Asilo

Lula podría asilarse en Bolivia

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El periodista e historiador Elio Gaspari, autor de una de  las obras históricas más importantes de Brasil contemporáneo, dice este fin de semana en su columna en O Globo, Rio de Janeiro (¨Lula puede evitar la prisión asilándose¨):

¿Lula irá preso? ¿Cuándo? Hay otra posibilidad. Ante una prisión inevitable y próxima, Lula entra a alguna embajada latinoamericana, se declara perseguido político y pide asilo diplomático. No hay ningún indicio de que pretenda hacerlo, pero la realidad enseña que ese camino existe.

Por el curso que toman las cosas, Lula será apresado para cumplir la pena dictada por la justicia. Está condenado a 12 años de prisión, y otros dos procesos pueden aumentar la pena.  A los 72 años, pasará algunos años en régimen cerrado antes de acceder a un régimen semiabierto.

Como es preferible llorar en el exterior que reír encarcelado en Curitiba, Lula sabe que tiene el camino del asilo diplomático. Considerándose perseguido politico, conseguiría esa protección por lo menos en dos embajadas, la de Bolivia o la de Ecuador. Pedir protección a los cubanos o a los venezolanos solo arruinaría el episodio.

Para dejar Brasil Lula necesitaría de un salvoconducto del gobierno de Michel Temer. Bastarían unas semanas de trámite y volaría apenas se enfríe el noticiero. Una vez instalado en el país que le otorgue asilo, empezaría a viajar por el mundo. Aunque le retiren el pasaporte, eso sería irrelevante.  Hasta 1976, (cuando murió en un accidente carretero, el ex presidente) Joao Goulart, asilado en Uruguay, viajaba con pasaporte paraguayo.

El asilo de Lula podría ser del agrado del gobierno, pues, preso, sería defendido por una incómoda campaña internacional. (Guardadas las proporciones, como ocurrió con el jefe comunista Juan Carlos Prestes entre 1936 y 1945).

La victimización de Lula perdería un poco de dramatismo, pero las prisiones enseñan que con el tiempo la mobilización se marchita y la soledad de la celda predomina. La conjetura tiene un inconveniente: solo podría retornar a Brasil en las alas de una amnistía.

Repercusiones de una fuga asistida

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Una nota del diario Folha de S. Paulo publicada este domingo echa luces sobre algunos entretelones respecto al asilo y refugio del senador pandino Roger Pinto el año pasado y las vacilaciones de la diplomacia brasileña en un episodio que ha llevado a las relaciones entre los dos países a su nivel histórico más bajo. La situación carece de precedentes y tiene a Bolivia desde hace nueve meses sin embajador de su vecino más importante. El caso, dice la versión, causó contrariedad en el gobierno de Bolivia y el presidente Evo Morales no la ocultó en encuentros con la presidente Dilma Rousseff. La incomodidad de Brasil con el caso del legislador asilado en su embajada en La Paz derivó en presiones para que el senador renunciase  y fuese a un tercer país, sostiene la versión. La perspectiva inmediata es no contar con embajador de Brasil al menos hasta después de las elecciones de octubre en el vecino país.

La nota viene firmada por la periodista Patricia Campos Mello y parcialmente la transcribo a seguir.

“El gobierno brasileño presionó al senador boliviano Roger Pinto para que renunciase unilateralmente al asilo concedido por Brasilia raíz de exigencias insistentes del presidente de Bolivia Evo Morales. Eso lo revelan telegramas diplomáticos e informes secretos de la investigación sobre las acciones del diplomático Eduardo Saboia a los que Folha tuvo acceso.

En agosto del año pasado, Saboia, entonces encargado de negocios en La Paz, removió al senador boliviano Roger Pinto, asilado en la Embajada brasileña durante 453 días, y lo llevó en un vehículo oficial hasta Corumbá, desencadenando una crisis diplomática que causó la renuncia del entonces canciller Antonio Patriota.
Al deponer ante una comisión investigadora el 7 de octubre de 2013, Patriota admitió que se propuso al senador que renunciase al asilo. “Dentro de las hipótesis examinadas por el grupo de trabajo” aquella era una opción, dijo ante la comisión. Brasil nunca había presionado a ningún asilado a renunciar al beneficio del asilo.

