El Socialismo del Siglo 21, abrazado por algunos países de la región desde comienzos de siglo, está en aprietos que marcan sus limitaciones y su declinación como modelo. Ideado por un sociólogo alemán (Hans Dietrich Steffan) residente en México, el auge de este modelo sufrió un frenazo en 2009 con el derrocamiento de Juan Manuel Zelaya, el presidente hondureño que buscaba la reelección. Vino después otra caída, la de Fernando Lugo, de Paraguay, como secuela de un juicio de responsabilidades, en junio del año pasado. Un vistazo sobre Venezuela y Bolivia muestra a gobiernos presionados por penurias económicas y sociales. Incluso aliados como Argentina no logran salir de una atmósfera también volátil.
A un mes de las elecciones más controvertidas de la historia de Venezuela en décadas, el régimen de Nicolás Maduro no ha conseguido afirmarse y es visto con olor a fraude por muchos países no comprometidos con el “neo socialismo” que seguía su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez. Políticas económicas fallidas del régimen son vistas como la causa de un agudo desabastecimiento que abarca a más de un quinto de los productos esenciales de la dieta venezolana. La escasez agudiza el descontento y ha llevado a nuevos choques verbales entre Maduro y algunos industriales, pero el desabastecimiento persiste y tiende a empeorar como una paradoja en un país bendito con una abundancia descomunal de ingresos petroleros.
Si y cómo saldrá Maduro del atolladero es todavía motivo de apuestas. Un termómetro infalible suele ser el valor oficial de la divisa norteamericana comparado con el del mercado paralelo. En Venezuela, el paralelo tiene un precio cuatro veces superior al oficial.
En los socialismos del Siglo 20 los desastres económicos causaron hambrunas y millones de víctimas de las que sólo se supo con algún detalle después. El “socialismo real”, desprovisto de matices, que expusieron los Premio Nobel Boris Pasternak (Dr. Zhivago) y Aleksandr Solzheinstsyn (Archipiélago Gulag), habría tenido dificultades para sobrevivir hoy, con la revolución de las comunicaciones que hace que las noticias sean vistas y escuchadas “en vivo” en gran parte del mundo. Eso puede explicar la tendencia de los gobiernos populistas hacia el control de medios informativos.
En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB), un baluarte anti-dictaduras en los años de los regímenes militares, ha puesto estos días en graves aprietos al gobierno, acosándolo con bloqueos, marchas y protestas callejeras por todo el país para mejorar substancialmente una propuesta oficial para las jubilaciones. Hasta el jueves, el gobierno contraatacaba con la recurrente acusación de que los manifestantes conspiraban para derrocarlo.
En la culminación de una jornada furiosa de manifestaciones y bloqueos, una dirigente “libre-pensante” del partido de gobierno se alzó contra la forma en que ha sido decidida la candidatura hacia una reelección del presidente Morales, ignorando una disposición transitoria contenida en la CPE. Rebeca Delgado ha dicho que gran parte de sus colegas oficialistas en el congreso es de “levanta manos” que siguen pasivamente las órdenes del Poder Ejecutivo. El ambiente social y político boliviano se ha vuelto más volátil todavía con un ingrediente que puede ser letal: policías, que a media semana dijeron que se podrían sumarse al reclamo de la COB por una jubilación con el 100% de sus salarios. Han puesto un ejemplo: los militares tienen ese beneficio. ¿Por qué no el resto?
En Argentina, la presidente Cristina Fernández acaba de renunciar la posibilidad, que la oposición observaba con recelo extremo, de una modificación de la constitución que, en 2015, le permitiría una nueva reelección. Si esa decisión es irrevocable, se verá en los próximos meses. Pero nadie duda que parecen lejanos los días en que los gobiernos populistas lograban imponer iniciativas sin mayores contratiempos y el socialismo del Siglo 21 sólo parecía crecer en la región.
