Prado Arauz

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

¿Oportunidad para un foro histórico?

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El presidente Evo Morales volvió estos días a cuestionar la única victoria decisiva del ejército boliviano en todo el Siglo XX: la capitulación de Che Guevara y la derrota de la guerrilla de 1967. El presidente dijo el sábado, durante una inauguración en Vallegrande,  que las instrucciones para la ejecución del guerrillero argentino-cubano las dio el mismo militar que comandó la unidad ante la que éste se rindió hace 49 años, el entonces capitán y ahora general retirado Gary Prado Salmón.

En julio, la versión del presidente había sido diferente.  Al negar el pedido de amnistía que le hicieron dos figuras prominentes de la izquierda boliviana, el ex rector y ex embajador en Brasil Jerjes Justiniano, y Osvaldo ¨Chato¨ Peredo, el comandante de la guerrilla de Teoponte, dijo que Prado Salmón era ¨asesino del Che y separatista¨.

Esta nueva version incorpora elementos nuevos para la trama que describe el mandatario. El capítulo referido por Presidente tiene por eslabón principal a la CIA, de la que el militar recibe la instrucción y ordena  la ejecución. Ambas están a contramano de todas las  informaciones históricas de lo ocurrido entonces.

El mandatario basó su nueva aseveración en documentos del ¨historiador Gustavo Rodríguez Ostria¨, cuya obra es poco conocida en Santa Cruz. Representa a Bolivia como embajador en Perú.

En una cita textual de las palabras del presidente, mencionadas traída por El Deber, Morales dijo: ¨Según su  investigación (de Rodríguez Ostria) y documentos demostrados, la CIA ha instruido asesinar al Che mediante el general Gary Prado y éste recibió la instrucción de asesinar al Che y ha dado la tarea a otra persona para su ejecución correspondiente¨.

Se desconoce si la información atribuida al historiador incluye documentación probatoria, o si ha sido corroborada por los archivos históricos de las Fuerzas Armadas o verificada con algunos de los sobrevivientes de la campaña de  1967.

La nueva aseveración presidencial tuvo, esta vez, una respuesta rotunda de uno de los hijos del general, el abogado Gary Prado Arauz. En su muro de facebook, Prado Araúz historió lo ocurrido el 8 y 9 de octubre tras la rendición del comandante guerrillero y advirtió que Morales ¨cree que será presidente eternamente y que tiene una lengua impune. No es así. Volverá a ser ciudadano y entonces se las verá conmigo¨.

Uno de los seis párrafos de la declaración del abogado dice:

“El general Gary Augusto Prado Salmón no fue el único oficial boliviano que condujo operaciones exitosas, también estuvieron el entonces Cap. Mario Vargas Salinas, en Vado del Yeso o el entonces Sbtte. Fernando Galindo en Higuera, entre otros. Esas victorias militares diezmaron la guerrilla. En el Churo el ejército combatió y venció. El jefe guerrillero perdió y se rindió. Ningún patria o muerte.  Así que los bolivianos, los militares de ayer y de hoy, con excepción de los que se acomodan en el Alto Mando, sentimos orgullo y admiración por los que combatieron contra la guerrilla y honramos la memoria de los que dieron la vida por defender nuestra heredad.”

Muchos se han preguntado si no es oportuno convocar a un foro de historiadores y de militares, pasivos  y en  ejercicio. Sería una rara oportunidad para recapitular y discutir la historia nacional reciente, en la que algunos de los voceros oficiales, quizá el propio presidente, estarían entre los ponentes.  Y, claro,el historiador del que el presidente hace eco.

En otras latitudes, y aseguuraría que también  en los medios bolivianos de otros tiempos, la afirmación presidencial habría merecido  una verificación de datos.  Estos días, cada afirmación que hacen los candidatos presidenciales  en Estados Unidos es sometidas a un escrutinio riguroso. La  verificación informativa debería ser tarea rutinaria, pues es parte del trabajo de los  informadores.

 

En busca de una milicia

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 La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000  provenientes  de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial  surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.

En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.

El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r)  Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.

El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.     

El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese.  Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.

Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía.  Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.  

La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”,  dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.

Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

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Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.

Toc-toc-toc

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El embajador de Bolivia en Brasilia, Jerjes Justiniano,  está en apuros. Se le endilga inconsecuencia con las normas diplomáticas al continuar presente en Brasilia como cabeza de la representación diplomática boliviana más importante del continente.

