Paro Cívico

Se non é vero é ben trovato

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Actualización y ajustes

El paro convocado por las organizaciones cívicas para conmemorar el 21 de febrero se cumplió en la mayor parte del país con una magnitud y contundencia tales que es insensato creer que lo ocurrido este miércoles no influirá en el cauce politico nacional. La escala del movimiento muestra el tamaño de la montaña que el gobierno deberá escalar para su propósito de afirmar la re-re-re-re candidatura del presidente Morales en busca de una presidencia continua a través de reelecciones sucesivas. La dimensión del paro fue minimizada por el Ministro de Gobierno Carlos Romero y otras altas autoridades, pero quienes salían a las calles principales de Santa Cruz y veían las imágenes que de otras ciudades transmitía la televisión, percibían que las cúpulas gubernamentales trataban de cubrir el sol con un cedazo.  El paro fue consistente y vino acompañado de la convicción de que el partido ahora en curso apenas comienza y que adelante yacen presiones cívicas renovadas que pondrán en jaque constante a los objetivos del gobierno. El gobierno y el país tendrán que andar con los cinturones bien amarrados.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, advirtió en las primeras horas de la jornada: ¨Ahora estamos comenzando…unidos nadie vendrá a torcernos el brazo¨. Un par de días antes, en La Paz, José Antonio Quiroga, abanderado de una de las plataformas que hace dos años levantaron la muralla que derrotó la pretensión reeleccionista, dijo en que no tenía sentido participar en cualquier elección presidencial si el mandatario iba como candidato a pesar de haber sido derrotado en el plebiscito del 21 de febrero de 2016. Y el ex prefecto de Santa Cruz Rolando Aróstegui proclamó en su página de internet:  ¨Se podrá esconder el sol y desaparecer la luna, pero la voluntad del pueblo no se atropellará¨. La temperatura política nacional creció con la jornada del miércoles y ya no serán suficientes los analgésicos para detener el ascenso.

La información que corría por los teléfonos celulares dio cuenta de incidentes en lugares distantes como Puerto Suárez y Riberalta, donde el paro también tuvo consistencia. La TV mostró caravanas de cientos de motociclistas riberalteños que gritaban el mantra anti-reeleccionista que cundió en la jornada: ¨Bolivia dijo no¨. El paro abarcó los cuatro puntos cardinales bolivianos.

La declaración del presidente Morales de que el paro había sido un fracaso, era desmentida en Santa Cruz por las aulas vacías de un gran número de escuelas, el comercio cerrado y calles y avenidas desoladas que aprovechaban algunos vecinos para entablar sendas tertulias y hacer un día de campo mientras los niños gozaban con la oportunidad de pedalear triciclos y jugar. En La Paz, el alcalde Luis Revilla cerró la jornada asegurando que el paro había sido contundente y que la marea manifiesta durante la jornada estaría activa y en crecimiento, a menos que el presidente renuncie a candidatear. En la capital las tensiones fueron mayores, por la proclamación de grupos oficialistas al presidente Morales para una re-re-re. Allí ocurrió el incidente más destacado del día, cuando un disparo de gas lacrimógeno hirió en una pierna a Franco Albarracín, hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, ex Defensor del pueblo y opositor conspicuo.

La jornada tuvo un remate en Cochabamba, con una concentración multitudinaria, con decenas de miles de participantes que escenificaron una de las más grandes manifestaciones de tiempos recientes, que se contraponía a otra promovida por el partido de gobierno para afirmar la renovada candidatura del presidente Morales. Fue en Sacaba donde ocurrieron las tensiones más graves en ese departamento. La policá lanzó gases lacrimógenos profusamente sobre la carretera hacia esa población, decían los partes informativos, pero no se conocía si hubo heridos de gravedad.

Santa Cruz también remató la jornada con una extraordinaria concentración al pie del Cristo Redentor. En la noche, parecía haber calado en muchos participantes la idea de que concentraciones de multitudes como la que engrosaban serían un hecho frecuente en los meses por venir.

El jueves, el presidente iba a asegurar, desde Pando, que el movimiento nacional de ¨la derecha fascista¨ contra su candidatura había sido inferior al que organizaron sus partidarios.   Dijo que sus partidarios habían ganado ¨por goleada¨ la presencia militante en las calles que el paro cívico había vaciado, pero pareció más condescendiente que el Ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien horas antes afirmó que el movimiento de los comités cívicos de todo el país resultó un fracaso pues, en su parecer, no había habido un paro cívico digno de ese nombre. Sin imaginarlo, el mandatario y su ministro evocaban al presidente Donald Trump cuando aseguraba que la ceremonia de su inauguración había sido la más concurrida de la historia de su país. Todo el mundo sabe que no fue así.