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Rebeca Delgado contraataca
La ex presidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado sacudió esta noche los cimientos del gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo, a lo largo de una entrevista en el escenario de PAT (No Mentirás) en la que reclamó el retorno a los orígenes del movimiento que encumbró a Evo Morales y Álvaro García. Se declaró católica y defendió su derecho de alzar el puño izquierdo y de jurar haciendo la señal de la cruz con la mano derecha al aclarar a la entrevistadora Ximena Antelo que se trata de una representación de convicciones que “no son incompatibles”.
Articulada, asegurando militar en una izquierda ideológicamente humanista, lejos de los ejemplos marxista-leninistas del siglo pasado que hundieron al socialismo y sus expresiones actuales, Rebeca Delgado denunció la dictadura que impera en el Movimiento al Socialismo.
Sus colegas, dijo, se han vuelto, simples “levanta manos” para aprobar las normas e instrucciones que reciben del Ejecutivo. Muchos de sus compañeros no expresan su oposición a esos métodos autoritarios de eliminar a los “libre-pensantes” por temor a represalias. (Contra el libre pesamiento se manifestó hace el presidente Morales y advirtió a los dirigentes del MAS que no pueden actuar por iniciativa propia).
La parlamentaria desahució moralmente la reelección del presidente Morales por violar el artículo transitorio de la CPE que la prohibió. El Tribunal Constitucional, dijo, no tenía manera de responder negativamente a la consulta que le envió el senado que estaba redactada de manera que la respuesta fuese la que buscaba el gobierno. Respondió a las objeciones que le hicieron las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados y les dijo que dijeron lo que afirmaron porque les había ordenado que lo hicieran.
Puso nombre al autor, o director de esas políticas: el Vicepresidente Álvaro García Linera.
Y dijo que también ella sentía miedo. Había recibido, dijo, llamadas de compañeros de ruta que le han advertido que tenga cuidado. Su posición, y las palabras con las que se expresó esta noche, será un tema de debate en los gabinetes políticos.
Como telespectador y observador atento a las noticias, aguardo las reacciones a esta entrevista, reveladora de fisuras profundas que ocurren en el gobierno.
USA y la CIDH
Los países del ALBA, especialmente el nuestro, Venezuela y Nicaragua, critican que los Estados Unidos no hayan suscrito la Convención Americana sobre derechos humanos, aunque forman parte del sistema de protección a esos derechos. Ven esa actitud como una flagrante contradicción.
No he escuchado una explicación local para el porqué. Una respuesta fundamental: hay estados norteamericanos en los cuales rige la pena de muerte. La convención de DDHH es contraria a la pena capital y los USA no podrían incorporarse a un cuerpo legal en contravención con las leyes de algunos de sus estados.
Un protocolo a esa convención, aprobado en junio de 1990 en Asunción, declara que sus signatarios no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Que se debería buscar una adecuación o una fórmula para incorporar a Estados Unidos a la convención, es otra cosa. Pero es incorrecto mencionar el tema sin explicar sus raíces.
El problema ha cobrado intensidad con las críticas de algunos países a la no incorporación plena de Estados Unidos al sistema de protección de los derechos humanos, especialmente de Ecuador, Argentina, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Estos países, en particular Venezuela, secundada por Bolivia, están disconformes con las calificaciones que frecuentemente emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Ahora propugnan el cambio de la sede de esta comisión, radicada en Washington. Argentina, Costa Rica y Perú figuran entre los candidatos a hospedarla.
En este marco se reúnen desde hoy en Cochabamba las cancillerías de la región (asisten algunos cancilleres).
Crónicas del Juicio del Siglo
Los abogados apelaron cuando en mayo de 2010 un juez de La Paz impuso medidas cautelares sobre el general Gary Prado Salmon, entre ellas prisión domiciliaria y prohibición de hablar con los medios de comunicación. Tres años después, la apelación aún no había sido resuelta pero, hace unos días, otros fiscales pidieron las mismas sanciones para el militar que el jurado del Juicio del Siglo rechazó tras la que probablemente fue una debatida decisión (deliberó una hora). El incidente muestra las dificultades del proceso para avanzar sobre un camino agreste y empinado desde que en febrero comenzaron las audiencias en Santa Cruz, bajo una presencia constante de los medios de comunicación.
