Raíces

Hacia la Corte Penal

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El informe de la ex presidente Michelle Bachelet ha recorrido gran parte del mundo y ahora suman todavía más los que creeen que la dictadura de Nicolás Maduro, sustentada en el llamado ¨Socialismo del Siglo XXI¨, debe acabar. Quienes se acoplan a ese sistema y aún lo creen redentor de pobres  y  oprimidos, pongan las barbas en remojo, pues todo confluye en sostener que ese régimen dictatorial juega sus descuentos.  Si su final será cruento o se tratará de un abandono pactado del gobierno, cabeza de una tendencia seguida por poco más de media docena de países (Bolivia entre ellos), lo podríamos saber en poco tiempo. En semanas o pocos meses, dicen los optimistas; en más de un año, creen los escépticos. Por lo que se lee, en realidad todas las opciones que manejan los opositores comienzan con la salida de Maduro y el fin de su régimen. El final no está tan lejos, dicen todos.

Los desajustes producidos en la sociedad venezolana en 20 años de régimen chavo-madurista son tan grandes que los optimistas más radiantes hablan de cuando menos una década de tiempo forzado para enderezarlos antes de volver a fojas cero, es decir a comienzos de siglo. E inversiones alucinantes, de 100.000 millones de dólares el primer año, y tres veces más para los siguientes siete: 300.000 millones de dólares. Gran parte a fondo perdido.

El gobierno venezolano y sus más fervientes seguidores, inclusive fuera de Venezuela,  atribuyen la descomposición generalizada que vive Venezuela a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, especialmente a la industria petrolera. La excusa ignora que los malestares comenzaron a sentirse años antes de  las sanciones. Sus raíces se originaron casi un siglo  antes, cuando el petróleo comenzó a salir a raudales cerca del Lago Maracaibo y las arcas fiscales obtuvieron la mayor exhuberancia en toda la historia del país. Los gobiernos sucesivos gastaron y malversaron a manos llenas sin dedicar esfuerzos a la producción agrícola e industrial. Hubo iniciativas para la educación, pero nada equivalente en la diversificación productiva. (La ¨revolución de la inteligencia¨ fue   apenas un saludo a la bandera que duró mientras su progenitor fue Ministro de Educación bajo un gobierno socialcristiano.) La escalada de gastos continuó en ascenso vertical bajo Chávez. Armas rusas de modelos recientes, fragatas y lanza-cohetes ingresaron en masa al inventario militar venezolano. La presencia china, al igual que en muchos otros países, pasó de ser solo una delicadeza culinaria a dominar gran parte de  los estamentos comerciales venezolanos.

Apenas acabó el super-ciclo de alza de las materias primas, alrededor de 2014, Venezuela, cuyos ingresos de divisas dependen en siquiera un 96 por ciento de las exportaciones petroleras, empezó a sentirse mal. El agravamiento fue fulminante,  hasta llegar al colapso y al mayor éxodo en la historia del continente, con más de cuatro millones de venezolanos fuera de su país estos días. La cifra solo tiende a crecer.

Los detalles están en los más de 80 puntos del informe de la funcionaria, quien ahora espera la valoración del comité que preside, con sede en Ginebra. Una vez aprobado, sería incorporado a las denuncias ya en curso contra el régimen, principalmente las del Secretario General de la OEA Luis Almagro, quien hace un par de años presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe tan lapidario para  Maduro como el que acaba de presentar la ex presidente Bachelet. Con eso, el dossier gigante pasaría a la Corte Penal Internacional donde podría ocurrir un juicio como el de Nuremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El informe de la ex presidente causó malestar en todos los rincones de la izquierda radical, en especial entre las mujeres líderes del  Partido de gobierno, por la afirmación de que las detenidas eran abusadas por los verdugos del SEBIN y del DGCIM que las forzaban a prestar servicios sexuales a cambio de cualquier concesión o con frecuencia a cambio de nada. Pocos se atrevieron a objetar el  informe de una funcionaria cuya familia había sido víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se refirió oficiamente al caso para afirmar que el informe buscaba victimizar a las prostitutas.