El embajador brasileño Marcel Biato estaba de vacaciones, fuera de Bolivia, cuando a fines de agosto ocurrió la fuga del senador Roger Pinto, apoyado en la logística que le brindó un funcionario de esa representación, hastiado con la demora y reticencias bolivianas de otorgar salvoconducto al legislador. La embajada del vecino país quedó sin un titular desde entonces. La cancillería boliviana ignoró el vacío y pretendió que la situación entre ambas  naciones es normal,  como la que ocurre cuando uno de los cónyuges decide vivir fuera de casa y el otro dice a la familia y a los amigos: todo está normal. No estamos viviendo juntos pero todo está normal.

El colega Humberto Vacaflor alude esta anomalía en su columna de hoy lunes, en El Deber. Subraya Vacaflor: “La permanencia en Brasilia del embajador Jerjes Justiniano no revela la existencia de una relación normal; revela la ignorancia del gobierno boliviano sobre las normas diplomáticas”.

Unas noches atrás, el diplomático había dicho, en el programa No Mentirás, que la relación bilateral era muy buena y atribuía la falta de su equivalente brasileño en La Paz sólo a cuestiones políticas internas de Brasil.   Cierto. Todo país tiene agendas internas con las que debe lidiar y eso puede perjudicar cuestiones diplomáticas menores. Pero no durante ocho meses. No con el vecino con el que comparte la frontera terrestre más extensa ni con el que es su principal proveedor de gas natural.

Esta actitud puede revelar la costumbre de atribuir normalidad a situaciones que están lejos de serlo. Como la del avestruz, que esconde la cabeza en la arena pretendiendo que nada lo amenaza.

Una actitud parecida de desconocer el mundo y las normas de comportamiento se manifiesta cuando “sectores sociales” piden que se congele el diálogo con Chile (El Deber, 17-03-2014, Pág. 14).  Esos sectores creen que el “congelamiento” debe extenderse hasta que la Corte Internacional de Justicia de La Haya  diga su parecer respecto al pleito con Chile por una salida soberana al Pacífico. Es como si un adolescente le dijese a otro: Vamos a pelear. Si yo gano, no hay nada que discutir y tú pagas la apuesta. Si yo pierdo, entonces sí discutimos cómo pagar la cuenta. Es como querer asegurarse la partida de antemano pretendiendo que nadie se da cuenta. Toc-toc-toc. ¿Estás con fiebre?

Algo desacostumbrado apareció hoy en el mismo diario. En media página salió publicada la carta “al pueblo de Bolivia” del ex fiscal Marcelo Soza. Fue  una nota solicitada. “Por los familiares de perseguidos y detenidos políticos” firma el abogado Gary Prado Arauz. Hay una ironía: la carta del ex fiscal, ahora en busca de refugio político en Brasil, fue difundida profusamente. Pero para que no quede duda de lo que la ex autoridad judicial declara, el abogado, hijo de uno de los acusados principales en la proposición del ex fiscal, la ha hecho pública in extenso. Entre varias otras cosas, el ex fiscal denuncia que efectivamente fue grabado por funcionarios del gobierno (lo que daría fe al audio que circuló el año pasado en el que se hablaba de las extorsiones y Soza aseguraba a un interlocutor cuya identidad aún no ha sido revelada, que si caía el caso terrorismo caía el presidente Morales.)  En el audio, el ex fiscal también menciona a algunas autoridades y parientes de funcionarios en ejercicio y dice que autoridades del gobierno lo presionaban para que involucrase en el supuesto plan sedicioso a personalidades de Santa Cruz. ¿“Es éste el pago que recibo? Usarme vilmente para sus intereses políticos…”

El abogado Prado Araúz ha atendido a su padre a lo largo de todo el proceso en Santa Cruz. En el diseño de la acusación preparada por el ex fiscal, el general retirado Gary Prado Salmón era el “cerebro militar” de una sedición en la que son acusadas 39 personas. Los cabecillas de la supuesta asonada que derrotaría al ejército boliviano tienen graves problemas de salud, desde la parálisis que sufre el general Prado hasta cirugías cardiovasculares que cuestionan la habilidad física que tendrían para semejante hazaña.