Alegando ser perseguido políticamente, Pinto pidió asilo en la embajada en La Paz el 28 de mayo de 2012.
Itamaraty envió al secretario Eloi Ritter a La Paz con una carta lacrada para el entonces embajador en Bolivia, Marcel Biato. En la carta, instruía al embajador proponer al senador: ¿“Usted concuerda en renunciar a su asilo enviando una carta a la presidente Dilma Rousseff? ¿Está dispuesto a embarcarse en un avión con destino a un tercer país no especificado?”
El senador rechazó el plan. La defensa de Saboia durante la investigación dijo que el legislador habría afirmado: “Preferiría cortarme las venas a firmar ese papel”.
La comisión legislativa consultó a Patriota si la propuesta había sido analizada por la consultoría jurídica de la cancillería para determinar si era legal pedir a alguien que renunciase a la protección que le había otorgado el estado brasileño. Afirmó que no, y dijo que la propuesta era “sólo exploratoria.”
Según Patriota, Uruguay era una de las opciones pero el tema también había sido tratado “de manera general” con Venezuela. Esa propuesta vino tras el disgusto de la presidente Dilma Rousseff con el caso.
El 22 de febrero de 2013, Dilma se reunió con Evo durante la cumbre América del Sur-Africa en Guinea Ecuatorial. Folha ha sabido que Evo le dijo a Dilma que esperaba que Brasil resolviera la situación del senador y endureciese las condiciones de la estada del legislador en la embajada, afirmando que recibía visitas y “hacía política”.
La presidencia habría ordenado a Patriota encontrar una forma de sacar al senador de la embajada, pero no de llevarlo a Brasil. Poco después, Patriota ordenó restringir las vistas de abogados y familiares al senador. Y luego propuso al legislador renunciar al asilo.
En su declaración, Patriota dijo que la decisión de otorgar el asilo fue de Dilma, aconsejada por Itamaraty. Pero la presencia del senador en la embajada causaba tensiones crecientes con Evo. Y el gobierno quería resolver el problema sin el costo político de recular en la concesión del asilo.
Itamaraty dijo que no se pronunciaría mientras no concluya la investigación y mientras su resultado no sea público. Ahora representante de Brasil ante la ONU, el ex canciller fue consultado, pero no devolvió la llamada. En la posesión de su sucesor, Luis Alberto Figueiredo, el 28 de agosto, afirmó que Brasil siempre buscó “una solución negociada y jurídicamente sólida” que garantizase el tránsito seguro del senador hacia el territorio brasileño.
“Pedir que alguien renuncie al asilo que Brasil concedió echa por tierra todo el prestigio de Itamaraty”, dijo el senador de oposición Ricardo Ferraco, presidente de la Comisión de relaciones Exteriores del Senado.”Una cosa es ser solidario con el pueblo de Bolivia, otra es someterse a la industria del chantaje del presidente Evo Morales”.
La investigación en torno a Saboia se arrastra hace nueve meses. La postulación de Biato para la embajada en Suecia fue retirada por la presidente y no tiene funciones específicas. Y el senador aguarda la decisión de Brasil sobre su pedido de refugio.

De La Paz a Corumbá

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La salida del senador Roger Pinto y su presencia en Brasil es el mayor revés diplomático sufrido por el gobierno desde que el legislador pandino obtuvo el asilo del país vecino. Por la pertinaz la negativa de las autoridades a otorgar salvoconducto al senador, se suponía que la sede de la representación brasileña en La Paz era la más vigilada por los servicios de seguridad. Pero había brechas de seguridad en los sistemas de información del gobierno pues, que se sepa, ningún agente se percató del desplazamiento que ocurría en la sede brasileña.

El dirigente opositor, quien se asiló en la embajada en mayo del año pasado perseguido por dos docenas de juicios que le había instaurado el gobierno, debe haber salido de la residencia a mediados de la semana que acaba. Puesto que salió bajo una logística que de alguna manera sus forzados anfitriones proporcionaron, se descartaría un desplazamiento aéreo. El trayecto debe haber sido terrestre: La Paz-Santa Cruz-Corumbá.  Es un recorrido que demandaría no menos de 24 horas. Como un rally memorable.

