Prefectos

La congruencia

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 ¿Será que los altos funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales repararon en el siguiente artículo del proyecto de constitución del MAS cuando decidieron detener y confinar en el Penal San Pedro al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández?

 Capítulo Tercero – Estados de Excepción

ARTICULO 138. En caso de peligro para la seguridad del estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentalísimos, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.

 Vale la pena también reparar en el artículo siguiente de ese proyecto:

 Artículo 139. I. La vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas a la declaración del estado de excepción…(etc)

 El Dr. Mario González Durán, ex juez de la Corte Suprema, leyó estos articulos durante una conferencia esta noche en la Universidad Franz Tamayo.

 

Rumbo a fojas cero

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 La posibilidad de encontrar un camino que lleve a una reconciliación entre los bolivianos languidece peligrosamente, desde que a comienzos de semana el gobierno optó por ignorar -sostiene la oposición- uno de los términos del pre-acuerdo alcanzado con los prefectos y ordenó la detención de dirigentes cívicos de Tarija, con la probable intención de hacer lo mismo con los de otras regiones.

El gobierno asegura que sus medidas sólo cumplen mandatos de la justicia. Pero esa actitud ha sido mayoritariamente condenada por los analistas, que la han considerado torpe e inoportuna. “Es una gran torpeza”, dijo a El Deber el general de policia, retirado, Freddy Soruco. Los prefectos dijeron que querían que el propio presidente Evo Morales ordenase la marcha atrás en las detenciones (bochornosas, en el caso de dirigente villamontino José Vaca, preso por encapuchados en pleno centro de Villamontes) y reafirmase que todos los puntos del pre-acuerdo serían respetados.

El presidente dijo apenas que el diálogo no se había roto y que continuaba. Pero esta tarde fue el turno de otro dirigente cívico, Jimmy Esteban Benítez, informó la red televisiva PAT. Y se hablaba de un tercero, identificado como Carlos Rodas, de Yacuiba, según PAT, quien también estaba siendo llevado a La Paz.

Es importante recordar que el documento aprobado el 16 de septiembre como pre-acuerdo para la negociación ahora agonizante comprometía:

“No impulsar acciones judiciales que tengan connotación politica contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades departamentales movilizados que hayan actuado por las reivindicaciones departamentales y sociales que precedieron a este Acuerdo; como tambien paralizar toda campana mediatica de desprestigio en contra de autoridades y actores cívicos y sociales”.

 Con la serie de detenciones en curso e informes sobre otros dirigentes que también correrían igual suerte, ya parecía apropiado hablar de una cacería.

Sin pretender justificar tropelías, habría que preguntarse qué habría ocurrido si la misma vara de justicia hubiese sido aplicada a quienes, como el presidente Morales, acudían a los bloqueos de calles, caminos y carreteras. ¿Cuánto daño eso causaron a transportistas, a los pocos exportadores y al público en general? Ni si se aplicará similar sanción a quienes destruyeron la vicepresidencia hace pocos años, o a los hace unos meses atacaron edificios públicos en Potosí. Como dicen los venezolanos, lo que es igual no es trampa. O, más antiguamente, ¿quién lanza la primera piedra?

El mandatario respondió al reclamo de los prefectos casi espartanamente. Apenas dijo que “el diálogo continúa” y que son “sólo dos prefectos”. Tendría que haber agregado que Beni y Santa Cruz, territorialmente representan el 60% del territorio boliviano y el 30% del PIB.

En Santa Cruz, una multitud de mujeres con traje blanco colmó calles céntricas de la ciudad reclamando paz, apoyando al prefecto Leopoldo Fernandez y protestando contra el presidente Morales.

Los prefectos Cossio, de Tarija, y Costas, de Santa Cruz, se replegaron de Cochabamba y retornaron a sus ciudades base. En la noche el de Beni, Ernesto Suárez, seguía el mismo recorrido que antes protagonizaron sus colegas: hablar cara a cara con el presidente.

El gobierno –y los prefectos- deben haber calculado sus pasos. Una cancelación del diálogo ya no es más un rodada de póker. Es la vuelta final.