 

Las aguas siguen turbias

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La crisis desencadenada por la huelga de los médicos ha intensificado desconfianzas y rivalidades en la alta cúpula del gobierno, persistentes al comenzar esta semana y solo recubiertas por el propio conflicto y sus derivaciones, aseguran quienes observan de cerca lo que ocurre en los círculos gubernamentales. La espiral de tensiones de las últimas ocho semanas anticipaba nuevos sismos politicos antes que el régimen conmemore 12 años dentro de pocos días. Los analistas concuerdan en que los desencuentros en las filas gubernamentales podrían manifestarse en la recomposición del cuerpo ministerial, en momentos en que el presidente Morales se enfrenta a una oposición creciente a su proyecto de reelegirse y gobernar al menos veinte años, hasta 2025. Sería uno de los períodos de gobierno más extensos de la historia del hemisferio.

Un punto de fricción aún no resuelto, dicen los analistas, sería señalar al principal responsable de la crisis que estalló con el Código Penal, aprobado con mansedumbre pia por los legisladores. La cuenta ha resultado abultada y la pregunta insistente estos días era quién o quiénes la pagarían. Algunos analistas señalaban que no podría eximirse de la cuenta el Vicepresidente García, por la promulgación, pese a la oposición manifiesta de los médicos, de la ley que puso en vigencia el nuevo código, probablemente la legislación más controvertida de los tiempos democráticos bolivianos. En la misma línea de fuego estarían las cabezas del Senado, Alberto González, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ambos personajes destacados del gobierno y cualquier desplazamiento de ellos entrañaría una amputación para el régimen. Bajo la presidencia de ambos se encaminó raudo el proyecto sin que hubiera habido, que se conozca, un debate detallado de cada uno de los 680 artículos. De no menos magnitud sería la participación del Ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debió estar entre quienes plantearon, analizaron y revisaron el documento y dieron curso a su aprobación. La misma responsabilidad es atribuida al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso equivaldría, al decir de un analista, a la cabeza, el tronco y las extremidades del gobierno, un conjunto del que no se podría separar al propio presidente Morales. El nuevo código ha resultado un fiasco gigante, demasiado costoso como para apuntar a algún triunfador. ¿A cuál de los personajes atribuirle la responsabilidad?

Una cuota de responsabilidad también tendrían los legisladores de oposición, que no denunciaron con oportunidad el contenido del documento. Una conclusión sombría entre los analistas sería que el documento no fue leído, ni se tuvo el cuidado de examinarlo. Pero algo más: como ocurre con frecuencia en la historia política del país y de muchos otros, el episodio evidencia lo nocivo que resultan legislaturas con amplia mayoría de alcances limitados y obediencia ovejuna.

Fue por acción de los internautas que poco a poco la cebolla que representa el nuevo código está siendo deshojada. Cada lámina ha sido una revelación. Casi todos los sectores tenían algún punto para reclamar.  Se descubrió que han sido eliminados artículos importantes de la ley 1008, la norma legal para combatir el tráfico de cocaína.  También resultó que desaparecían artículos fundamentales anticorrupción de la ley designada como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por supuesto, la libertad de prensa estaba también amenazada. La ANP hizo resonar su protesta, lo propio los gremios periodísticos. En pocos días, casi todo el mundo tenia alguna razón para sentirse amenazado. Las iglesias evangélicas se declararon en emergencia porque la nueva ley ensombrecía el trabajo pastoral. El Código se deslizaba hacia el ridículo pues podría obstaculizar las contribuciones, fuente vital de sustentación financiera para las iglesias.  La Iglesia Católica observó una docena de artículos contrapuestos a una sociedad que aspira a ser justa y solidaria e invocó al gobierno a tener  la  ¨sabiduría¨ de abrogar todo el Código. Los ganaderos del Beni explicaban que bajo la nueva norma, el abigeato tendría garantizada parte del delito. En la explicación de un ganadero, cinco abigeatistas podrían robar cada uno una cabeza y no serían perseguidos por la ley, que solo castigaría el robo a partir de la segunda cabeza, en tanto que sí podrían asociarse y formar una empresa ganadera con las cabezas robadas.  Igual medida se aplicaría a substancias como la cocaína y la pasta de cocaína cuya posesión punible será ejercitada a partir de un kilogramo por persona. El cupo arbitrario permitiría a una sola persona tener droga suficiente para alegrar toda una fiesta precarnavalera de 4.000 participantes. Los que aún defienden la nueva norma prefirieron evitar las palestras, abrumados por las críticas.

Por inverosímil que pueda parecer, el autor del trabajo que derivó en el nuevo código fue un especialista que trabajó en el Legislativo para el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó en su pizarra de Facebook esta semana el ex prefecto de Santa Cruz Francisco Aróstegui.

