriormente, en juicios criminales. Algunos de los que fueron detenidos por la multitud, fueron llevados por sus captores hasta sus unidades.

Una reacción policial militar estaría en curso: no quieren salir a combatir multitudes. Y el gobierno estaría en un peligroso jaque. Se hablaba, inclusive, que Morales convocaría a sus opositores a dialogar. Pero otras versiones decían que había grupos de campesinos que desde el interior del departamento de Santa Cruz querían marchar sobre la ciudad y cercarla. Esa posibilidad parecía poco plausible, por las dificultades de cercar una ciudad amplia y plana como Santa Cruz y por la determinación de organizaciones cívicas de resistir, lo que se traduciría en más violencia.

El gobierno insistentemente dijo que los flujos de gas natural hacia Brasil y Argentina no habían sido alterados y que eran falsas las versiones que aseguraban lo contrario. Pero las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) en el centro de Santa Cruz fueron tomadas por brigadas de jóvenes y desalojada la policía militar que las resguardaba. No hubo violencias, según vecinos del lugar.

También al anochecer fueron tomadas, sin violencia, las oficinas de migración, al igual que las de la cadena de emisoras Patria Nueva, del gobierno.

Salvo el aeropuerto militar de El Trompillo, las oficinas de aduanas y los destacamentos militares y policiales, la mayoria de las reparticiones del estado habian pasado al control de las organizaciones civicas.

Actualización. 21:45. En la noche, los ministros del Interior y de Defensa, Alfredo Rada y Walker San Miguel, dijeron que lo ocurrido había sido protagonizado por “grupos pequeños” a los que llamaron de “fascistas” y acusaron de gestar un “golpe civil-prefectural” (sic). Rada dijo que el gobierno no dictará estado de sitio y San Miguel encomió el comportamiento de la fuerza militar policial. Ambos venian de una reunión del Consejo de Ministros, presidida por el presidente Morales. La reunión, al parecer fue mas borrascosa que apacible, pero nada de ella trascendió. Fue notable, sin embargo, que el propio presidente no se dirigese a la nación con un mensaje ante acontecimientos tan graves. Fue el gran ausente de la jornada. Por que?  Raro, cierto? En el otro lado, un vicepresidente del comité pro Santa Cruz dijo que los ministros habían mentido y que los movimientos cívicos sólo buscan que se les restituyan los recursos de los que se les ha privado.  

Un otro elemento para ponderar: En Bolivia se ha dado una situación cuando menos inedita. Hay cinco departamentos con la mayoria de las instituciones del estado en manos de las prefecturas (o gobernaciones. Y hay vigilias para resguardarlas ante cualquier intento de retomarlas por las fuerzas del gobierno). Son, siquiera temporalmente, otros estados, no el que reside en La Paz, los que administran sus regiones. 

En la manana del miercoles, un lector me informo que las comunicaciones telefonicas a traves de Entel eran un enjambre.