No creo que los observadores de UNASUR vayan a dejar mal parada a la naciente organización, que también juega su prestigio en esta gestión, especialmente los presidentes de Brasil y Chile. Un amigo con amplia experiencia política y legal me dice que no alcanza a comprender por qué los prefectos, sorpresivamente, aceptaron participar en el referéndum del 10 de agosto cuando el todavía prefecto cochabambino les advertía que habría fraude masivo. Otro lector me dice que aun descontado el “factor fraude” el oficialismo ganaría a causa del voto condicionado por motivos de raza. El primero pregunta también por qué dejaron pasar la prisión de su colega Leopoldo Fernández sin oponer una resistencia similar a la que ahora oponen a la detención del dirigente José Vaca y sus compañeros tarijeños. Creo que hay muchas más preguntas que respuestas en gran parte de lo que acontece en Bolivia.

El octavo día

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Los ojos del país estuvieron puestos sobre Cochabamba y la reunión prefectos-gobierno. Hubo momentos de alta tensión, reconocidos por el propio presidente Evo Morales, antes de acordarse un nuevo cuarto intermedio hasta el lunes. La reunión “fue un poco acalorada”, dijo el mandatario al informar sobre el encuentro.

Los prefectos dijeron que no aprobarían la demanda del gobierno de dar luz verde a su proyecto de constitución pues consideran que ese documento ha sido aprobado ilegalmente y contiene muchas irregularidades. Entre ellas, la de haber sido aprobado por 168 constituyentes oficialistas en vez del mínimo de 170 (dos tercios de los 255 asambleístas) necesarios. En esa sesión, realizada en Oruro, no estuvo presente la oposición. El argumento del Vicepresidente Garcia Linera de que quienes ganaron sólo un puñado de representantes en la Asamblea Constituyente tienen muy poco que decir, debe haberle rendido pocos réditos en el mundo democrático.

El prefecto tarijeño Mario Cossio, que actuó como portavoz de sus colegas (Beni y Santa Cruz pues el de Pando, Leopoldo Fernández está preso en La Paz), admitió que el presidente había pedido que los prefectos firmasen la propuesta que él les había dejado el lunes. “Le explicamos que se trata de que todos estemos de acuerdo”, dijo Cossio. O sea que la tranca principal reside en aquel proyecto de constitución, que ni el gobierno y menos aún los sectores que lo apoyan quieren que sea abierto y revisado. Sólo parecen dispuestos –pero sin el consentimiento oficial de los constituyentes oficialistas y los llamados sectores sociales- a abrir una rendija para introducir las autonomías departamentales. Pero por lo que el gobierno y los prefectos dejan entrever, la rendija es tan estrecha que difícilmente podrá cubrir las aspiraciones de los departamentos autonómicos. Y luego tampoco está claro cómo esas modificaciones se ensamblarían legalmente en un proyecto de constitución que es visto como ilegal.

Las comisiones que trabajan sobre el proyecto y sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos deberán presentar un informe en la reunión del lunes.

Si realmente hubo algunos avances, nadie los describió. Y el gobierno y los prefectos parecen en una competencia en la que ninguno quiere dar el pitazo final si el resultado es un empate…o una abrupta suspensión. Escepticismo parecia la palabra que la mayor parte de los protagonistas tenia en mente pero que nadie se atrevia a pronunciar.

Una luz en el horizonte: El delegado chileno Juan Gabriel Valdez dijo que los observadores seguirán atentos a la negociación hasta que se llegue a un final positivo. Con observadores de elevada representacion y el prestigio de UNASUR en la mesa de apuestas, parece improbable que el gobierno o los prefectos se atrevan a desbaratar el juego que, aun precariamente, se sigue jugando.

El cuarto día

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Actualización con nuevo encabezamiento y con la posición de los prefectos

La jornada empezó con la luz moribunda de la esperanza en torno al diálogo de Cochabamba. La esperanza entró en un ciclo diástolo-sistólico pues por momentos desapareció en medio de anuncios de que padecia de serios tropiezos, para luego reaparecer con informes sobre la continuidad de los encuentros, testimoniados por delegados de las Naciones Unidas, Unión Europea, iglesias Católica y protestantes, OEA y UNASUR.

