Rubén Darío Cuéllar

Elecciones con sabor legislativo

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Todo parece indicar que tendrán un fuerte carácter legislativo las elecciones a celebrarse en octubre, cuando el gobierno decida la mejor fecha, pues no desea una sobreposición con las elecciones presidenciales en Argentina, donde en las más recientes elecciones hubo unos 100.000 sufragantes bolivianos. Debido a la disputa aún no zanjada definitivamente en torno a la recandidatura del presidente Evo Morales, que los principales partidos opositores se rehusan a aceptar, las principales organizaciones se preparan para una justa en la que por primera vez el principal trofeo puede no ser la presidencia de la república, sino la mayoria de las cámaras legislativas. Desde ellas se habrá de gobernar más que desde la presidencia durante el período 2020-2025, vaticinan politólogos y entendidos en cuestiones electorales.

El Partido de gobierno da por descontado que sus candidatos ganarán la elección. Pero esa premisa aún tiene un camino largo por recorrer debido a la oposición a una nueva candidatura del presidente Morales, que empieza a ser juzgada como una anomalía también en el exterior.

Con el gobierno de Nicolás Maduro tambaleante, o con los dias contados, como aseguran autoridades estadounidenses, resulta prematuro dar por asegurada la candidatura del líder boliviano cuando la corriente que lo lleva, el Socialismo del Siglo XXI, yace en la lona. La camiseta de esa corriente solo la visten el venezolano Maduro y el presidente Morales. De ella ya se apartaron los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador, solo en América del Sur. Nadie duda que de persistir en su candidatura, tendrá que remontar una cuesta extenuante muy empinada. Nadie ignora las dificultades de gobernar en esas condiciones, bajo un ambiente externo crecientemente adverso.

La experiencia de perder para el oficialismo la gran mayoría de los escaños parlamentarios ha resultado nefasta para las fuerzas opositoras, que, como imbuídas de un impulso disgregador, han optado por caminos individuales contrario a unir sus fuerzas en un solo frente, sin esperar una todavía supuesta segunda vuelta presidencial basada en la creencia de que el candidato oficial no será capaz de ganar de un solo envión. Eso supondría un cálculo frágil, dicen los entendidos, un todo o nada peligroso para sus proponentes y sus seguidores cuando en muchos ciudadanos persisten dudas sobre la pureza del padrón electoral, al que se atribuye contener registros ilegales correspondientes a difuntos y duplicaciones, entre otros, capaces de alterar resultados.

Aún está pendiente un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH sobre la legalidad de una nueva candidatura del presidente Morales. Ésta fue rechazada por el referendum de febrero de 2016 pero reimpuesta por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictaminó que la re-elección, inclusive ad infinitum, es un  derecho humano  individual que se sobrepone a un derecho colectivo como el emanado del referendum.

La espera por el dictamen de ambas instituciones sobre el entredicho luce interminable.¨Estas instituciones deberían actuar de oficio sin siquiera esperar una denuncia¨, me dijo Rubén Dario Cuéllar, quien preside la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que pidió el pronunciamiento de las cortes regionales.

¨El silencio que se empecinan en mantener sobre Bolivia, ronda la complicidad sobre la violación denunciada¨. Realcó que el fallo del TCP a favor de las reelecciones indefinidas ¨desconoce la voluntad del soberano expresada el 21F¨ e ignora la CPE que dicta que el presidente y el vicepresidente ¨solo pueden ser reelegidos por una sola vez¨.

Con la candidatura oficial aun en entredicho, los esfuerzos de los partidos que concurrirán a las elecciones de octubre deberán volcarse hacia los pretendientes a cargos legislativos. La campaña que se asoma puede ser una de las más reñidas de la historia.