Los acusadores deben demostrar que en Bolivia se intentó matar al presidente y a otras autoridades, en un proceso que, la acusación del gobierno afirma, buscaba crear una nueva nación. Los elementos esenciales del proceso fueron otra vez cuestionados en la última serie de sesiones, con la lectura de las incidencias y excepciones que el jurado rechazó, salvo una inocua corrección en la numeración de páginas que carecían de orden. Los 29 conjuntos de observaciones fueron rechazados, en una decisión que los defensores, entre quienes están algunos que los mejores penalistas de Bolivia, no podían creer. ¿“Será que somos tan tontos y que ellos son tan brillantes”?, dijo, perplejo, uno de los abogados.
Un segmento emotivo comenzó cuando era juzgado el retiro del militar y su abogado, Otto Ritter, de la sesión del 26 de abril, en protesta porque el tribunal rehusaba cumplir, según interpretaron, toda la resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una decisión del juez Sixto Fernández contra el militar. La acusación vino con todo su peso para castigar a Prado Salmón con las sanciones a las que había apelado en 2010 sin quela justicia se hubiese aún pronunciado.
El incidente exhibe la fragilidad de la justicia nacional y agrava la inquietud sobre su paso lento y la indefensión en que pueden encontrarse muchos otros casos, carentes de la luz pública que ofrece el Juicio del Siglo. Se creyó que los jueces electos por voto directo en elecciones con una abstención gigante irían a resolver este atascamiento monumental. Las autoridades suponían que el sistema de elegir a los jueces –no designarlos por méritos- colocaría a la justicia Bolivia en una vanguardia mundial. Lo ocurrido prueba que seguimos en la retaguardia. Este concepto trae una conclusión: no se levanta una nueva estructura cuando no existen bases sólidas para hacerlo. El resultado puede ser peor de lo que se quería substituir.
El coronel retirado Zoilo Salces Sepúlveda, de Trinidad, contó su historia ante el tribunal desde su detención en 2010, tras haber ido voluntariamente a La Paz para a declarar. Lo llevaron preso, a una prisión de alta seguridad, en Chonchocoro, en pleno altiplano. De allí peregrinó por la cárcel de Oruro y volvió a la de La Paz. Salces expuso los argumentos con los que ya en Tarija se defendió pidiendo que su caso fuese auditado. En sus palabras, pasó ocho días detenido antes de ver a un juez; los tribunos de su caso no le prestaron atención y de hecho dispusieron que continuase su prisión preventiva en el penal pues no valoraron sus puntos de vista.
“Por favor, valoren lo que les estoy diciendo”, dijo el militar beniano. Y si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”. Tampoco esta vez tuvo respuesta. Para un hombre que no consigue entender por qué está preso, valía la pena citar una porción mínima de su exhortación.
Los tres defensores del Prado Salmón y el propio defendido ofrecieron una defensa densa en frases y argumentos. Fueron los momentos más intensos de la fase que culminó hace unos días. Por lo que se percibe entre quienes asisten a las audiencias (parientes de los acusados en su mayoría) y las entrevistas de los medios a la gente de la calle, la base de la acusación –separatismo- luce absurda -un país mediterráneo dentro de otro o una división y subdivisión de Bolivia- y lejos de convencer.
La acusación martilleó sobre el abandono intempestivo protagonizado el 26 de abril por el general Prado Salmón y su abogado principal. El fiscal Sergio Céspedes calificó el acto como un desprecio por las garantías que había ganado con la libertad condicional y como una manera de dilatar el juicio. La sesión había tenido que ser suspendida una hora antes de su término reglamentario después que el juez Fernández advirtió al militar sobre la gravedad de su decisión. La acusación recibió de contragolpe el razonamiento del abogado Ritter equivalente a “ver la paja en ojo ajeno”. Recordó que en la misma jornada del jueves 10 los acusadores se habían atrasado 25 minutos y que, meses atrás, la única explicación que habían dado a la repentina suspensión de las audiencias en Tarija era que “al Dr. (Fernando) Rivera se lo han cargado” (llevado preso), al arreciar las investigaciones sobre la red de extorsión denunciada por Jacob Ostreicher. “Nadie se quejó”, dijo. El abogado criticó el paradigma resultante de la nueva CPE que, de acuerdo a uno de los fiscales, había suplantado el derecho a la vida. “Aquel ‘patria o muerte’”gritó Ritter con, repicando la rrr con vehemencia. ¿“Se lo recuerdan”? Era el grito castro-guevarista pronunciado en una de las sesiones de Tarija, cuando la defensa reclamaba por la vida de los acusados, especialmente la de Ronald Saucedo quien estaba mal y horas después tuvo un infarto.