Esta noche eran intensas las especulaciones entre observadores, analistas, políticos y diplomáticos sobre las derivaciones del caso. Pinto ha estado 453 días en la embajada brasileña (conteo de Erbol)  y sólo las anotaciones que pudiera haber registrado generan curiosidad. En esos días está escrita una porción  importante de las relaciones entre los dos países, que han estado tensas como pocas veces en su historia.

Hasta esta noche no había un pronunciamiento orgánico de las autoridades, salvo algunas declaraciones dispersas a través de medios del estado. La vocera oficial del gobierno, Ministra de Comunicación,  Amanda Dávila,  dijo que la condición de Pinto había cambiado de “asilado a prófugo de la justicia boliviana” (ABI). Se supone que habrá una gestión, sin mayores perspectivas de éxito para extraditar al senador dados los antecedentes que rodean el caso.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, uno de los críticos de la concesión brasileña de asilo a Pinto, se mantuvo en discreto silencio. Otras autoridades como las presidentes del Poder Legislativo, que condenaron ácidamente la decisión de Brasil, también optaron por alejarse de los micrófonos. La misma actitud fue observada por el canciller David Choquehuanca y su circuito inmediato. Se trataba de un ruidoso silencio.

Un desenlace como el ocurrido no era imprevisible. Brasil no podía dejar que el “caso Pinto”  dejase en duda su calidad como uno de los campeones de la defensa del derecho de asilo. Las vías de persuasión para dar una solución al impasse fracasaron. No se conocen en detalle cómo se produjeron esas gestiones, pero se puede asegurar que han sido intensas.

Para facilitar el desplazamiento del senador puede haber contribuido el evento, verdaderamente ruidoso y genuinamente trágico, que ayer y hoy tuvo capturados los ojos y oídos del país: la tragedia de Palmasola.

Aguardan un recuento detallado tanto el rally La Paz-Corumbá del senador Pinto como la carnicería que ocurrió en la mayor prisión del país.

En un atolladero

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El gobierno boliviano estaba esta noche  en un atolladero. Brasil confirmó oficialmente,  con un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, que a fines de noviembre de 2011 el avión en que viajaba el titular de esa cartera, Celso Amorín, fue inspeccionado por autoridades bolivianas sin autorización de Brasil. El acto generó en su momento una enérgica protesta brasileña y una severa admonición a Bolivia contra esa actitud “abusiva”.  La portavoz del gobierno  boliviano había dicho ayer lunes que era “una tomadura de pelo” la versión sobre esa inspección, originada en la versión de un blog y hoy ampliada por el  diario financiero Valor.  Una expresión parecida tuvo el canciller. Esta noche, a ninguno  se le escuchó hablar del tema. Daba la impresión de que el gobierno había sido sorprendido con los pantalones a la altura de las rodillas y enfocado con las luces de la versión oficial brasileña.

¿Por qué, entonces, tanta bulla con la intención de  un diplomático español de inspeccionar el avión presidencial en Viena, donde el 2 de julio el avión presidencial estaba varado?  España pidió oficialmente disculpas al gobierno, pero el canciller David Choquehuanca dijo este martes que el pedido era insuficiente y que el gobierno lo examinaría el miércoles, al igual que otros recibidos en torno a la interdicción al avión presidencial. El gobierno  quiere saber quién  impartió la orden del bloqueo del avión. Hay ansiedad por saber los resultados de ese  examen, que tiene hora marcada: a partir de las 05:00.

Con la información del Ministerio de la Defensa de Brasil tambalean los cimientos éticos del reclamo boliviano en la porción relativa a la intención de un diplomatico español que quería inspeccionar la principal aeronave nacional. ¿Por qué sería aceptable inspeccionar un avión  oficial brasileño y no así un boliviano?

El avión presidencial acabó aterrizando de  emergencia en Austria tras informar que experimentaba problemas con su sistema de control de combustible. Estuvo durante 13 horas en Viena y el mandatario  boliviano consiguió contornar la iniciativa del embajador español en Austria que quería personalmente ingresar al avión. No hubo inspección alguna. En el caso del avión del ministro brasileño sí la hubo, pero Brasil consiguió mantener el incidente en un ámbito  discreto.

Ese episodio ocurrido hace casi dos años parecía confinado al  olvido, hasta que dos diputados de Convergencia Nacional –Luis Felipe Dorado y Adrián Oliva- lo trajeron a la mesa de actualidades al divulgar en Bolivia la  versión que traía  un blog (Diario do Poder)  y después el diario financiero Valor. En su edición del martes, el periódico tituló: “Bolivia inspeccionó el avión de Amorím en busca de opositor”.

