Palmasola

Carta de Palmasola

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Desde Palmasola, una carta de Juan Carlos Guedes Bruno, uno de los primeros presos  del caso Hotel Las Américas:

Carta a mi amada Bolivia…y a mi amada Santa Cruz

Diez años de detención preventiva sin sentencia.Diez años de lucha son también diez años de traslados de una cárcel a otra del territorio nacional…así estuve en La Paz…Cochabamba….Tarija y finalmente hoy en el penal de Palmasola aquí en Santa Cruz.

Diez años de que estoy olvidado por los amigos, por las instituciones y los políticos conocidos…Diez años que los presos, los perseguidos y los exiliados del supuesto terrorismosoñamos estar en casa abrazando a nuestras familias…porque en estos Diez años nosotros los padres perdimos los más hermoso en nuestras vidas, la niñez y la adolescencia de nuestros hijos e hijas que hoy en día son jóvenes que buscan con tanto sacrificio llegar a ser profesionales y que gracias a este circo nosotros sus padres hace diez años no podemos apoyarlos como se debe.

Son diez años de familias destrozadas económicamente con necesidades básicas que a nadie le importan…

Diez años que escritores nacionales e Internacionales hicieron de nuestra odisea infame una historia que nunca  podrá borrarse fácilmente porque la recordarán padres, madres, hijos y nietos incluso hasta los hijos de nuestros nietos, estudiantes de derecho, ricos y pobres.

O quizás recordarán que hoy, a trece años de este gobierno, no han sido capaces de unirse y forjar  otro camino de esperanza para nuestra amada Bolivia que nació libre y soberana. Desde adentro, yo, Juan Carlos Guedes Bruno, sigo gritando desde lo oscuro del abandono por justicia y libertad, exigiendo el cumplimiento de las leyes; pero mi voz no tiene eco, si la escucharan serían millones las voces que gritarían libertad y buscarían los mecanismos para reformar el poder que hoy nos agobia y buscarían la forma de construir un nuevo equilibrio en la justicia para el bienestar de cada uno de los bolivianos.

Si escucharan mis gritos abrirían no solo los oídos si no también los ojos, no estarían ni sordos,  ni ciegos, porque se unirían y mirarían a una Bolivia avasallada y vendida, a una Bolivia con hambre y sed de justicia igual que yo.

Vivimos el ciclo del no-me-importismo entre nosotros.

Acaso no ven a una Bolivia, en especial a Santa Cruz agraviada por la intorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla? Escuchen mi grito desesperado!!!

Y el grito desesperado de los exiliados políticos que claman y sufren al igual que sufren sus familias y la mía, ¡escuchen mi grito!

Que es el grito de un hombre simple que morirá de pié como los arboles, por lo que cree que es correcto, ¡ESCUCHEN MI GRITO!

Es por ustedes y las nuevas generaciones no por mi… mi suerte ya está echada, no se cuanto mas estaré preso peleando contra esta infamia, ahora en este momento en que escribo ya no se qué nos espera, a nosotros del caso del supuesto terrorismo que nos es otra cosa que Diez años de Mentiras, todo es incierto; no existe el poder judicial, es solo teoría, lo único que existe es el poder político que lo maneja a gusto para seguir gobernando, porque el poder te da impunidad.

Diez años que no sabemos que les espera a nuestras familias, lo único cierto es nuestro temple y el temple de nuestros seres queridos para seguir mirando hacia adelante y demostrar que nunca pasó por mi mente, ni por la mente de nuestros compañeros hacer terrorismo o querer dividir la patria, mi patria por la cual derramaría hasta la última gota de mi sangre si me tocara defenderla.

MAS de una vez se me ha ofrecido echarme la culpa de algo que no hice, sometiéndome a un proceso abreviado; aún tengo fuerzas, tengo espíritu firme y nada extraordinario ha pasado en mi vida o mi familia para que acepte esta propuesta. Hace poco tiempo enterré a mi Padre que se fué amargado por lo que le hicieron a su hijo e impotente de no poder luchar contra tanta injusticia. Besé su frente sin derramar una lagrima como a él le gustaba, sin lágrimas en las despedidas.

En este proceso se también que otros compañeros han perdido a sus seres queridos, me solidarizo con ellos, por que al igual que ellos ese dolor lo siento en carne propia.

Quiero decirles hace un tiempo una alta autoridad me dijo ¡ya lo perdiste todo!, !No tienes nada! ¿Acaso no te gustaría estar con tu familia como los demás que se fueron al abreviado???

Mirándole a los ojos y con una sonrisa le respondí…¿Sabe doctora? Tengo a mi familia unida, mis hijos e hijas y mi esposa están conmigo y yo sigo vivo y para mi eso es tenerlo todo, mi lucha es justa doctora, por eso nunca me rindo, si lo hiciera no sería yo, no sería ejemplo para mis hijos, ni para nadie. Y no es por plata ni resarcimiento por las torturas sufridas que sigo aquí preso; es por dignidad!

El honor no se compra doctora, sépalo bien que en eso creo, el honor se gana con buenas acciones y defendiendo lo que es justo.

