Gritos de Venezuela

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Para esta semana está prevista una reunión del Grupo de Lima, compuesto por 12 naciones de la region aferradas a la esperanza cada vez más tenue de alcanzar una solución menos violenta para las tribulaciones de Venezuela. Es un nuevo esfuerzo para desatornillar a Nicolás Maduro y al Socialismo del Siglo XXI del poder al que tienen sometida a la patria de Bolivar desde hace dos décadas. Nunca un país ha sufrido tantas penurias en tiempos modernos ni ha quedado tan a la vista el fracaso cruel de una ideología que intentó igualar a una sociedad a costa de ¨desigualar¨ a todos, salvo a la exigua cúpula gobernante que creció hasta volverse rectora implacable de los destinos de los venezolanos.

No se espera gran cosa de la cita de los doce países, entre los cuales no milita Bolivia, cuyos gobernantes son aliados de Maduro y su régimen. La cita, sin embargo, puede parecer parte de un réquiem para las izquierdas marxistas que encumbraron a Hugo Chávez y a Maduro. Son muchos los observadores convencidos que, acabado el régimen venezolano, pasarán muchas décadas antes de que vuelva a surgir un fenómeno politico similar, si es que resurge alguna vez, como el encarnado por ese tipo de socialismo.  En ese diagnóstico está gran parte de la explicación para la obstinación de los socialistas del Siglo XXI por aferrarse del poder con dientes y uñas, pues la caída de Maduro puede catapultar la de otros regímenes. Razonando ¨en grande¨, Bolivia, incómoda con la ruta siniestra que ha seguido el vecino venezolano, quedaría sin referencia alguna en el continente, Nicaragua perdería el apoyo todavía substancioso que le brinda el petróleo venezolano, y Cuba se vería privada del puntal económico que le ha permitido resistir la hostilidad de Estados Unidos. China, Rusia e Irán podrían concluir que sus esfuerzos por mantener a flote a Maduro han sido insuficientes ante el descalabro que quisieron ayudar a evitar.

Los últimos tres años han puesto al descubierto la escala del desastre. Personas disputando con los perros los desechos de la basura, hospitales  sin medicinas ni aparejos médicos, estantes vacíos de los supermercados, hileras de amas de casa para comprar cualquier alimento,  electricidad inexistente en muchos lugares del país que veinte años antes desbordaba de energía, una diáspora de al menos cuatro millones de personas que han salido del país, una hiperinflación indetenible, para Venezuela se han agotado los términos capaces de describir penurias en masa.

Este lunes, se conmemorarán 60 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, quien rigió Venezuela con mano de hierro de 1948 a 1958. Una fracción del ejército se rebeló con un movimiento que incendió los ánimos reprimidos de la población y en poco tiempo el dictador estaba en fuga rumbo a España, donde murió años después. El aniversario era recordado con festejos en toda Venezuela, orgullosa de haber puesto fin a la dictadura e instaurado un régimen de libertades democráticas que anunciaba, por fin, el advenimiento de una sociedad moderna. La fecha pasa desapercibida, a la sombra del régimen a cargo de Maduro.

Algunos no la olvidan. La efusiva coordinadora de Vénte Venezuela, María Corina Machado, ha anunciado en Caracas tributos públicos a la gesta de hace seis décadas. No será fácil que los encuentros que se realizan en República Dominicana ignoren la fecha ni los clamores manifiestos en Venezuela por un cambio.

La truculencia que ahora caracteriza al régimen sumó una página más, con la ejecución de Oscar Alberto Pérez, el ex funcionario policial alzado en armas contra Maduro.  Transcurrida una semana del episodio, en el que Pérez y otros compañeros fueron abatidos por la Guardia Nacional que los había cercado y que ignoró la rendición de los alzados, el gobierno mezquinaba la entrega de los restos.  Al concluir la semana, el régimen pretendía ignorar el repudio que concitó su manejo del episodio.

