Constitución

Tipnis en La Paz hasta que se cancele plan carretero

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Los más de dos mil marchistas del Tipnis permanecerán en La Paz hasta que el presidente desista formalmente del trecho carretero a través del parque y resuelva otros 15 puntos incluidos en la agenda que los llevó hasta la sede de gobierno. Lo dijo este miércoles Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, ante  una audiencia multitudinaria reunida en la Plaza San Francisco.

(Un grupo de marchistas decidió instalarse en la Plaza Murillo para cumplir allí una vigilia mientras sus demandas son resueltas. Los niños y mujeres mayores fueron instalados en la Universidad Mayor de San Andrés y la alcaldía  declaró Huéspedes Ilustres a todos los marchistas.)

La jornada marcó un ataque intensivo sobre el gobierno del presidente Morales: los parlamentarios nativos alineados con el partido de gobierno dijeron que se desafiliarían, y otros anunciaron un juicio contra el  mandatario por “genocidio y etnicidio”.

Vargas habló  horas después de haber ingresado la marcha a La Paz y  avanzado hasta la Plaza Murillo, al cabo de 65 días de marcha desde Trinidad para oponerse a la carretera ya contratada por el gobierno con financiamiento de Brasil y que partiría aquel parque, uno de los pocos casi vírgenes que quedan en el mundo. El ingreso a la Plaza Murillo tuvo  un carácter emblemático. Hasta ahora había sido reducto casi exclusivo del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los marchistas subieron por la empinada calle Ayacucho mientras los más rezagados estaban todavía en la avenida Bush, unos tres o cuatro kilómetros de recorrido, de acuerdo a la narración de radio Fides. Eso representaba algunas decenas de miles de personas, con cinco y seis personas por fila. La Plaza Murillo era insuficiente para dar cabida a “miles y miles” de personas reunidas alrededor de los marchistas, en la descripción del Nicolás Sanabria, reportero de la emisora.

Vargas, uno de los golpeados y maniatados durante la intervención policial de la marcha el 25 de septiembre, le espetó al presidente Morales que no debería mentir. “Dijeron que la marcha venía a quitarles el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy y el bono Dignidad; que la marcha venía a quitarles los recursos a los gobiernos municipales, a las gobernaciones y las universidades: una mentira tan grande que un dignatario…no debe mentirle al pueblo. Un dignatario debe sólo decir la verdad”, dijo, citado en una nota desde La Paz por Erbol, la red que agrupa a más de 300 radioemisoras rurales en todo el país.

En resumen, el dirigente dijo que la marcha no era conspirativa ni buscaba el derrocamiento del presidente Morales. “Sólo queremos que honre su palabra”  (respecto a la madre tierra y a los pueblos indígenas, y a los dictados de la CPE).

El despacho informativo de Erbol dijo que la concentración era extraordinariamente numerosa. Vargas, en medio de aplausos y gritos a favor de la causa de los marchistas, subrayó que los pobladores del Tipnis no se oponen al progreso, pero que no quieren la destrucción de la madre tierra. “Queremos que se unan los dos departamentos (Beni y Cochabamba) pero no destruyendo la madre tierra ni el Isiboro-Sécure, no cometiendo delito de genocidio ni etnocidio”, dijo.

El presidente Morales es reacio a cancelar el proyecto, en su etapa intermedia, que es la que atravesaría el Tipnis. Es su proyecto estrella y está financiado  por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Pero el proyecto está en colisión con la CPE, que veta trabajos de desarrollo en parques habitados por nativos salvo aprobación expresa de los habitantes nativos, y con el propio discurso ambientalista del presidente.

Ahora se encuentra frente a sus pares indígenas que le recuerdan sus compromisos ecológicos y dicen estar dispuestos a obligarlo a modificar el proyecto. La carretera es temida por los habitantes del parque no solo por la devastación que ella causaría sino porque facilitaría el acceso de nuevos colonos sembradores de coca. Durante la caminata hasta la Plaza Murillo, hubo gritos, escuchados en la transmisión de Fides, que decían: “Si Evo quiere más coca, que siembre en Orinoca”, la tierra natal del presidente, en Oruro. Una de las mujeres oradoras en Plaza San Francisco, de apellido Suárez, dijo que los marchistas preferían morir “antes que ser esclavos de los cocaleros”. La frase reflejaba un creciente descontento ciudadano con los sembradores de coca, columna vertebral del respaldo político al presidente Morales.