Como quien pronuncia una sentencia, la magistrada Carmen Zuleta de Merchan declaró en un twitter reproducido por el diario El Nacional: ¨Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas¨. La magistrada quiso amortiguar semejante declaración, pero se hundió más al afirmar que solo defendía a las venezolanas genuinamente dedicadas a esa actividad.

Más de una semana después del  informe no se había registrado ninguna reacción del gobierno boliviano ni de sus líderes. Es probabloe que no digan nada y que no dejen de apoyar a Maduro en cuanto se les presente la ocasión.

El peligro de ignorar la gravedad del  informe es que el aislamiento en el que está Venezuela (solo México, Uruguay, Nicaragua, media docena de islas del Caribe y Bolivia) son aliados de Maduro, junto a Cuba, Rusia, China y Turquía, pueda extenderse a nuestro país a medida que la crisis se agrave aún más.

Más que barbas en remojo, estaría en juego la propia cabeza.

(jho) https://haroldolmos.wordpress.com

La Ley contra el Racismo

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P. Gregorio Iriarte o.m.i.

La Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, lamentablemente se ha queda corta, a pesar de su largo enunciado.

EL problema del racismo y de la discriminación tiene raíces muy hondas y hay que enfrentarlo como condición imprescindible si se quiere que el país cambie en profundidad hasta lograr que todos se sientan verdaderos ciudadanos/as con plenos derechos y obligaciones. En realidad, una ley contra el racismo y la discriminación no sólo es oportuna sino de absoluta necesidad.

Sin embargo, el problema no se solucionará con un listado de penalizaciones como nos ofrece la Ley que ha sido aprobada. Las más graves manifestaciones de racismo y discriminación no están vinculadas a expresiones verbales. Lo realmente ofensivo y discriminatorio está en las actitudes tanto personales como sociales. La nueva Ley se queda atrapada en lo inmediato, en lo verbal, en lo personal, en lo comunicacional… Se queda en penalizar todo aquello que se podría considerar como insulto u ofensa. Es legítimo pero insuficiente.

La ausencia de debate, tanto en las instancias políticas, como en las Cámaras Legislativas, ha sido el principal óbice para que no se llegue a elaborar una ley en la perspectiva de un cambio radical y profundo de nuestro país. Han faltado la fundamentación, el debate y el diálogo y ahí tenemos los resultados….

No se podrán reducir y erradicar unos problemas tan graves como el “racismo” y la “discriminación” con una Ley que se limita a condenar expresiones personales o comunicacionales socialmente ofensivas. (“El parto de los montes contra el racismo y la discriminación. Arturo Villanueva. PULSO n.574)

El racismo y la discriminación tienen raíces mucho más profundas y manifestaciones que afectan muy gravemente a toda la vida política, social y cultural del país. Penalizar a los infractores no es, ni el mejor ni el único camino, para enfrentar este difícil y enorme desafío nacional. Hay que llegar a las raíces históricas, coloniales, culturales y sociales que son las que motivan, y hasta justifican, las más condenables expresiones racistas y discriminatorias que vemos tan presentes en nuestro medio. Ellas han creado una mentalidad de autoritarismo, de dominación y de enfrentamiento de unos sectores contra otros y de unas culturas y de unas regiones contra otras. El desprecio por lo indígena, por su cultura, por su lengua y por sus tradiciones es una de las manifestaciones más reprochables y, por desgracia, la más frecuente.

La gesta emancipadora de Bolivia no fue nacional ya que no liberó a la mayor parte de su población. Los sectores mayoritarios de las culturas autóctonas, no sólo fueron marginados, sino totalmente excluidos.

El Estado moderno plurinacional de Bolivia debe partir de la naturaleza pluricultural y plurilingüística de su población para llegar al cambio profundo y real que queremos. Lamentablemente, Bolivia se fundó, desde su nacimiento, en la cultura de la exclusión, con dos características negativas : un larvado racismo y un absorbente centralismo.

Esa mentalidad ha seguido interiorizada en muchas de nuestras instituciones, así como en el sistema educativo y en las propias reparticiones de nuestros gobiernos, expresándose en actitudes de superioridad, de prestigio, de influencias, de dominación y de desprecio hacia los más humildes.