El abogado Alberto Morales tocó una cuerda diferente: los acusadores querían castigar a Prado Salmón por haberlo ya hecho con el abogado Ritter (fue multado con $US 1.500). “No pueden responder con cárcel a un acto aquel del que se acusa al general. (Los acusadores) les están pidiendo a Uds. que apliquen la pena de muerte al general Prado. No sé si conocen las cárceles del país. La sola mención de la cárcel de Palmasola es ya una tortura”. De inmediato entró a mencionar las penurias cuando alguien de la familia es detenido, especialmente cuando la detención tiene sesgos políticos y peor todavía cuando la acusación es por un terrorismo o un alzamiento armado que no tiene pruebas firmes que lo sustenten.
El abogado Prado Araúz subrayó la contradicción entre la defensa del derecho la vida con el castigo que los fiscales querían imponer al militar al pedir su prisión en Palmasola.
El propio Prado Salmón cerró su defensa con pocas palabras para subrayar su escepticismo sobre la justicia boliviana. Al blandir un suplemento oficia ordenado por la Vicepresidencia sobre el “caso terrorismo” , Prado Salmón dijo en ese documento ni se lo mencionaba, pero que cuando al ex fiscal del caso Marcelo Soza le preguntaron por qué Prado estaba detenido, su respuesta fue le habían impartido la orden “desde La Paz”. Concluyó con una arenga: “Llegó al colmo mi paciencia. Si vamos a terminar en Palamsola, terminemos de una vez”.
“Sarao” gigante
Estos días Bolivia parece vivir un enredo que involucra a todos como en un inmenso “sarao”. Sólo que este “sarao” no es un baile ni pacífico ni armonioso pero lucimos enmarañados, mientras desde una de sus cintas empieza a descolgar la violencia.
La disputa con la COB por las jubilaciones, que tiene hasta este viernes a decenas de presos y heridos por la beligerancia entre marchistas, bloqueadores y policías; la acusación genérica a “algunos obispos” católicos, que ha vuelto a ensombrecer las relaciones del gobierno con la institución boliviana más respetada; la expulsión de USAID, que puede agravar la soledad internacional del país; la polémica autorización del Tribunal Constitucional para una nueva reelección del Presidente Morales, son algunas de las piezas de un mosaico con una imagen distante del país próspero y tranquilo que las autoridades (y creo que todos los bolivianos) quieren proyectar.
Por ahora ha cedido la tensión por la afirmación presidencial, tras el saqueo de joyas de la Virgen de Copacabana, de que había obispos implicados en robos a templos. El cardenal buscó zanjar la cuestión cuando dijo que no se puede ejecutar moralmente a nadie “sólo por sospechas”. Quedó la duda de si el presidente ignoraba que en semanas más el Papa Francisco estará en Brasil, y que esa cercanía sería una oportunidad para invitarlo a venir a Bolivia en una próxima gira continental. ¿Cómo hacerlo en medio de la desazón causada por sus declaraciones?
La expulsión de USAID agrega inquietudes. Uno de los programas beneficiados por esa institución era Prosalud. Los beneficios de Prosalud generalmente llegan a personas de ingresos bajos que hasta ahora reciben servicios de primer orden. El Estado puede cubrir costos ahora. ¿Podrá en dos o cinco años?
La decisión contra USAID acentúa la pesada sensación de aislamiento del país. Tenemos relaciones óptimas con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y los países del ALBA, pero hagamos una encuesta entre estudiantes sobre si irían a esos países a estudiar o si preferirían ir a otros.