El dialogo resbaló en la insistencia del gobierno en otorgar una semana de plazo para que los prefectos firmen un documento que permita, entre otras decisiones, que el 1 de octubre el congreso convoque a un plebiscito sobre el proyecto de constitución del partido oficial.

Pero el proceso se puso de pie una hora más tarde cuando el prefecto de Tarija, Mario Cossio, dijo que a pesar de “interferencias” para perjudicar el proceso de diálogo, las regiones que él y cuatro de sus colegas a quienes representa no lo romperán y que las sesiones estarían suspendidas hasta el jueves cuando retornaría el presidente Evo Morales de su viaje a las Naciones Unidas.

En principio, el vicepresidente había presentado un documento pre-agenda de las negociaciones el que se estipulaba que los negociadores tendrían hasta un mes para concluir su trabajo. El presidente Evo Morales presentó luego un documento adicional que fijaba 10 días para acabar el trabajo y dar paso a la convocatoria para aquel plebiscito, unánimemente criticado por la oposición y juristas que consideran que su contenido es excesivamente socializante. El proyecto fue aprobado dentro de múltiples irregularidades, de acuerdo con el Colegio de Abogados de La Paz, en ausencia de la oposición y en algunos casos sólo con la lectura del índice del texto.

“En vez de aproximarnos, nos hemos alejado”, dijo el Viceministro de descentralización, Fabián Yasick. Culpó a la oposición del traspié, y pidió a sus rivales políticos “por lo menos llegar a un acuerdo inicial”, que incluiría la realización del plebiscito. “Cuidado con que abortemos todo lo que hemos avanzado”, dijo. “Ojalá que esto no signifique una ruptura”.

El hueso de la discordia fue, al parecer, la decisión de los prefectos opositores de no acompañar al gobierno en la convocatoria a referéndum. “Seguiremos esperando una propuesta razonable”, dijo el Viceministro.

El presidente se dispone a viajar a Nueva York a la Asamblea General de la ONU, y al parecer esperaba llevar consigo un pre-acuerdo con sus opositores que le conferiria un perfil pacificador. Y, sin perder la cara ante sus seguidores, podria pedirles que suspendiesen el bloqueo a Santa Cruz.

Cossio dijo que había hecho notar a los representantes del gobierno que no era competencia de los prefectos determinar leyes de convocatorias para plebiscitos nacionales y que esa era tarea del Congreso. Informó que los prefectos habían presentado tres propuestas: una para que las comisiones sobre el Impuesto directo a los Hidrocarburos (recortado por el gobierno) continuasen trabajando hasta conciliar puntos de vista, otra que indicaba que los prefectos estaban dispuestos a “acompañar” una convocatoria a plebiscito con tal que el proyecto de constitución contemple plenamente las autonomías departamentales, al igual que los ajustes que incluyan las observaciones que se han hecho al texto a lo largo de todo este año, y una tercera que reiteraba la necesidad de una profunda purificación del padrón electoral por técnicos de la ONU, Unión Europea y OEA antes de ingresar a cualquier elección.

En otras palabras, “resetear” el proyecto del MAS, que los prefectos y la oposición política consideran excesivamente socializante y de gestación irregular.

El frío invernal –tal vez el último “surazo” de la temporada de este año-se volvió más agudo con un anuncio del propio presidente: que el cerco tendido por campesinos oficialistas alrededor de Santa Cruz tiene similitud con el que hace más de dos siglos protagonizó el conductor indígena Julián Apaza, mejor conocido como Tupac Katari.

“Este levantamiento (de campesinos alrededor de la capital) del departamento de Santa Cruz lo comparo con los levantamientos de Tupac Katari”, dijo el presidente en Cochabamba.

Katari protagonizó dos cercos. Uno de 109 días y otro de dos meses, ambos con decenas de miles de indígenas sobre la ciudad de La Paz (40.000, dicen los historiadores), antes de ser capturado y condenado a morir descuartizado el 15 de noviembre de 1871. La intención del dirigente indígena era expulsar a los españoles y restablecer el imperio de los Incas. Desde entonces y hasta la emergencia de Morales como dirigente campesino, no había habido cercos sobre La Paz, que fueron frecuentes en años pasados y ayudaron al actual presidente a llegar a la primera magistratura.