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Días para cambiar rumbos

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Anotaciones en torno al paro regional de Santa Cruz. Las barreras instaladas en las arterias viales más importantes de la ciudad empezaron a ser levantadas al anochecer del viernes, en la culminación de dos jornadas intensas capaces de llevar al Presidente Evo Morales a rediseñar su hoja de ruta para la carrera que deberá desembocar en las elecciones presidenciales de finales del próximo año. Al llamado de un corredor ante las cámaras que transmitían la llegada de los corredores del Dakar a La Paz, se sumó el viernes un movimiento cívico que convirtió a la mayor ciudad boliviana en una urbe paralizada al influjo del reclamo para que el Presidente desista de buscar un cuarto período de gobierno y derogue el nuevo código penal que ha crispado los nervios de gran parte del  país.  Que se tenga memoria, muy pocas veces la ciudad se detuvo como el viernes.

El paro estuvo precedido por la sorpresa que representó el llamado casi suplicante del piloto cruceño Leonardo Martínez en la carrera del Dakar para que el presidente abandone sus pretensiones reelecionistas y respete las reglas de la CPE en contra de re-re-reelegir a las autoridades. El pedido del deportista al culminar la etapa de ingreso a Bolivia desde Perú, conmovió los ambientes políticos del país y llegó a playas extranjeras, donde el presidente conserva simpatía de tendencias izquierdistas influyentes que no habría querido perjudicar por un episodio impredecible. Para muchos de los noticieros televisivos la noticia fue imperdible.

Las primeras reacciones fueron intentos fugaces de descalificación del corredor, cuyas palabras habían sido recibidas con Ia mirada incrédula del presidente y una media sonrisa del vicepresidente que pareció congelarse en cuanto percibió la avalancha que se venía. El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, les restó importancia diciendo que al gobierno le habrían importado las palabras del corredor si hubiesen provenido de ¨Chavo¨ Salvatierra o Walter Nosiglia, ¨que son los mejores¨. La declaración lució destemplada y no tuvo, de inmediato, mayor impacto.

La magnitud del ruego público de Martínez, ante las cámaras de la TV oficial en cadena deportiva mundial,  aún estaba bajo evaluación cuando, pocas horas después, a partir de la medianoche, comenzó un paro de todo Santa Cruz en protesta contra el nuevo Código Penal y contra la reelección indefinida del Presidente Morales. El paro fue compacto, con algunas excepciones en zonas populares como el Plan 3.000 y Villa Primero de Mayo, reductos tradicionales del gobierno, donde negocios de pulpería estuvieron relativamente activos en la mañana.

La disciplina con la que el paro fue acatado representó la demostración regional pacífica más contundente contra la reelección y el conflictivo Código Penal. Brigadas de jóvenes se instalaron desde el amanecer sobre las principales rotondas de la ciudad y cerraron el paso al escaso transporte que se asomaba por las avenidas. La mayoría de los vecinos se prodigó en darles asistencia con café al amanecer y meriendas al mediodía. El espectáculo que ofrecían muchos bloqueadores era de día campestre. Los asistía también el Comité Cívico pro Santa Cruz que, con el paro y la coordinación con todas las entidades que lo conforman para que fuese exitoso, retornó a sus días memorables de resistencia a las autoridades del gobierno.

En Santa Cruz la noche del viernes prevalecía la impresión de que la región había retomado iniciativas exitosas que ayudarían a tomar rumbos en el país. Para el martes está previsto un paro regional en Cochabamba, y luego en otros departamentos, dentro de un cronograma aún no definido que podría desembocar en un paro nacional.

 

Las aguas siguen turbias

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La crisis desencadenada por la huelga de los médicos ha intensificado desconfianzas y rivalidades en la alta cúpula del gobierno, persistentes al comenzar esta semana y solo recubiertas por el propio conflicto y sus derivaciones, aseguran quienes observan de cerca lo que ocurre en los círculos gubernamentales. La espiral de tensiones de las últimas ocho semanas anticipaba nuevos sismos politicos antes que el régimen conmemore 12 años dentro de pocos días. Los analistas concuerdan en que los desencuentros en las filas gubernamentales podrían manifestarse en la recomposición del cuerpo ministerial, en momentos en que el presidente Morales se enfrenta a una oposición creciente a su proyecto de reelegirse y gobernar al menos veinte años, hasta 2025. Sería uno de los períodos de gobierno más extensos de la historia del hemisferio.