Otra pieza del mosaico: El TC tendrá una empinada travesía para convencer sobre su decisión que autoriza una nueva reelección. Difícil afirmar que es irrelevante el artículo transitorio que dispone contar el período en curso cuando se votaba la nueva constitución. Si no iba a ser contabilizado, la cláusula era absolutamente innecesaria. Si era innecesaria, peor. El presidente reconoció que para viabilizar la Carta Magna aceptaba privarse de una nueva reelección. ¿Entonces?
Juicio del Siglo: Prado Salmón no irá preso
El tribunal a cargo del Juicio del Siglo declaró esta noche improcedente una demanda del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno que podía haber llevado preso a Palmasola al general Gary Prado Salmón.
Leída por el juez Sixto Fernández, la decisión fue alcanzada por unanimidad al cabo de una hora de deliberación de los miembros del jurado. Fue apuntalada por las disculpas que presentó al tribunal el general retirado, cuya compañía rindió a la guerrilla de Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967, por haber abandonado la audiencia del viernes 26 de abril, aproximadamente una hora antes de que la sesión del día concluyese.
Prado Salmón y su abogado principal Otto Ritter, salieron de la reunión en protesta por la aplicación que consideraron incompleta de una resolución del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal la declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal el año pasado en Tarija. El militar no estuvo presente en esa audiencia y la decisión del TC avaló las razones de salud que había invocado (está en silla de ruedas desde 1981 y padece de afecciones cardíacas).
La sesión vespertina de este jueves dio lugar a una defensa legalmente masiva de Prado Salmón por parte de sus tres abogados (Alberto Morales y Gary Prado Araúz, además de Ritter) y del propio general y ex embajador en Inglaterra y México. La calidad de los argumentos de la defensa convirtió a la sesión en un acto excepcional para muchos de los que estuvieron en la pequeña sala del cuarto piso del Palacio Judicial de Santa Cruz. Las audiencias son públicas y fue una pena no ver el lugar repleto de estudiantes de la carrera de Derecho.
En su breve alegato, Prado Salmón se mostró desalentado por la justicia boliviana que, subrayó, no obedecía el mandato del Tribunal Constitucional y dejaba indefensos a los ciudadanos. “Soy un militar que ha servido honestamente a su patria durante más de medio siglo”, dijo. “Y si hay que terminar en Palmasola (la cárcel de Santa Cruz), pues, adelante”.
La acusación anunció que apelará.
27-0
Puede ser también 90-0. Vamos a un ejemplo. Un campeonato de fútbol llega a la final y la pantalla muestra aquel resultado. Ud. dirá: Un momento. ¿Cómo puede ser que el equipo derrotado, que tiene un conjunto de estrellas, no hubiera anotado un solo gol?
Así fue la jornada de este miércoles al concluir la lectura de los incidentes y excepciones del “Juicio del Siglo”, que individualmente sumaron unos 90, pero que agrupados en temas, llegaron a 27. El juez Sixto Fernández leyó la resolución del tribunal que preside y declaró inválidos todos los casos. Ya habían sido resueltos, carecían de sustentación o el término de presentación había expirado.
Los abogados defensores están entre los mejores del país y es difícil creer que hubiesen sido incapaces de acertar un solo punto. ¿“Será que somos tan tontos y ellos sean tan brillantes”?, me dijo uno de los abogados.
No son evidencia muchas de las fotos recopiladas durante la investigación, inclusive aquella en la que un capitán de la policía aparece al lado de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla de una alegada conspiración secesionista. Murió acribillado a balazos en la madrugada del 16 de abril de 2009. El juez también consideró “subsanable” la falta de páginas en el expediente, anomalía denunciada por la abogada Verónica Suárez a poco de abrirse las audiencias en Santa Cruz, en febrero. “Es una falta relativa, y por tanto subsanable”, dijo el juez.
En el inventario de las pruebas leídas el martes, no apareció la pistola ametralladora, “mugrienta y sin cacerinas”, que el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno dijo que había vendido a Rózsa para la supuesta operación secesionista. “Ni mencionaron la pistola ni me mencionaron a mí”, dijo Guedes, extrañado que ese dato no hubiese sido notado por los jurados.
