Reservas

Dar sentido a las cifras

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Billones y trillones; pies cúbicos y metros cúbicos. A juzgar por la soltura con la que las cifras y las medida son desplegadas rutinariamente, el país está conformado por expertos que con una mirada aferran números siderales y procesan su significado. Estos días todos los medios destacaron la noticia que vino desde la Presidencia del Estado Plurinacional: Bolivia contaba con reservas de gas natural que el pasado diciembre llegaban a 10,45 billones (trillones ingleses) de pies cúbicos, un aumento del cinco por ciento respecto a la cantidad registrada cuatro años antes  por una medición certificada. Los que lograron procesar al instante la magnitud de la cifra y expresarla bajo una forma más cotidiana y vulgar podrían concursar para un premio a la lucidez.
Desde hace años, al público boliviano se le informa que los contratos de exportación están calculados en metros cúbicos. A Brasil se le venden 31 millones de metros cúbicos diarios. A la Argentina exportamos cerca de 20 mm3 diarios. El consumo nacional está en unos 10 mm3. Llegamos así a una producción superior a 60 mm3 diarios. El salto hacia pies cúbicos no hace sino marear. La cifra brindada por el gobierno habría sido más sencilla y manejable si el anuncio oficial hubiese dicho que el volumen certificado garantizaba la producción y exportación durante unos diez años al ritmo presente, cualquiera que sea la forma en la que se la exprese, pies cúbicos o metros cúbicos. (Y tal vez menos, podría decirse, pues las reservas nunca son extraídas hasta llegar a cero y se las cierra, como en las cuentas bancarias. Salvo que esa previsión esté de alguna forma ya contenida en los cálculos oficiales. La cuantificación anterior no incluye proyectos industriales como petroquímica o El Mutún.)
El anuncio ha causado perplejidad. La cifra es inferior en cerca de un 10 por ciento respecto a otra anunciada en mayo por autoridades de YPFB (la información está en la red.) Los nuevos datos han aumentado la ansiedad generada por la urgencia de incrementar substancialmente las reservas del recurso que por ahora representa el sueldo de Bolivia. Parafraseando la obra monumental de Daniel Yerguin sobre el surgimiento y expansión de la industria petrolera en el mundo (The Prize, 1992), para Bolivia, el gas hace posible “dónde vivimos y cómo vivimos”.
Los volúmenes certificados son una porción de los que circulaban a principios de la década pasada, cuando se llegó a creer que el país guardaba el segundo mayor reservorio gasífero del continente después de los que tiene Venezuela. Pero se trataba de cifras meramente especulativas, Desde entonces, el total de esas reservas ha estado encogiéndose en un proceso que aún no logra ser revertido.

El desafío del gas

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A comienzos de 2003 una misión frondosa de funcionarios bolivianos (nueve ministros) encabezada por el propio presidente de la república llegaba a Brasilia con una misión casi imposible: convencer a los gobernantes brasileños que Bolivia no podría reducir el precio para el gas que le entregaba desde hacía cuatro anos. Brasil calculaba que cuando se llegase al máximo requerido (31 millones de metros cúbicos diarios), el precio sería prohibitivo.
El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a La Paz sin persuadir a los brasileños de que los precios contratados para el gas no debían ser discutidos. El asunto quedó para futuras reuniones. El gobierno boliviano –como siempre, salvo en estos los últimos años- estaba en graves apreturas y los ingresos fiscales no alcanzaban para cubrir los gastos presupuestados, menos aún para atender múltiples demandas salariales y de inversión. El precio del gas era entonces una fracción del actual.
Durante una entrevista en aquellos días en la capital brasileña, el mandatario me dijo que había agotado toda su fuerza de argumentación para conseguir imponer el punto de vista boliviano. “Les he dicho: Primero dejemos que el tubo (el gasoducto) se llene (Bolivia aún no había llegado al tope de sus entregas) y discutamos cuando eso ocurra. No hay caso. Llegué a decirles que si Brasil persistía en su actitud, pronto tendría que negociar con otros…”, entre los cuales mencionó a algunos líderes de entonces, entre ellos el actual presidente Evo Morales.
Los costos de la energía son sensibles en toda sociedad. Para Bolivia, reducir la factura de Brasil era como quitarse oxígeno para respirar. Para Brasil, cualquier rebaja en los costos de la energía que importaba también era importante. Había un ingrediente adicional: Sánchez de Lozada no era de los favoritos del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, del PT, entonces una estrella novedosa que refulgía en todo el escenario mundial. Además de los factores económicos, no había mayor interés político en otorgar una concesión al mandatario boliviano, ubicado en la otra esquina del modelo que encarnaba Lula. A fines de ese año, Sánchez de Lozada no era más presidente, en la cúspide de una secuela de eventos que desembocarían en la elección democrática de Morales, a fines de 2005.
La historia suele ser recurrente. Este viernes por la mañana leo en una entrevista (El Deber, Pág. 6) la declaración de un analista brasileño especializado en energía quien anticipa que Brasil demandará una disminución de precios en la discusión de un nuevo contrato, que substituiría al que fenece dentro de seis años. Marco Tavares dice que el precio debería ser de siete dólares por millar de unidades térmicas británicas (la medida para calcular el contenido energético del gas) en vez de los 10 dólares actuales. Es un 30% menos, que probablemente representa el valor que quiere Brasil. En ese porcentaje puede estar gran parte de la bonanza económica que ha tenido Bolivia estos años.
Con todo, el precio no es el único elemento importante. De acuerdo con el analista, y con cualquier observador de los vaivenes de la industria petrolera, el eje de todo es que Bolivia pruebe que tiene reservas suficientes como para garantizar un nuevo contrato. En negociaciones con Venezuela o con cualquiera de los productores árabes de petróleo habar de reservas es superfluo. Con Bolivia es esencial, pues el país no es más el reservorio gasífero que se creía a principios de siglo. ¿Se acuerdan que el presidente Chávez llegó a proponer un gasoducto continental sudamericano que uniría el gas de Venezuela (No. 1 en reservas) con el de Bolivia y Perú para llegar a toda América del Sur? La idea murió por imposible, ecológica (devastación en la región amazónica) y financieramente (US$30.000 millones).
Al ritmo actual de producción las reservas probadas bolivianas durarían entre seis y 10 años. Eso explica la prisa por conseguir inversionistas para explorar, pues YPFB sola no puede hacerlo. Se trata de una escala de miles de millones de dólares. No ha habido ningún hallazgo de magnitud en los últimos años. Hace poco, las autoridades anunciaron que los que encuentren hidrocarburos recibirían como compensación los gastos que hubieren tenido en la exploración. No es poco, pero está por verse si el incentivo es suficiente en esta carrera contra el tiempo.

