Tribunal

En busca del tiempo perdido

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Tras cruzar el sexto aniversario a partir del suceso sangriento que lo originó, el Juicio del Siglo empieza este lunes bajo un régimen draconiano. Las audiencias serán continuas, anunció el juez Sixto Fernández, de modo que se suprimirá la semana que mediaba entre un período de audiencias y otro. El régimen deberá continuar hasta sentenciar a todos los acusados, en el proceso penal más traumático de la historia boliviana reciente.

La decisión corre hacia una búsqueda del tiempo perdido, que nada tiene que ver con el título de la obra clásica de Marcel Proust sino con la intención de alcanzar  un desenlace total en lapso menor al que marca la tendencia de estos años.

El tribunal, compuesto por la juez técnica Elena Gemio y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, de La Paz, como el magistrado presidente, procura recuperar el tiempo perdido en vacaciones, salud, incidentes y feriados, trabajando a marcha forzada hasta sentenciar a todos los acusados. Cinco ya se acogieron al método abreviado y se declararon culpables después de años de alegar inocencia de la acusación, que los sindicaba de planear un alzamiento armado para dividir al país, previa capitulación del ejército.

Cuánto podrá durar todavía el proceso, en curso en Santa Cruz desde 2013, es pregunta abierta. El mayor de policías Rolando Ocampo Tarqui, testigo central de la acusación y primero de 41, declara desde el 23 de marzo y es interrogado por los fiscales del Ministerio Público y abogados del Ministerio de Gobierno.  Compañeros suyos figuran en la lista de testigos presentada originalmente por el ex fiscal ahora prófugo Marcelo Soza. La defensa se propone contra-interrogarlos.

En una medida vista por la defensa como un endurecimiento de la parte acusadora y del tribunal, el juez Fernández no objetó una demanda de la fiscalía para retirar dos termos de café de los que solían servirse acusados, defensores, visitantes y policías. El juez, inicialmente, titubeó ante el requerimiento del fiscal Sergio Céspedes, que reclamaba irritado que el café distraía la atención del testigo, al causar desplazamientos individuales esporádicos en la sala. “Que se saque el termo”, demandó. “Siendo evidente cuanto manifiesta…”, dijo el juez, al disponer un receso de cinco minutos que desembocaron en el retiro de los termos que solía llevar a las audiencias regulares Hugo Paz Lavadenz, uno de los 39 acusados.

A diferencia de otros de su género, el Palacio Judicial de Santa Cruz carece de cafetería.

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.