Pese a la derrota, los propios acusados dieron algunos testimonios.
Elöd Tóásó, el joven rumano-magiar sobreviviente de la incursión policial al hotel Las Américas junto al boliviano-croata Mario Francisco Tádic, habló ante los jurados tras ser presentado por su abogado Alberto Morales. Habló en húngaro y un traductor llevó sus palabras en castellano al sorprendido tribunal. Las primeras palabras del joven profesor de informática fueron como rayo en cielo limpio: no había tenido traductor y los fiscales no son precisos cuando dicen que un embajador y un cónsul húngaro tradujeron sus palabras en sus declaraciones tras ser detenido. Un cónsul o un embajador no realizan ese oficio y si lo hacen no son validados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues esa función es de especialistas, subrayó. Otras declaraciones fueron “traducidas” desde el inglés, que en Tóásó no es fluido (se desconoce la calidad del inglés del traductor que, por lo que se sabe, era boliviano).
El abogado Abel Montaño pidió que el juez precisase cómo había sido aprobada la resolución de rechazo a las observaciones de la defensa: si hubo unanimidad o si hubo disidencias.
Su colega José Hoffman, de la defensa del ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo, recordó: la policía, en horas de la madrugada, allanó sin orden judicial un domicilio privado, el Hotel Las Américas, apagó los registros electrónicos “para que no se vea lo que iba a ocurrir”, en un acto que constituye falla absoluta en el proceso pero al que el juez no había hecho mención, dijo.
El abogado Gianni Prado, de Tádic, dijo a los jurados que el proceso ingresaba a un terreno de indefensión absoluta, para de inmediato pedirles que escuchasen a su defendido.
Integrante del grupo de Rózsa, Tádic también tocó nervios vivos: los abogados del gobierno (ahora presos, sospechosos de extorsión) recibieron un poder el 12 de marzo de 2009, lo presentaron casi tres semanas después y lo activaron el 14 de abril, horas antes de la explosión en el portón e la residencia del cardenal Julio Terrazas y sólo un día antes del episodio del Hotel Las Américas, cuando decidieron investigar supuestos delitos que no habían ocurrido.
Atacó un punto central del caso: la policía intervino, tomó el hotel y disparó a matar sobre Rósza, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Arpad Magyarosi dentro de una operación que por lo menos fue planificada en sus principales detalles. Al haber obedecido a un plan, (la policía llegó a Santa Cruz horas antes del episodio), no hubo flagrancia. Además, subrayó, el propio gobierno ha dicho que sabía del rupo hacía semanas. Recordó que el presidente Morales había dicho en Venezuela que, antes de viajar, había dejado órdenes para actuar contra el grupo.
“Entonces, no hubo flagrancia” (de parte del grupo de Rózsa), dijo. Eso dinamitaría un elemento esencial de la tesis del gobierno. La idea de una ejecución ha sido reiteradamente rechazada por los fiscales. El ex cabeza del caso, el fiscal Marcelo Soza, sostiene que el grupo, casi completamente desnudo, atacó “de manera injusta” al contingente policial, que se vio obligado a disparar.
El coronel Zoilo Salces Sepúlveda también se dirigió al jurado: “Por favor, valoren lo que les voy a decir”, pidió. Dijo que se había presentado voluntariamente a declarar en La Paz, sólo para ser detenido y enviado a El Alto, a Oruro y traído de vuelta a La Paz. El coronel retirado no sabe exactamente por qué lleva casi cuatro años preso. Ha presentado sus pruebas de descargo pero no ha conseguido una respuesta adecuada, dijo. “ “Si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”.