“Hemos venido a decirle (al presidente Morales) que atienda los 16 puntos de nuestra plataforma; hemos venido a decirle que respete nuestro territorio; que respete nuestras decisiones…”

Fue la primera vez que desde la plaza San  Francisco fueron dichas frases tan duras para el primer mandatario.

La concentración fue uno de los actos finales de una jornada que mantuvo a toda Bolivia a la expectativa. La conmoción que provocó el ingreso de los marchistas a La Paz paró a la sede de gobierno.  Las transmisiones radiales (radio Fides) reiteraban que pocas veces había tanta gente en las calles de La Paz. (El triple de la que hubo en la anterior marcha indígena de pueblos el oriente hasta La Paz, 18 años antes.) Las multitudes se volcaron a las calles para vitorear a los eran considerados como nuevos héroes nacionales.

Los medios audiovisuales dedicaron espacios extraordinarios a la cobertura de la calurosa bienvenida que se otorgó a los marchistas que, sin haberlo pretendido, hicieron de la jornada una fiesta, sin bombas ni dinamitazos.

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El silencio de los inocentes

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Es el título de una obra cinematográfica estrenada hace veinte años, con Jodie Foster y Anthony Hopkins en los papeles estelares. Lo he prestado para hablar de la marcha de los Tipnis que tanto incomoda al gobierno del presidente Morales. Los habitantes de esa región, constitucional e internacionalmente  protegida y preservada, no quieren que una carretera pase por su territorio ni que abra el camino para una ocupación masiva de sembradores de coca, necesitados de nuevas tierras pues las el Chapare ya no rinden tanto como antes. Su marcha, primero de cientos y luego más de mil, comenzó con poca bulla. La germinación de la iniciativa fue casi silenciosa. Pero desde el 25 de septiembre ha estallado en un estruendo mundial que revela al gobierno que se proclama defensor de la madre tierra y de las tribus indígenas.  La policía actuó ese domingo como suele hacerlo, sólo que esta vez había cámaras que registraron la intervención. Los nativos eran inocentes porque no creían que “su” gobierno iría a tratarlos de la manera en que fueron tratados. Pero de golpe y porrazo retrocedieron hasta octubre de 1492, como muchos en el gobierno querían y proclamaban como meta suprema. Sobre ellos cayó con violencia todo el peso de la conquista, 517 años después, y con armas que muchos de ellos ni siquiera conocían (gases lacrimógenos).

Para las autoridades,  la marcha obedecía primero a intereses de organizaciones no gubernamentales, curiosamente algunas de las que habían ayudado a encumbrar al gobierno y a formar a algunos de sus líderes. Después, pasaron a ser agentes de USAID, de la Embajada de Estados Unidos  y de la DEA. Y ahora, en el más reciente cartel que les ha colgado, son saboteadores de las peculiares elecciones del 16 de octubre. ¿Qué más? Es probable que se ganen otros  títulos más antes de llegar a La Paz, un día antes o después de esos comicios.

¿Cómo se llegó a esto, con el 25 de septiembre como una fecha que nadie podrá olvidar,  con policías que parecían cebados en  nativos  a los que propinaban gases lacrimógenos y  palazos profusamente sin fijarse si los golpeados eran mujeres, niños o ancianos?  Creo que  hay gente decente en el gobierno (la ministra de Defensa, por ejemplo) en franco desacuerdo con este procedimiento brutal del que ahora nadie  quiere hacerse responsable,  ni el capitán ni los oficiales a bordo.  Cuando los ministros enviados fueron desairados porque los nativos querían la presencia del presidente Morales, el mandatario rehusó ir hasta el llano. ¿Por qué? Los cronistas  tendrán aquí un filón para descubrir el  porqué. Pero en el fondo yacen hechos aparentes: Uno es que el presidente Morales frecuentemente exhibe una carencia de  sensibilidad para lidiar  con quienes no le son afectos, peor si rivalizan con  los favoritos cocaleros.   Otro hecho es que su entorno parece no tener valor  para presentarle una realidad diferente a la que él ve. Y así no actúan con la responsabilidad que debería tener.  Sólo en esa falta de consejería valiente que requiere todo mandatario  se explican numerosas “gaffes” , incluso  la que convierte en conspiradores a los Tipnis  y a los policías en actores que escenificaron la paliza para desprestigiarlo.

