Tensión.

Una elección no elección

Posted on Actualizado enn

El TSE se encamina a presidir una elección en la que no habrá elección. Esta extraña figura costará a los bolsillos de los contribuyentes la bicoca de casi 27 millones de bolivianos, suma es equivalente al costo de cinco hospitales equipados, capaces de attender las necesidades de salud de otras tantas áreas rurales y urbanas. Contra el gasto ha tomado cuerpo un movimiento de resistencia que demanda la cancelación de esa elección, pues luce como una manera escondida de dar legitimidad a la candidatura del presidente Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García, vetada por el referendum del 21 de febrero de 2016.

A la voluntad de ese referendum, que cerró la posibilidad legal de que Morales se candidatee por cuarta vez, el partido del gobierno interpuso un fallo del Tribunal Constitucional, que declaró válida la re-re-re candidatura en base al argumento de que prohibir las candidaturas repetidas sería atentar contra un original derecho humano de esas autoridades a reelegirse indefinidamente. El argumento es visto por como una mofa cruel que curiosamente coincide con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este 10 de diciembre.

Al cerrarse las inscripciones el miércoles, las organizaciones registradas (nueve) tenían solo un binomio con lo cual las primarias quedaron en entredicho. ¨Por definición, con una sola formula no hay elección pues al elector no se le presentan opciones¨, dijo José Antonio Quiroga, politólogo y dirigente en el frente Comunidad Ciudadana que postula al ex presidente Carlos Mesa.  ¨Para  poder elegir debe dársele al elector siquiera dos opciones¨.

Dar curso a esa noción equivale a aceptar el sistema que aún rige en Cuba y en los que presidía la ex Unión Soviética. ¿Hay elecciones genuinamente pluralistas en Cuba, con más de una opción, o las hubo en la difunta URSS?

Freddy Terrazas, Jefe Nacional de Acción Democrática Nacionalista (ADN) es más radical: ¨Esta elección (prevista para el 27 de enero) debe abortar, pues no tiene ninguna razón de ser¨.

No hay opiniones discrepantes en las filas opositoras que,pese a prepararse a desgano para concurrir a ratificar al único binomio que tienen inscrito, ven la elección con sospecha. ¨El referendum del 21 de febrero fue un mandato supremo que no debe ser siquiera discutido¨, agregó Terrazas.Ese referendum rechazó la posibilidad de modificar el artículo 168 de la constitución actual que prohibe las re-re-re consecutivas que pretende el partido de gobierno.

Los estudiosos recalcan que ofrecer siquiera dos opciones expresa un principio de la libertad humana que, para manifestarse, requiere de cuando menos dos posibilidades. Una elección sin opciones anunciaría una abstención masiva de la ciudadanía.

El Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, decidió el viernes ignorar presiones y reiteró que las primarias tendrán lugar y asumió la responsabilidad por la participación del binomio gubernamental Morales-García en las primarias de enero. Los que concurran a esas primarias irán a sancionar la designación de candidatos previamente escogidos en una versión actualizada del  ¨se le mete nomás¨, el mantra del  presidente.

Con los regímenes que militan en el Socialismo del Siglo XXI (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia) en declinación,  perder una elección representa un peligro existencial para todo el bloque. La pérdida de elecciones en Argentina, Paraguay, Chile,Ecuador y Brasil, lo ha restringido a la mínima expresión. Eso, para muchos analistas, explica la resistencia que ofrecen los regímenes sobrevivientes para ceder cualquier nuevo espacio a sus adversarios.

La perspectiva inmediata es de tensión progresiva del ambiente político.

La frontera caliente

Posted on

Una de las fronteras latinoamericanas más dinámicas, con un intercambio comercial de más de 1.000 millones de dólares anuales hasta el año pasado, se ha convertido  en uno de los focos más tensos de la región, con una escalada cuyo desenlace luce imprevisible. Tras el fracaso de las cancilleres de Colombia y Venezuela en conseguir una distensión, los dos países han llamado a sus embajadores y ahora crece la presión sobre Unasur, la organización regional fundada en 2008 que excluye a Centroamérica, México y el Caribe, con predominio de naciones con regímenes enlazados por la izquierda del Siglo XXI. Colombia y Perú, eran entonces islas políticas circundadas por vecinos izquierdistas. La capacidad de la organización para apagar la beligerancia está ante su mayor prueba. Si no logra apaciguar a dos fundadores, ¿en qué queda su misión integradora?

El origen próximo de la tensión fue un choque violento entre bandas de narcotraficantes con mandos atribuidos a jefes venezolanos de la policía y la Fuerzas Armadas. Tres militares y un civil resultaron heridos, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera, el comercio fronterizo se desplomó y la tensión se disparó.

No es la primera vez que las tensiones bilaterales alcanzan altas temperatura. Años antes de ir al exilio arrollado por una  insurrección civil-militar, Marcos Pérez Jiménez comandó una operación naval y plantó soberanía venezolana sobre un conjunto de islotes a la entrada del Golfo de Venezuela, escenario de una disputa territorial con Colombia. Casi 40 años después, los ejércitos de los dos países se movilizaron en pie de guerra por el incidente que causó una corbeta que se posicionó en el golfo. Un submarino venezolano fue colocado debajo de la corbeta y el presidente venezolano Jaime Lusinchi llamó a su colega colombiano Virgilio Barco. ¨Ordenas que se vaya o te la hundo¨, dijo a su interlocutor el gobernante social-demócrata.

