Gobierno
Cuidados necesarios
El buen sentido profesional aconseja verificar todas las informaciones no testimoniadas en persona (e incluso éstas), más aún si son polémicas. Ninguna reserva fue utilizada cuando hace un mes se anunciaba que el Santo Padre acullicaría coca al llegar a Bolivia. La fuente era el Ministro de Culturas, en una entrevista que traía la agencia oficial de noticias ABI. Reproducida sin contextualizaciones necesarias, la noticia dejó en muchos la impresión de que el Pontífice efectivamente masticaría coca y que de alguna manera conferiría universalidad a la costumbre, cuya legalidad está garantizada por las normas bolivianas, pero solo en territorio nacional. Tal masticación no ocurrió. En todo caso, el portavoz de la Santa Sede había declarado que el papa haría lo que juzgase correcto.
Para el oficio informativo, el episodio contiene lecciones que deben ser subrayadas. Con fecha 28 de junio, decía el primer párrafo de la noticia de la agencia oficial: “El papa Francisco pidió a las autoridades bolivianas hojas de coca para masticarlas apenas llegue al aeropuerto de El Alto, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el inicio de su visita a Bolivia, entre el 8 y 10 de julio, informó el domingo el ministro de Culturas, Marko Machicao.” El ministro había hablado en un programa estatal de radio y televisión, en el que agregó, a decir de la nota de ABI: “Se le había ofrecido mate de coca o algo para la altura. Él nos ha pedido específicamente que quiere hacer masticado de coca (…). Así que al Santo Padre se le estará esperado con la sagrada hoja de coca”.
La afirmación habría requerido de algunas precisiones. Frases como “…nos ha pedido específicamente”, o “se le (¿?) estará esperando con”, necesitaban de identificación, detalle y elaboración. Con todo, a partir de la nota informativa oficial los medios iniciaron la carrera por difundir la información, y algunos dieron por descontado el acullicado. Con la avalancha de otras noticias, la cuestión pasó a segundo plano. Al repasar ese día los medios impresos, noté que solo El Día, de Santa Cruz, colocaba la atribución correspondiente dentro de su titular principal: Según el gobierno, etc. Los Tiempos colocó la atribución en el subtítulo. Los otros medios que pude leer dijeron en el titular principal que el Santo Padre con certeza masticaría coca o que quería hacerlo, y reproducían la información oficial. Ninguno subrayó que la versión noticiosa provenía de la agencia gubernamental, que por definición no es neutral. Decirlo no habría sido una redundancia pues era necesario destacar con precisión al lector, al oyente y al espectador de dónde se originaba esa información. Aunque muchos en el país saben que ABI es la agencia del gobierno y controlada por éste, es posible que hay otros que no lo saben.
El legalizar la masticación es una cruzada en la que está empeñado el gobierno y esa campaña lo llevó a retirar a Bolivia de la Convención de Viena temporalmente. No obstante, si a alguien se le ocurriera abrir la bolsita con hojas y empezar a masticar públicamente en algún parque europeo o japonés, llamará la atención de la policía. Y los meseros de cualquier restaurant francés levantarán las cejas si se les pide un mate de coca pues no sabrán qué se les está pidiendo.
Los descuidos no son extraños a la tarea de los periodistas y sus editores. Por eso es necesario estar alertas contra formas de expresión tan frecuentes que parecen correctas. El verbo advertir es a menudo utilizado por medios escritos como sinónimo de amenazar (“mineros advierten que harán huelga” o “cívicos advierten que tomarán medidas”. El etcétera es largo.) En las más recientes elecciones no entendí por qué se habló tanto de disputa electoral “subnacional” cuando se hacía referencia a los comicios departamentales. La designación de alcaldes ¿sería entonces una elección subdepartamental o subprovincial? Sería más correcto hablar de elecciones locales o departamentales.
El tema me ha permitido apartarme de otros sobre los que espero volver.
Decisión dudosa
En el Día del Trabajo el presidente Morales firmó un decreto que le concede el poder de decidir qué sindicatos podrán existir legalmente. Cuál ha sido el origen de la idea convertida en decreto era, hasta la noche del viernes, una pregunta aún no respondida, pero la medida afecta el derecho de asociación y es un mal augurio para la relación entre el gobierno y los trabajadores. Que hubiera sido anunciada en el día en que los trabajadores de todo el mundo conmemoran es sugestivo.
