Svonko Matkovic

Surrealismo sin fin

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Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad bajo la que ha vivido durante ocho años de encierro en el penal. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó las acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años.  Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.

Matkovic era uno de los tres acusados aún presos en Palmasola por el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía hipótesis de alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Este última acusación fue quitada del pliego acusatorio pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.

En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.

Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (¨Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero¨) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.

Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glicosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glicosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba ¨en prenda¨ y el encargado de custodiarlo también.  El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.

En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.

Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Son aún desconocidos los detalles de la incursion, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana.  En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.

Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que ¨todos fueron golpeados¨ por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de ¨mal trato¨, pero el cojear acentuado que tenia en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.

Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.

Arrecian las olas en el Juicio del Siglo

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El Juicio del Siglo recobró ímpetu estos días sustentado por elementos novedosos que avivaron en la memoria colectiva de Santa Cruz el episodio brutal del Hotel Las Américas y sus secuelas cuyos traumas aún perviven, a casi ocho años del acontecimiento.
Uno de los 39 acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana fue encumbrado como Vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más influyente institución cívica de la región oriental. Durante una apretada licencia de la prisión de Palmasola, Svonko Matkovic Ribera juró al cargo el martes en una ceremonia colmada de significación por el desafío de apuntalar banderas que para el gobierno central eran anatema hasta no hace mucho. Al grito de autonomía, ahora expandido a todo el país, se suma el reclamo por un ¨pacto fiscal¨ equitativo que asigne a la region más libertad para administrar los recursos del impuesto a los hidrocarburos.
El joven de 38 años recibió autorización para asistir a la ceremonia de su posesión como dirigente cívico apenas un par de horas antes. Matkovic Ribera es parte de la nueva directiva de la organización, ahora presidida por Fernando Cuéllar para una gestión de dos años.
La designación unánime de Matkovic por las instituciones representadas en el comité subrayó el rechazo a la acusación gubernamental de que desde Santa Cruz se conspiró para desencadenar una campaña terrorista y dividir al país. De la acusación inicial ha desaparecido por insostenible el cargo de que los supuestos insurrectos urdían el asesinato del Presidente Morales.
Su redactor original, Marcelo Soza, decidió que no habría cómo probar una tesis de magnicidio. Las autoridades, sin embargo, recurren a menudo a la idea de que la eliminación del presidente era parte de los objetivos para dividir Bolivia que atribuyen a Eduardo Rózsa Flores. El personaje murió ejecutado durante la incursion de la policía en el hotel donde estaba alojado junto a cuatro acompañantes, dos de los cuales también murieron acribillados a tiros.
Todos estaban en paños menores o desnudos y en esa condición habrían disparado sobre la unidad policial que los sometió, en un acto que el entonces fiscal Soza llamó ¨injusto¨.
Los dos sobrevivientes, al cabo de seis años de negar la acusación, se declararon culpables, salieron en libertad condicional y después fugaron del país.
En más de tres años, desde que el juicio oral fue abierto en Santa Cruz, el Ministerio Público no ha conseguido consolidar su causa, pues son cada vez más fuertes las dudas sobre la tesis del gobierno, cuyo mayor detractor es el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil. Soza ha dicho que la tesis acusatoria fue elaborada bajo presiones del gobierno para inculpar a los líderes cívicos de Santa Cruz.
La ceremonia de posesión de Svonko Matkovic, quien estuvo rodeado de toda su familia, fue una de las más concurridas en muchos años y una señal de que el impacto del asalto al Hotel las Américas y todas sus secuelas aún están latentes en esta región. Aunque Matkovic ha prometido que se empeñará a fondo para ser una pieza directiva útil para el Comité, nadie duda que su designación en el directorio que ahora preside Fernando Cuéllar es un mensaje de que las instituciones cruceñas no han olvidado la zozobra que vivió la región tras los acontecimientos de abril de 2009.

El interés por el juicio fue atizado al comparecer entre los testigos de descargo el ex Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico Landa, ahora asambleísta departamental de La Paz. En la tarde del viernes, la ex autoridad de gobierno refirió que un amigo que no identificó le había contado que cuando arreciaban las convocatorias para que personajes de Santa Cruz fuesen a declarar a La Paz le preguntó al ex dirigente deportivo Juan Carlos Guillén por qué no estaba entre los convocados.
¨¿Acaso yo soy c…¨, le había contestado para agregar su ausencia de esa lista era porque había pagado 80.000 dólares a Marcelo Soza. Guillén no está en Bolivia desde ese tiempo.
La afirmación del ex viceministro reabrió en la audiencia del juicio el tema de las denuncias de soborno y la extorsión que ha acompañado al mayor caso penal de la historia boliviana. Hasta ahora, las únicas denuncias conocidas en el juicio habían sido formuladas por el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar Villarroel y Svonko Matkovic Fleig, ex prefecto de Santa Cruz y padre del nuevo vicepresidente cívico.
Matkovic Fleig dijo que hubo otros sobornados por una red que atribuyó al ex fiscal, pero nadie más ha vuelto a hablar de la cuestión, hasta la mención de Torrico Landa, cuya declaración fue suspendida hasta la próxima serie de audiencias, prevista a partir del 20 de marzo.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.