Día: junio 8, 2012
Asilo concedido
El gobierno brasileño anunció esta tarde que ha concedido asilo al senador pandino Roger Pinto, en una decisión con implicaciones políticas y diplomáticas llamadas a tener repercusiones en Bolivia. En juicio de legisladores de Convergencia Nacional (CN), el partido del legislador asilado, la medida cuestiona la calidad del respeto a los derechos humanos y la independencia de la justicia en Bolivia bajo el Estado Plurinacional y endosa la decisión del legislador de buscar resguardo para sí y su familia. Se ignora si el gobierno del vecino país recibió ya el salvoconducto necesario para el legislador y su familia. Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estaría en Rio Branco, desde donde el senador sería trasladado a Brasilia junto con su familia quizá durante este fin de semana.
El escueto comunicado de la cancillería del vecino país dice:
El gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano y en base al artículo cuarto, inciso X de la Constitución Federal.
Ese artículo de la CPE de nuestro vecino dice:
La República Federal de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios:
I – Independencia nacional; II – Prevalencia de los derechos humanos; III – Autodeterminación de los pueblos; IV – No intervención; V – Igualdad entre los Estados; VI – Defensa de la paz; VII – Solución pacífica de los conflictos; VIII – Repudio al terrorismo y al racismo; IX – Cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X – Concesión de asilo político.
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Hasta el mediodía, la cancillería aseguraba que no había recibido ningún comunicado oficial de Brasil. Por la tarde predominaba el desconcierto en las filas del gobierno, en las que al parecer se creía que si el asilo era concedido, eso ocurriría sólo más adelante este mes. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo la decisión brasileña era «una mala señal» pues la protección era extendida a un legislador con más de 20 procesos. Quintín Quispe, otro legislador del partido de gobierno, pareció confundido y dijo que Pinto debía buscar asilo en Estados Unidos. Su colega Roberto Rojas dijo que, a pesar del asilo concedido al senador, los procesos contra éste deben continuar. Ninguno abordó la desconfianza del legislador sobre la aplicación de la justicia en Bolivia y la dependencia que se atribuye a los jueces respecto al Poder Ejecutivo, patente en algunos casos como el de Leopoldo Fernández, preso desde hace más de tres años, y el de los acusados en el episodio Hotel Las Américas. Esa desconfianza puede haber sido atizada por las declaraciones del gobernador de La Paz favorables a ahorcar a todos los opositores al gobierno. El gobernador pidió, posteriormente, disculpas.
El cañonazo noticioso en Bolivia partió el jueves del diario paceño Página Siete, que mantuvo firme la solidez de su primicia a pesar de los intentos oficiales por desmentirla.
Hasta la noche se desconocía si habría algún comentario oficial del gobierno plurinacional sobre la decisión brasileña, que lo coloca bajo el escrutinio mundial. Con el antecedente de esta tarde, es posible que muchos de los casos controvertidos, bajo juicio o en proceso, sean puesto ahora bajo la lupa de los juristas. Es posible también que el precedente genere mayor atención alrededor de la marcha en curso del TIPNIS y de la paliza que recibieron los marchistas el año pasado.
En junio de 2009, el vecino país otorgó asilo en masa a 118 ciudadanos que solicitaron protección. La medida fue recibida también con asombro, pero sin mayores estridencias. Brasil consideró que el grupo tenía «razones fundadas» para temer que un eventual proceso no sea justo. Anteriormente, Perú había otorgado la misma protección a dirigentes políticos de oposición, en una decisión que provocó agrias reacciones de las autoridades bolivianas.
El programa “No Mentirás”, de PAT, colocó en la noche frente a frente a opiniones divergentes sobre la decisión brasileña. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, se cuadró al lado de la posición oficial y dijo que el senador Pinto debe responder por los juicios entablados en su contra y que, en todo caso, la decisión de asilo es reversible y que las autoridades se enpeñarán en lograrlo. Dijo que la decisión era «errada»y la atribuyó a “falta de información” de la cancillería del vecino país. “El asilo no corresponde en casos de delitos comunes”. Su colega Roberto Rojas también sostuvo que el asilo es revocable. A ojos simples, la revocatoria parece una posibilidad extremadamente remota. No se conoce ningún caso, por lo menos en Brasil, en el que una condición de asilo hubiese sido revocada.