Contrariamente a La Paz, rodeada de montañas, Santa Cruz es llanura. Pero hacia este lugar marchan ahora miles de campesinos que bloquean sus rutas terrestres más importantes hacia el resto del país. Los campesinos presionan para que los prefectos reunidos en Cochabamba, al centro del país, aprueben el proyecto de constitución del partido de gobierno. Provenientes de los valles bolivianos y de las regiones mineras, esta noche habían pasado Buena vista, a hora y media en automóvil desde la ciudad. Al llegar a ese centro, de unos 10.000 habitantes, lanzaron dinamitas frente a una oficina de entidades opuestas a las políticas del gobierno. La mayoría de los pobladores se encerró sus casas. La versión que había en Santa Cruz era que la marcha continuaba rumbo a esta ciudad.

El prefecto Rubén Costas, al hablar desde Cochabamba, dio un mensaje pacificador que puede haberle valido un punto valioso, especialmente ante los observadores de proceso de diálogo. Dijo que la ciudad no reaccionará a un eventual ingreso campesino.

Tras subrayar que los departamentos contrarios al gobierno habían cumplido con levantar bloqueos y devolver instituciones que habían tomado a fin de facilitar el diálogo, dijo:

“Hoy, el gobierno, los movimientos sociales del MAS (partido de gobierno), tienen cercada a Santa Cruz. Esto busca una presión, un chantaje y que no trabajemos de forma tranquila. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, especialmente a Santa Cruz: Estamos haciendo todos los esfuerzos por la pacificación del país. Santa Cruz no responderá a las agresiones ni a la violencia. Creemos que no debe haber un boliviano más que muera producto de la violencia y los desencuentros. No vamos a permitir que esto suceda. Si los movimientos sociales avanzan sobre Santa Cruz, no encontrarán violencia. Encontrarán un pueblo en paz. Nosotros no tenemos un ejército, no tenemos armamento, tenemos un ejército de gente libre que quiere que se restablezca el estado de derecho”. Luego convocó a todo el departamento de Santa Cruz a recibir “con los brazos abiertos” a los eventuales invasores, de la misma manera que el departamento ha recibido a unos 500.000 bolivianos (40 por ciento de la población total) de otras regiones que ahora residen el departamento.

El ambiente en Santa era tranquilo. Su festiva Feria Exposición agro-Industrial cumplia su tercera noche con numerosa concurrencia.

Un Nuevo Prefecto

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El gobierno avanza raudamente en su política de consolidación de la ocupación militar de Pando. Ayer designó prefecto a un militar del servicio activo: la primera desde Luis García Mesa, dicen analistas consultados por Radio Panamericana. El prefecto del gobierno es el almirante Landelino Rafael Bandeira.

El prefecto tiene al frente, literalmente al frente, en Brasilea, el desafío de cientos de pandinos que escaparon y buscaron refugio, temerosos de la acción militar en su departamento. No serán una oposición fácil. Las comunicaciones desde allí con Bolivia son fáciles y una manera de comunicar informaciones de lo que ocurra en Cobija.

El tercer dia

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La jornada amaneció tranquila, nublada y fria, con muchos rostros risueños en Santa Cruz tras la inauguración de su feria Exposición, la más importante de Bolivia, a pesar de las amenazas de marchar sobre la ciudad por parte de los campesinos que aún bloquean la urbe. En Cochabamba, al centro del pais, habia  miles –calculan los diarios- que rodeaban la zona donde se reúnen prefectos y delegados del gobierno, ante observadores internacionales, para ver si consiguen aproximar puntos de vista y pacificar el país. Hasta ahora no se nota ningún avance substancial, a pesar del empeño del presidente Evo Morales, quien aspira viajar a Nueva York esta semana entrante y participar de la Asamblea general de las Naciones Unidas con un ramo de olivo como señal de una pacificación aún distante de Bolivia.