Un punto de fricción aún no resuelto, dicen los analistas, sería señalar al principal responsable de la crisis que estalló con el Código Penal, aprobado con mansedumbre pia por los legisladores. La cuenta ha resultado abultada y la pregunta insistente estos días era quién o quiénes la pagarían. Algunos analistas señalaban que no podría eximirse de la cuenta el Vicepresidente García, por la promulgación, pese a la oposición manifiesta de los médicos, de la ley que puso en vigencia el nuevo código, probablemente la legislación más controvertida de los tiempos democráticos bolivianos. En la misma línea de fuego estarían las cabezas del Senado, Alberto González, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ambos personajes destacados del gobierno y cualquier desplazamiento de ellos entrañaría una amputación para el régimen. Bajo la presidencia de ambos se encaminó raudo el proyecto sin que hubiera habido, que se conozca, un debate detallado de cada uno de los 680 artículos. De no menos magnitud sería la participación del Ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debió estar entre quienes plantearon, analizaron y revisaron el documento y dieron curso a su aprobación. La misma responsabilidad es atribuida al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso equivaldría, al decir de un analista, a la cabeza, el tronco y las extremidades del gobierno, un conjunto del que no se podría separar al propio presidente Morales. El nuevo código ha resultado un fiasco gigante, demasiado costoso como para apuntar a algún triunfador. ¿A cuál de los personajes atribuirle la responsabilidad?

Una cuota de responsabilidad también tendrían los legisladores de oposición, que no denunciaron con oportunidad el contenido del documento. Una conclusión sombría entre los analistas sería que el documento no fue leído, ni se tuvo el cuidado de examinarlo. Pero algo más: como ocurre con frecuencia en la historia política del país y de muchos otros, el episodio evidencia lo nocivo que resultan legislaturas con amplia mayoría de alcances limitados y obediencia ovejuna.

Fue por acción de los internautas que poco a poco la cebolla que representa el nuevo código está siendo deshojada. Cada lámina ha sido una revelación. Casi todos los sectores tenían algún punto para reclamar.  Se descubrió que han sido eliminados artículos importantes de la ley 1008, la norma legal para combatir el tráfico de cocaína.  También resultó que desaparecían artículos fundamentales anticorrupción de la ley designada como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por supuesto, la libertad de prensa estaba también amenazada. La ANP hizo resonar su protesta, lo propio los gremios periodísticos. En pocos días, casi todo el mundo tenia alguna razón para sentirse amenazado. Las iglesias evangélicas se declararon en emergencia porque la nueva ley ensombrecía el trabajo pastoral. El Código se deslizaba hacia el ridículo pues podría obstaculizar las contribuciones, fuente vital de sustentación financiera para las iglesias.  La Iglesia Católica observó una docena de artículos contrapuestos a una sociedad que aspira a ser justa y solidaria e invocó al gobierno a tener  la  ¨sabiduría¨ de abrogar todo el Código. Los ganaderos del Beni explicaban que bajo la nueva norma, el abigeato tendría garantizada parte del delito. En la explicación de un ganadero, cinco abigeatistas podrían robar cada uno una cabeza y no serían perseguidos por la ley, que solo castigaría el robo a partir de la segunda cabeza, en tanto que sí podrían asociarse y formar una empresa ganadera con las cabezas robadas.  Igual medida se aplicaría a substancias como la cocaína y la pasta de cocaína cuya posesión punible será ejercitada a partir de un kilogramo por persona. El cupo arbitrario permitiría a una sola persona tener droga suficiente para alegrar toda una fiesta precarnavalera de 4.000 participantes. Los que aún defienden la nueva norma prefirieron evitar las palestras, abrumados por las críticas.

Por inverosímil que pueda parecer, el autor del trabajo que derivó en el nuevo código fue un especialista que trabajó en el Legislativo para el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó en su pizarra de Facebook esta semana el ex prefecto de Santa Cruz Francisco Aróstegui.