Por eso para terminar esta carta insto a mis hijos e hijas a todos los jóvenes de Santa Cruz y el país, tomen conciencia cívica y que se interesen por la problemática económica y política de nuestra sociedad para que entiendan major las necesidades y demandas de la población a la cual van a servir a través de sus carreras profesionales, siempre al servicio del bien común

J.C. Guedes Bruno

El tedio no tiene fin

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Las audiencias del Juicio del Siglo fueron reanudadas esta semana en Santa Cruz, con jueces y fiscales empeñados en alcanzar en pocos meses más la etapa de sentencias al cabo de casi una década de los sucesos sangrientos que le dieron origen.  Como en el título de la novela del novelista francés universal Marcel Proust, quienes lo conducen imprimieron al Juicio del Siglo un ritmo draconiano y ¨en busca del tiempo perdido¨ dedicaron toda la semana a la lectura de números correspondientes a llamadas telefónicas  de los acusados. Esta etapa deberá continuar todavía durante siquiera un par de meses, calculan abogados de la defensa. Entre bostezos y cabeceos somnolientos, el tedio es característica diaria del mayor juicio penal de la historia boliviana.
Los miles de páginas con números telefónicos son parte de las pruebas en las que el ex fiscal Marcelo Soza apoyó su acusación de que en Bolivia hubo una conjura separatista que, de consumarse, habría derrotado al Ejército Nacional.
Soza fugó del país y recibió asilo politico en Brasil luego de acusar a las autoridades de obligarlo a organizar la acusación de manera de incriminar a gran parte de la dirección cívica del departamento y de líderes opositores al gobierno.
Las audiencias se reanudaron el martes tras mejorar la salud del juez Sixto Fernández, quien estuvo de baja por complicaciones de su salud que lo tuvieron internado en un hospital de La Paz. El juez padece de diabetes y desde mediados de junio debió someterse a tratamientos rigurosos para restablecerse. Entre los cuatro jurados, era el único que no había sufrido problemas de salud desde que las audiencias se instalaron en Santa Cruz en enero de 2013.
La reanudación no fue tranquila. El abogado Defensor Gary Prado Araúz denunció que el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes, uno de los primeros en ser detenidos después del asalto policial armado al Hotel las Américas, había tenido saqueada su celda en el Penal de Palmasola. Guedes dijo que había sido desalojado de la celda que él había reparado para volverla habitable y que las autoridades del penal ignoraron sus denuncias. ¨Me haga un poco de justicia¨, le pidió al juez al reclamar que le restituyan su celda y le devuelvan los bienes que le robaron.
El asalto a la celda del detenido y el robo de sus enseres serán denunciados a fines de semana ante un comisionado de derechos humanos de la OEA que llegaría a La Paz, dijo el abogado Prado Araúz.
En la acusación preparada por Soza, Guedes era la persona encargada del aprovisionamiento de armas para el estallido que afirmaba que iba a ocurrir en Bolivia. La única prueba de la tesis de conjura es una vieja pistola italiana vendida a Rózsa, con la que éste capitanearía la hazaña.
El expediente de llamadas leídas durante la semana tiene más de 800 páginas y, de no ocurrir incidentes, la lectura acabaría la semana próxima. Pero acabar toda la lectura de pruebas estaría aún distante varios meses, pues hasta la semana que acabó se habían leído solo 10 de 42 pruebas documentales.
La lectura monótona de números telefónicos ha acentuado el tedio que predomina en las sesiones. ¨La lectura de los números se vuelve un murmullo dentro de una rutina que insulta¨, me dijo el jueves un abogado defensor.

Estertores del Juicio del Siglo

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El mayor juicio penal de la historia boliviana está rumbo a quedarse sin acusados encarcelados, tras la decisión de una corte de La Paz de otorgar detención domiciliaria a Svonko Matkovic Ribera, el joven cruceño cuyo registro en el celular de Eduardo Rózsa Flores para confirmar un pernocte campestre disparó las sospechas del ex fiscal Marcelo Soza que le costaron ocho años de cárcel y extorsiones sucesivas por 90.000 dólares a su padre Svonko Matkovic Fleig. La salida inminente de la prisión de Palmasola por parte de Matkovic, dejará en las celdas del penal solamente a dos de los 39 que figuraron inicialmente en la lista de acusados del ex fiscal Marcelo Soza con la que el ex magistrado mantuvo en vilo e incertidumbre a cientos de personas y familias en Santa Cruz y Beni.

Al retornar a Santa Cruz el miércoles por la noche tras la audiencia que determinó su salida del penal de Palmasola, el joven Matkovic celebró que nunca se doblegó a las presiones para someterse a un ¨juicio abreviado¨ que habría significado admitir culpas en la trama que sostiene el gobierno, y que salía de la prisión sin haber negociado su nueva condición. Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Matkovic pasa en Palmasola los primeros días bajo su nuevo estado, contando las horas para concluir los trámites y trasladarse a casa de sus padres. Se anticipa que será foco de atención nacional el lunes, al reiniciarse las audiencias del Juicio del Siglo radicado en Santa Cruz desde hace seis años.

Cuando Matkovic deje Palmasola, en el penal solo quedarán los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi.