Caminos al mar

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Las jornadas recientes en La Haya favorecen la estrategia en la que el país está empeñado para retomar la condición de vecindad al Pacífico, pero a la sensación de confianza se suman interrogantes que en el corto plazo deberán empezar a ser respondidas. No se vislumbra cuándo la pelota empezará a rodar para las siguientes fases de un juego supremo para Bolivia, pero parece prudente comenzar a analizar cuánto el país está dispuesto a invertir. ¿Canje territorial? ¿Algo menos o algo más? ¿Algo diferente? El tema cautivó a una audiencia selecta que hace pocos días se congregó en la Universidad Nacional Ecológica para escuchar las opiniones de especialistas del tema en sus distintas facetas.
En un paquete académico de seis en uno, Rubén Darío Cuéllar, Antonio Mariaca, Hugo Siles, Karen Longaric, Alberto Zelada y Fernando Salazar concurrieron a una invitación del rector de esa universidad, Carlos Hugo Molina, y la directora de la carrera de Relaciones Internacionales, Roxana Forteza, para exponer puntos de vista sobre el tema que tiene a la diplomacia boliviana bajo alerta máxima.
Cuéllar, ex Cónsul Adjunto en Chile, partió de la premisa en que se apoya la gestión en curso: Bolivia no busca revisar ni desconocer tratado alguno sino recuperar cualidad marítima. Enseguida, el catedrático Mariaca sostuvo que la Corte de La Haya se declarará competente, pero solo al final de la ronda en curso, para la que reclamó “cautela y buenos modales” pues “no es tiempo de confrontación”. “Con Haya o sin Haya, tenemos que negociar”. Cerró su intervención abriendo compuertas hacia el punto que quema en toda discusión a la hora de la cuenta: ¿Cuánto?
En su turno, Hugo Siles, Ministro de Autonomías, aseguró que las reuniones del presidente Morales con expertos nacionales antes de llevar la disputa a La Haya fueron una consulta nacional y que el camino había sido cuidadosamente preparado. En la ronda siguiente destacó las pérdidas económicas del enclaustramiento. Karen Longaric, también profesora de Relaciones Internacionales y ex diplomática, propuso a sus colegas hablar sobre las bases jurídicas de las posiciones de los dos países y de la intangibilidad de los tratados, angular en la diplomacia de Chile. Cada uno puntualizó sus visiones.
Un plato más fuerte lo sirvió el ex vicecanciller y ex Cónsul General en Chile, Alberto Zelada. La delegación boliviana debió haber respondido de inmediato “19 de diciembre de 1975” a la primera pregunta del tribunal, sobre cuándo había concluido un acuerdo para negociar un acceso soberano al mar, dijo. Aquella fue la fecha de la proposición formal de Chile, producto de la reunión Banzer-Pinochet. Y sobre lo que debía plantear Bolivia si llegase un nuevo momento de negociación, el punto de partida debía ser esa fecha. La sala estuvo de acuerdo en que, al margen de declaraciones, los dos países habían ingresado a temas esenciales.
Fernando Salazar, autor de una de las obras de biblioteca sobre la cuestión marítima (“Desatando Nudos”), recordó que en La Haya no se está discutiendo una salida al mar sino sobre reunirse alrededor de una mesa y negociar. También partidario de fórmulas “sub-óptimas” como alternativa (“supremacía territorial”, o todo, excepto soberanía plena), el internacionalista mostró insatisfacción con el desempeño boliviano. “Nuestra respuesta no fue la más feliz”, dijo, respecto a la primera pregunta –la aludida por su colega Zelada- pero destacó la audacia del presidente Morales al romper un ciclo en la ruta de la política marítima y avanzar con la bandera de “los actos propios”.
Zelada prendió una señal. En 1943, recordó, ocurrió un viraje en la política exterior boliviana, que hasta entonces buscaba modificar el tratado de 1904. Ese año el país entregó una memoria al Secretario de Estado norteamericano reconociendo la legalidad de la soberanía de Chile sobre la costa que había sido boliviana. Pero enseguida subrayaba la necesidad que tenía de una salida al mar, que esperaba satisfacer en entendimientos directos con Chile. Sobre esa base llegaron las notas de 1950, Charaña y la proposición de 1975. El hito contrastaba con el peor nivel al que han llegado ahora las relaciones con USA.
Con la sensibilidad de todo el país, Santa Cruz sigue atenta las sesiones de La Haya. De aquí también han partido propuestas para la mediterraneidad, algunas enteramente novedosas. Un estudio del Ing. Germán Carrasco Ardaya, de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, planteó hace un tiempo intercambiar territorios sin timidez. Si hubiere dificultades en departamentos occidentales para un eventual canje ¿qué tal ofrecer un área cerca a la frontera con Brasil? El estudio tiene un señuelo inescapable: la zona sería imán para inversiones chilenas proyectadas hacia Brasil y el Atlántico. Los vecinos brasileños retribuirían por las mismas razones, asociados al impulso exportador de la economía chilena, en una dinámica que incluiría a todo el cono sur del continente