Prado Salmón puede ir preso a Palmasola
El juez Sixto Fernández decidió convocar para el jueves a una audiencia extraordinaria para decidir si envía a la cárcel al general retirado Gary Prado Salmon, vencedor de las guerrillas que comandaba Ernesto “Ché” Guevara en 1967. El militar, vencedor de la única campaña decisiva del ejército boliviano después de la batalla de Ingavi, en 1841, iría a la cárcel de Palmasola, de Santa Cruz, si el juez acepta la demanda de los abogados del gobierno, en desacuerdo con la actitud del ex comandante militar y ex embajador que abandonó el viernes la audiencia en la que 39 personas son juzgadas por magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. Prado Salmón tomó temporalmente esa decisión (el lunes volvió a las audiencias) en protesta porque consideró que el juez cumplía sólo parcialmente una resolución del Tribunal Constitucional, que anuló una decisión que lo declaraba en rebeldía y que había permitido instalar las sesiones en Tarija. De allí vinieron a Santa Cruz pues uno de los acusados, el ex gerente de COTAS Ronald Castedo, sufrió un infarto causado por la altura de la ciudad sureña.
La audiencia del jueves deviene de un pedido de la acusación para castigar a Prado Salmón, confinado a una silla de ruedas desde 1981, por su inusual protesta y para modificar su actual estatus de arraigo domiciliario con permiso de trabajo, por el de detención preventiva. “Es parte de una estrategia para amadrentarme. No tendrán éxito”, dijo el militar tras el aplazamiento de la audiencia hasta horas de la tarde.
Jornada tensa del juicio del siglo
Versión ampliada
El juez Sixto Fernández multó este martes con el equivalente a 1.500 dólares al abogado Otto Ritter, de la defensa del general Gary Prado Salmón, y estuvo cerca de dejar sin defensa propia al vencedor de las guerrillas de “Ché” Guevara al final de una jornada tensa del Juicio del Siglo.
El juez lució contradictorio al disponer la multa y al mismo tiempo apartar al abogado de su función defensora del general retirado y anunciar la designación de un defensor de oficio, sin percibir que otro abogado también estaba a cargo de la defensa del militar.
A instancias del defensor, Fernández precisó que Ritter podría retomar su labor en la defensa este mismo miércoles, una vez pagada la multa de 9.900 bolivianos, el equivalente al sueldo mensual de un juez técnico.
La jornada fue tensa desde la mañana, cuando gran parte del tiempo disponible fue ocupada por la lectura del poder de cuatro nuevos abogados del gobierno, que se suman a la batería ofensiva oficial en el proceso que conlleva acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. A la sesión matutina siguió en la tarde otra ronda de lectura de documentos: el inventario de las pruebas del gobierno contra los 39 acusados. Parte de la jornada vespertina fue también ocupada por la lectura de números telefónicos de diversos extractos relacionados con el caso.
La actitud severa del juez sobrevino un día después que el Vicepresidente y Presidente encargado Álvaro García calificase como “vergonzosa” la demora del proceso, que se arrastra por más de cuatro años, y asegurase que el supuesto plan separatista cuya dirección es atribuida al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, muerto en la incursión armada al Hotel Las Américas en 2009, era el más peligroso que había enfrentado Bolivia.
Casi al final de la jornada, el tribunal dio curso a la demanda de los abogados del gobierno en contra de Ritter y del general retirado. Ritter fue acusado de abandonar maliciosamente la sesión el viernes pasado y reclamar que los jurados, incluso su presidente, cediesen sus funciones a un juez de Santa Cruz porque, en la interpretación que hizo el abogado de una decisión del Tribunal Constitucional, todo cuanto dispuso el tribunal desde las audiencias en Tarija, el año pasado, careció de base legal.
El juez dijo que tomaba nota de la protesta de la acusación por el abandono temporal de la audiencia por parte de Prado Salmón y de su pedido para que se le decrete prisión. El abandono fue temporal, pues tanto el general como su defensor estaban de vuelta en la sala de audiencias el lunes.
“Explíqueme”, pidió Ritter al juez al decirle que no entendía por qué se lo apartaba de la labor defensiva y a la vez se lo multaba. Planteó que se decidiese una cosa o la otra. El juez pareció percibir la contradicción y le dijo que debía pagar la multa. Luego, a instancias del abogado, precisó el valor.
