Policías

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

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Recibo de un lector de un país vecino la siguiente transcripción:
“No quiero que se molesten y seremos sinceros. Lamentablemente no hemos visto resultados ni han sido tan productivos. Lo que más nos molestó es que no era posible que hagamos estas reuniones para que nos graben a nosotros. Me he sentido inseguro. Cómo podemos ir a una reunión con el alto mando policial para hacerme grabar. Quiero decirles que estaba seguro que en cualquier momento me iban a reclamar; ¡cómo los hermanos policías nos pueden grabar en las reuniones que teníamos!”.

(Del presidente de Bolivia, Evo Morales, ayer en su discurso a la policía que fue transmitido por los medios públicos de comunicación.)

Denuncia sin eco

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Primero la Ministra de Informaciones, después el propio presidente Morales y también el vicepresidente García: la rebelión policial es un golpe en gestación. En tiempos recientes, una denuncia de ese calibre habría llenado las plazas de armas del país con adeptos y simpatizantes del gobierno al cual jurarían lealtad. Ahora no se advierte ese fervor y muy pocos han acudido a las plazas. El vicepresidente García dijo que los involucrados en la supuesta conjura eran “muy pocos”, contados con los dedos de una mano. Pero no identificó a ninguno. A estas alturas, uno, lamentablemente, no puede dejar de pensar en el cuento del lobo. Gracias a su repetición recurrente, no son muchos los que parecen cereerlo.

El silencio que ha recibido la denuncia de la población no militante del MAS es revelador de un estado de ánimo probablemente irreversible: un sector importante del país (lean las encuestas)  no parece abrigar más las esperanzas de un tiempo, cuando el nombre del presidente y de su partido parecían conducir a días verdaderamente mejores.  Los policías dijeron que la denuncia no tenía asidero y líderes del MSN y UN afirmaron que el gobierno vivía bajo una “paranoia golpista”.

La Plaza Murillo ya no es más monopolio del partido de gobierno. Hace un par de años ese monopolio había sido roto por periodistas que se mimetizaron y consiguieron llegar al epicentro del poder político boliviano en una protesta contra la ley que los legisladores oficialistas aprobaban “sin cambiarle una sola coma” por mandato del Poder Ejecutivo. La ruptura de ese monopolio fue dramatizada este lunes por un intento vano de un grupo de mujeres “Bartolina Sisa” que intentó chicotear a los policías movilizados y expulsarlos de la Plaza Murillo.

Las mujeres fueron expulsadas por policías vestidos de civil que, experimentados en el tipo de desafíos de las “bartolinas”, las frenaron, las hicieron retroceder, en algunos casos por lo menos una fue arrastrada de los cabellos y, por último, acudieron a su arma favorita: gases lacrimógenos. Puede haber sido un Waterloo –o el comienzo de uno- para las organizaciones sociales a las que el vicepresidente había apelado. La indignación que cunde en las filas policiales tuvo un desahogo con una bulliciosa manifestación por el centro de la ciudad, con gritos de combate que resaltaban la figura del presidente Morales con adjetivos y amenazas. En los cuarteles, los amotinados gritaban “nivelación” ante las cámaras de la TV, aludiendo a su reclamo: quieren ganar igual que los militares. Otro estribillo: Evo, cuidado; la “poli” no es masista (del partido de gobierno). La jornada tuvo un episodio insólito pero expresivo de los tiempos que se viven en Bolivia: un grupo de payasos  se asomó por la Plaza Murillo para promover una obra teatral.

La ministra Dávila dijo en la noche que el presidente había permanecido todo el tiempo en sus oficinas del Palacio de Gobierno y desmintió versiones que aseguraban que estaba en otro lugar.

El gobierno está en una esquina del cuadrilátero cuando todavía tiene algunas vueltas a partir del momento en que los marchistas del Tipnis también lleguen a la Plaza Murillo que, por ahora, no tiene defensa policial. La columna suma, de acuerdo a las versiones de TV, unos 1.500, número similar al que tuvo la VIII Marcha y que fue recibida apoteósicamente al llegar a La Paz en octubre pasado. Sus líderes decidieron aplazar su llegada, prevista para este martes, a la espera de que el gobierno resuelva el problema de la policía. De esa manera, desactivaron la versión oficial que los vinculaba a una supuesta conjura al lado del movimiento policial.
Por la noche, centenas de vehículos había fila en Santa Cruz y en otros centros urbanos en busca de abastecerse ante rumores de falta de combustible y el deseo de tener los tanques llenos en caso de que fallen los suministros.

