Represión

Maduro en su Hora 25

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La conmoción interminable que vive Venezuela bajo Nicolás Maduro ha alcanzado otra vez niveles críticos y todo parecería apuntar a un desenlace próximo. La forma que tendría ese desenlace se ha vuelto foco de las más grandes apuestas políticas de la region latinoamericana sobre un país que ha sido un centro constante de controversias en las últimas décadas.
La ciudadanía opositora ha encontrado una forma de manifestarse que complica la represión de los soldados de la Guardia Nacional: la protesta es en paz, bajo la forma de ¨plantón¨ en la que la gente se concentra en determinados lugares para expresar su descontento con el régimen de una manera nada habitual. No es fácil echar gases lacrimógenos sobre gente que conversa, lee, canta, reza y juega cartas mientras acumula adherentes.
El Nacional relató el lunes que una mujer se hizo presente en una avenida del este de Caracas y envuelta en los colores de la bandera venezolana, realizó piruetas frente a plantonistas, alegres y animados con el inesperado espectáculo acrobático de la atleta que simulaba reprimirlos.
No fue así en todas partes ni en todo momento. Dos personas murieron el martes en las ciudades de Mérida y Barinas, lo que elevó a 26 el número de víctimas fatales. Este miércoles la tension había recrudecido en Caracas y imágenes televisivas y testimonios por internet mostraban de nuevo nubes de gas lacrimógeno en el centro de la ciudad con el despliegue de la milicia policial para dispersar manifestantes.
Las protestas estallaron a fines de marzo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de disolver la Asamblea Nacional, en la que la oposición tiene una amplia mayoría, y asignar a una de sus salas el papel legislador. Dirigentes opositores dijeron que el movimiento de protesta no cederá hasta que el gobierno convoque a elecciones regionales, se dicte una amnistía general con liberación de todos los prisioneros políticos y Maduro se repliegue del escenario politico venezolano.
Incluso para los gobiernos europeos que apoyaban a Maduro o evitaban criticarlo, la continuidad del sistema que implantó el comandante Hugo Chávez luce insostenible. Ahora ni siquiera contaría con los votos dóciles de algunas islas del Caribe que lo protegían contra censuras y aislamiento hemisférico.
Los analistas ven al régimen a cargo del país con las más grandes reservas petrolíferas del mundo en picada lenta y dolorosa, con su presidente ahora abierto, quizá demasiado tarde, a concesiones que hace pocos días nadie imaginaba poder arrancarle. El domingo dijo que estaba ansioso por realizar las elecciones para gobernadores que debían haberse efectuado en 2016. Pero no iba más allá del que dijo que era su mayor deseo, y el Consejo Nacional Electoral, que el régimen controla, se mantenía en silencio. Maduro lanzó la carta electoral para apaciguar a los venezolanos que están en las calles. Éstos no le creyeron o desdeñaron la jugada. El Socialismo del Siglo 21, del que el gobierno boliviano es militante, parecía en trance de perder a su país líder fundador y hasta no hace mucho ariete financiero.
Los observadores veían una perspectiva sombría para esa corriente y creían que, dado el fracaso estrepitoso en Venezuela, con 1.660 por ciento de inflación calculada para este año, escasez insoportable y una delincuencia desembozada, no levantará cabeza en la región siquiera durante dos generaciones. La izquierda radical venezolana dilapidó la mayor oportunidad que tuvo de erigir a su país en un ejemplo de desarrollo armónico pues recursos financieros no le faltaban. La falta de talento administrativo y de honestidad del regimen habrían quedado al desnudo cuando los precios del petróleo se derrumbaron hace tres años.
Los observadores dicen que las cavilaciones de las cancillerías de la región se centran en determinar la forma que tomaría apartar al régimen. Un golpe clásico parece descartado, aunque subrayan que esa sería la forma que Maduro y su régimen buscarían.
Nada más ingrato para un gobierno de izquierda como la venezolana, subrayan, que salir desplazado por la voluntad popular. La memoria de líderes de la izquierda europea como Honecker y Ulbritch, (Alemania), Ceaucescu (Rumania), Jaruzelski (Polonia), Svoboda (Checoslovaquia), Hoxa (Albania), Kádar (Hungría), para citar a algunos, se deslizó muy rápido hacia el olvido y el desprecio por un tobogán oscuro apenas fueron apartados del poder. O ejecutados, como el caso del rumano. Nadie se atrevería a erigir una escuela, fundar una Universidad o abrir una biblioteca con el nombre de cualquiera de ellos.
Un golpe militar y una represión masiva permitirían a los líderes de la izquierda venezolana victimizarse y provocar alguna reacción internacional de simpatía. Pero el camino de la resistencia pacífica promovido por las organizaciones civiles venezolanas apunta a una salida institucional cuyo camino sería solo la renuncia de Maduro y/o la convocatoria inmediata a elecciones nacionales y regionales.
Los observadores creen que el mango de la sartén ha pasado a manos opositoras y que el margen de maniobra del regimen venezolano es estrecho. Como en la novela de Constantin Virgil Gheorghiu, La Hora 25, es el momento en que para el individuo se acaban las posibilidades y yace solitario ante la maquinaria del estado. Solo que en este caso, subrayan, Maduro debía representar al estado. Ahora el juego parece camino a una voltereta en la que el líder venezolano pronto podría enfrentarse a la justicia. Tal vez en ese momento podría pedir que no sea la misma justicia que el régimen montó.