En la otra esquina del ring, el analista Carlos Cordero, columnista de varios periódicos, dijo que el asilo era una “mala noticia para el gobierno” que ocurría en el rastro de varios informes sobre la precariedad de los derechos humanos y de la justicia en Bolivia. Citó informes de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica y los reclamos persistentes de los medios informativos sobre prácticas y amenazas contra la libertad de expresión. “Hay persecución, es patente y la he denunciado”, dijo.
El asilo para el senador Pinto
El diario Valor, de Sao Paulo, informa hoy que el gobierno brasileño ha decidido otorgar asilo político al senador Roger Pinto, en una medida que echa por tierra los alegatos contra el legislador y ensombrece el papel de la justicia en Bolivia. Una de las razones expuestas por el senador Pinto para pedir protección del vecino país es que la justicia en Bolivia no es confiable ni imparcial. Pinto está refugiado en la sede diplomática brasileña desde el 28 de mayo.
Firmado por Fabio Murakawa, de su redacción central, la versión dice (traducción del blog):
El gobierno brasileño decidió otorgar asilo político al senador boliviano Roger Pinto, quien está refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo. Líder del bloque opositor convergencia Nacional, Pinto es perseguido políticamente política por denuncias contra el gobierno de Evo Morales sobre corrupción y participación de funcionarios públicos en el narcotráfico.
Oficialmente, Itamaraty dice que a;un analiza el pedido hecho por Pinto a la presidente Dilma Rousseff, pero representantes del gobierno brasileño ya informaron a las autoridades bolivianas que la decisión está tomada, de acuerdo a informaciones obtenidas por Valor.
Pese a que la concesión de asilo puede ser interpretada como reconocimiento de que existe persecución política en Bolivia, el gobierno no pretende decirlo de manera explícita. Pero Valor fue informado que la decisión del gobierno brasileño se basa en que hay señales de parcialidad de la justicia y cercenamiento de la defensa en algunos de los procesos contra el senador. Temerosos de estremecer las relaciones bilaterales, los diplomáticos brasileños discuten con sus pares bolivianos el momento y la forma mejores para hacer el anuncio. También negocian la concesión de un salvoconducto para que el senador pueda dejar la embajada rumbo al aeropuerto sin ser apresado.
Hay una orden de detención de Pinto porque en el día en que llegó a la sede diplomática brasileña debía presentarse a un tribunal de cobija para deponer en uno de los cuatro procesos por corrupción a los que debe responder –los otros 16 son por desacato. Autoridades brasileñas han dicho al senador que un avión de la fuerza Aérea Brasileña será desplazado para traerlo a Brasil. Pinto pidió que se lo llevase a Brasilia, donde tiene muchos amigos senadores como Sergio Petecao (PSD), de Acre, vecino a Pando, su tierra natal. “Tiene miedo de quedarse en la frontera. Allí es presa fácil (para asesinos)”, dijo Petacao a Valor, al informar que no tiene confirmación de que Brasil otorgará el asilo solicitado. El avión podría hacer escala en Rio Branco, donde la madre, la mujer y una hija y un nieto del senador llegaron la semana pasada. La familia, tras cruzar la frontera y solicitar también asilo, dijo que un grupo de simpatizantes del presidente Morales había amenazado con quemar la casa del senador en Pando.
Oficialmente, el gobierno boliviano dice que aún no ha recibido información sobre la decisión brasileña de otorgar asilo y asegura que respetará la decisión que se tome. “Es posible que Brasil haga un anuncio sobre el asilo. Esa es una decisión soberana de ese país y nosotros la respetaremos. Pero hasta ahora no hay nada”, dijo la Ministra de Información Amanda Dávila a los medios locales.
Entre bastidores el gobierno de La Paz continúa tratando de evitar que se conceda del asilo. Todavía existe el temor de que el gobierno boliviano no conceda el salvoconducto lo que llevaría a la embajada en La Paz a una situación parecida a la de Tegucigalpa en 2009. El entonces presidente hondureño Manuel Zelaya permaneció durante más de cuatro meses en la embajada brasileña, luego de haber sido depuesto por un golpe. “Si no hubiera salvoconducto, él está dispuesto a quedarse en la embajada para siempre”, dijo una fuente próxima al senador.
Valor supo que Brasil no pretende hacer ningún anuncio hasta que el salvoconducto sea concedido, para no dar la impresión de que quiere presionar al gobierno boliviano, pero tampoco va a esperar indefinidamente a que esa situación se resuelva.
Mientras tanto, en Santa Cruz 