Prado Salmón

Hacia el séptimo año

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Las audiencias del Juicio del Siglo deberán reiniciarse esta semana tras una sucesión de incidentes y altercados que exhibieron debilidades de la justicia y agregaron sombras a un proceso tambaleante y de escenas surrealistas, en camino al séptimo año desde el episodio sangriento que marcó su inicio. Si podrá ser restablecido el orden y la rectitud esenciales es una pregunta cuya respuesta positiva o negativa podría asomar al levantarse el telón de las sesiones mañana lunes.

Han quedado anotados como elementos salientes de las últimas audiencias algunos de los episodios previos al receso que concluye este lunes.  Los cuestionamientos que la defensa consideró como inquisitoriales del fiscal principal a una testigo sobre su grado de educación; la declaración de que, a sus ojos y oídos, una de las jueces parecía tener ¨algún interés¨ en el caso, lo que la convertía en ¨presidente paralelo¨, y la respuesta de ésta de que el magistrado quería obligar a las jueces ciudadanas a decidir lo que a él le parecía, enturbiaron el curso del proceso.

En una cadena de incidentes durante una de las audiencias, uno de los acusados observó que ni siquiera el presidente de la República tiene potestad para torcer la decisión de un juez y que las jueces ciudadanas deben ser respetadas y protegidas; uno de los abogados defensores censuró al fiscal y reafirmó la confianza de los acusados en que los jueces actuarían con idoneidad en el mayor juicio penal de la historia nacional, y la autoridad del Ministerio Público dijo que desde su ubicación en la sala de audiencias escuchaba a una de las jueces ciudadanas cuchichear con la otra y les dijo que no estaban trabajando. Otro fiscal acusó al juez de no ordenar el proceso de acuerdo a normas y planteó que los jueces técnicos flanqueen a las ciudadanas, lo que obstaculizaría el contacto directo entre ambas. Todo esto en solo un par de horas de audiencia.

Nada en las últimas semanas pareció contribuir a prestigiar al proceso que desde 2013 tiene sede a Santa Cruz. Entre sus acusados se encuentra el militar que comandó la única batalla decisiva vencida por el ejército boliviano el siglo pasado: El ex embajador en Inglaterra y México y declarado Héroe Nacional por el congreso, sobre quien ahora pesa el cargo de conspirar para dividir a Bolivia. El tribunal ha dado curso a la hipótesis acusatoria de que el general Gary Prado Salmón preparó documentos sobre temas nacionales para quienes son acusados de conspirar para la división del país. Pero la autoría es todavía un misterio pues no hubo ninguna pericia legal para determinar si en efecto salieron de la computadora del militar. Las que contenían la supuesta documentación fueron abiertas sin presencia de autoridad judicial alguna, en acto que la defensa acusa de ilegal.

El autor de la tesis de separatismo está refugiado en Brasil, tras haber confesado que gran parte de su querella fue producto de presiones políticas del gobierno para noquear a la dirigencia cívica de Santa Cruz. El tribunal se ha negado a aceptar como prueba del juicio la confesión del Dr. Marcelo Soza Álvarez. El ex fiscal es acusado de extorsionar a algunos de sus acusados y es enjuiciado por prevaricato.

Esas condiciones no han alterado la calidad del alegato que presentó al abrir la causa hace cuatro años. Media docena de acusados logró la libertad en 2015 al obtener penas equivalentes a sus años de prisión luego de admitir delitos que siempre negaron.

El juicio en curso es de los más dilatados de la historia. Sus años ya le confieren un récord entre los más prolongados, con procesos adicionales en Europa y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos capaces de convertir a los acusadores en acusados.

Evocaciones de aquella noche

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Camisa blanca y pantalón oscuro, los veteranos del ejército que la mañana del 8 de octubre asistieron a una misa en la catedral de Santa Cruz observaron gran devoción. El acto era un rito de victoria, pero sin la algarabía ni festejos de otros años. Tras saludarse e intercambiar algunas palabras en el atrio, cada uno retornó a su domicilio de un modo tan discreto como llegó. El gran ausente de esa ceremonia fue quien 48 años atrás había comandado a gran parte de ellos para lograr la mayor victoria del ejército boliviano en el siglo 20 y la segunda de su vida independiente. Gary Prado Salmón, ex embajador en México e Inglaterra, ahora general retirado y declarado Héroe Nacional por el Congreso, asistía esa mañana al Juicio del Siglo, donde se lo acusa de conspirar para desmembrar Bolivia.

