Recusación

Nuevo capítulo del Juicio del Siglo

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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados.” El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.

Las últimas horas de un jurado

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Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior,  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum  y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.

Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan  sobre  el ex poderoso fiscal  y su fuga a Brasil,  como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.

Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno.  El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y  parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria que atribuía a una hija de Anastasia Callisaya Katari.

Después de consultas entre los miembros del  tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como  había requerido la defensa.  La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesión había sido labrada desde los niveles  más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó  una  inusual alteración de turnos a fin de  exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo” Guido Colque le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también  debía ser fundamentada.

Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez  dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud  y que había tomado una decisión. “Me cansé”,  dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”.  La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres  jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.

El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.

No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la  demora sería mayor.

El  colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del Fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial  brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.

No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del Fiscal Sergio Céspedes durante toda la  jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.

En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación que está en  Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.

“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”.  Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.

“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967.

“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.