Al empezar la semana en curso, el gobierno había dispuesto -y las cámaras legislativas habían dado curso- la abrogación del artículo 205, uno de los más controvertidos y origen de la huelga médica, lo mismo que el 137 que los transportistas objetaban. El gobierno no cedía a la pretensión de los otros sectores que tomaron la posta de los médicos cuando éstos, con sus representación de La Paz, firmaron un acuerdo con el gobierno. Aún estaba en discusión la suspension de descuentos por las siete semanas del paro en su version nacional.

El conflicto entró como un huracán en los planes del presidente para reorganizar su equipo ministerial y las apuestas eran múltiples en torno a quiénes se irían como sacrificados por el turbión del Código Penal y quiénes los reemplazarían. En ese torbellino aparecían nombres de la vieja guardia masista, algunos en misiones diplomáticas y otros apartados de la actividad política.

El sábado y el domingo fueron días inquietos para los conductors de motorizados en gran parte del pais. Las ciudades del eje central (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz) tuvieron enormes hileras de vehículos en los puestos de gasolina. YPFB logró movilizar suficiente combustible para apagar la sed momentánea y hacia el lunes las hileras habían desaparecido.  Pero los transportistas, alarmados por las penalidades del Código hacia responsables de accidentes y de contrabando ingresaron a  un paro junto a otros sectores, todos unidos en torno a un nuevo mantra: derogar todo el Código. La atmósfera fue auspiciosa para los vendedores de libros en la calle: el texto de la nueva norma fue descargado de la red por algunos emprendedores y en los kioskos callejeros se lo vendía en 20 bolivianos.  En pocos días el precio había subido a 25 bolivianos.

El gremio periodístico también entró en ¨emergencia¨, una declaratoria de estado de apronte, hasta hoy no había una medida concreta para lograr la modificación o abrogación de tres artículos, del 309 al 311, que la Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones de periodistas consideraban amenazantes para la libertad informativa.

Hasta este jueves, la población de Pailas, al norte de Santa Cruz, había ganado atención nacional, por persistentes tentativas de bloqueo que la policía combatía con fuego profuso de gases lacrimógenos.  Los arrestados en la semana eran una docena en la semana, que se sumaban a la muerte de una joven asfixiada por los gases lacrimógenos días antes.

Bajo el alboroto, no causaron mayor impresión las alegatos del presidente de que el conflicto era un intento de ¨sacarlo¨ del gobierno. Como el cuento de viene el lobo, sus denuncias no registraron impacto. Más bien, Santa Cruz se preparaba para una prueba de fuerza contra el gobierno, con un paro general de 24 horas previsto para el viernes. Con sus instituciones por lo general poco beligerantes, esta vez Santa Cruz marchaba hacia una prueba de fuerza con el gobierno.

Ley del embudo

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Gumercindo Pradel, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) de tendencia oficialista, fue castigado (azotado) de acuerdo a “usos y costumbres” de los nativos de la CIDOB original. La justicia se ha movilizado ordenando la detención de los cabecillas de la CIDOB original, y el Comité Cívico del Beni ha anunciado un paro en el departamento en respaldo a los líderes originarios Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Lázaro Tacoó y el ex diputado Pedro Nuni, a quienes percibe como víctimas de una justicia que consideran deformada por su parcialidad con el oficialismo.
El Comité Cívico del Beni tiene algunos argumentos para caracterizar a la justicia de esa manera: Marcial Fabricano, también líder indígena y cabecilla de las primeras marchas de los pueblos indígenas hasta La Paz, recibió 50 azotes en 2009 según los términos de la “justicia comunitaria” incorporada a la Constitución Política del Estado. Mientras las fotografías de la espalda llagada de Fabricano daban la vuelta al mundo, la justicia decidió que el castigo era una cuestión de exclusiva aquella justicia nativa, con la que no debía interferir. Dos años después ocurrió la intervención policial sobre la marcha indígena que estaba en curso contra la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Hasta ahora se desconoce quién dio la orden y la investigación sobre la represión salvaje contra los indígenas no avanza.
No ha ocurrido igual con el caso de Pradel. Los dirigentes del sector originario no asistieron a una audiencia judicial (temían ser arrestados) como parte de la investigación sobre la paliza a Pradel. La última línea de defensa de los originarios es ahora elanunio de un paro cívico dispuesto este jueves si los dirigentes son  arrestados. Nada sugiere que la calma esté a la vuelta de la esquina. La justicia está en entredicho y la parcialidad que le imputan los líderes benianos, nativos y urbanos, contribuye a la desconfianza creciente que parece levantarse contra uno de los pilares institucionales del estado. El Comité Cívico que ordenó el paro dice que la actitud de la justicia retrata una “ley del embudo”: amplia para unos, angosta para otros.