La cuestión no deja de ser triste porque nos trae a la memoria  la conquista en sus aspectos más crueles. Buen anticipo del 12 de octubre  hemos tenido, cuando los nativos recibieron a los conquistadores en señal de paz y resultaron esclavizados! La conquista tuvo lados buenos, pero esa es otra historia.

 

Periodistas salen en defensa del Tipnis

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La Asociación de Periodistas de La Paz se ha puesto en primera línea al lado de quienes defienden el Tipnis y  reclaman al presidente Evo Morales consecuencia con los principios ambientalistas  y devoción por la “pachamama” que hasta hace poco proclamaba.  “Exigimos de las autoridades y del Jefe de Estado, en particular, dejar a un lado la soberbia y acudir al diálogo conciliador para dar pronta solución a la justa demanda de nuestros hermanos que reclaman una vida digna amparado por el principio del  ‘suma a q’amaña’”(el vivir bien, que postula la constitución).

Sin decirlo directamente, le exigen al presidente ética en su comportamiento político. Si postuló una causa incluida en la CPE y reiteradamente juró defensa a la madre tierra, deber ser consecuente con sus palabras y actitudes, y no intentar salir airoso por encima  de los que le están reclamando diálogo y que les explique por qué no hizo la consulta que señala la CPE para explotar y trabajar sobre tierras protegidas. Hay de por medio valores éticos con los que se debe ser consecuente y sobre  los que debía haber sido alertado. No creo que el gobierno quiera que este conflicto se ahonde. Pienso que, más bien, está buscando cómo salir de él relativamente ileso del conflicto en el que está inmerso.  No creo que políticamente salga inerme, pero moral y éticamente  una actitud de dar un paso atrás le permitiría una revaluación de su calidad de gobernante, a pesar de quienes desde dentro de su gobierno no se atrevieron a decírselo.

Es la primera vez que leo que los colegas periodistas colegiados se pronuncian decididamente a favor de la causa que defienden  los nativos del Tipnis  -con apoyos en todo el país – e inician un  movimiento que trasciende las fronteras.

Un comunicado difundido este lunes por la APLP subraya que el gobierno “debe cumplir con la Consulta Previa Obligatoria Constitucional y escuchar a los Indígenas que marchan en defensa del TIPNIS” como la manera de frenar “la creciente conflictividad que ha derivado en agresiones contra periodistas y  la libertad de expresión”.  El documento de los periodistas es tajante: “Consulta previa es consulta previa”, es decir ANTES de empezar la obra. El gobierno no lo hizo. Además, ha escuchado a una porción de nativos disidentes (¿cómo ocurrió la disidencia? Nadie nos lo ha contado, todavía) y con eso tiene la impresión de haber cumplido con lo que manda la CPE. O siaquiera haber mostrado el propósito de hacerlo.

Los periodistas dicen: “Utilizar eufemismos para disimular bloqueos que atentan contra el derecho a la protesta de los indígenas, publicitar el seguimiento a las conversaciones telefónicas de sus dirigentes, hostigar a los marchistas con acusaciones sin pruebas y amenazar a periodistas con procesos y torturas atroces, no resuelve el conflicto. Lo agrava”. Y  enseguida subrayan que tales actitudes  “revelan una actitud autoritaria  de desacato a las hormas básicas de convivencia democrática y de preservación del Estado de Derecho”.

La APLP dice que el gobierno, para mantener su discurso en defensa de la Pachamama,  debería recordar el artículo 32 de la Declaración de las NN.UU. sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece que estos pueblos “tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”. Además recuerdan que los pueblos indígenas, de acuerdo a la misma declaración, tienen derecho a la “participación de los beneficios” que genere la explotación de riquezas naturales dentro de sus territorios. De este punto, no  he escuchado decir una palabra a las autoridades.

Al anochecer,  un grupo de mujeres y de dirigentes del CONAMAQ se declaró en vigilia en  las puertas del templo San Francisco, de La Paz, en actitud solidaria con los marchistas del Tipnis, sólo horas después de una escaramuza entre guaraníes y policías en la ruta Camiri-Santa Cruz, de la que resultó cu ando menos una docena de  heridos de ambos bandos. Lo decía Erbol, la  agencia noticiosa que reúne las informaciones de unas 300 emisoras radiales. Por la noche, los guaraníes, que expresaban a través de Radio Fides su protesta por la actitud del gobierno respecto a los Tipnis, aseguraban que la policía no había logrado reducirlos y que el bloqueo continuaba.