El juez dijo que al Tribunal Constitucional le correspondería aclarar si la decisión, que anuló la declaratoria en rebeldía de Prado Salmón dispuesta el año pasado en Tarija, tenía efecto dominó a partir de las audiencias en esa ciudad, desde octubre pasado.
El mismo planteamiento para anular todo lo hecho desde entonces había venido del abogado José Hoffman, del ex presidente de COTAS Ronald Castedo, quien acusa al tribunal de atentar contra su vida al haberlo obligado a ir a Tarija contra la recomendación de sus médicos. Un infarto sufrido por Castedo fines del año pasado obligó a suspender las audiencias en aquella ciudad.
El juez dijo que el tribunal había cuidado de la salud de Castedo al traer las audiencias a Santa Cruz, anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso cambiar de sede.
El problema, causante de un acentuado debate, era que la decisión del TC fue emitida en noviembre, antes que el tribunal del caso dispusiese traer las audiencias a Santa Cruz, y conocida hace sólo unos días.
Juicio del Siglo: Tádic al ataque
El juez Sixto Fernández no pudo estar presente en la reanudación de las audiencias de Juicio del Siglo, a causa de fallas de horarios de la aerolínea nacional BOA, que lo dejo varado en La Paz, dijo la juez técnica del proceso. Pero de igual manera el cochabambino Mario Tádic Astorga ocupó la tribuna informativa para denunciar que “en Bolivia no hay justicia”. Hizo la denuncia teniendo a las espaldas a las tres mujeres integrantes del jurado, que al cabo de casi una hora de espera de la cabeza del tribunal coincidieron en suspender la reiniciación de la audiencia hasta mañana martes, a las 09:30.
“Su vuelo está retrasado”, dijo la juez técnica Elena Julia Gemio Limachi, al informar que el fiscal Fernández se había quedado esperando que las autoridades de BOA anunciasen la orden de abordar el avión. La juez desconocía detalles (al parecer el vuelo fue cancelado o partió demasiado tarde para que el juez pudiese llegar en hrario al Palacio Legislativo) y sólo lamentó que los funcionarios encargados de reservar y comprar los pasajes para los miembros del tribunal no hubieran hecho el trámite con la antecedencia debida. Ella, con funcionarios más diligentes, consiguió espacio en un vuelo más temprano y se vino a Santa Cruz con sus colegas, las dos jueces ciudadanas. “Es una pena”, dijo, cuando me acerqué a pedirle algún detalle más.
Pocos minutos antes, Tádic Astorga había congregado a su alrededor a una veintena de periodistas y camarógrafos ante los cuales protestó porque la justicia no aplicaba la misma medida que había recibido, en su tiempo, el ahora vicepresidente Álvaro García Linera. García Linera fue beneficiado con la extinción de la causa por la demora de la justicia en expedir una sentencia tras permanecer preso preventivamente durante cinco años (1992-1997). Tádic planteó la extinción del proceso que lleva más de cuatro años.
Tádic subrayó el pasado guerrillero del vicepresidente y distribuyó fotocopias de una “Edición especial Referida al Terrorismo” de una publicación titulada Gaceta Ilustrada. La cubierta de la revista traía el diseño de un rostro blanco y el de un indígena sobre toda la parte norte y oeste del que sería el mapa de Bolivia. Algunas notas centrales de esa publicación eran reseñadas con tres títulos de la cubierta: “Frente Común para combatir el terrorismo en Bolivia”, “La muerte de E.G.T.K.” y “Salvemos a Bolivia de las garras del terrorismo”.
Los 39 acusados en el Juicio del Siglo deben defenderse de acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. La de hoy iba a ser una audiencia decisiva pues el tribunal debía resolver la demanda de la defensa del general Gary Prado Salmón para aplicar integralmente una decisión del Tribunal constitucional que podría determinar la disolución del propio tribunal. Prado Salmón estuvo presente en la audiencia abortada por la ausencia del juez.
Tádic y el rumano Elod Tóásó son los dos sobrevivientes del sangriento episodio del Hotel las Américas, en Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Ambos están presos preventivamente desde entonces, al igual que la mayoría de los acusados.