El viceministro Rada aclaró que lo dispuesto en ese decreto –los otros tres fueron ofuscados, inclusive el del aumento salarial- está regido por la CPE. La pregunta inmediata fue, entonces, ¿era necesario un decreto para una cuestión tan sensible? ¿Qué razones de fondo para sacudir el que ahora luce como un avispero?
Las primeras reacciones al anuncio han sido de perplejidad y molestia, como habría sido previsible. Hasta ahora han sido los trabajadores los que decidían por iniciativa propia y sin ninguna interferencia externa formar un sindicato. Al tomar la decisión, simplemente la comunicaban a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Desde ayer, la decisión que les avale la existencia legal deberá partir de una Resolución Suprema firmada por el Presidente del Estado Plurinacional. Citado por Página Siete, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Arce dijo que “las personerías jurídicas de las organizaciones sindicales y las centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, y las centrales obreras cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, podrán ser únicamente tramitadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y concluirán en el proceso administrativo con la emisión de una Resolución Suprema; la van a firmar el Presidente del estado Plurinacional para reconocer a cualquier institución sindical”. Dicho en menos palabras: Ahora será el gobierno el que apruebe la formación de un sindicato. Antes sólo refrendaba la decisión asumida por los trabajadores. Ahora emitirá una resolución para conferirle existencia legal. “Ni el Presidente ni el Ministerio (del Trabajo) deberán avalar nada. Hay elecciones en las bases y quienes acreditan (en las urnas) la decisión de los dirigentes son las bases. Lo único que tiene que hacer el presidente es poner su sello. Las bases son las que tienen que decidir si aprueban o no” (la nueva entidad). La frase vino de Vilma Plata, la dirigente del magisterio temida por los gobiernos de la década de 1990 y comienzos de siglo y fue citada por El Diario el sábado.
El nuevo entripado fue la joya de la corona de una disputa que ha dividido a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución mayor del sindicalismo nacional que este Primero de Mayo desfiló disgregada.
La decisión del gobierno, cuya necesidad es dudosa, agita el ambiente laboral cuando restan menos de 10 semanas para la visita al país de la cabeza de la institución que con coherencia indeclinable ha defendido las libertades sindicales y los derechos obreros a lo largo de siglos: el Papa Francisco.
Ignoro cuán ilustradas son las autoridades en doctrina social de la Iglesia Católica, pero al asumir decisiones como la adoptada este Primero de Mayo tendrían que haberlas consultado, si no quieren tener una espina en el zapato cuando ocurra aquella visita que en Bolivia despierta fe y entusiasmo.
Chaparina: A dos años quedan pocas dudas
Con la declaración del ex viceministro del interior Boris Villegas, ahora preso del mismo sistema que ayudó a estructurar y funcionar, quedan pocas dudas sobre el origen de la orden para reprimir a los indígenas de la octava marcha que caminaban rumbo a La Paz hace dos años. En la declaraci[on que hizo al fiscal que investiga la represión ocurrida entonces, Villegas afirmó que la orden vino del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien ahora representa a Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas. Correspondería un careo, un mano a mano entre los dos que estoy seguro que el país entero pagaría por ver. Sería interesante una encuesta rápida para ver cuál de los dos merece más confianza –o desconfianza- de la ciudadanía. ¿Será que las encuestadoras encontrarían auspiciador?
La orden dada por el ex ministro compromete al presidente y al vicepresidente, quienes difícilmente podrán argüir que no sabían lo que estaba ocurriendo. Fernando Vargas, el dirigente del Tipnis, asegura que la decisión de intervenir la marcha fue tomada por todo el gabinete de ministros de entonces. La versión de Vargas coincide con las que se han dado desde el asalto policial sobre la marcha. En su momento, la entonces dirigente Justa Cabrera responsabilizó al presidente Morales.
Citado en Erbol, el dirigente dijo: “Don Sacha Llorenti no es el que dio las órdenes porque quiso…la intervención…se la ha decidido en gabinete…eso se lo ha hecho con el consentimiento de todo el gabinete y con el consentimiento del presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales.”
Cerca del segundo aniversario del asalto, no es difícil percibir la magnitud de la brecha de ocurrida desde entonces entre los indígenas del trópico y el presidente y el partido de gobierno. La controversia no ha amainado y Chaparina emerge como río divisor del movimiento indígena que un tiempo lucía compacto.