No se supo de otras ceremonias. Las conmemoraciones de esa victoria han sido avasalladas por la onda que sostiene que la guerrilla de 1967 no fue una victoria del ejército boliviano sino de la CIA y la Misión Militar de Estados Unidos y que los héroes a los que se debe rendir honores son los que perdieron.

¨Yo no vi ni un solo agente extranjero en la selva ni por las quebradas¨, recordó con ironía Prado Salmón. ¨Quienes invadieron el país fueron engullidos por la naturaleza de los parajes selváticos y montañosos que escogieron, que fue un factor importante en su derrota. Para nosotros, el problema no era tanto combatir como encontrarlos¨.

Nadie precisó si entre los asistentes a la misa estuvo el personaje más silencioso de las decenas que ese día conmemoraban la jornada final: el hombre que ejecutó a Ernesto Ché Guevara. Era probable que no hubiera estado, en virtud de la decisión que Mario Terán tomó tras cumplir esa misión y que lo ha mantenido hasta hoy en la oscuridad. Todas las versiones conocidas coinciden en que vive en Santa Cruz, pero que se sepa de manera irrefutable, nadie ha conseguido un contacto periodístico personal con él, salvo una fotografía casual que le tomó una periodista francesa hace muchos años.

Las noticias esporádicas que aparecen en los medios pueden ser solo referencias pero ninguna basada en un encuentro directo, dicen algunos que lo conocen. ¨Le aconsejé evitar a la prensa y apartarse de la publicidad si quería tranquilidad para sus días. Me hizo caso¨, dijo Prado Salmón al evocar la vez que hace casi cinco décadas ambos hablaron con cierto detalle sobre lo que había pasado en La Higuera y la misión para la que se ofreció como voluntario.

La conmemoración fue instituida a partir del 8 de octubre de 1968 por el general René Barrientos Ortuño, y una plaza de Santa Cruz fue designada para recordar la fecha y evocar la campaña militar y a los soldados que actuaron. Pero hace algunos años, bajo el gobierno actual, se le cambió el nombre alusivo a los combatientes de la campaña de Ñancahuazú por otro genérico, y con fecha diferente en septiembre, de modo que los ex luchadores optaron por la misa en la Catedral.

¨Ahí nos sentimos más unidos y mejor representados¨, dijo el general (r) Mario Oxa, cuya compañía fue parte de las operaciones finales que liquidaron la tentativa de proyectar a Bolivia como foco guerrillero continental.

También estuvieron presentes parientes y amigos de los deudos de los 51 luchadores bolivianos que cayeron durante la campaña. (¨Ellos perdieron un poco menos, pero la proporción nos favorece, pues debía ser 10 bajas para nosotros para cada una de ellos¨, subrayó Prado Salmón). Casi todos los presentes en la misa eran de Santa Cruz y de localidades próximas.

Los excombatientes con los que fue posible hablar de manera abierta exhibieron orgullo por la victoria. ¨No ha habido ninguna otra en nuestra historia¨, dijo Oxa, y citó otras marcas históricas, incluso la de Ingavi, para atribuirles brillo menor que la registrada en Ñancahuzú.

Prado Salmón cree que no se ha abordado con la amplitud necesaria el sentimiento de victoria que prevalecía en la tropa y sus oficiales tras vencer a la fuerza guerrillera de 1967.¨El sentimiento de victoria y de euforia que nos entró a todos la noche del 8 de octubre era total.¨ Había hecho venir a todos los hombres de su compañía (160) y a los que estaban próximos de otras. ¨Esa noche, los oficiales y los soldados venían y nos abrazábamos todos con la alegría de haber llevado un triunfo al ejército nacional, de haber derrotado a esa guerrilla. Era el fin, estaba clarísimo, con el Ché ahí (prisionero), no había más, se acababa la historia.¨

El general retirado dijo que el júbilo con el triunfo era mayor porque tenía dos características: era político y militar. ¨Un ejército muy pequeño, con poco entrenamiento, con muchos soldados que antes de combatir sembraban caña, había  conseguido revertir una situación  muy peligrosa. Y en solo ocho meses acabamos el problema.¨

El entrenamiento a la unidad de Prado Salmón comenzó en mayo de 1967, bajo un programa suscrito nueve años antes con Estados Unidos, que equipaba a los participantes con armas de la Segunda Guerra Mundial (¨modernísimo, pues nuestros equipos correspondían a la guerra del Chaco¨). Con el ingreso de tropas entrenadas al área de combate, el eclipse de la guerrilla fue irreversible. Herido y con su grupo en retirada, el comandante guerrillero capituló ante el capitán Prado Salmón que comandaba la compañía que decretó el final de la insurgencia.