Horas después, el Ministerio de Defensa brasileño salió al paso de la versión y aclaró:

“Hubo, en el segundo semestre de 2011, acciones de autoridades bolivianas que configuraron violaciones a la inmunidad de aeronaves de la  Fuerza Aérea Brasileña, una de ellas involucrando al avión que trasladó al ministro de Defensa en viaje oficial a La Paz al fines de octubre de 2011”.

“El ministro brasileño de Defensa nunca autorizó esa inspección; los episodios ocurridos en 2011 fueron objeto de una nota de reclamación de la  Embajada de Brasil en La Paz a la cancillería boliviana; en el documento, la  embajada informó que la repetición de esos procedimientos abusivos llevaría a la  aplicación, por parte de Brasil, del  principio de la reciprocidad;  desde el envío  de esa nota, la Fuerza Aérea Brasileña no registró nuevos episodios de  inspecciones en sus aeronaves por parte de autoridades bolivianas”.

La actitud cautelosa de Brasil ante los episodios que culminaron con  la inspección del avión de su ministro en Santa Cruz podría ser explicada por el deseo de dar un arreglo diplomático al asunto y mantenerlo en un bajo perfil.  Amorím fue canciller bajo todo el  gobierno de Lula y sabe de las reglas del comportamiento para calmar el fuego cuando las llamas empiezan a quemar.

No solamente el gobierno boliviano está en un enredo. La nota compacta de Brasil puede reflejar impaciencia con actitudes de La Paz (su embajador fue acusado ser portavoz de la oposición boliviana por la aceptación del  pedido de asilo diplomático del senador Roger Pinto, y la cancillería brasileña de haber asumido una conducta imprudente). Es plausible pensar que la cuestión aún no está zanjada.

Nota: Edité esta entrada para separar la inspección del veto al avión presidencial por parte de Francia, Italia, España y Portugal. Son dos episodios en la historia grande. Hice también  ajustes en la redacción.

Y qué pasa con el juez Tapia Pachi?

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Ahora que el Tribunal Constitucional ha reconocido la prioridad del ámbito natural para llevar a cabo el llamado “caso terrorismo”, las autoridades deberían otorgar también garantías para el retorno a Bolivia del juez Luis Tapia Pachi, quien defendía la misma causa ratificada por el TC. Tapia Pachi pretendía que el juicio se instalara en Santa Cruz, el lugar de los acontecimientos del 16 de abril de 2009. La actitud del juez determinó su salida del país y está asilado en Brasil desde 2010, cuando sus colegas del Ministerio Público ordenaron su detención. Creo que el público, especialmente el cruceño, querría saber qué ocurre con él, y cuál es su situación juridica, pues este juez es uno de los elementos importantes del caso en curso desde hace cuatro años.

El dedo en la llaga

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No ha habido respuesta adecuada de ningún tipo de parte del gobierno a la consulta que le presentaron hace tres días los periodistas a la presidente del Senado, Gabriela Montaño. Le preguntaron si el gobierno era capaz de lanzar la primera piedra al sostener, en un lenguaje nada usual en el mundo diplomático, que Bolivia no debe conceder salvoconducto al senador pandino Roger Pinto porque está acusado de delitos comunes. Le dijeron que un ciudadano peruano, que fue asesor del primer círculo del presidente Evo Morales, recibió asilo de Bolivia a pesar de haber sido ya juzgado y con sentencia en su país. A esa etapa no se ha llegado con el legislador pandino, quien alega que buscó refugio en la embajada brasileña en La Paz debido al acoso del gobierno, del que dice que en vez de investigar sus denuncias sobre corrupción y narcotráfico se dedicó a perseguirlo judicialmente. La senadora Montaño respondió que desconocía “el caso” y se calló. El país, incluso los que militan en el partido de gobierno, querría escuchar una explicación.  Y saber si aquí también se aplica el dicho anglo-sajón: “Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa”.

¿Habrá encuentro privado Evo-Dilma?

