Pruebas

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

Jornada tensa del juicio del siglo

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Versión ampliada

El juez Sixto Fernández multó este martes con el equivalente a 1.500 dólares al abogado Otto Ritter, de la defensa del general Gary Prado Salmón, y estuvo cerca de dejar sin defensa propia al vencedor de las guerrillas de “Ché” Guevara al final de una jornada tensa del Juicio del Siglo.

El juez lució contradictorio al disponer la multa y al mismo tiempo apartar al abogado de su función defensora del general retirado y anunciar la designación de un defensor de oficio, sin percibir que otro abogado también estaba a cargo de la defensa del militar.

A instancias del defensor, Fernández precisó que Ritter podría retomar su labor en la defensa este mismo miércoles, una vez pagada la multa de 9.900 bolivianos, el equivalente al sueldo mensual de un juez técnico.

La jornada fue tensa desde la mañana, cuando gran parte del tiempo disponible fue ocupada por la lectura del poder de cuatro nuevos abogados del gobierno, que se suman a la batería ofensiva oficial en el proceso que conlleva acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. A la sesión matutina siguió en la tarde otra  ronda de lectura de documentos: el inventario de las pruebas del gobierno contra los 39 acusados. Parte de la jornada vespertina fue también ocupada por la lectura de números telefónicos de diversos extractos relacionados con el caso.

La actitud severa del juez sobrevino un día después que el Vicepresidente y Presidente encargado Álvaro García calificase como “vergonzosa” la demora del proceso, que se arrastra por más de cuatro años, y asegurase que el supuesto plan separatista cuya dirección es atribuida al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en la incursión armada al Hotel Las Américas en 2009, era el más peligroso que había enfrentado Bolivia.

Casi al final de la jornada, el tribunal dio curso a la demanda de los abogados del gobierno en contra de Ritter y del general retirado. Ritter fue acusado de abandonar maliciosamente la sesión el viernes pasado y reclamar que los jurados, incluso su presidente, cediesen sus funciones a un juez de Santa Cruz porque, en la interpretación que hizo el abogado de una decisión del Tribunal Constitucional, todo cuanto dispuso el tribunal desde las audiencias en Tarija, el año pasado, careció de base legal.

El juez dijo que tomaba nota de la protesta de la acusación por el abandono temporal de la audiencia por parte de Prado Salmón y de su pedido para que se le decrete prisión.  El abandono fue temporal, pues tanto el general como su defensor estaban de vuelta en la sala de audiencias el lunes.

“Explíqueme”,   pidió Ritter al juez al decirle que no entendía por qué se lo apartaba de la labor defensiva y a la vez se lo multaba.  Planteó que se decidiese una cosa o la otra. El juez pareció percibir la contradicción y le dijo que debía pagar la multa. Luego, a instancias del abogado, precisó el valor.

El juez dijo que al Tribunal Constitucional le correspondería aclarar si la decisión, que anuló la declaratoria en rebeldía de Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija, tenía efecto dominó a partir de las audiencias en esa ciudad, desde octubre pasado.

El mismo planteamiento para anular todo lo hecho desde entonces había venido del abogado José Hoffman, del ex presidente de COTAS Ronald Castedo, quien acusa al tribunal de atentar contra su vida al haberlo obligado a ir a Tarija contra la recomendación de sus médicos. Un infarto sufrido por Castedo fines del año pasado obligó a suspender las audiencias en aquella ciudad.

El juez dijo que el tribunal había cuidado de la salud de Castedo al traer las audiencias a Santa Cruz, anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso cambiar de sede.

El problema, causante de un acentuado debate, era que la decisión del TC fue emitida en noviembre, antes que el tribunal del caso dispusiese traer las audiencias a Santa Cruz, y conocida hace sólo unos días.

¿Kaput?

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Para este lunes está prevista la lectura del inventario de pruebas en el hasta ahora llamado “caso terrorismo”, en Santa Cruz, y la comparecencia en La Paz del fiscal hasta hoy desaparecido Marcelo Soza Álvarez para declarar sobre el audio que se le atribuye en el que supuestamente formula revelaciones peligrosas para la cúpula del gobierno en torno a aquel y otros episodios. Por casualidad, los dos eventos ocurrirán en una jornada que en muchos países es el día de la mentira (en el nuestro es el 28 de diciembre).
Dos pericias técnicas respetables (una brasileña y otra española) aseguran que la voz que se escucha en el audio corresponde al Dr. Soza, el fiscal más poderoso de Bolivia hasta el 16 de marzo, el día en que públicamente no se supo más de él. Han pasado dos semanas y está anunciada por la senadora Carmen Eva Gonzáles un segundo audio, “más grave” que el ya conocido por un gran número de bolivianos. Entrevistada por John Arandia, de Cadena A, la senadora dijo que esperaría unos días para dar a conocer el nuevo video, aunque a estas alturas cada día son menos los que aún dudan de la autenticidad del ya conocido.

El margen de maniobra del fiscal luce muy escaso este final de marzo.
La tesis sostenida por el fiscal es cada hora que pasa más endeble. Su desaparición del escenario público le ha propinado el que puede ser el golpe de gracia final. No quería que las audiencias de caso que presidía se desarrollasen en Santa Cruz alegando que su vida y la de los fiscales del gobierno corrían peligro. La normalidad de las audiencias lo ha desmentido.