Esos términos los narró Lusinchi a un corresponsal durante una conversación en una recepción. En las tensas negociaciones fue clave un personaje esencial de la democracia venezolana: Simón Alberto Consalvi, amigo de Bolivia y de sus luchas democráticas fallecido hace un par de años.

Venezuela movilizó 100.000 hombres y Colombia otro tanto. Hubo un ultimátum de 24 horas de Caracas a Bogotá y el belicismo se apoderó de las cancillerías de los dos países. Predominó la cordura y Barco ordenó el repliegue de la corbeta, sobre la que con frecuencia sobrevolaban F-16 venezolanos, los más modernos caza-bombarderos de la época en América Latina. Venezuela acababa de comprar de Estados Unidos 24 unidades al contado, en una operación estimada en 2.000 millones de dólares.

Nunca se supo claramente la intención del gobierno colombiano, pero el incidente ratificó una constante básica de la política venezolana: contar con poder disuasivo sobre Colombia y librar una guerra con posibilidades militares de ganar al hermano siamés del que se separó en 1830, cuando ambos formaban La Gran Colombia que había creado Bolívar.

Con la economía venezolana en aprietos desconocidos en el país asentado sobre las reservas petrolíferas más abundantes del mundo, es una incógnita determinar hasta qué punto Nicolás Maduro podrá escalar las tensiones con su vecino Juan Manuel Santos, a tres meses de elecciones legislativas que pueden hacer tambalear su régimen.

Pero con certeza están lejanos los días de exuberancia cuando Venezuela ordenaba compras militares que hacían aguar la boca de sus vecinos. Si esta realidad puede contribuir a enfriar la frontera, o calentarla más bajo cálculos políticos ante el descontento creciente de los venezolanos con su régimen, es otra incógnita.

Jornada tensa del juicio del siglo

Posted on Actualizado enn

Versión ampliada

El juez Sixto Fernández multó este martes con el equivalente a 1.500 dólares al abogado Otto Ritter, de la defensa del general Gary Prado Salmón, y estuvo cerca de dejar sin defensa propia al vencedor de las guerrillas de “Ché” Guevara al final de una jornada tensa del Juicio del Siglo.

El juez lució contradictorio al disponer la multa y al mismo tiempo apartar al abogado de su función defensora del general retirado y anunciar la designación de un defensor de oficio, sin percibir que otro abogado también estaba a cargo de la defensa del militar.

A instancias del defensor, Fernández precisó que Ritter podría retomar su labor en la defensa este mismo miércoles, una vez pagada la multa de 9.900 bolivianos, el equivalente al sueldo mensual de un juez técnico.

La jornada fue tensa desde la mañana, cuando gran parte del tiempo disponible fue ocupada por la lectura del poder de cuatro nuevos abogados del gobierno, que se suman a la batería ofensiva oficial en el proceso que conlleva acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. A la sesión matutina siguió en la tarde otra  ronda de lectura de documentos: el inventario de las pruebas del gobierno contra los 39 acusados. Parte de la jornada vespertina fue también ocupada por la lectura de números telefónicos de diversos extractos relacionados con el caso.

La actitud severa del juez sobrevino un día después que el Vicepresidente y Presidente encargado Álvaro García calificase como “vergonzosa” la demora del proceso, que se arrastra por más de cuatro años, y asegurase que el supuesto plan separatista cuya dirección es atribuida al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en la incursión armada al Hotel Las Américas en 2009, era el más peligroso que había enfrentado Bolivia.

Casi al final de la jornada, el tribunal dio curso a la demanda de los abogados del gobierno en contra de Ritter y del general retirado. Ritter fue acusado de abandonar maliciosamente la sesión el viernes pasado y reclamar que los jurados, incluso su presidente, cediesen sus funciones a un juez de Santa Cruz porque, en la interpretación que hizo el abogado de una decisión del Tribunal Constitucional, todo cuanto dispuso el tribunal desde las audiencias en Tarija, el año pasado, careció de base legal.

El juez dijo que tomaba nota de la protesta de la acusación por el abandono temporal de la audiencia por parte de Prado Salmón y de su pedido para que se le decrete prisión.  El abandono fue temporal, pues tanto el general como su defensor estaban de vuelta en la sala de audiencias el lunes.

“Explíqueme”,   pidió Ritter al juez al decirle que no entendía por qué se lo apartaba de la labor defensiva y a la vez se lo multaba.  Planteó que se decidiese una cosa o la otra. El juez pareció percibir la contradicción y le dijo que debía pagar la multa. Luego, a instancias del abogado, precisó el valor.

El juez dijo que al Tribunal Constitucional le correspondería aclarar si la decisión, que anuló la declaratoria en rebeldía de Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija, tenía efecto dominó a partir de las audiencias en esa ciudad, desde octubre pasado.

El mismo planteamiento para anular todo lo hecho desde entonces había venido del abogado José Hoffman, del ex presidente de COTAS Ronald Castedo, quien acusa al tribunal de atentar contra su vida al haberlo obligado a ir a Tarija contra la recomendación de sus médicos. Un infarto sufrido por Castedo fines del año pasado obligó a suspender las audiencias en aquella ciudad.

El juez dijo que el tribunal había cuidado de la salud de Castedo al traer las audiencias a Santa Cruz, anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso cambiar de sede.

El problema, causante de un acentuado debate, era que la decisión del TC fue emitida en noviembre, antes que el tribunal del caso dispusiese traer las audiencias a Santa Cruz, y conocida hace sólo unos días.