Jornada tensa del juicio del siglo

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El juez Sixto Fernández multó este martes con el equivalente a 1.500 dólares al abogado Otto Ritter, de la defensa del general Gary Prado Salmón, y estuvo cerca de dejar sin defensa propia al vencedor de las guerrillas de “Ché” Guevara al final de una jornada tensa del Juicio del Siglo.

El juez lució contradictorio al disponer la multa y al mismo tiempo apartar al abogado de su función defensora del general retirado y anunciar la designación de un defensor de oficio, sin percibir que otro abogado también estaba a cargo de la defensa del militar.

A instancias del defensor, Fernández precisó que Ritter podría retomar su labor en la defensa este mismo miércoles, una vez pagada la multa de 9.900 bolivianos, el equivalente al sueldo mensual de un juez técnico.

La jornada fue tensa desde la mañana, cuando gran parte del tiempo disponible fue ocupada por la lectura del poder de cuatro nuevos abogados del gobierno, que se suman a la batería ofensiva oficial en el proceso que conlleva acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. A la sesión matutina siguió en la tarde otra  ronda de lectura de documentos: el inventario de las pruebas del gobierno contra los 39 acusados. Parte de la jornada vespertina fue también ocupada por la lectura de números telefónicos de diversos extractos relacionados con el caso.

La actitud severa del juez sobrevino un día después que el Vicepresidente y Presidente encargado Álvaro García calificase como “vergonzosa” la demora del proceso, que se arrastra por más de cuatro años, y asegurase que el supuesto plan separatista cuya dirección es atribuida al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en la incursión armada al Hotel Las Américas en 2009, era el más peligroso que había enfrentado Bolivia.

Casi al final de la jornada, el tribunal dio curso a la demanda de los abogados del gobierno en contra de Ritter y del general retirado. Ritter fue acusado de abandonar maliciosamente la sesión el viernes pasado y reclamar que los jurados, incluso su presidente, cediesen sus funciones a un juez de Santa Cruz porque, en la interpretación que hizo el abogado de una decisión del Tribunal Constitucional, todo cuanto dispuso el tribunal desde las audiencias en Tarija, el año pasado, careció de base legal.

El juez dijo que tomaba nota de la protesta de la acusación por el abandono temporal de la audiencia por parte de Prado Salmón y de su pedido para que se le decrete prisión.  El abandono fue temporal, pues tanto el general como su defensor estaban de vuelta en la sala de audiencias el lunes.

“Explíqueme”,   pidió Ritter al juez al decirle que no entendía por qué se lo apartaba de la labor defensiva y a la vez se lo multaba.  Planteó que se decidiese una cosa o la otra. El juez pareció percibir la contradicción y le dijo que debía pagar la multa. Luego, a instancias del abogado, precisó el valor.

El juez dijo que al Tribunal Constitucional le correspondería aclarar si la decisión, que anuló la declaratoria en rebeldía de Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija, tenía efecto dominó a partir de las audiencias en esa ciudad, desde octubre pasado.

El mismo planteamiento para anular todo lo hecho desde entonces había venido del abogado José Hoffman, del ex presidente de COTAS Ronald Castedo, quien acusa al tribunal de atentar contra su vida al haberlo obligado a ir a Tarija contra la recomendación de sus médicos. Un infarto sufrido por Castedo fines del año pasado obligó a suspender las audiencias en aquella ciudad.

El juez dijo que el tribunal había cuidado de la salud de Castedo al traer las audiencias a Santa Cruz, anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso cambiar de sede.

El problema, causante de un acentuado debate, era que la decisión del TC fue emitida en noviembre, antes que el tribunal del caso dispusiese traer las audiencias a Santa Cruz, y conocida hace sólo unos días.