El motín crece

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El amotinamiento de policías asumía este viernes características explosivas con nuevos incidentes y la incorporación militante de las plazas de Trinidad, Cochabamba, Potosí y El Alto al movimiento que ha alterado la atmósfera política del país. El movimiento policial asumía un rumbo de crecimiento envolvente que en algún momento deberá llegar a un clímax y un desenlace. Incluso la unidad del Penal San Pedro se sumaba a la revuelta, pero manteniendo el orden interior del lugar.

La Iglesia Católica, en un llamado a la paz, subrayó que es “irresponsable” dejar crecer los conflictos antes dde actuar decididamente en busca de solucionarlos. La frase fue vista como una reprimenda al gobierno, por su  actitud de dejar que los conflictos se desarrollen y estallen antes de ponerse a trabajar para encontrarles solución. Los recientes problemas con los médicos, las universidades, los maestros, los mineros, el TIPNIS y el policial avalarían la expresión eclesiástica.  La Iglesia dejó clara su disposición a mediar en el problema. No parecía probable que el gobierno esté dispuesto a aceptarla sin poner en entredicho sus reiteradas declaraciones que postulan una Iglesia dedicada exclusivamente a cuestiones espirituales.

Al mediodía, grupos civiles empezaban a congregarse en la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno. Algunos policías de La Paz, con los rostros cubiertos, desenfundaron sus armas de reglamento  en las oficinas donde están amotinados y blandiéndolas en el aire gritaban: Evo, escucha, el pueblo está em….” Escenas similares se repitieron en muchos de los lugares del país donde los amotinados están concentrados. También al mediodía, el Ministro de Gobierno Carlos Romero propuso dialogar. La propuesta fue rechazada a  los pocos minutos por los rebeldes.

Los bancos e instituciones financieras en el centro de La Paz han cerrado sus oficinas ante el temor de un empeoramiento de la crisis. Una medida similar tomaron las entidades financieras de El Alto. Una actitud semejante tomaron las casas de cambio y entidades financieras en Oruro. En Yacuiba, punto importante de la frontera boliviana con Argentina, 250 policías que cubren la plaza decidieron suspender sus actividades normales y se reunían en el patio del departamento policial. Los reporteros radiales de Erbol informaban sobre accidentes en el tránsito, principalmente por falta de guardias, sin que los conductores tuviesen a quién acudir por auxilio o para informar de lo ocurrido. Bancos y casas de cambio también cerraron.

En La Paz, El Alto y Cochabamba los policías rebeldes tomaron oficinas de inteligencia policial y quemaron la documentación. Lenguas de fuego salían de las ventanas de las oficinas policiales paceñas a pocos metros del Palacio de Gobierno. En El Alto y La Paz los amotinados rompieron ventanas y echaron material de escritorio a la calle y al patio de sus oficinas, incluso computadoras. En La Paz, los insurrectos encontraron decenas de latas de cerveza y las echaron al patio del  lugar y a la calle. Incidentes similares ocurrían en Potosí, junto a la toma de los edificios de la gobernaciónd del Departamento y de su Departamento de Policías.

En Cochabamba se registraban incidentes de violencia igual, con destrozos e incendios en las oficinas policiales tomadas por los amotinados. En Santa Cruz, centenas de policías se agruparon en el patio de la prisión de Palmasola.

La Plaza Murillo lucía normal a pesar de todo  lo que ocurría en la zona. La razón: No había fuerza policial para desplegarla y establecer  un perímetro de seguridad y protección alrededor del lugar. Los efectivos estaban amotinados.  No había noticias sobre el presidente Evo Morales, quien debía haber retornado anoche de Río de Janeiro.

Cerca del mediodía  uno de los policías rebeldes en La Paz informó que daban un ultimátum de una hora al gobierno para que dé curso a sus exigencias, entre ellas un sueldo básico equivalente al que reciben los empleados del estado (unos 300 dólares mensuales, versus ciento cincuenta y doscientos actuales) y la abrogación de una ley que les prohibe opinar en público sobre asuntos internos o de gobierno. “Una hora, una hora”, coreaban los insurrectos a su alrededor. No ofrecieron información sobre qué harían los rebeldes en caso de no obtener satisfacción a sus demandas de parte del gobierno. A estas alturas, 16:15 GMT el ultimátum estaría por cumplirse.