Rebelión contra los resultados del censo
Santa Cruz y otros cinco departamentos han desenterrado el hacha del conflicto (prefiero no hablar de guerra…). La chispa han sido los datos del censo que, sin una explicación que convenza, reposicionaron a La Paz como cabeza demográfica de Bolivia y relegaron a Santa Cruz, que había sido ungida en el primer lugar por el presidente Morales a principios de año.
La titular de la cartera de Planificación, Viviana Caro, juró en la TV (No Mentirás) que los datos anunciados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son estrictamente correctos y que no han sido manipulados. Esta noche, su juramento (es figura retórica, pues no la vi levantar la mano ni hacer la señal de la cruz) no era creíble, al menos para la representante del MAS en Santa Cruz Margoli Guzmán, quien desde otra red televisiva (Que no me pierda) dijo que el departamento oriental debe actuar unido para defenderse ante la desventaja demográfica en la que ha sido colocado.
Era evidente que incluso el partido de gobierno estaba incómodo con el paso mágico que hizo desaparecer en el sombrero a 362.000 bolivianos (entre ellos 180.000 cochabambinos y 121.000 cruceños) que en enero estaban en el informe que presentó al país el presidente Morales. La Ministra Caro reconoció que el porcentaje era mayor al previsto pero que cabía en el cálculo estadístico para el censo: un margen máximo de error del 3%. Ese margen máximo es la diferencia entre los datos preliminares anunciados por el presidente en enero y los del INE anunciados en julio. Curiosa proximidad.
Así como para los lideres cruceños los nuevos resultados son un píldora díficil de pasar, para Cochabamba la cuestión es igualmente quisquillosa. Los datos del empadronamiento no sólo son la base para calcular las regalías departamentales. Un cuestión de importancia más irritante es que con ellos se define la composición de la Cámara de Diputados. A partir de ahí las especulaciones que escuché no eran un buen augurio de paz en la proximidad de las fiestas patrias.
En Santa Cruz, la jornada fue muy agitada a partir del anuncio oficial de los datos censales. El gobernador Rubén Costas lanzó un discurso encendido y no creyó en los datos. El Comité pro Santa Cruz calificó el anuncio como una provocación y anunció una reunión directiva para este jueves y buscar una consulta de alto nivel con los otros cinco departamentos que han perdido población entre los anuncios de enero y el de esta semana. Dispuso también exigir una explicación detallada del Ministerio de Planificación sobre la variación entre enero y julio. Además, habrá una “Asamblea de la Cruceñidad” que probablemente adoptará otras medidas aún no definidas.
Está reabierta una fase de tensión entre departamentos y el gobierno. Deficiencias e incidentes como los registros y boletas censales abandonadas en un galpón de la fuerza aérea en Santa Cruz, la ausencia de empadronadores (testimonié quejas en las afueras de Santa Cruz, carretera a Camiri) en muchos lugares, la determinación del gobierno de ignorar el término o categoría de «mestizo» han resurgido con virulencia. Nadie parece creer en la limpieza de los resultados. El comentario prevalecientes es que los resultados, aún con las deficiencias en su tiempo señaladas, han sido arreglados para llegar al resultado presentado este miércoles.
La controversia tiene para largo, y algunos temen que llegue a ensordecer el ambiente nacional respecto a otros temas en discusión, inclusive el que regula la información del estado. Una de las primeras bajas de lo que está ocurriendo es el deseo del partido oficial de «enamorar a Santa Cruz«. No creo que el pretendiente se atreva a presentarse ante la novia ni visitar la casa de sus padres. Correría el riesgo de un terrible desaire capaz de acabar con sus pretensiones.
Rebeca Delgado contraataca
La ex presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado sacudió esta noche los cimientos del gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo, a lo largo de una entrevista en el escenario de PAT (No Mentirás) en la que reclamó el retorno a los orígenes del movimiento que encumbró a Evo Morales y Álvaro García. Se declaró católica y defendió su derecho de alzar el puño izquierdo y de jurar haciendo la señal de la cruz con la mano derecha al aclarar a la entrevistadora Ximena Antelo que se trata de una representación de convicciones que “no son incompatibles”.
Articulada, asegurando militar en una izquierda ideológicamente humanista, lejos de los ejemplos marxista-leninistas del siglo pasado que hundieron al socialismo y de sus expresiones actuales, Rebeca Delgado denunció la dictadura que impera, dijo, en el Movimiento al Socialismo.