A los críticos de la victoria sobre esa guerrilla, Prado Salmón, en silla de ruedas desde hace 34 años, reiteró que la conciencia de victoria ¨está viva¨ entre todos los que lucharon contra la insurgencia de 1967. ¨Eso no se va a disipar¨.

Los combatientes fueron declarados Beneméritos de la Patria, sin pensión, poco antes que el presidente Morales llegara al gobierno.  La orientación del mandatario ha sido clara en gestos y palabras. Ha homenajeado a Ché Guevara y afirmado que los que combatieron al movimiento guerrillero que dirigió estaban equivocados.

¨Eso –dijo- lastima el honor, el orgullo¨ (de los soldados) por las jornadas de 1967.)

De nuevo el ex fiscal Soza

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Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

El desafío de Entel

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La jornada de este miércoles dejó en los participantes del Juicio del Siglo un sabor de frustración. Los intentos de conectar al acusado más notable a través de videoconferencia sucumbieron arrastrados por la inestabilidad de la señal. El mayor juicio penal de la historia boliviana quedó pendiente de la capacidad de la empresa de telecomunicaciones Entel de proporcionar un servicio adecuado y estable.

La opción propiciada por el juez Sixto Fernández es vista como caminar sobre una cuerda floja con una red de protección de fragilidad evidenciada en la primera jornada. Nadie podría garantizar una calidad aceptable de la conexión vía Skype, el programa de comunicación para enlaces entre usuarios sin el costo de una llamada telefónica.  El éxito de una conexión por algunos minutos no garantizaría su estabilidad a lo largo de un juicio y puede romperse en cualquier momento. Fue lo que ocurrió tras el inicio de la videoconferencia.

Otto Ritter, el abogado defensor general Gary Prado Salmón, no pasó de la cuarta pregunta al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui, cuando el servicio se derrumbó. El juez salvó el momento aplazando la audiencia hasta este jueves, pero hay dudas sobre si podrá mantener las sesiones bajo la incertidumbre de una conexión audiovisual precaria en un proceso que requiere traer a Santa Cruz a una docena de personas, entre jurados, fiscales y un detenido. La última sesión estable ocurrió hace más de un mes.

Todavía en fase de restablecimiento tras una cirugía, las imágenes del militar recostado y cubierto por una frazada hasta mitad del pecho difundidas por los principales medios informativos pueden haber sido embarazosas solo fuera de la sala de audiencias. El tribunal rehusó considerar un planteamiento para apartarlo del proceso.

Prado Salmón, declarado Héroe Nacional por el Congreso, logró una  de las mayores victorias del ejército boliviano cuando rindió a la columna guerrillera de Ernesto ¨Ché¨ Guevara en 1967.

¨He recibido muchas llamadas de solidaridad¨, dijo el general retirado por teléfono al asumir que la circunstancia que lo presiona era parte de su destino como militar. Ha atribuido la acusación de planear dividir Bolivia a una venganza de la izquierda mundial.

La orden judicial, por favor

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El juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, con acusaciones de terrorismo y separatismo, previa capitulación del ejército, dio curso este lunes a una sugerencia de los abogados del Ministerio Público y del gobierno, para incorporar por internet al general (r) Gary Prado Salmón a las audiencias. Pero no tomó en cuenta  un detalle importante: Que los técnicos que fuesen al domicilio del militar para la instalación correspondiente debían estar munidos de una orden juidicial pues iban a ingresar a un domicilio privado.

Cuando la esposa del militar, María del Carmen de Prado, se asomó al portón de ingreso a su domicilio para verificar la orden judicial para ingresar al domicilio, los técnicos dijeron que no la tenían. Sin otra cosa que hacer,  volvieron a las oficinas de Entel de donde los habían enviado. La cuestión deberà ser tratada este martes..

La venia que dio el juez a la iniciativa del Ministerio de Gobierno en la sesión de la mañana del lunes dio lugar a un intenso debate, como ocurre en casi todo cuanto ocurre en el juicio oral que tiene a Santa Cruz como escenario desde hace más de dos años y medio. (Son seis años y cuatro meses desde el asalto al Hotel Las Américas).  Pero cuando tocó decidir al tribunal en conjunto, al que se suman Elena Gemio (juez técnica) y  las jueces ciudadanas Anastasia Callisaya y Sonia Mamani, el dictado del juez Fernández para ¨internetizar¨ la audiencia tuvo aval pleno.