En Sucre  había una tensa expectativa mientras cientos de policías se reunían en el comando policial de la capital constitucional boliviana. En Riberalta y Guayaramerín los efectivos policiales de grados menores también se plegaron al movimiento.

Había versiones sobre acuartelamiento de  fuerzas militares en algunas ciudades.

Ante el curso que asumen los acontecimientos, es lícito preguntar: ¿Arde Bolivia>

Agregaré detalles relevantes en cuanto estén disponibles.

Rebelión Policial

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Fuerzas de la policía boliviana se amotinaron este jueves de Año Nuevo Aymara y, precedidos por  una protesta que habían lanzado sus mujeres, novias y familiares, dejaron a gran parte del país desguarnecido de guardia pública en uno de los mayores desafíos al gobierno del presidente Evo Morales y a la estabilidad de su gobierno. El motín adquirió  características de  una  rebelión que abarcaba los mayores centros urbanos del país mientras se aguardaba la llegada desde Rio de Janeiro del presidente Morales. Se temía  que, de fracasar un eventual diálogo con los rebeldes, sólo  quedase una intevención militar. Los amotinados exigían que el diálogo, en caso de darse, tuviese lugar en la sede policial que tomaron durante la jornada.

El movimiento fue iniciado con una huelga de hambre en la víspera declarada por las esposas de los policías en reclamo por mejores salarios para sus maridos y parientes en función policial. En amotinamiento había adquirido características masivas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.  La vigilancia policial estaba limitada principalmente a las cárceles, centros de salud y a las principales sedes de mando policial y de gobierno.

El movimiento sólo tendía a agravarse. Jaime Solares, de la COB, se sumó a los policías y les garantizó la solidaridad de los obreros bolivianos. Federaciones de Maestros hicieron lo propio.

Había unanimidad en afirmar que la jornada de este  jueves había sido inusitadamente tensa y violenta, aunque no había informes sobre víctimas fatales. Los informes de la TV decían que en el Palacio Quemado se encontraban esta noche el Vicepresidente Álvaro García y el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, pero no había forma de verificar la información en fuentes oficiales. La Guardia Presidencial estaba dentro del más que centenario palacio.

Las esposas de los amotinados se concentraron durante algunos instantes frente a la puerta principal del Palacio presidencial y reclamaron la renuncia del presidente Morales y del Comandante de la Policía.

El ministro Romero, en una conferencia de prensa al mediodía, negó que hubiese un amotinamiento. Los acontecimientos lo desmintieron. Y las mujeres mostraron un rostro aguerrido y anunciaron que si el gobierno no cede a sus demandas “sangre va a correr”. “Defenderemos a nuestros maridos con uñas y garras en la lucha por un salario justo”, dijo Guadalupe Cárdenas, una de las líderes de los policías.

No se veía guardia policial ni en el Palacio ni en sus alrededores, que lucían desolados. Las imágenes de TV mostraban a rebeldes masivamente concentrados y en vigilia frente al edificio presidencial, en plena Plaza Murillo. A pocos metros, estaban las oficinas de la UTOP, Unidad Táctica de Operaciones Especiales, donde están atrincheradas las mujeres de los policías, ahora apoyadas por sus maridos y parientes.

A las noticias que daban la radio y la TV les encontraría un paralelo. En febrero 1975 estalló una rebelión policial en Lima. La ciudad quedó desprotegida y ocurrieron saqueos generalizados y el ejército recibió la orden de intervenir. Ocurrió la intervención con tanques rusos T-55 y hubo una masacre. Murieron 86 personas y al menos 155 resultaron heridas. Pero fue el fin del gobierno de izquierda que presidía el general Juan Velasco Alvarado, quien meses después fue depuesto;  asumió el general Francisco Morales Bermúdez. La policía boliviana tiene unos 31.000 efectivos. El conflicto que estalló hoy fue prangonado con uno similar de 2003, que desembocó siete meses después en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En Santa Cruz, Erbol informó del acuartelamiento de policías en la sede de la Asociación Regional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías, después de la refriega que ocurrió durante la toma de la UTOP en La Paz. En esa toma hubo un número aún impreciso de bajas. No se conocían detalles de disturbios similares en Potosí, Cochabamba y Oruro.

El panorama que ofrecía La Paz era de una ciudad desierta, no solamente por causa del motín sino por las bajas temperaturas que afectan al país, una contraste con el calentamiento político generado con el movimiento policial.