Sus colegas, dijo, se han vuelto, simples “levanta manos” para aprobar las normas e instrucciones que reciben del Ejecutivo. Muchos de sus compañeros no expresan su oposición a esos métodos autoritarios de eliminar a los “libre-pensantes” por temor a represalias. (Contra el libre pesamiento se manifestó hace unas semanas el presidente Morales y advirtió a los dirigentes del MAS que no pueden actuar por iniciativa propia).
La parlamentaria desahució moralmente la reelección del presidente Morales por violar el artículo transitorio de la CPE que la prohibió. El Tribunal Constitucional, dijo, no tenía manera de responder negativamente a la consulta que le envió el senado que estaba redactada de manera que que la respuesta fuese la que buscaba el gobierno. Respondió a las objeciones que le hicieron las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados y les dijo que dijeron lo que afirmaron porque se les había ordenado que lo hicieran.
Puso nombre al autor, o director de esas políticas: el Vicepresidente Álvaro García Linera.
Y dijo que también ella sentía miedo. Había recibido, dijo, llamadas de compañeros de ruta que le han advertido que tenga cuidado. Su posición, y las palabras con las que se expresó esta noche, será un tema de debate en los gabinetes políticos.
Como telespectador y observador atento a las noticias, aguardo las reacciones a esta entrevista, reveladora de fisuras profundas que ocurren en el gobierno.
Caso terrorismo: Abogado del gobierno va preso
El abogado del gobierno en el llamado “caso terrorismo” Fernando Rivera Tardío fue esposado y traído preso a Santa Cruz por funcionarios de la policía durante el desarrollo de la sesión que desde el lunes se lleva a cabo en Tarija. El apresamiento, resultado de denuncias del inversionista estadounidense Jacobo Ostreicher preso desde hace año y medio en Santa Cruz, cayó como un rayo en la audiencia de Tarija. La sesión fue suspendida hasta el jueves, pues repentinamente del proceso desapareció el representante de la parte querellante. El juez del proceso otorgó un plazo de poco más de un día para que el Ministerio de Gobierno designe a un sustituto. Los acusados permanecerán el Tarija.
Tras salir de la perplejidad, los procesados que presenciaban la insólita escena “vivieron uno de los momentos más felices durante todo el proceso”, me dijo una persona relacionada con uno de los acusados presentes en Tarija. “Cantaron la ronda ‘arroz con leche’, aplaudieron la escena y le dijeron a la autoridad del gobierno: Te esperamos” (en la cárcel de San Pedro, en La Paz). Me aseguraron que el fiscal Marcelo Soza estuvo en la audiencia pero que no dijo una palabra.
Inesperadamente, todo el caso que ha tenido en vilo a cientos de cruceños desde hace tres años y siete meses se encuentra desprovisto de una cabeza acusatoria. Si esta cabeza va a la prisión acusada de extorsión en un caso que se arrastra desde hace año y medio y que surge como la que parece ser una de las peores llagas del sistema judicial boliviano, ¿qué se puede pensar de todo el proceso? ¿Del actual y de otros?
Más inquietante aún es cómo el supuesto caso terrorismo-separatismo se cruza con el que surge del arresto del ciudadano norteamericano. Unas 14.000 toneladas de arroz están desaparecidas de un total de 20.000 toneladas. El valor del producto desaparecido está calculado en unos 14 millones de dólares y sólo se sabe de $US 10.000, girados por el empleado de un ingenio arrocero sobre la cuenta particular de un funcionario del gobierno. ¿Dónde está el resto? El gobierno está atrás de trece personas, hasta ahora. Más de la mitad aparece como parte del gobierno (uno figura como ex funcionario del Ministerio de la Presidencia).
Una pregunta angustiosa está en la garganta de muchos bolivianos: ¿Son estas personas solamente la punta de un témpano? ¿Quiénes son la parte más gruesa y pesada del témpano? Pocas veces la pregunta de una persona de la audiencia del programa “No Mentirás” en PAT pareció tan pertinente: Si la corrupción llega a funcionarios tan próximos a ministros de estado, ¿cómo será en otros niveles?
La detención del abogado del gobierno ocurrió cuando la audiencia de Tarija había sido sacudida, el lunes, por una nueva intervención de “El Viejo”, el controvertido personaje que emergió en las noticias nacionales como el “testigo esencial” del fiscal Soza, quien luego ordenó su detención acusándolo de complicidad con toda la trama.