Una de las nubes que cubren el cielo del presidente es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a un fiscal que se inhiba en el proceso contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el silencio del máximo tribunal a las presiones del Poder Ejecutivo para que desista de su orden. El juez William Dávila decidió apartarse del proceso y esquivar así la orden de enviar a Sucre, la capital legal boliviana, de todos los obrados de la acusación contra el prefecto. Fernández es acusado de genocidio por la matanza de un número de campesinos que varía entre 10 y 14 el 11 de septiembre.

El episodio, sin embargo, está todavía rodeado de muchas interrogantes que sólo una investigación independiente permitirá responder. La Corte Suprema juzgó que la detención del prefecto fue irregular y que debe ser juzgado por ese alto tribunal, debido a su condición de mandatario departamental, electo democráticamente. Pero voceros del gobierno dijeron que no permitirían cumplimiento de la orden.

El prefecto fue detenido en el fragor de un estado de sitio impuesto por el gobierno del presidente Morales, el primero en sus 32 meses de gobierno, que tiene a la pequeña ciudad de Cobija bajo ocupación militar. Cientos de “cobijeños” que se han refugiado en la vecina ciudad de Brasilea, en Brasil, temerosos de los rigores de la ocupación, dieron ayer un respiro de alivio cuando las autoridades vecinas dijeron No a un pedido de los militares bolivianos para que los refugiados fuesen expulsados de vuelta a Bolivia (El Deber y El Nuevo Día, sábado 20 de septiembre).

Se esperaba que hoy empezasen las investigaciones de dos misiones –una del Senado y otra de la Cámara de Diputados- que debían llegara Cobija durante la jornada.

De forma paralela corría (o no corría) el diálogo prefectos-gobierno en Cochabamba, bajo la mirada de observadores de las Naciones Unidas, la Unión Europea, las iglesias católica y protestante, y la OEA. La ciudad fue el viernes centro de una marcha bulliciosa de cooperativistas mineros. La marcha fue salpicada por algunos estallidos de dinamita, una originalidad que probablemente no era muy conocida por algunos de los delegados internacionales.

Poderes en conflicto

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La Corte Suprema de Justicia ordenó esta tarde el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a Sucre, en una medida que irritó al gobierno del presidente Evo Morales. El gobierno dio a entender que no estaba dispuesto a dar curso a la orden. Es decir, la independencia de poderes, base insustituible de la democracia, está en cuestion.

El Vicepresidente Alvaro Garcia dijo que “el gobierno mantiene su posición de pedir a la Justicia que no libere, que no colabore con los sediciosos que han atentado contra la democracia en Bolivia”.

Dos autoridades ministeriales dijeron que la decisión del magistrado de la corte era “el auto supremo de la vergüenza” y dejaron claro que el gobierno estaba reacio a cumplir la orden y que Fernández sería mantenido en La Paz como confinado.

“La condición de Leopoldo Fernández es en calidad de confinado y va a estar sometido a ello en el resto de los 90 días en La Paz; como gobierno vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida. Está confinado en La Paz y ser quedará acá”, dijo el Viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

El vice-Ministro de coordinación de Movimientos sociales, Sacha Llorenti, dijo que era “una vergüenza” la decisión, que ordena trasladar a Sucre todos los documentos del proceso contra Fernández y al propio acusado.”Este es el auto supremo de la impunidad y de la vergüenza”, reiteró indignado. “Es así como funciona la justicia. Sólo para los ricos”, dijo al recordar que el recurso ante la Corte Suprema interpuesto por los abogados del prefecto había llegado al tribunal durante la jornada y respondido “en sólo 30 minutos”.

Otras autoridades reafirmaron que la orden no modificaba la situación de Fernández, debido a su detención bajo el estado de sitio (estado de excepción) y que permanecería en La Paz como confinado. Entretanto, deberá continuar la investigación sobre el hecho sangriento ocurrido en el departamento norteño de Pando la semana pasada.

Juristas a los que este blog consultó dijeron que la cuestión del tiempo en emitir una decisión no es un argumento que pueda valer en un caso como el del prefecto. La defensa del acusado arguye que el caso de Fernández es de corte por haber sido electo democráticamente como prefecto (y ratificado el 10 de agosto). Pero el juez que ordenó ayer su detención preventiva, dijo que existían indicios de culpabilidad del acusado en los cargos de terrorismo.

