Refugio

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

Conminatorias

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El Fiscal General del Estado ha sido conminado a “materializar” la extradición del ex fiscal Marcelo Soza, a cargo del Juicio del Siglo durante cuatro años y ahora en Brasil, donde se le ha extendido la condición de refugiado al menos hasta septiembre de 2015. La conminatoria carece de plazo pero tiene características que el magistrado, Ramiro Guerrero, no podrá ignorar. Viene del Presidente del Senado, Eugenio Rojas, a quien se supone asesorado por funcionarios versados en derecho de asilo y en las decisiones soberanas que asumen los estados.

El funcionario dijo que esa autoridad “tiene que hacer cumplir la norma. No sé por qué no está haciendo cumplir. Es su atribución; tiene que demostrar toda la documentación del caso…nosotros vamos a exigir un informe que nos presente y aclare cuál es la tarea que ha cumplido respecto a Marcelo Soza”.

Las expresiones de la autoridad legislativa ocurrieron durante una entrevista con la Cadena A de televisión.  Horas antes, la misma estación había logrado hablar con el ex fiscal Soza, quien, esta vez sin matices, afirmó que lo ocurrido en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 fue una masacre. (El Deber, 10-09-14). En su “Carta al Pueblo de Bolivia” y la declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil, en marzo y abril pasados, había dicho que hubo “uso excesivo e irracional de la fuerza” en el ataque policial de esa madrugada.

Por instrucciones del senador, el fiscal general deberá lograr una hazaña que la diplomacia británica ni Scotland Yard alcanzaron en 35 años, cuando persiguieron sin éxito al asaltante del tren postal inglés Ronald Biggs. El famoso asaltante vivió feliz como refugiado durante décadas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, hasta entregarse voluntariamente a las autoridades de su país a principios de siglo. Murió en diciembre del año pasado.

Es poco probable que el Dr. Soza quiera entregarse hacia 2049 o que el caso que lo ha llevado hasta el cerrado brasileño persista hasta entonces.

La conminatoria del senador se suma a la demanda de los acusados que también reclaman la presencia de Soza para limpiarlos de acusaciones que la ex autoridad ha declarado que son ilegales y fruto de presiones. Puede especularse que la conminatoria del legislador al fiscal general contribuye a agitar más las aguas del Juicio del Siglo, remecidas por los documentos y declaraciones de la ex autoridad judicial a los medios nacionales y que en el proceso todavía no son reconocidos como palabra legal.

Un refugiado a la hora incómoda

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El senador pandino Roger Pinto, de Convergencia Nacional, se encuentra desde este lunes en la Embajada de Brasil como refugiado político, mientras el Comité Nacional de Relaciones Exteriores de la cancillería del vecino país califica su pedido de asilo. El senador, uno de los legisladores que con mayor frecuencia ha denunciado supuestos casos de corrupción y de vínculos con el narcotráfico por parte de funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales, dijo que optó por esa extrema medida ante el acoso de que es objeto por parte de autoridades que le han iniciado una veintena de procesos localizados en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija.
“No me queda otra alternativa frente al acoso y la persecución inclemente a la que fui sometido durante todo este tiempo por parte el gobierno de Evo Morales”, dijo el legislador en una carta que leyó su colega Adrián Oliva, del mismo partido, en el Palacio Legislativo. La carta era una copia de la que el senador Pinto dirigió a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, solicitando refugio político del vecino país.
El senador dijo que las autoridades habían desatado una persecución para acallarlo y cada vez que realizaba una denuncia por corrupción o narcotráfico se le abría un proceso tramitado por el Poder Judicial. Al tomar la decisión de buscar refugio tenía una veintena de procesos con acusaciones que van desde desacato hasta sedición, dijo.
Otros parlamentarios de la oposición que han presentado denuncias contra funcionarios gubernamentales también están bajo una lluvia de procesos, pero el senador pandino parece ser el que acumula un mayor número. La actitud del legislador involucra a la justicia, cuya probidad es puesta en tela de juicio al señalar que había descubierto que una juez de Pando fabricaba pruebas en la frontera con Brasil para abrirle un proceso y encarcelarlo. La racha de procesos ha obligado al senador a desplazarse de una ciudad a otra y volver a La Paz para cumplir su función legislativa  como una bola en mesa de billar, dijo uno de sus colegas.
“He sido víctima de constantes amenazas de muerte, como también se ha amenazado a mi familia”, dice el senador en su carta. “La presión hoy es insostenible; ya no se trata de mi libertad sino de mi vida y de ni familia; el odio político quiere cobrar nuevas víctimas”.
No había una respuesta inmediata del CONARE de Brasil, que generalmente demora en el otorgamiento de la condición requerida por el legislador. Pero su refugio ocurre a pocos días del inicio de la Asamblea general de la Organización de los Estados Americanos, del 3 al 5 de junio entrante, lo que convierte la actitud del senador en una piedra más en el zapato del gobierno, que querría que la reunión hemisférica transcurriese sin contratiempos políticos ni sociales. Los marchistas delTerritorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que están en marcha hacia La Paz, consiguieron que la Secretaría general de la Organización se comprometiese a concederles una audiencia para denunciar, han dicho, que el gobierno vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

Es raro que Brasil rechace conceder asilo o la condición de refugiado a quienes fundamentadamente solicitan protección. En junio de 2009 concedió asilo a 118 bolivianos, en su mayoría de Pando, que buscaron refugio por razones políticas. Concedida la protección, los frefugiados pueden trabajar o recibir asistencia del estado brasileño. El canciller Antonio Patriota dijo que su despacho observa de cerca la situación que enfrenta la diplomacia de su país, que este martes era reflejada en casi todos los diarios brasileños.

El diario financiero Valor subraya que la situación es delicada para los dos países, en momentos en que tienen en las manos «una extensa aenda negativa que deben resolver». Entre los nudos por desatar, los diarios del vecino país señalan el caso de más de 400 vehículos robados en Brasil y luego traídos a Bolivia, y la situación de la empresa constructora OAS, a la que el gobierno boliviano entregó las obras para  la controvertida carretera cuyo diseño original atraviesa el TIPNIS contra la cual  marchan  indígenas del lugar.

La decisión tomada porel senador puede ser el inicio de  un movimiento a favor de una amnistía general irrestricta que restablezca los derechos democráticos de todos cuantos han tenido que salir del  por razones políticas.
La semana no luce tranquila para el presidente Morales ni para su canciller David Choquehuanca.