Ignacio Villa Vargas dijo que los interrogadores del gobierno trataron de forzar que declarase implicando al cardenal Julio Terrazas como financiador de los supuestos terroristas. “El Viejo” consiguió hablar extensamente durante la audiencia, pese a las protestas del fiscal Soza. Como ha sido casi un hábito, el personaje, ahora recluido en una silla de ruedas, acosado por la diabetes y problemas cardiovasculares, pidió que se le dejara hablar pues estaba seguro que no llegaría vivo al final del proceso. Y contó que no comía lo que le servían en el penal de “El Abra”, en Cochabamba, pues se había querido envenenarlo. Dijo que a poco de ser llevado a esa prisión dio la comida a dos perros, que murieron al día siguiente.
La ametralladora verbal de «El Viejo» disparó otras municiones. Dijo que la explosión en la residencia del Cardenal Primado fue ejecutada por el entonces agente gubernamental Luis Clavijo y la dragoneante policial Marlyn JudithVargas Villca («Karen»). La afirmación puede hacer que los dos funcionarios, junto al capitan Walter Andrade (el de la fotografía en la que aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores durante un churrasco en Santa Cruz), sean convocados para declarar en el proceso.
Para el miércoles y el jueves estaba prevista la intervención de Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, considerados dos pesos significativos en el grupo.
Este martes corría la versión de que las autoridades del gobierno preferirían cancelar el proceso oral pues parecería evidente que la parte acusadora no tiene fortaleza argumental para contrarrestar a la defensa, que tiene en jaque constante la teoría de que en Bolivia se intentó desatar un movimiento separatista, precedido de actos terroristas.
El juez Sixto Fernández anunció inicialmente un parentesis de 48 horas para que el gobierno designe al sustituto del representante preso, pero la defensa observó el plazo. Pudo haber influido en el ánimo de los jueces la sentencia bíblica a la que acudió el abogado Otto Ritter, del general Gary Prado Salmón, para que reconsideren el plazo: «con la misma vara que midieres serás medido después».
Ir a tribunales de ética, recomienda UNIR
Fundación UNIR, una de las instancias más respetadas de observación y vigilancia del comportamiento de los medios de comunicación en Bolivia, recomendó este martes al gobierno que considere presentar un reclamo formal ante el Tribunal de Ética Periodística de la ANP y el Consejo Nacional de Ética Periodística para zanjar la controversia en torno al discurso del Presidente Morales sobre las condiciones climáticas, el flojo y la flojera.
También recomienda a los medios ejercitar una supervisión ética y técnica más rigurosa en el tratamiento de las noticias.
La recomendación de UNIR coincide con planteamientos de organizaciones periodísticas y, por venir de la institución que fundó y dirigió la periodista Ana María Campero, fallecida hace dos años, puede representar una salida para el conflicto que enfrenta al gobierno, que quiere abrir un juicio contra ANF, El Diario y Página Siete.
El gobierno argumenta que esos medios distorsionaron un discurso que el presidente improvisó en Tiahuanacu hace dos semanas cuando, entre otras cosas, dijo: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente, si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento. Es una verdad eso. Pero en el oriente, sólo por flojos podemos hambrear”. Los medos sindicados sostienen que no realizaron ninguna tergiversación y que se limitaron a reproducir las palabras del presidente.
La sugerencia de UNIR viene tras la Carta a la Nación que el domingo publicaron 14 periodistas, todos Premio Nacional de Periodismo o dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas que plantearon al gobierno que retire la denuncia contra esos medios.
UNIR dice en los párrafos finales de la vivisección que ha realizado de la controversia:
“El gobierno debe reconocer que ni la penalización de la interpretación periodística de los hechos ni el reiterado estímulo de un enfrentamiento con los medios informativos son una vía adecuada para lograr que la democracia y el pluralismo se fortalezcan o para
que la ciudadanía acceda a información necesaria, responsable y de calidad. A su vez, los responsables de los medios noticiosos y de los gremios periodísticos, además de defender y promover el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) establecido y garantizado por la Constitución Política del Estado, debieran ejercitar una supervisión ética y técnica más rigurosa sobre el tratamiento de las noticias, las opiniones y los análisis referidos a temas, instituciones y personas con repercusión pública. Sin embargo, las autoridades de los distintos ámbitos y niveles del Estado debieran considerar siempre el alcance que pueden llegar a tener sus actos y declaraciones en el espacio mediático. Y la ciudadanía debiera estar permanentemente vigilante y ser exigente respecto de la vigencia del DIC en el país.”