Los juristas recordaron que si el tiempo fuese argumento, el propio gobierno tendría que responder por la demora en tomar acción contra un militar, también acusado de terrorismo, en el atentado contra un canal de televisión hace casi tres meses.

La semana termina con un conflicto de poderes, en presencia de observadores internacionales que acompañan el diálogo comenzado ayer entre prefectos opositores y el gobierno, en busca de fórmulas que pacifiquen al país. Tendremos que prepararnos para ver un cerco a Sucre, esta vez sobre la Corte Suprema? O para una retirada de posiciones que nos daria una imagen civilizada ante el mundo que ahora nos observa?

Milímetro a milímetro

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Esta vez prefectos-gobierno se reunieron bajo la mirada de los observadores (ONU, UE, UNASUR, Iglesia y OEA), con los ojos puestos en la vigilia de una multitud de campesino-minera en las afueras y en el cerco todavía amenazante de campesinos sobre Santa Cruz. Los temas en el centro de la crisis boliviana –Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Autonomías, proyecto de Constitución del MAS-, inclusive la capitalidad plena que reclama Chuquisaca y la detención del Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fueron repasados, pero no desactivados.

Los temas son nitroglicerina pura y ante cualquier descuido el diálogo puede estallar hecho trizas.

Mario Cossio, el prefecto autonomista de Tarija, dijo que por parte del gobierno “hay voluntad de abrir el proyecto de Asamblea Constituyente”. Luego fue más preciso: Abrir el tema para discutir la inclusión de los estatutos autonómicos “y algo más”. No se sabe qué es ese “algo más”, mucho menos la amplitud de ese orificio. Si Cossio hubiese escuchado poco después al dirigente de la Asamblea Constituyente, Román Loayza, su optimismo habría sido más cauteloso que caminar sobre huevos empollados. “No se va a mover una coma del texto”, dijo Loayza a los periodistas.

Cossio hizo un llamado a los movimientos que controla el gobierno y que cercan amenazantes a Santa Cruz cuando dijo: “Estamos en diálogo y el lenguaje y las actitudes tienen que ser de diálogo, no de guerra… Todos nosotros nos estamos esmerando. Es preciso que los otros también se esmeren”.

Sobre la detención y prisión preventiva del prefecto de Pando, Cossio dijo que los prefectos autonomistas habían expresado “disgusto y preocupación”, pues en criterio de ellos el episodio violó la ley.

El caso es también otra porción de nitroglicerina. El gobierno culpa, en los avisos que repite por los canales de TV culpa al prefecto por la matanza de campesinos ocurrida en las selvas tupidas de Pando. Sobre la matanza no hay cifras finales sobre el número de muertos. Se habla de 13, 14 y 15, en contraste con las decenas mencionadas el fin de semana pasado. Aún no está establecida la culpabilidad o innocencia del prefecto. Además, aún no hay un informe que cuente los detalles de lo ocurrido y señale responsables. El juez decidió enviarlo a prisión bajo indicios de culpabilidad en las acusaciones de terrorismo.

Algunos de los incriminan al prefecto dicen que gente de su prefectura, para cortar el camino por el que marchaban campesinos que supuestamente se dirigían a la capital, Cobija, habían excavado una fosa de 10 metros de profundidad y cortado el camino. Diez metros son la altura de un edificio de dos a tres pisos y los hombres habrían estado excavando durante días. El caso es confuso….por decir lo menos.

Sube el telón, baja el telón

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Van 24 horas de negociación ente prefectos (con una baja preventivamente en la cárcel) y el gobierno. Desde hoy y probablemente hasta el sábado o el domingo, funcionarán sus tres mesas de negociación sólo con técnicos. El presidente Evo Morales se retiró para ir a Panamá a recibir una condecoración y los prefectos hicieron lo propio y también se retiraron hasta el retorno del mandatario. La reunión también se quedó sin el Cardenal Julio Terrazas, pues el presidente reiteró que había sentido herida su sensibilidad porque el prelado testimonió la firma de la pre-agenda de la reunión que se cumple en Cochabamba. El cardenal, en gesto de dignidad, se retiró.