Los amotinados, tras tomar la UTOP, detuvieron una vagoneta de la que extrajeron armas y municiones, entre ellas metralletas y pistolas. Dijeron que estaban dispuestos a mantener la rebelión hasta que el gobierno acceda a sus demandas. Piden, básicamente,  que sus sueldos sean nivelados a los que reciben los militares. Carezco de cifras precisas, pero con certeza un oficial de las fuerzas armadas percibe un sueldo varias veces más alto que el de oficiales con grado equivalente de la policía.

Un policía declaró a la TV que “si el gobierno quiere que desaparezca la corrupción” los sueldos policiales deben ser mejorados. Fue una admisión de la validez de un reclamo constante contra los cobros ilegales que realizan algunos funcionarios desde las oficinas de  tránsito hasta los guardias en la  calle. Un mayor de apellido Vargas,  entrevistado esta noche por la red Uno de TV, habló de “las miserias” con las que viven los policías: muchos duermen sobre cartones y la comida buena no existe sino como ficción, con un trabajo que se prolonga a 480 hors por mes, el doble de lo que permitiría la ley. Todas las penurias reprimidas de los policías salieron a flote en la televisión y muchos se enteraron por primera vez de la vida  miserable que lleva una porción importante de los guardianes del orden.

La primera jornada

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Primer día de paro. La Paz y otras ciudades bolivianas vivieron este miércoles una jornada de violencia, típica de otras ya vividas por el país en la inminencia de acontecimientos políticos mayores. Nadie lee el futuro, de modo que sólo en el tiempo se podrá medir el significado final de esta primera jornada del paro nacional de 72 horas decretado por la Central Obrera Boliviana.
La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Potosí fueron centros de confrontación que, por los informes de esta noche, han dejado cuando menos siete heridos.
En La Paz, las escaramuzas (piedras vs. gases) se prolongaron por más de una hora en las proximidades de la Plaza Murillo, a la que jóvenes vistiendo mandiles blancos pugnaban por ingresar. La policía logró contenerlos en medio de nubes de gases. Coincidentemente, mientras ocurrían los disturbios, se encontraba en el Palacio de Gobierno el ministro español para la cooperación internacional Jesús García-Gargallo, quien vino a Bolivia dentro de una gira ya programada que ocurre a pocos días de la nacionalización de una empresa española. No había detalles sobre lo discutido, pero al español debe haberle llamado la atención el estruendo de las explosiones de gas y de cartuchos de dinamita.
En Cochabamba se apostaron miles de cocaleros, los que ahora parecen la vanguardia más clara de apoyo que tiene el gobierno. Quién paga por esta movilización aún no está claro. La masiva presencia de los plantadores/cosechadores de coca del Chapare -que previsiblemente respaldan la construcción de la carretera por el TIPNIS- trajo a la memoria las jornadas violentas de enero de 2007. Las agrupaciones cocaleras realizaron un cabildo en el que resolvieron dar apoyo pleno al gobierno, declararse en “movilización permanente” y rechazar una “intención golpista”de  una “derecha” que no explicaron. Quienes hablaron, pintaron  una película diferente de la que muchos en el país ven desde hace más de un mes. Dijeron que el paro médico es extremadamente parcial y sólo es obedecido por un 20% de galenos. La presencia cocalera masiva derivó en el aplazamiento para el jueves de una marcha de la Central Obrera Departamental.
En Tarija y Potosí los gases lacrimógenos combinados con las piedras de los manifestantes en varias zonas de esas ciudades alborotaron los vecindarios fue fueron escenario de la batahola. En Santa Cruz hubo bloqueos en las afueras de la ciudad y sobre sus carreteras de acceso. Las versiones que recibí de transportistas que venían de la periferia referían que médicos y estudiantes de medicina habían cerrado el paso a todos los vehículos.
Fue una jornada tensa. Ella puso un sello a la ruptura entre el gobierno y la matriz laboral boliviana, que rechaza el aumento del 8% sobre el salario mínimo anunciado por el presidente Morales el 1 de mayo, y apoya la exigencia de los médicos (más de un mes en paro) para derogar el decreto 1126 que les impuso una jornada diaria de ocho horas. Los médicos dicen que si se les impone esa carga horaria, deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo.
La de hoy fue una larga jornada de una larga semana, una de las más tensas ocurridas en Bolivia en los últimos años. Ni de lejos ha sido un día como los que se esperaba que viviría Bolivia bajo el gobierno del presidente Morales.