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Una pregunta que ronda algunas cabezas en círculos diplomáticoss se refiere a si el presidente Morales, prematuramente de viaje a Argentina, buscará allí el contacto que, por lo que se sabe, no tuvo la semana pasada con la presidente de Brasil Dilma Rousseff. Seguramente el tema de la entrevista lo tiene Ud. a flor de labios: el asilo al legislador pandino Roger Pinto.

Conviene que el presidente Morales tome en cuenta que este momento es muy delicado para la diplomacia regional tras lo ocurrido en Paraguay. Desde columnas importantes de la prensa, la presidente vecina es fuertemente criticada por la actitud de Brasil frente a Paraguay. Es uno de los países que no reconoce al gobierno de Federico Franco (al igual que Bolivia) y fue quien, en principio, sugirió que Paraguay podía ser marginado de MERCOSUR. Esa posición de la mandataria es cuestionada como raras veces, en un país donde su diplomacia generalmente merece apoyo interno unánime. Por eso, parece dudoso que Itamaraty esté dispuesto a comprar un pleito adicional como el que representaría considerar el planteamiento boliviano de revertir la decisión de conceder asilo político al senador.

No ayudaron a la causa del gobierno boliviano las declaraciones de autoridades nacionales sugiriendo que es Brasil el que querría explicar a Bolivia el porqué de la concesión del asilo. El derecho de asilo exime a Brasil de cualquier explicación y es importante subrayar que no es un riesgo pequeño querer prolongar la indefinición sobre el asilo al legislador.

El legado bolivariano

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Con ese título, acompañado de una fotografía de Hugo Chávez, la revista Foreign Affairs, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo por su cobertura de asuntos de política exterior, trae esta semana un extenso artículo. Firmado por el periodista Douglas Farah, ex corresponsal de United Press International y Washington Post&Newsweek, y ahora investigador del International Assessment and Strategy Center, el trabajo periodístico describe síntomas de deterioro político que afectan gravemente a la justicia y la democracia en los países llamados “bolivarianos”. Algunos segmentos del artículo (la traducción es del blog):

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“La semana pasada, un líder opositor tomó una decisión poco común y buscó asilo en la embajada de Brasil en La Paz, acusando al gobierno de Evo Morales de perseguirlo y amenazarlo de muerte. En una decisión igualmente sorprendente, el gobierno brasileño desairó al de Morales y concedió el asilo, reconociendo que los temores del legislador estaban bien fundados.”

“El pasado mes, un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fugó de su país bajo la custodia de la DEA, temiendo que lo que sabe de narco-corrupción en altos niveles del gobierno de Hugo Chávez colocaba su vida en peligro. En Ecuador, los jueces que rehúsan seguir las órdenes del presiente Rafael Correa han sido obligados a renunciar y varios viven ahora en el exilio. Un líder opositor está también perseguido por procesos con los que el gobierno busca silenciarlo.”

“Estos episodios subrayan el legado más efectivo y pernicioso de la Revolución Bolivariana que preconiza Hugo Chávez: acentuado poder de gobiernos crecientemente corruptos, neutralización de los jueces, silenciamiento de los medios independientes y criminalización de la oposición política.” LA NOTA ENTERA   está aquí al lado, en PAGINAS.

Más decibelios

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El presidente Evo Morales ha asegurado que en Bolivia “no existe persecución política sino delincuentes políticos”, al expresar, al igual que la mayoría de sus subordinados, contrariedad por la decisión de Brasil de otorgar asilo al senador pandino Roger Pinto. El calificativo que ha utilizado es el mismo con el que, hace 35 años, el general Hugo Bánzer Suárez, llamaba a los bolivianos exiliados cuyo retorno era exigido como un paso para superar la dictadura y reinstaurar la democracia. “Delincuentes políticos” eran muchos, desde Juan Lechín Oquendo y Marcelo Quiroga Santa Cruz hasta Walter Guevara Arze, Hernán Siles Zuazo y quizá algunos de los que apoyaron al actual mandatario en los albores de su carrera sindical y política. Casi todos volvieron bajo una amnistía general irrestricta que el gobierno dictó, presionado interna y externamente.
El presidente dijo también que “…quien quiere escaparse a otros países sabe que ha cometido delito y por eso quiere escaparse”. Habló esta mañana en el Palacio de Gobierno cuando aún persistía el eco de las afirmaciones que el día anterior habían tenido el Vicepresidente García Linera, el Fiscal General Mario Uribe y que agitaron el ambiente de las relaciones con Brasil, sede de la que probablemente es la diplomacia más madura de América Latina. El vicepresidente dijo que el asilo que se ha concedido al senador Pinto era “desatinada”. La expresión fue quizá algunos decibelios más fuerte que la utilizada por el fiscal Uribe, quien había afirmado que la medida a favor del legislador entorpecería la veintena de procesos que le sigue el gobierno.
Uno esperaba mayor cautela del presidente, pues su palabra es final, no tiene apelación. El primer mandatario no precisó cuándo el gobierno extenderá el salvoconducto para que el asilado pueda viajar a su nuevo destino. “…El tema del salvoconducto no entiendo legalmente”, fue parte de su respuesta, de acuerdo con Erbol. Anunció, sin embargo, que enviará documentación a las autoridades brasileñas para que valoren la posición del gobierno. La pregunta es obvia: Sólo ahora?  El legislador pandino está en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo.