Hasta las primeras jornadas de este esperado diálogo se había ignorado el tema que estancó en definitiva a la Asamblea Constituyente: la demanda de Sucre por la capitalidad plena de Bolivia. La prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, protestó y amenazó con retirarse. La amargura de la dignataria de estado, quechua originaria, se tradujo en voces quebradas y hasta llanto al sentir que a su pueblo nuevamente se le daba la espalda, según relatos de la prensa. Al final, se dejó el asunto abierto hasta el retorno del presidente Morales. Creo que su llanto permanecerá como un grito de sentirse rezagada e impotente para romper el ostracismo de la demanda de su departamento.

Hoy debían sumarse los delegados de las Naciones Unidas y de la OEA para actuar como testigos y facilitadores en las tres “mesas de diálogo”: Impuesto sobre los Hidrocarburos (que el gobierno recortó a principios de año), las autonomías departamentales (que Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz ganaron en un plebiscito hace dos años y designación de los puestos vacantes de autoridades de los poderes Judicial y Electoral.

Hasta aquí el gobierno del presidente Evo Morales ha podido jugar un partido con público de su agrado, bullicioso y amenazante en las afueras, y árbitros que ahora deben demostrar su imparcialidad. Si todo lo que hizo en los últimos días, incluso su denuncia ante UNASUR de que quieren golpearlo, fue sólo un bluff, al abrir las puertas a todos los países sudamericanos congregados en esa organización, la partida podría volverse cuesta arriba. Los prefectos han cumplido su parte del pre-acuerdo, con la devolución de las entidades que sus brigadas cívicas habían tomado. El cerco sobre Santa Cruz por parte de las organizaciones del gobierno continuaba y se mantenía amenazante. Uno de los puntos del pre-acuerdo para llegar a esta etapa era la desmovilización, desbloqueo y retorno al Estado de las instituciones tomadas en las regiones autonomistas por grupos partidarios del autonomismo.

A eso se agregaba la presencia de campesinos y mineros en Cochabamba para vigilar que no se modifique el proyecto de Carta Magna del partido de gobierno. No han sido los 5.000 que se anunciaba la noche del miércoles, pero los delegados se harán las preguntas que dicta el sentido común: ¿quién los moviliza? ¿A qué costo y de qué bolsillo sale el financiamiento?

Prefecto detenido preventivamente

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Actualizado a las 23:30 

Un juez acaba de ordenar la prisión preventiva del Prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, por encontrarle indicios de culpabilidad en el proceso sumario que le abrió el gobierno, que lo responsabiliza de la matanza de un número impreciso de campesinos ocurrida la pasada semana. El juez ordenó que el prefecto fuese enviado al penal de San Pedro, en el centro de La Paz. Llego al presidio rodeado de una fuerte patrulla policial y entregado a las autoridades del penal.

Su hermana Lucila Fernandez, desde Cobija, denuncio por telefono a los canales de TV la existencia de un clima de intimidacion y miedo en la ciudad, de unos 20.000 habitantes. “Por favor, vengan a ayudarnos”, dijo para luego reclamar, con la voz quebrada, por su hermano.

Fernández, a quien el Presidente Evo Morales había ofrecido la candidatura prefectural por su partido, el Movimiento al Socialismo, en las elecciones de 2005, fue detenido el lunes, tras la dictación del estado de sitio en su departamento y la toma de toda la región por efectivos militares.

El estado de sitio siguió a la matanza de campesinos y funcionarios prefecturales, ocurrida el día 11. Las circunstancias del crimen aún no están esclarecidas. La Agencia Boliviana de Informacion ha dicho que el numero de muertos es cuando menos de 15 y que hay mas de 100 heridos y desaparecidos.

Fernández ganó esas elecciones y recientemente fue ratificado en un referéndum, convocado para definir la suerte de los prefectos bolivianos y del presidente. El presidente Morales ganó ampliamente la ratificación, pero también ganaron los prefectos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando). Perdieron dos prefectos opositores a Morales y con la detención y juicio a Fernández el bloque opositor se reduce a cuatro, incluido el departamento de Chuquisaca.

Como en la novela de Agatha Christie, “Ten Little Indians”.