El país de los N.N.

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El domingo me encontré con el siguiente comentario, en El Deber, que considero interesante producirlo.

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Bolivia: ¿Estado ‘Pluri N.N.’?
Dominicus
Wikipedia informa de que la expresión “N.N.” viene de “Nomen nescio”, expresión latina para una persona sin nombre o desconocida. En idioma inglés se dice “No Name”.
El estrambótico Estado Plurinacional de Bolivia corre el riesgo de transformarse en el “Estado Pluri N.N.”, un Estado sin los nombres de sus nuevos habitantes, un país de gente que para fines civiles o legales no existe. ¿Cómo es esto? Muy simple. A esta altura de abril de 2011 ya suman miles los niños pluri nacidos en Santa Cruz de la Sierra que siguen como “N.N.” aunque tengan padres tangibles y estos estén desesperados por inscribirlos en el Registro Civil. La razón: el centralismo burocrático que retrasa durante meses el envío de los libros de registro que “faltan y no llegan”, según repiten acá impotentes funcionarios. La cuestión de fondo es que muchos nuevos ciudadanos cruceños no tienen aún ningún documento que los acredite como tales. Simplemente no existen. Esto es intolerable y debe modificarse pronto.
Como tantas veces he señalado, el boliviano está acostumbrado a sufrir. Si alguna vez se queja, lo hace por zonceras pero se calla olímpicamente –o aguanta– frente a temas de fondo. La realidad es la realidad, aunque duela admitirlo. Por eso invoco una vez más la triste pero certera expresión acuñada en el siglo XIX por el entonces presidente José María Achá: “Puedo plantar nabos en las espaldas de los bolivianos cuando se me antoje y sin que nadie se queje”.
Pero hasta esta pasividad histórica tiene un límite. Se supone que los recién nacidos son el futuro de la patria, son quienes harán de Bolivia un lugar mejor. Por tanto, merecen atención preferente del Estado. Está visto, sí, que en la Bolivia de hoy sobran palabras altisonantes aunque todo sea cáscara sin sustancia.
Es imperativo que el problema del registro de libros de recién nacidos se solucione. ¡Basta ya! Hay gente que está cansada de que le planten nabos, sobre todo los flamantes padres que no pueden hasta el momento mostrar un registro formal del nacimiento de sus hijos ni siquiera ante un seguro médico, con los peligros y gastos que ello implica.
Todo esto llega al colmo de lo pluritriste y pluriirritable. Ciertamente, concentra también al más retrógrado pluricentralismo del ahora Estado Plurin.n…

Con mal pie

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Lo hace notar Jorge Lazarte, el ex vocal de la Corte Nacional Electoral de los tiempos en que esa institución provocaba respeto unánime. El Art. 153 de la nueva CPE dice: Las sesiones ordinarias de la Asamblea Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año. ¿Por qué, entonces, van a ser inauguradas el 22 de enero?

Nadie lo ha explicado de una manera meridianamente clara. De partida ya existe una ruptura con el orden establecido en el documento constitucional.  Como observó Lazarte en Radio Panamericana esta tarde, en ninguna parte del texto se dice que la fecha puede ser modificada.

La modificación parece haber sido ha dispuesta por el gobierno, para coincidir con el 22 de enero de 2005 cuando se instaló el primer gobierno del presidente Evo Morales. Pero esa fecha fue excepcional, observa el mismo Lazarte, pues se había convocado a elecciones para diciembre de 2005 dado que el interinato de Rodriguez Velzé tras la renuncia de Carlos Mesa tenía plazos a cumplir, y el principal era la realización de elecciones.

¿Qué se les dirá a los invitados que vengan para la ceremonia? ¿Cambiamos de fecha porque el 6 de agosto, día de la independencia nacional, no encajaba en nuestro calendario? ¿Qué se le dirá al país, o a los niños en la escuela? ¿Nos pareció mejor hacerlo en vísperas de la Feria de Alasita, la feria de las pequeñeces?

A muchos nos agradaría escuchar una explicación convincente. Pero iniciar un nuevo gobierno con una nueva CPE y una modificación no autorizada no es el mejor comienzo.

Aguardamos la explicación.