El análisis de UNIR es un trabajo de cuidado meticuloso y sus sugerencias lucen atinadas. Es difícil que el gobierno no las escuche. Revive paso a paso el proceso de la información, a partir de los boletines emitidos por Agencia de Noticias Fides, su crónica final y la publicación que, en base a ella, hicieron El Diario y Página Siete. Pese a provenir de la noticia de ANF, el titular y primer párrafo de la versión que reprodujeron los dos diarios son diferentes y quizá el origen de toda la controversia que se desató. En ningún caso, sin embargo, hubo una tergiversación ni una incitación racista. Las autoridades inicialmente echaron toda la responsabilidad sobre ANF y después incorporaron en la cuestión a los dos diarios paceños.
Tal vez la semana concluya con la tensión gobierno-prensa-periodistas disipada.
Tiempos de zozobra
Lo ocurrido esta noche en Santa Cruz puede marcar una señal aguda de los tiempos que vive el país, convulsionado como pocas veces bajo el gobierno del presidente Evo Morales. No pasaban muchas horas de la represión desencadenada por la policía de La Paz sobre mujeres que apoyaban al TIPNIS y a las mujeres marchistas y su precario campamento frente al edificio de la vicepresidencia cuando miles de cruceños hicieron ondear sus banderas verde y blanco en el centro de la ciudad y se concentraron en la plaza principal para brindar respaldo al gobernador Rubén Costas.
El gobernador, amenazado con una imputación por una supuesta malversación de fondos públicos para realizar el referéndum que aprobó los estatutos autonómicos vigentes y ante una probable suspensión como autoridad departamental, desafió a la lluvia, quitó el paraguas que le ponían sobre la cabeza sus ayudantes y gritó a la multitud que los fiscales “serviles” del gobierno “se equivocan”. “Cuidado, cuidado”, dijo. “El león está despierto”.
Fue un desafío como raras veces se planteó al gobierno del Movimiento al Socialismo estos años. El presidente Morales daba por descontado hace tres días que Costas sería sustituido y arriesgó, incluso, un gesto generoso (?) al decir que telefonearía a los asambleístas de su partido para que no aprovechen la circunstancia para elegir a un partidario del gobierno sino, más bien, a un dirigente del partido Verdes, que eligió al gobernador.
Los más altos funcionarios del gobierno hicieron fila para apoyar la apuesta del presidente por la destitución de Costas. En Santa Cruz se manifestaron miles de cruceños, muchos venidos desde las provincias, para apoyar al gobernador, el único todavía en funciones de los que fueron electos desde agrupaciones opositoras. Todos los demás han sido destituidos por supuestos delitos y presiones de los partidarios del Movimiento al Socialismo. (Creo que, en el fondo, se trata de un «hambre por «pegas». Alquien puede decir los n;umeros en que han aumentado las planillas de las empresas nacionalizadas?)
El mano a mano ocurre cuando el gobierno central está en la peor fase de un infierno astral. No es sólo el TIPNIS o las disputas entre mineros, ni del fraccionamiento de su partido ni su frágil política exterior. Ocurre cuando encuestas independientes parecen indicar que ha ingresado en un tobogán de impopularidad. El apoyo que tendría en estas últimas semanas no pasaría del 30%, menos de la mitad del poercentaje que lo reeligió para un segundo mandato.
Las cartas están dadas y la partida está en curso. Mucha gente espera que el acoso gubernamental sobre las autoridades elegidas que le hacen sombra se manifieste también tras hechos notoriamente irregulares. Costas siguió el mandato del cabildo más numeroso realizado en Bolivia hasta 2008. Elcabildo costó unos 10 millones de bolivianos. En cambio, nadie aprobó la compra al contado de un fábrica de papel de casi 15 millones de dólares (diez veces el costo del cabildo) que no funciona. El país fue estafado. Tampoco nadie desde dentro del gobierno se ha pronunciado sobre la compra irregular, igualmente al contado, del avión presidencial de casi 40 millones de dólares, 26 veces el costo del cabildo. No es que un error cubra otro error, pues Costas ha dicho que está dispuesto a defenderse y que demostrará su inovencia, pero gran parte del país desconfía de la imparcialidad de la justicia boliviana. Vale una pregunta, como hace 2000 años: Quo vadis?
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Mientras tanto, en Santa Cruz 