El uso de internet con protocolos de voz e imagen por parte del Poder Judicial en Bolivia bastante incomún.  Los abogados del ministerio de gobierno dieron al ¨Skype¨ como el protocolo único o más adecuado. No es así. Todos los grandes proveedores incluyen su protocolo de voz (yahoo, hotmail, gmail, por ejemplo). Por lo general su instalación no requiere de otras personas además del propio usuario.

El motivo para buscar auxilio de la internet se debe a que el general boliviano, que venció a Ernesto Ché Guevara y dio al ejército boliviano una de las dos victorias decisivas de su historia, convalece se una cirugía que le practicaron los médicos a causa de la parálisis que sufrió hace 35 años cuando estaba en misión para reimplantar el orden en una zona convulsionada de Santa Cruz. La más reciente audiencia ocurrió hace casi 20 días y una prolongación por otras dos semanas conspiraría contra el juicio. Si la ausencia del militar tuviera que prolongarse, la opción sería separarlo del juicio, una opción ya mencionada por la defensa y resistida por la acusación. Pero sin Gary Prado Salmón el juicio, ya debilitado gravemente desde los juicios abreviados de principios de año y por graves dificultades probatorias, perdería sentido. Eso explica la actitud de los fiscales y del tribunal para buscar todas las posibilidades para que el juicio no se extinga…de manera natural.

P.S. A propósito, no hubo orden judicial para la intervenciòn policial al Hotel Las Américas ni estuvo fiscal alguno presente. Ese detalle no ha sido subsanado hasta ahora.  En la intervención murieron tres personas, acribilladas a balazos por quienes invadieron el local.

En busca de una milicia

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 La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000  provenientes  de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial  surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.

En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.

El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r)  Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.

El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.     

El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese.  Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.

Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía.  Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.  

La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”,  dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.

Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.

Amnnistía: esperanza y escepticismo

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La amnistía dictada por el presidente Evo Morales ha tenido reacciones ambivalentes de esperanza e incertidumbre entre los acusados del mayor caso penal de la historia boliviana. Las dudas se acentuaban a solo horas de que pisara tierra cruceña la autoridad bajo cuya invocación como mensajero universal de paz y concordia había sido generada. El avión del Papa Francisco aún volaba entre Quito y La Paz para después seguir a Santa Cruz cuando una duda amarga hacía presa de los acusados: ¿Estaban algunos incluidos en la medida?
El gobierno sostenía que no, pero abogados defensores decían lo contrario y se preparaban para iniciar los trámites de acuerdo al procedimiento descrito en la nueva norma. La selección cuidadosa de palabras, conceptos y el orden de las disposiciones era la principal fuente del escepticismo entre los acusados. La norma establecía que la amnistía procedía bajo “razones humanitarias” e incluía a “personas con grados de discapacidad grave o muy grave”. Podía ser el caso del general (r) Gary Augusto Prado Salmón, ante cuya compañía Ranger capituló Ernesto Ché Guevara en octubre de 1967. Pero inmediatamente antes la norma establecía exclusiones para delitos relacionados con la seguridad interna del estado y cuando el propio estado es querellante, que acusa a Prado Salmón de conspirar para despedazar Bolivia.
El general, en silla de ruedas desde hace 35 años y declarado Héroe Nacional por el congreso, dijo que se proponía seguir el procedimiento dictado por la norma, pues todos los requerimientos médicos que atestiguan su incapacidad se encontraban en el expediente. Sería la enésima vez que el militar intenta ser apartado del juicio, originado hace más de seis años a partir del asalto al hotel Las Américas.
El ex ejecutivo de COTAS Ronald Castedo estaría en las mismas condiciones de Prado Salmón. De las 39 personas que acusó el investigador principal Marcelo Soza, asilado en Brasil tras desmentir gran parte de la acusación que afirma fue montada por el propio gobierno, cinco recuperaron la libertad al declararse culpables de los delitos que antes habían negado, cuatro siguen en prisión preventiva más allá del máximo de 36 meses que la ley prescribe, uno no asiste a audiencias por cuestiones mentales y el resto está en libertad domiciliaria o en el exilio.
Para el gobierno el caso es esencial. Fue denunciado personalmente por el presidente Morales en la ciudad oriental venezolana de Cumaná la misma mañana en que estalló el episodio del 16 de abril de 2009. Dijo que él dio la orden para activar la operación que iba a desarticular, afirmó, una conspiración mayor que incluía actos magnicidas.
Los reclamos por una amnistía amplia que incluya a los acusados de este caso no son recientes. Hace tres años la planteó la Conferencia Episcopal en una amplia declaración a favor de reconciliar a la sociedad boliviana; fue sugerida incluso durante audiencias del Juicio del Siglo hace poco.
Probablemente la nota más emotiva surgió de la lapicera de un niño en una carta al Pontífice. “Querido Papa Francisco, yo me llamo Milan. La anterior semana cumplí siete años y desde que era bebé, solo de 1 año, mi papá no está en mi casa”, escribió.
En la fotocopia reproducida por Los Tiempos, el niño seguía: “Quiero contarte que vas a ir a visitarlo porque él vive en Palmasola, se llama Zvnoko Matkovic y está preso pero el es bueno y no ha hecho nada malo una vez mi mamá pensó que rompí un adorno y me castigo después supo que no fui yo y me pidió perdón yo creo que eso va a pasar con mi papá. Yo lo extraño, a los dos nos gusta el fútbol como a vos y mi favorito es Messi me da pena que perdió argentina cuando quieras podemos charlar yo se mucho de futbol…”