Tropiezos del “vivir bien”

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La pregunta de Juan Carlos Urenda Díaz se proyecta como un relámpago en cielo descubierto: ¿“Viven bien” o han vivido bien los indígenas campesinos en Bolivia que practican o han practicado una economía basada en el “vivir bien”? Urenda, el abogado autonomista, a quien el presidente Evo Morales ofreció públicamente incorporar a su equipo de gobierno para discutir temas de autonomía, tiene otra pregunta:  ¿”Habrá valido la pena constitucionalizar el principio/concepto del “vivir bien” o suma qamaña como objeto fundamental del modelo económico boliviano?”

Estas y muchas otras preguntas están planteadas como desafío en un folleto preparado por el también constitucionalista en una edición bilingüe de El Estado Catoblepas  (español-inglés, Editorial El País) que sintetiza sus preocupaciones sobre la CPE  aprobada el 25 de enero por dos tercios de los bolivianos.

 Urenda subraya que para alcanzar el “vivir bien” y desarrollar el país, la CPE prescribe que habrá una “distribución justa” de la riqueza y de los excedentes económicos, pero sin especificar si se tratará de los excedentes públicos o privados.  Está, dice, abierta la temporada para confiscar la riqueza ajena.

El folleto abarca cuatro breves capítulos que él subtitula como Las Contradicciones Destructivas del Estado Boliviano: Igualdad vs Racismo; Democracia Representativa vs control social; Autonomías vs Centralismo, y Desarrollo económico social vs “vivir bien” y el estado comunitarista.  A este último alude el primer párrafo de este Registro y bajo ese concepto se prescribe que el Estado producirá bienes y servicios con  “control social” de la producción y la participación laboral en las decisiones y beneficios, que Urenda califica como fórmula segura para fracasar.

Los cuatro temas son trabas explicadas didácticamente como  frenos al intento de poner en marcha el tren en que está embarcada Bolivia. (De ahí el título. El catoblepas es una bestia mítica mitad búfalo y mitad cerdo cabeza gigante, condenada a mirar hacia abajo, y a devorarse a sí misma).

Sin que los otros tres sean menos arqueadores de cejas, mencioné el primero por las grietas que abre en la economía y que convierten algunas ideas en autogoles.

Uno podría pensar que los mil millones de dólares entregados a YPFB son una forma de catoblepismo (¿la primera gran mordida sobre el organismo nacional?). Imaginen: 1% anual de interés y sin garantías, pues la empresa constitucionalmente no puede ofrecerlos. Todos rogamos porque sean administrados con éxito.

Horst Grebe, ex ministro director del Instituto Prisma y economista con tránsito internacional,  advirtió que la decisión  “no es legal”. El economista no es persona a la que se le puedan atribuir credenciales conservadoras.  “Es (lo que el BC tiene como reservas) el ahorro financiero de los bolivianos que está en la administración del Banco Central, pero no es propiedad del Gobierno, no puede hacer uso de ellos. (Hacerlo) es…transgredir las normas existentes”,  dijo en La Razón. Del gobierno, nadie respondió.

Pese a  las contradicciones de la carta constitucional, es improbable que el gobierno quiera ahora modificarla. Es posible que con la lógica de “si no es legal, vuélvanlo legal”  busque arreglárselas en cada traspié.  Los parches podrían ser muchos, hasta volver irreconocible el original, con un resultado, diría Urenda, “catoblepasquiano”.

Constitución anulable

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La Constitución Política del Estado que el Presidente Evo Morales se propone promulgar hoy sábado es un documento que nace herido de muerte. “Es anulable”, dice el Dr. Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, para luego citar las razones que respaldan su afirmación (http://www.web.el-nuevodia.com/index.php?cat=150&pla=3&id_articulo=934). Es decir, es un documento que carecería de valor en cuanto exista una vigencia plena del estado de derecho en Bolivia, con sus órganos institucionales en funcionamiento, especialmente el Tribunal Constitucional. Durán cree que promulgar el documento es como pretender vender una vivienda que está llena de hipotecas y cuya transferencia legal está prohibida. Otros juristas consideran que incluso el ejemplo de la vivienda es incorrecto, pues legalmente no habría vivienda para vender.

La polémica en torno a este texto magno que regirá la vida de los bolivianos no termina este sábado, que aquí en Santa Cruz amaneció bajo una fuerte tormenta, con rayos y truenos. Parece sólo un capítulo más de una accidentada trayectoria.