Al empezar la semana en curso, el gobierno había dispuesto -y las cámaras legislativas habían dado curso- la abrogación del artículo 205, uno de los más controvertidos y origen de la huelga médica, lo mismo que el 137 que los transportistas objetaban. El gobierno no cedía a la pretensión de los otros sectores que tomaron la posta de los médicos cuando éstos, con sus representación de La Paz, firmaron un acuerdo con el gobierno. Aún estaba en discusión la suspension de descuentos por las siete semanas del paro en su version nacional.

El conflicto entró como un huracán en los planes del presidente para reorganizar su equipo ministerial y las apuestas eran múltiples en torno a quiénes se irían como sacrificados por el turbión del Código Penal y quiénes los reemplazarían. En ese torbellino aparecían nombres de la vieja guardia masista, algunos en misiones diplomáticas y otros apartados de la actividad política.

El sábado y el domingo fueron días inquietos para los conductors de motorizados en gran parte del pais. Las ciudades del eje central (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz) tuvieron enormes hileras de vehículos en los puestos de gasolina. YPFB logró movilizar suficiente combustible para apagar la sed momentánea y hacia el lunes las hileras habían desaparecido.  Pero los transportistas, alarmados por las penalidades del Código hacia responsables de accidentes y de contrabando ingresaron a  un paro junto a otros sectores, todos unidos en torno a un nuevo mantra: derogar todo el Código. La atmósfera fue auspiciosa para los vendedores de libros en la calle: el texto de la nueva norma fue descargado de la red por algunos emprendedores y en los kioskos callejeros se lo vendía en 20 bolivianos.  En pocos días el precio había subido a 25 bolivianos.

El gremio periodístico también entró en ¨emergencia¨, una declaratoria de estado de apronte, hasta hoy no había una medida concreta para lograr la modificación o abrogación de tres artículos, del 309 al 311, que la Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones de periodistas consideraban amenazantes para la libertad informativa.

Hasta este jueves, la población de Pailas, al norte de Santa Cruz, había ganado atención nacional, por persistentes tentativas de bloqueo que la policía combatía con fuego profuso de gases lacrimógenos.  Los arrestados en la semana eran una docena en la semana, que se sumaban a la muerte de una joven asfixiada por los gases lacrimógenos días antes.

Bajo el alboroto, no causaron mayor impresión las alegatos del presidente de que el conflicto era un intento de ¨sacarlo¨ del gobierno. Como el cuento de viene el lobo, sus denuncias no registraron impacto. Más bien, Santa Cruz se preparaba para una prueba de fuerza contra el gobierno, con un paro general de 24 horas previsto para el viernes. Con sus instituciones por lo general poco beligerantes, esta vez Santa Cruz marchaba hacia una prueba de fuerza con el gobierno.

Estado de guerra

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La guerra del gobierno con los médicos ha desnudado realidades hasta ahora no evidentes pero que en la crisis en curso juegan un papel destacado y servirán de base para entender dificultades del futuro inmediato.

La primera realidad, en la que la mayoría de los analistas concuerda, es que el miedo se ha desvanecido, o no existe más en la medida de hace poco tiempo. La sociedad no tiene reparos en manifestarse contra las autoridades nacionales cuando siente que sus intereses democráticos están amenazados y sus actores emergen dispuestos a pagar el precio que conlleva su lucha.  La amenaza de sectores afines al régimen carecen del efecto de otros tiempos. No consiguen más inducir al temor manifiesto hace pocos años ni a la cautela que confería un respeto reverencial a un ¨proceso de cambio¨ que, para muchos, ahora representa una repetición temible de procesos históricos, en Bolivia y en otras latitudes, que amenazan con un sepultamiento de las libertades individuales esenciales. Lo ocurrido en Venezuela está demasiado cerca y es inocultable. Esta realidad ha venido acompañada de un repliegue de los así llamados ¨movimientos sociales¨ sobrepuestos a las fuerzas políticas tradicionales y que, colocados en una etapa diferente de una lucha que no parecen comprender, carecen de armas equivalentes apropiadas. Las amenazas de organizaciones del Chapare de intervenir hospitales y clínicas no lograron disuadir a los medicos y a las pocas horas el president anunciaba que iba a plantear la derogatoria de los artículos resistidos del nuevo Código Penal que activaron todo el conflicto

A la pérdida del miedo se suma la insurgencia de nuevas generaciones que se expresan en plataformas digitales sobre las cuales ni el gobierno ni quienes lo secundan tienen capacidad de control, pues ellas emergen con armas propias nuevas, con pensamiento y habilidad que los movimientos sociales no logran contrarrestar pues su surgimiento es extraño a las esferas de lucha donde esos movimientos se forjaron. La insurgencia generacional, hasta solo hace poco subterránea y sin mayor sincronía entre sus actores, se ha posicionado al lado del movimiento de los médicos, el sector príncipe de la sociedad boliviana. El gobierno luce carente de un antídoto para equilibrar ese robustecimiento de posiciones, que coloca del mismo lado  a las generaciones digitales que perciben con mayor claridad el mundo en el que están insertos, y al sector médico, por lo general el más preparado, más leído y más ilustrado de la sociedad boliviana. Al igual que en otros países, los médicos son una referencia para las aspiraciones de gran parte de la juventud. No ha sido casualidad que en miles de vehículos y viviendas hayan aparecido carteles que rezaban: ¨Yo apoyo a mi médico¨. Si eso hubiese ocurrido en tiempos de elecciones, habría sido fácil determinar quién ganaría y quién perdería.

Carlos Hugo Molina, uno de  los mayores ¨municipalistas¨ de Bolivia, subraya que el fenómeno ocurre paralelo al avance impetuoso de la urbanización, que encoge cada vez más a la población rural, en un proceso que, aún con graves deficiencias, estimula la educación y lleva al modernismo. Ese desarrollo hace más evidente para los protagonistas el atraso de sus municipios y reclaman del gobierno mayor atención. El reclamo se vuelve patético ante la evidencia de que la mayoría de los municipios es conducida por dirigentes del partido de gobierno y los tiempos son de austeridad, en contraste con la época en que el dinero era abundante.  Cita un ejemplo: De los 339 municipios del país, 251 (más de dos tercios) tienen menos de 20.000 habitantes y no cuentan con un solo hospital de segundo nivel, lo que obliga a la escasa población con algunos medios a buscar auxilio en centros urbanos mayores.

Francisco Aróstegui, analista cuidadoso, ex prefecto de Santa Cruz bajo el gobierno de Jaime Paz, cree que el proyecto de poder del MAS boliviano muestra como nunca graves limitaciones. El MAS original (1968) reside en Venezuela y es de tendencia opuesta.  ¨El masismo fue bueno para destruir las instituciones de intermediación social: primero, la COB, con lo que los trabajadores y menos protegidos quedaron sin la institución que los escuchaba y atendía, pero  no consiguieron crear un substituto histórico…Destruyeron el sindicalismo campesino (CSUCB) y tampoco construyeron una instancia substitutiva. Y poco a poco destruyeron a las organizaciones de clase media. Primero, los abogados, luego los auditores y contadores públicos, y así ingenieros, arquitectos, etcetera. Hasta que les tocó a los médicos. Pero éstos han resistido la destrucción con una persistencia a la que el gobierno no está acostumbrado. De ahí que el alzamiento de los mandiles blancos ha concitado solidaridad y un apoyo que el gobierno no calculaba. CONALCAM es una caricatura de lo que querría ser y está ante un proceso inverso. Una de sus limitaciones es su incapacidad de revertir ese proceso. De la pulseta resulta claro que el gobierno ha pasado, por primera vez, a la defensiva y que no consigue retomar la iniciativa¨.