Decibelios en alza

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La guerra verbal desatada en Bolivia contra el asilo otorgado por Brasil al senador Roger Pinto sumó este martes dos voces sonoras que pueden haber colocado a las relaciones bilaterales en uno de sus niveles históricos  más bajos. El vicepresidente Álvaro García Linera  dijo que con el asilo a Pinto la cancillería del vecino país había cometido “un desatino”, un término de decibelios pocas veces utilizado entre países que por su vecindad y lazos comerciales suelen tratarse con el máximo cuidado. Brasil es el principal comprador de gas natural boliviano y el  que la declaración hubiese provenido de quien momentáneamente, debido  al viaje a Europa del presidente Morales, es el Primer Magistrado de la Nación, confiere a las palabras dichas un peso supremo.

“Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el gobierno del Brasil, de otorgar a  una persona que acá en Bolivia está acusado (a) no por sus ideas, sino por delitos comunes”, dijo. La Real Academia de la Lengua enseña el significado de ese adjetivo: “Locura, despropósito o error”.  Sin comentario.

Desde la capital de la república y en la misma sintonía se manifestó el Fiscal General de la República, Mario Uribe, quien dijo que el que se conceda asilo al senador pandino “significa poner en grave riesgo el esclarecimiento de hechos de corrupción, dando curso a la impunidad, lo que en  definitiva estaría disminuyendo la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los  Estados Americanos.” De esta última, en la asamblea de la OEA de la semana pasada en Tiquipaya, elpresidente Morales ha pedido su refundación.

Fiel a la cautela con la que maneja sus decisiones, la cancillería brasileña no ha comentado, de inmediato, las declaraciones de los dos funcionarios, que se suman a las de parlamentarios del partido de gobierno, molestos con el paso dado por el vecino país. Para quienes conocen la forma cuidadosa con la que Brasil conduce sus relaciones diplomáticas, el silencio de su diplomacia a las protestas bolivianas puede tener muchos significados,  pero pocos podrían argüir que la decisión no fue debidamente calculada. En ese cálculo es muy probable que hubieran sido consideradas las reacciones airadas que se han escuchado desde el 8 de junio, cuando una escueta declaración en la página web de Itamaraty anunció que el asilo estaba concedido.

El  vicepresidente dijo que el senador asilado está “acusado de asesinato, como en el caso de las muertes de dirigentes indígenas en Pando por la masacre en el Porvenir; por otro lado está acusado por (de) delitos comunes, por daño económico al estado, por malos manejos de recursos públicos…no se le está acusando por su concepción de derecha”. Esa matanza, con más de una decena de víctimas, es uno de los episodios más controvertidos ocurridos bajo el  gobierno actual. Las declaraciones del vicepresidente están registradas este miércoles en la prensa de brasileña.

Por lo general, Brasil y todos los países signatarios de las convenciones de asilo, no juzgan el mérito de las acusaciones que pesan sobre aquellos a los que se beneficia con esa figura del derecho internacional. Suelen guiar sus decisiones por su propia y soberana evaluación respecto a las garantías que los países involucrados ofrecen de que tendrán un juicio justo quienes se consideran perseguidos o desamparados.

No parece probable que los reclamos bolivianos vayan a encontrar eco en las autoridades brasileñas. Podrían, más bien, afianzar la convicción de que la decisión que tomó su Consejo de Relaciones Exteriores fue correcta.