Su comparecencia y las declaraciones que pudiere formular mantendrán la atención de gran parte del país. Lo mismo ocurrirá con la lectura del informe sobre las pruebas en las que se ha basado todo el caso que empezó hace cuatro años.
La ronda sólo será el comienzo de otra que deberá determinar cuán ciertas son las afirmaciones que se escuchan en la grabación.

Juicio del Siglo: ¿Dónde están las pruebas?

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En segundo párrafo aclara significado de palabra “bermutato”

El juez y los jurados que presiden “el juicio del siglo” se enfrentaron el martes a preguntas inquisidoras de los acusados en torno a las pruebas de los que depende una sentencia de condena o de libertad en el juicio que desde el mes pasado tiene por sede a Santa Cruz.
El general Gary Prado Salmón reclamó la presentación material de un documento con un nombre extraño que habría preparado y enviado a Eduardo Rózsa Flores para desencadenar una guerra separatista en Bolivia, o que, alternativamente, habría sido misteriosamente elaborado por el “combatiente de los Balcanes” bajo el nombre de “Bermutato” cuando estaba ya muerto.El documento es mencionado en la acusación del fiscal Marcelo Soza, pero Prado asegura que nunca lo vio, pese a haberlo reclamado cuando las audiencias pasaron de Cochabamba a Yacuiba y sus condiciones de salud le permitieron asistir a las sesiones en la ciudad tarijeña. El martes volvió a reclamarlo: “Quiero que me lo muestren”, exclamó. El documento continúa siendo un misterio pero es fundamental en la acusación contra el general retirado, ex embajador en Inglaterra y México y vencedor de la guerrilla que dirigía Ernesto “Ché” Guevara en las selvas del sudeste boliviano. El miércoles, el rumano Elod Tóásó aclaró parte del misterio: En húngaro, la palabra significa “Presentación”. Prado Salmón se mostró sorprendido, pues nunca tuvo, dijo, el más elemental conocimiento de la lengua magyar, menos aún para titular un documento.

Para Juan Carlos Guedes Bruno, la fuente de preocupación es menos misteriosa y más material pero parece igualmente intrigante: ¿Cuál es la pistola ametralladora de nueve milímetros que la acusación le atribuye haber tenido y que serviría para llevar a cabo el alzamiento armado, una de las sindicaciones de las que debe defenderse, junto a las de terrorismo, magnicidio y separatismo? El arma que le presentaron era, en sus palabras, “una pieza mugrienta” que supuestamente había vendido a Eduardo Rózsa Flores sin caserinas, y cuyo registro no corresponde al que menciona el expediente, un arma completa y moderna.
Gelaffio Santisteban, joven militar que era parte de las compañías bolivianas empleadas por la ONU en misiones de paz, tiene un reclamo diferente: en el expediente figura una declaración sin su firma, pero sí con la del fiscal que atendía el caso en sus etapas iniciales, hace casi cuatro años. Ese documento puede sellar su destino en el juicio.
Las fallas fueron inicialmente listadas por la abogada Verónica Suárez, al solicitar la nulidad del juicio por defectos absolutos en la compilación, organización, secuencia y autenticidad del expediente.
El fiscal Soza dijo el martes que esas fallas eran “subsanables”. La abogada, en una consulta que le hice en el Palacio Judicial, concordó pero agregó: “Subsanables en parte”, pues según su apreciación “más de la mitad del expediente es defectuoso”. “Se puede corregir la numeración pero ¿cómo explicar la desaparición de páginas, o la ausencia de notas de citación originales a los acusados?”
El juez Sixto Fernández declaró que “las pruebas son la base del juicio” y dispuso un inventario de todas las evidencias presentadas por la acusación y los descargos de los acusados. Los abogados de la defensa, que teme que los elementos puedan haberse dañado con el traslado de sede del juicio de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Yacuiba y Tarija para, finalmente, aterrizar en Santa Cruz, recalcaron que todas las pruebas debían haber sido individualizadas y luego colocadas bajo resguardo.
El abogado Sergio Céspedes, del Ministerio de Gobierno, dijo que el reclamo de la defensa era una muestra de cómo el proceso sufría interferencias que lo habían dilatado. En abril serán cuatro años del caso, que partió de la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz.

Juicio del siglo: las pruebas destruidas

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El público que sigue las incidencias del Juicio del Siglo que se celebra desde el mes pasado en Santa Cruz aspira a conocer las otras pruebas tiene el fiscal Marcelo Soza sobre los planes terroristas, separatistas,  magnicidas y alzamiento armado que atribuye al grupo que encabezaba Eduardo Rózsa Flores.

Reviso mis archivos y encuentro que en abril del anteaño pasado, cuando comenzó el juicio oral en Cochabamba,  el fiscal dijo que los explosivos que supuestamente tenía el grupo fueron destruidos. El fiscal afirmó que los explosivos fueron destruidos “a solicitud del departamento de bomberos” debido, afirmó,  a “la peligrosidad que…implicaba tenerlos” pues “no podían estar resguardados en la Fiscalía ni en otro  lugar”.

No hubo información que yo conozca sobre si la orden para destruirlas fue impartida por el juez ni quiénes atestiguaron la destrucción. En su tiempo, hace casi dos años, el entonces fiscal general Mario Uribe criticó la decisión y dijo que la medida debía haber sido previamente comunicada al juez del proceso y a las partes. Quedarían otras pruebas que, asumo, deberían ser presentadas durante la serie de audiencias en curso.

El juicio debe reiniciarse este lunes, luego de un intervalo de diez días.