Hay que descolonizar la educación sin caer en actitudes impositivas y verticalistas. Se debe desarrollar una educación autónoma, de tal modo que cada alumno sea sujeto y protagonista de su propia formación, dentro de su propia cultura.

Sin embargo, vemos cómo el sistema escolar alienta y trasmite actitudes totalmente antidemocráticas. No está orientado hacia una auténtica educación, sino hacia la mera instrucción. De ahí que no desarrolle los valores éticos de la tolerancia, del diálogo, de la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad, de la convivencia, de la justicia social, ni se preocupe de profundizar los valores culturales y el amor y la defensa de la naturaleza.

El sistema se desenvuelve obsesionado por el desarrollo exclusivo del área cognoscitiva: forma para los exámenes, no para la vida; es individualista, no comunitario; busca el éxito personal, a costa del derecho de los demás; premia la memorización por encima de la creatividad y de la iniciativa personal…. La competitividad se impone sobre la solidaridad y la disciplina vale mucho más que la autoformación…. Es imposible que sobre esa base se pueda construir una sociedad fraterna y solidaria.

Si se quiere desterrar la mentalidad individualista, dominadora y colonial, hay que partir de un sistema educativo que forme en los verdaderos valores de la democracia y la ciudadanía.

La “democracia de los ciudadanos” necesita defender la “libertad de opinión” que, por cierto, va mucho más allá de la “libertad de prensa”. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, se han convertido, con demasiada frecuencia, en “medios de incomunicación y de alienación”. Hay que defender la libertad de prensa pero teniendo siempre presente la idea de que la auténtica libertad debe ser siempre expresión de lo que piensa el pueblo y de lo que el pueblo necesita. Quiere decir que no debe estar al servicio de una empresa, sino, mediante una empresa, al servicio del pueblo.

La Ley especifica la penalización al derecho a la libre expresión en los medios de comunicación. No queremos entrar a analizar y juzgar ese problema pues es “el tema del día” y, ya sea a favor o en contra, todo el mundo habla de ello.

Personalmente, veo como una verdadera frustración que una Ley tan importante quede reducida, ante la opinión pública, a una discusión y a una confrontación de tipo gremial. No queremos decir que esa discusión y confrontación no sean muy importantes y necesarias. Lo que queremos expresar es que en vez de llegar a ser una Ley transcendental para el cambio profundo y real del país, se ha quedado reducida a una mera confrontación frente a dos artículos que, por cierto, son peligrosos, sobre todo, por su generalización. Pueden ser usados con criterios vengativos y discriminadores en razón de una ley que quiere luchar en contra de la discriminación ¡.!

Un proyecto de descolonización, de erradicación del racismo y de todas las expresiones discriminatorias, debe buscar la construcción de la verdadera identidad nacional, de ahí que no sea lógico el que se quede en condenaciones de ciertas expresiones periodísticas o radiofónicas de tipo discriminatorio.

Tenemos una sociedad dividida por actitudes sectarias y excluyentes no sólo personales, sino, y sobre todo, de tipo colectivo, político, económico y social, junto a prácticas autoritarias, prebendas para el sometimiento, anulación del disenso…

Todo ello nace de una mentalidad, de una tradición, de una educación y de unas prácticas políticas y sociales autoritarias, dominadoras y antidemocráticas.

Una de las principales tareas para impulsar el desarrollo de la identidad nacional es ir gestando una sociedad intercultural, dentro de la variedad y la riqueza cultural del país.

Es necesario articular la convivencia de valores susceptibles de ser compartidos por todos sin anular las diferencias. Hay que llegar a un proyecto universalista basado en una ética también universal. Para ello hay que promover en todos los ámbitos la intercultualidad por la que nos reconozcamos todos y todas como interlocutores válidos, aceptándonos unos a otros tal y como somos, con nuestras propias peculiaridades personales, raciales y culturales. El ideal al cual todos tenemos que tender es el llegar a una real vivencia de “ciudadanía intercultural”

Daría la impresión de que han ido en aumento, en los últimos años, los “espacios de racismo” en nuestro país. Debemos optar por la “revolución del respeto” partiendo siempre de la idea básica de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos.