Día: junio 17, 2012

Para las autoridades: Latinoamérica cambia

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Bajo el título de “Cambios en el mapa latino, una amenaza a Mercosur”, el diario carioca O Globo trajo este domingo un comentario que merecería la atención de las principales autoridades del país. En uno de sus párrafos finales, la nota subraya que ahora Bolivia y otros países de su linaje ideológico están cada vez más aislados, como resultado de los recientes movimientos ocurridos en el Pacífico sur. Firmado por Jose Casado, del cuerpo de comentaristas del diario, la iniciativa de cuatro países busca alcanzar la libre circulación de personas y bienes en el territorio que abarcan. Algunos párrafos del trabajo (la traducción es del blog):
Ha surgido una novedad en el mapa político y económico de América Latina: México, Colombia, Perú y Chile se unieron para dar libertad plena a sus empresas y a sus 215 millones de habitantes para transitar, estudiar, trabajar, mover capitales y hacer negocios sin necesidad de licencia previa de los gobiernos locales.
Es lo que proyecta la Alianza del Pacífico, un nuevo bloque regional cuya creación fue anunciada por los presidentes Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colombia), Ollanta Humala (Perú) y Sebastián Piñera (Chile). Está prevista la adhesión de Panamá y Costa Rica en el segundo semestre.
Ha sido una movida sorprendente, rápida y eficaz. En diciembre de 2010, el entonces presidente peruano Alan García lanzó la idea, recibida con entusiasmo por México, Colombia y Chile. Un año después se reunieron y fijaron un plazo de seis meses para un acuerdo definitivo. En marzo, llegaron a un consenso en una reunión cumbre inédita, por teleconferencia.
El día 6, en Antofagasta, firmaron el acuerdo básico. Es un compromiso ambicioso para la libre circulación de personas, mano de obra, capitales, bienes, servicios, mercaderías, integración de redes de enseñanza (especialmente universidades), entidades financieras y creación de instancias internacionales comunes.
Las reglas del nuevo bloque son sencillas: para entrar es preciso tener tratado de libre comercio con todos los socios, ser una democracia, tener estabilidad jurídica y constitucional. A Panamá y Costa Rica, provisionalmente “socios observadores”, les faltan los acuerdos comerciales. En diciembre regirá la libre circulación de mercaderías: se eliminan las barreras aduaneras y las normas de origen sobre lo que es producido por los socios.
No es poca cosa. Los cuatro forman un mercado de 215 millones de consumidores, suman el 35% del PIB latinoamericano y son responsables del 55% de las exportaciones de este pedazo del planeta.
Hay aspectos políticos relevantes. México, Colombia, Panamá y Costa Rica son bi-oceánicos, con salidas al Pacífico y al Atlántico. Además, tienen economías abiertas, basadas en acuerdos de comercio con China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea, Taiwán, Singapur y los principales centros económicos del Medio Oriente.
En práctica, significa que está naciendo un bloque político y económico capaz de rivalizar con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , con fisuras causadas por las disputas entre socios por las barreras crecientes sobre un comercio regional de 100.000 millones de dólares anuales.
La alianza marca un distanciamiento definitivo de los cuatro respecto a Mercosur, anulando las gestiones previas para que participen en el bloque del Atlántico Sur. Presenta una alternativa más eficaz al Mercosur, cuando Uruguay y Paraguay debaten la conveniencia de seguir atados a un proyecto de integración con escasos beneficios para sus economías. Y deja aún más aislados a Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde florece la desagregación política, social y económica.
El tiempo mostrará si los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, con Panamá y Costa Rica, serán capaces de convertir la alianza en una “plataforma de articulación política, integración económica y comercial y de proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico”, como prevé la constitución del bloque.

Transparencia oscura

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Ha llegado a mi correo electrónico un Proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dic. 2006). Es bueno establecer o mejorar normas que favorezcan el libre flujo de la información pública. Es malo que una institución que promueve la transparencia, sea tan poco clara en la descripción de sus metas. No examiné el mérito del proyecto, sino la abundancia de palabras y los tropezones de sintaxis y gramática elemental en un documento que, por definición, es…elemental.
El primer párrafo de la exposición de motivos deja al lector frente a un alud de palabras. “A lo largo de la historia de nuestro país, el ciudadano común ha encontrado una infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, incluso sobre aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal”. Quizá los redactores quisieron decir: El ciudadano ha librado siempre una batalla desigual cuando trata de obtener información pública, incluso sobre aquella que le interesa de manera directa. Suele impedírselo una maraña burocrática, con frecuencia protegida por normas que complican el acceso del ciudadano a informaciones que un estado democrático debería colocar fácilmente a su disposición.
El siguiente párrafo es más complicado y hay que tomar un respiro profundo y armarse de coraje antes de emprender la lectura:
“Estos obstáculos al acceso a la información si bien se han venido ejerciendo principalmente desde la administración pública, también han tenido gran participación el ámbito de sector privado, aún más con el regreso de políticas gubernamentales de carácter neoliberal que han incurrido en el abuso del poder económico, de manejo de recursos económicos de la población de manera irrestricta. Estos hechos han generado actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, de manera que se han generado negocios de carácter internacional irregulares como es el caso de los contratos para la explotación de nuestros recursos gasíferos, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz como la anterior Ley de Hidrocarburos. Ni que decir de los Gastos Reservados, de administración directa de la Presidencia de la Republica, y de los que hicieron uso y abuso los gobiernos demodictatoriales y con los cuales se causó dolor y sangre a la población boliviana”. ¿Entendió?
Una primera observación: Faltan comas y acentos. Pero eso es detalle menor. Veamos el resto. Los obstáculos no se EJERCEN, sino se colocan. Se ejerce un derecho y se levanta o se quita, se aparta un obstáculo. Lo que viene a continuación quiere decir que esos obstáculos también son puestos por el sector privado, pero está tan mal organizado el concepto que uno se marea, más aún con el adjetivo “neoliberal” que aparece emboscado en esta “neoredacción”. Luego hay una extrapolación. Los obstáculos han provocado una corrupción que incluso llegó a las leyes sobre hidrocarburos vigentes entonces. (Como no hay una nueva ley de hidrocarburos, quiere decir que los obstáculos y las acechanzas de corrupción permanecen.) La extrapolación llega al paroxismo: “Ni qué decir de los Gastos Reservados”(¿por qué con mayúsculas?), etc. Está bien que se proteste contra la manera discrecional y oscura de manejar fondos públicos, que pertenecen, por definición, a todos los bolivianos, no a un gobierno que, en todo caso, los administra. Pero en este contexto la cuestión parece jalada de los cabellos.
Vimos sólo dos párrafos. La introducción y la ley tienen 15 páginas.