Molina cree que hay cuatro factores insurgentes que han tomado cuerpo durante el año transcurrido: los movimientos juveniles, políticamente aún amorfos, los médicos indignados, el desafío irresuelto del ¨federalismo¨ cuya bandera volvió a levantar el gobernador cruceño Rubén Costas, y la urgencia de un pacto fiscal para las regiones, en momentos en que no hay más holgura económica y todos pugnan por guarecerse bajo un paraguas estrecho. El gobierno se niega a conceder recursos que afecten su área de ingresos de la que tuvo durante una década unos 90.000 millones de dólares, y ¨se aferra a una lógica inequitativa de ´lo mio es mío y solo negociamos  lo tuyo´¨. Comparativamente, dice Molina, aquella cifra representa tres PIBs, todo  lo producido y ganado por el país en un año.

Otra realidad manifiesta fue expuesta cuando los médicos denunciaron que algunas de sus réplicas a la campaña gubernamental  fueron rechazadas por una media docena de medios informativos, impresos y radiotelevisivos. El episodio expuso otra vez la fragilidad de la libre expresión en el país.

Los tambores de la guerra declarada por el Vicepresidente fueron escuchados con incredulidad por gran parte de la población que creía que la función de las autoridades era administrar y gobernar, no pregonar hecatombes, menos aún en temporada Navideña. No hubo una cuantificación sobre si los augurios bélicos tuvieron algún efecto en el 30%-35% que votó el 3 de diciembre para designar jueces. Los analistas aseguran que ese porcentaje es el del ¨voto duro¨ con que se blinda el gobierno y sería el límite capaz de asegurarle una victoria. Ese límite parece caminar sobre las orillas de su capacidad de satisfacer demandas sociales crecientes en momentos críticos, al aproximarse nuevas justas electorales. El episodio también operó como un llamado a las organizaciones que discrepan con el gobierno a promover la unidad y forjar un solo frente para las elecciones de 2019.

La llegada de los médicos cubanos obró más como combustible sobre el fuego del conflicto que como apaciguador. La controversia en torno a la calidad de los servicios de esos profesionales fue puesta en duda con informes de otros países que dudaban de la vigencia de las bondades que vistieron a los galenos caribeños durante los primeros años de la revolución cubana, cuando la salud era aún más incipiente en Bolivia y otras naciones en desarrollo.  A mitad de la semana, estaba en gestación acelerada un frente mayor con el ingreso del transporte pesado a una huelga general a menos que el gobierno derogue todo el Código Penal. Era un reflejo e lo que los médicos ya se planteaban: el artículo 205 sería solo uno de muchos otros que habría que ¨componer¨ para inocular los aspectos nocivos que tendría el nuevo Código. Cerca del cierre dde la semana, el Presidente Morales annció que iba a pedir a las cámaras legislativas que deroguen el artículo 205 del nuevo Código y revisen otros igualmente controvertidos.

El conflicto con los médicos fue reminiscente de las semanas finales de 1977, cuando una huelga de hambre por una amnistía sin resrtricciones dobló el brazo del gobierno, desnudó sus debilidades y condujo a nuevas elecciones en las que el gobierno fue derrotado para dar lugar a una nueva dinámica política que no paró hasta la reinstauración de la democracia.

 

 

Cuestión de flores

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La elección de Sebastián Piñera ha completado un círculo desafiante para la diplomacia boliviana. Mientras gobernaron Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Roussef (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Michelle Bachelet (Chile) y Ollanta Humala (Perú), América del Sur fue el paraíso para la diplomacia nacional. Ahora, coinciden los analistas, el gobierno deberá extremar su habilidad para mostrarse amigable ante gobiernos y presidentes cuyas bases ideológicas siempre denostó. Al sur tiene a Mauricio Macri, al este y noroeste, a Horacio Cartes y a Michel Temer, al norte a Pedro Pablo Kucinsky, y ahora al oeste, a Piñera. Ha sorteado algunas dificultades, pero en sus 12 años de gobierno, Evo Morales nunca había estado ante un cerco así.

Una prueba fugaz para su capacidad de moverse en el nuevo terreno puede darse el 11 de marzo, cuando por segunda vez Piñera asuma el mando en Chile. En Santiago se congregarán jefes de estado de toda la región, incluso, y probablemente en primera fila, Donald Trump, del más puro linaje capitalista que Piñera gusta.