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Chaparina: A dos años quedan pocas dudas

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Con la declaración del ex viceministro del interior Boris Villegas, ahora preso del mismo sistema que ayudó a estructurar y funcionar, quedan pocas dudas sobre el origen de la orden para reprimir a los indígenas de la octava marcha que caminaban rumbo a La Paz hace dos años. En la declaraci[on que hizo al fiscal que investiga la represión ocurrida entonces, Villegas afirmó que la orden vino del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien ahora representa a Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas. Correspondería un careo, un mano a mano entre los dos que estoy seguro que el país entero pagaría por ver. Sería interesante una encuesta rápida para ver cuál de los dos merece más confianza –o desconfianza- de la ciudadanía. ¿Será que las encuestadoras encontrarían auspiciador?
La orden dada por el ex ministro compromete al presidente y al vicepresidente, quienes difícilmente podrán argüir que no sabían lo que estaba ocurriendo. Fernando Vargas, el dirigente del Tipnis, asegura que la decisión de intervenir la marcha fue tomada por todo el gabinete de ministros de entonces. La versión de Vargas coincide con las que se han dado desde el asalto policial sobre la marcha. En su momento, la entonces dirigente Justa Cabrera responsabilizó al presidente Morales.
Citado en Erbol, el dirigente dijo: “Don Sacha Llorenti no es el que dio las órdenes porque quiso…la intervención…se la ha decidido en gabinete…eso se lo ha hecho con el consentimiento de todo el gabinete y con el consentimiento del presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales.”
Cerca del segundo aniversario del asalto, no es difícil percibir la magnitud de la brecha de ocurrida desde entonces entre los indígenas del trópico y el presidente y el partido de gobierno. La controversia no ha amainado y Chaparina emerge como río divisor del movimiento indígena que un tiempo lucía compacto.

¿Quién aplaudió la “represión limpia y sin balas” en Chaparina?

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La pregunta fue hecha esta comienzo de semana por la ex Ministra de Defensa Cecilia Chacón al exponer insatisfacción con la designación de Sacha Llorenti como representante boliviano ante las Naciones Unidas. La ministra, con un sonoro “así no”, renunció al gobierno del presidente Morales hace casi un año como protesta por la represión policial sobre la marcha indígena en Chaparina, de la cual ninguna autoridad quiere responsabilizarse. La insatisfacción de la ex ministra, la única en dirigir la cartera de Defensa Nacional bajo del actual gobierno, es un hecho noticioso de  magnitud.
Cuenta de la carta de la ex ministra dio la Agencia de Noticias Fides (ANF), que colocó un resumen en su portal Noticias Fides y alertó a los medios sobre la actitud de quien durante algunos meses estuvo a la cabeza de las armas bolivianas.
(Para ver la entrada completa ir aquí al lado, a Páginas)

Ecuador condena represión

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El gobierno ecuatoriano, de tendencia política similar a la del presidente Morales, ha condendo la represión que el jueves permitió a la policía someter a un grupo de discapacitados y con esfuerzo y disciplina restablecer el orden en la Plaza Murillo y sus alrededores,  amenazados por personas con capacidades especiales (una denominación genérica que involucra a paraplégicos, mutilados, cojos o lisiados, entre otras discapacidades)  que habían recorrido cientos de kilómetros en sillas de ruedas y muletas para reclamar un bono.
De nuevo, Erbol, el sistema que reúne a unas 300 emisoras rurales en todo el país, trajo la información, que refleja la impresión que ha causado en el mundo la hazaña policial boliviana.
“No puedo sino expresar mi extrañeza porque todavía existan fuerzas policiales que arremeten contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad”, declaró el vicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno, en una nota que envió al presidente Morales. Moreno, él mismo discapacitado y confinado a una silla de ruedas debido a en la columna sufridas durante un asalto, dijo que le había asombrado “la violenta represión” contra “los hermanos bolivianos” y le recordó a la autoridad boliviana que en 2010 Bolivia había suscrito una declaración de apoyo a los descapacitados y se había comprometido a brindarles asistencia.
Hasta la noche se desconocía si ha habido alguna reacción de las autoridades nacionales por las repercusiones internacionales del bochornoso episodio. Leo en la página digital de El Deber que la ministra de Informaciones culpó de los desórdenes a “infiltrados” provenientes de sectores de oposición.  El mismo medio trajo una nota que informa que el ex Ministro de Alfredo Rada dijo que consideraba “justificada” la demanda de los discapacitados.