Subsidios en conteo regresivo

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Las filas de personas para comprar gas licuado, cada vez más largas estos días en las principales ciudades bolivianas,  me recordaron un estudio que hace unas semanas me envió  un ingeniero petrolero para demostrar que los precios más  bajos y subsidiados  incrementan el consumo exponencialmente, más allá de la capacidad de  los países para sostenerlos sin sufrir graves daños. En el estudio sobre 13 países de la región, Nicaragua, con los precios más  altos, es el que menos consume. Venezuela, con los precios más  bajos, es de  lejos el mayor consumidor. Bolivia ocupa el séptimo lugar en precio y consumo, pero la tendencia del consumo interno a crecer luce imparable. Esa tendencia es peligrosa en momentos en que las reservas gasíferas han caído a un quinto del volumen que ostentaban hace una década, cuando eran grandes las esperanzas de transformarlas en plantas petroquímicas y termoeléctricas y El Mutún industrializado parecía al alcance de la mano. Estos días, el consumo de GLP llega a unos seis  millones de metros cúbicos, cerca de lo que  consumiría el proyecto Mutún.

El  rey de los carburantes subsidiados en Bolivia es el diesel. De cada 12 bolivianos que cuesta un  litro importado de Venezuela, el consumidor sólo paga 3.72. Los otros 8.28 bolivianos salen del bolsillo del estado. Desde que el gobierno optó por el subsidio a los carburantes en la década de 1990, el gasto no ha cesado de crecer. Este año, la importación de ese combustible costará al Tesoro Nacional unos 1.100 millones de dólares (253 millones de dólares en el primer trimestre, según datos oficiales).

Si se mantuvieran los volúmenes y valores de las exportaciones gasíferas de los primeros meses,  al final de año Bolivia recibiría 5.916 millones de dólares, un récord espectacular. Pero también sería espectacular el monto por los subsidios, pues de cada 100 dólares recibidos como pago por las exportaciones a Brasil y Argentina, 18.5 ciertamente se habrán de desvanecer en subsidios.

Es natural preguntarse si la bonanza es sostenible. La respuesta de los expertos es condicionada por varios “si”. Si hubiese una producción suficiente para compensar una baja de precios con un aumento de las exportaciones; si la demanda de los compradores creciera o surgieran nuevos mercados para exportar, y si –este es el cuello de la botella- hubiese suficiente inversión como para garantizar una producción mayor sostenida.

Por ahora y desde hace rato, las inversiones en exploración y producción son mínimas en relación a las requeridas.  YPFB carece de condiciones para soportar sola un volumen de inversiones de miles de millones de dólares. Sus convocatorias han sido insuficientes para atraer capitales de la escala requerida por el sector. Los que trabajan en hidrocarburos sostienen que las inversiones que se realicen hoy podrán empezar a producir en una década, al menos.  En los siete años desde la toma militar de los campos hidrocarburíferos,  no se ha encontrado un nuevo campo Margarita o de magnitud aproximada capaz de elevar las reservas, cuyo tamaño real es un secreto. Sólo se conocen datos dispersos. Como todo parece  indicar que la capacidad de producción está al máximo, es incierto el efecto que ese ritmo puede tener sobre la producción de líquidos, que obtienen del gas la presión que necesitan para salir a la superficie.

No luce probable un aumento de la demanda de Brasil, cuyo ritmo económico ha disminuido este año y no es inminente una recuperación.  Menos mal, pues el país no tendría condiciones de cubrir una demanda mayor sin afectar las necesidades internas, ya visibles en las colas mencionadas al comenzar esta nota.   El cuadro que ofrecen los pacientes compradores de botellones de GLP, que también refleja una red de cañerías insuficiente para llegar con el producto a todos los domicilios, resume los desafíos que tiene al frente la  empresa estatal.