Si el presidente Morales asiste, muchos ojos lo seguirán. Con quiénes se saluda y conversa, qué comentarios hace. No estarán ni Chavez ni Lula, con quienes podía darse afectuosos apretones de manos, e intercambiar comentarios y bromas. En lugar del ecuatoriano Rafael Correa estará Lenín Moreno, que viene de retorno de las políticas del Socialismo del Siglo XXI que encomia el jefe de Estado boliviano y que para el nuevo mandatario chileno son anatema.

En el primer gobierno Bachelet (2006-2009) las relaciones bilaterales fueron apacibles. La creencia que pudo tener el presidente Morales de que gobiernos con algunas similitudes ideológicas se entenderían mejor, mantuvo en calma las relaciones entre las dos naciones, hasta que el mandatario boliviano, a poco de Bachelet entregar el mando a Sebastián Piñera, dijo que había sido engañado y que llegaba el momento de reactivar la demanda marítima a toda máquina. Cuando Bachelet retomó el mando de Piñera, las flores de los primeros tiempos ya estaban secas y marchitas y no había besos que pudieran devolverles vida. Ahora que vuelve la misma inflexion y Bachelet entrega el mando a Piñera, no hay esperanzas de revivirlas. Las relaciones bilaterales han tocado fondo y no se vislumbra un rescate próximo. El caso fundamental de Bolivia aguarda en La Haya sin margaritas para deshojar.

Cuestión de flores

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La elección de Sebastián Piñera ha completado un círculo desafiante para la diplomacia boliviana. Mientras gobernaron Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Roussef (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Michelle Bachelet (Chile) y Ollanta Humala (Perú), América del Sur fue el paraíso para la diplomacia nacional. Ahora, coinciden los analistas, el gobierno deberá extremar su habilidad para mostrarse amigable ante gobiernos y presidentes cuyas bases ideológicas siempre denostó. Al sur tiene a Mauricio Macri, al este y noroeste, a Horacio Cartes y a Michel Temer, al norte a Pedro Pablo Kucinsky, y ahora al oeste, a Piñera. Ha sorteado algunas dificultades, pero en sus 12 años de gobierno, Evo Morales nunca había estado ante un cerco así.

Una prueba para su capacidad de moverse en el nuevo terreno puede darse el 11 de marzo, cuando por segunda vez Piñera asuma el mando en Chile. En Santiago se congregarán jefes de estado de toda la región, incluso, y probablemente en primera fila, Donald Trump, del más puro linaje capitalista que Piñera gusta.

Si el presidente Morales asiste, muchos ojos lo seguirán. Con quiénes se saluda y conversa, qué comentarios hace. No estarán ni Chavez ni Lula, con quienes podía darse afectuosos apretones de manos, e intercambiar comentarios y bromas. En lugar del ecuatoriano Rafael Correa estará Lenín Moreno, que viene de retorno de las políticas del Socialismo del Siglo XXI que encomia el jefe de Estado boliviano y que para el nuevo mandatario chileno son anatema.

En el primer gobierno Bachelet (2006-2009) las relaciones bilaterales fueron apacibles. La creencia que pudo tener el presidente Morales de que gobiernos con algunas similitudes ideológicas se entenderían mejor, mantuvo en calma las relaciones entre las dos naciones, hasta que el mandatario boliviano, a poco de Bachelet entregar el mando a Sebastián Piñera, dijo que había sido engañado y que llegaba el momento de reactivar la demanda marítima a toda máquina. Cuando Bachelet retomó el mando de Piñera, las flores de los primeros tiempos ya estaban secas y marchitas y no había besos que pudieran devolverles vida. Ahora que vuelve la misma inflexion y Bachelet entrega el mando a Piñera, no hay esperanzas de revivirlas. Las relaciones bilaterales han tocado fondo y no se vislumbra un rescate próximo. El caso fundamental de Bolivia aguarda en La Haya sin margaritas para deshojar.