Huésped de excepción

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Vino a Bolivia hace  unas dos décadas para completar una extensa biografía que iba a convertirse en una de las más leídas de los últimos años. Bajo iniciativa de El Deber, está prevista para la noche de este lunes una presentación de Jon L. Anderson, cuya obra “Ché”, una vida revolucionaria” (Grove Press, 1997) lo encumbró en el Olimpo de los biógrafos de uno de los personajes más controvertidos del siglo pasado.

La obra fue presentada al conmemorarse 30 años de la guerrilla en el sudeste boliviano y cuando Anderson acababa de lanzar una primicia en The New York Times, del que era corresponsal.  Tras años de conjeturas sobre dónde estaba enterrado el guerrillero latinoamericano más famoso, recibió la noticia de que el lugar era la pista de Vallegrande, donde efectivamente fueron encontrados e identificados los restos del combatiente y de algunos de sus compañeros.

En Bolivia, la primicia la dio Ted Córdova-Claure, (1932-2011) uno de los más acuciosos periodistas bolivianos, con huellas profesionales en gran parte del continente.  Donde quiera que uno fuere,  los comentarios sobre Ted eran elogiosos, de Santiago a Buenos Aires, a Caracas y México, Lima, Montevideo y Nueva York. Anderson y Córdova-Claure recibieron la noticia probablemente de la misma fuente militar boliviana.

Para sorpresa de muchos, tal vez para el propio periodista, actualmente una de las estrellas de The New Yorker,  la sombra del personaje argentino-cubano sigue densa en Bolivia, esta vez con el Juicio del Siglo originado en el ataque violento de una unidad policial sobre un hotel de Santa Cruz. Confinado a su silla de ruedas y a menudo sobre una camilla, el miliar ante quien  el “Ché” capituló ahora está acusado de conspirar para desencadenar una campaña terrorista que supuestamente iba a desembocar en un alzamiento  contra el ejército que el guerrillero argentino-cubano pretendía derrotar. El epílogo debía ser la separación de Santa Cruz y la formación de  una nueva nación en el mero centro de América del Sur.

El general (r) Gary Prado Salmón, declarado Héroe Nacional, cuya victoria sobre el “Ché” fue la única definitiva del ejército boliviano el siglo pasado, también arrasó la idea de “crear uno dos, tres, muchos Vietnam”. Está bajo prisión domiciliaria desde hace cinco años. Al rayar el 16 de abril de 2009, ocurrió el episodio central de la trama por la que el general está preso. La policía invadió un hotel y en el ataque mató a tres alojados, entre ellos un combatiente de la guerra de los Balcanes, Eduardo Rózsa Flores, admirado por “El Chacal” quien, a su vez, admiraba al fallecido comandante Hugo Chávez, un alter ego de los actuales dirigentes de Bolivia. ¿Se entiende?

N.A. Precisa la fecha en el primer párrafo: la noche de este lunes.

El turno de las pruebas

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Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza  de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país.  Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis  magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará  una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández,  se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza.  El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal  acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación,  entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, cuando la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis.  Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar  a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo,  deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril.  Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.