Sixto Fernández

Tribulaciones del Juicio del Siglo

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En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval . El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tibunal de Sentencia de La Paz,  consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo,  tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.

El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada y conjura separatista. En principio tenia el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en ¨Labrado en la memoria¨, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.

El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños,  está estancado, aún en  la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo a las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.

Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo  cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la version. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo.  Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.

A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda  la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.

Cuando más es menos

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Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitales de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.

En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el ex fiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del ex fiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.

Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas.

Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales.

La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.

Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía de la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista.

Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de COTAS dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final.

Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Rueda del destino

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La reacción de jueces y acusadores en el Juicio del Siglo pareció de molestia contenida cuando dos abogados defensores señalaron que las irregularidades procedimentales que denunciaban serían base para plantear la nulidad del proceso, con las consecuencias resultantes en cuanto la brújula política del país señale otra dirección.

¨Ya sabemos que Uds. tienen lista la sentencia condenatoria¨, dijo el abogado Otto Ritter, tras los esfuerzos infructuosos de su colega Carlos Mariaca para convencer al tribunal de aplicar a su favor reglas que en audiencias anteriores habían favorecido a la acusación. ¨En cuanto caiga este gobierno usaremos estas decisiones para demandar la revisión del proceso¨, había dicho Mariaca. En otras circunstancias, el tribunal y los acusadores habrían protestado de inmediato diciendo que se los amenazaba. Esta vez acusaron la advertencia sin escandalizarse.

El abogado reclamaba que se permitiese al jefe de policías que testifica desde hace casi tres meses, aclarar si había sido investigado alguna vez por corrupción, por extorsión o por delitos que descalificarían su condición de investigador probo e imparcial. El juez Sixto Fernández descartó la pregunta reiteradamente diciendo que el jefe policial no era investigado.

Es curioso pero recurrente. Pocos casos dramatizan tanto los vaivenes de la justicia y sus ejecutores como el que ahora ocurre en Argentina. El trazado del destino tiene un curso inexorable que suele colocar a personas un tiempo con todo el poder frente a mecanismos que crearon o que un tiempo los favorecieron.

La ex presidente Cristina Kirchner acaba de quejarse de sufrir una persecución y  que están en riesgo sus bienes, congelados por un juez y con valor multiplicado respecto a los que poseía antes de acceder al poder a principios de la década anterior. Hace solo un año, contra la ex presidente nadie habría osado actuar judicialmente, al igual que contra los que, desde un poder judicial permeable, la protegían. Hoy, en un radical vuelco de fortuna, los que hace poco tiempo cometían atropellos y abusos de poder, también están en la picota.

No es la única, pues en situación similar se encuentran algunos de sus ex colegas en la región.

El Juicio del Siglo llegó a un clímax la semana pasada con el deterioro de la salud del general Gary Prado Salmon. Dio vuelta al país, y también más allá, la imagen del militar declarado Héroe Nacional por el Congreso tendido sobre una camilla desvencijada.  Al día siguiente, la camilla fue sustituida por otra menos precaria, suficiente para ver  las llagas de las escaras de la parálisis que lo tiene en silla de ruedas desde 1981, cuando cumplía una misión para restablecer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz.

 

“…ya no puedo más”

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La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.

La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).

La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la  declaración del mandatario a El Deber, publicada el  viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una  campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”