Todo vale

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En el climax de un antagonismo sin perspectivas de calma, el gobierno ha llevado a las calles estos días a miles de ciudadanos para celebrar un supuesto derecho humano del presidente Evo Morales a postularse a la presidencia cuantas veces él y sus partidarios lo quieran, con la creencia de que esa ambición está apoyada en el Pacto de San José, la norma diseñada para proteger los derechos humanos en el hemisferio. La oposición hizo otro tanto, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y dejó en evidencia que si bien el gobierno tiene poder movilizador basado en el empleo, negocios e intereses que genera el estado, gran parte del país repudia su movimiento reeleccionista. El argumento de ¨el pueblo me lo pide¨ o ¨me sacrifico por mi pueblo¨ ha sonado cínico y oportunista, tan conocido en otros tiempos en estas y otras latitudes, pues se sabe que tras la frase hay intereses apoyados por un esfuerzo propagandístico masivo a costa del estado para favorecer a la clase gobernante.  Pocos dejarían de sonrojarse si la dijeran. Imaginen a Ricardo Lagos pronunciándola, a Mauricio Macri o a Pepe Mujica.

El gobierno y su partido se han prodigado en buscar argumentos que respalden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que abrió la ruta para una presidencia vitalicia del presidente Evo Morales. El dictamen, el más controvertido en la historia de esa instancia, fue la chispa para un polvorín que bajo cualquier visión está lejos de apagarse. Hasta ahora no se conoce una sola opinión institucional que sostenga que la interpretación de que el supuesto derecho humano del presidente a hacerse reelegir cuantas veces quiera es superior a la norma que limita la reelección. No es mínima la ansiedad para que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida una aclaración.

La jugada de los abogados del presidente es vista como una ¨avivada¨ mayúscula, pues a ningún jurista se le habría ocurrido, cuando la norma fue aprobada en 1969, que sería esgrimida para favorecer la presidencia vitalicia. El Pacto fue concebido para amparar a individuos ante abusos de poderes del Estado, no para garantizar ambiciones presidenciales vitalicias, han sostenido quienes creen que el argumento reeleccionista es disparatado. Sorprende, entonces, que el TCP lo hubiera endosado, en una decisión de tinta indeleble para la historia de sus integrantes.

El fondo del debate en torno a un tema nada enaltecedor echa más sombras a la justicia boliviana bajo el gobierno del MAS y atiza otros casos irresueltos sobre los que se impone la voluntad del Poder Ejecutivo. Tema central en todos estos años de gobierno MAS ha sido el asalto al hotel Las Américas (2009), de cuyas sombras las autoridades no consiguen apartarse.

Es una conclusión generalizada que todo intento de conferir alguna credibilidad a la justicia pasa por el esclarecimiento convincente de ese episodio brutal.  Para los acusados, los jueces Sixto Fernández, Julia Elena Gemio, Anastasia Callisaya y Sonia Mamani carecen de confiabilidad y los creen dóciles al gobierno. Pregunten en privado a cualquiera de ellos y recibirán una rotunda confirmación. Los fiscales están bajo órdenes del Ministerio Público, que les instruye acusar y lograr sentencias. Ningún otro norte los aparta de la que consideran una misión suprema que se impone sobre todo y para la cual la verdad o la falta de evidencias parecen apenas una variable. Tres aún están presos en Palmasola. Svonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza han tocado en vano todas las puertas en procura de siquiera la prisión domiciliaria. Incluso escribieron al Papa Francisco cuando éste vino a Santa Cruz en 2015. Media docena de otros admitió la comisión de delitos negados durante seis años, en confesiones que parecieron replicar las de los Juicios de Moscú en las purgas de los años de 1930. Y queda un puñado bajo prisión domiciliaria, a la cual han se han visto forzados a adecuar sus vidas.

La justicia, en fin, está llena de ¨mala praxis¨ y es legítimo preguntarse a quién cobrar. Todo el país podría preguntarse a quién responsabilizar por ¨mala praxis¨ con proyectos e inversiones mal concebidos, mal ejecutados y por los sobreprecios que conllevaron.