El juicio se reabrirá en medio de especulaciones sobre qué llevó a la sala penal de La Paz a dictar detención domiciliaria Para Matkovic, después de que ese beneficio fuera negado en 20 ocasiones a lo largo de los años que el dirigente cívico ha estado preso. En un ambiente de desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de la justicia en Bolivia, la pregunta parece pertinente. El mismo joven Matkovic explicó que su salud sufría un fuerte deterioro, con una hernia de disco y una cirugía en la rodilla que amenazaban con privarlo de caminar. Citando esos malestares había planteado una nueva petición de amparo a principios de enero que fue negada por el juez del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, todos de La Paz.

Abogados defensores y analistas trataban de descifrar estos días qué determinó el cambio de posición. En un marco mayor, una referencia sería la necesidad de aliviar la carga que lleva el gobierno, en particular el presidente Morales, de acusaciones que lo presentan como irrespetuoso de los derechos humanos, y de someter a la justicia. En ese plano, sería importante subrayar la imagen exterior que ofrece el gobierno, ahora distante de la que ostentaba en los albores de su administración, como representante desguarnecido de un sector indígena mayoritario negligido y abusado. Nadie negaría que en la imagen actual del presidente ahora están instaladas violaciones a los derechos humanos, desde Chaparina y el Hotel Las Américas, y casos notables de corrupción. Al lado de ese cuadro se dibuja la quiebra del Socialismo del Siglo XXI, con el que sintoniza el gobierno boliviano y que languidece con el naufragio de Venezuela. Nicolás Maduro, identificado con raras excepciones como un dictador de quien los líderes democráticos se alejan, fue ¨desinvitado¨ a la Cumbre de las Américas a mediados de abril en Perú y estará ausente de la posesión de Sebastián Piñera dentro de pocos días en Santiago. En todo este panorama, el aflojamiento de la prisión de Svonko Matkovic Ribera sería un paso para mostrar una imagen diferente del presidente Morales que ayude a restituir la que tenia hace una década.

Otros politicos y analistas creen que tal apreciación sería tardía y exigua. ¨Ha sido solo un pequeño paso. No es justicia. Debería estar libre¨, dijo el expresidente Jorge Quiroga en tanto que el senador Demócrata Social Oscar Ortiz dijo que todo el juicio debería ser anulado. El ex prefecto de Santa Cruz, Francisco Aróstegui, disparó más municiones. ¨Entre la justicia y la apariencia hay mucha diferencia. Podrán decir muy sueltos de cuerpo, como nos quieren acostumbrar, que dar libertad a un ciudadano después de ocho años de prisión es justicia. Si dar libertad para cambiar la autoritaria imagen del presidente, es un frío cálculo que deja maltrecha a la justicia… la usa para mostrar un fingido rostro humano¨.  Al llegar a Cumaná, en el oriente venezolano, el presidente declaró que él impartió la orden para la toma del hotel.

Tras la salida de Matkovic Ribera de Palmasola, ¨como quise, sin negociar y sin echarme la culpa¨, quedan aún presos los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi, los primeros en ser arrestados tras el asalto al hotel. Sobre Guedes pesa la acusación de ser comerciante de armas encargado de proveerlas al supuesto movimiento separatista que el gobierno atribuye a Eduardo Rózsa Flores. La única evidencia para sostener la acusación, que coloca a Guedes entre los grandes traficantes de armas, es una vieja pistola sin cacerinas que vendió a Rózsa con la que éste iba a capitanear la rendición del ejército boliviano. A Mendoza se le atribuye un papel central en la trama por su condición de dirigente juvenil y contactos que tuvo como tal. Aún guarda las secuelas de las golpizas que recibió, tiene dificultades para caminar y lo hace apoyado en un bastón.

Desde sus inicios en Santa Cruz el panorama del juicio ha cambiado. El fiscal acusador, Marcelo Soza, huyó del país y está refugiado en Brasil. Y la unidad policial que tomó el hotel por asalto, fue disuelta.

Matkovic Ribera abogó por la libertad de sus compañeros, que han recurrrido a organizaciones de derechos humanos. Con ellos también fuera del penal, el mayor proceso penal de la historia boliviana perdería sostén. Resultaría extraño hablar de un complot separatista y planes terroristas en Bolivia con ningún acusado preso en la cárcel. Los demás están defendiéndose en libertad y bajo arresto domiciliario o sentenciados pero ya libres, pues pasaron tanto tiempo en la cárcel que, a esas alturas, gran parte de la condena que recibieron ya estaba cumplida.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

¿De Moscú a Palmasola?

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El mayor juicio penal de la historia boliviana tropezó todo el mes de junio en la desconfianza de la defensa sobre la calidad profesional de quienes deben guiar su administración, en tanto que el método de  ¨juicio abreviado¨ se adjudicó la confesión de culpa de otro detenido en Palmasola.

Tres forenses del gobierno decidieron que el general (r) Gary Prado Salmón, quien acababa de soportar una limpieza de escaras tras cirugías recurrentes en la parte inferior de la espalda y asomaba la posibilidad de una nueva operación, tenía condiciones de cumplir un horario igual al de cualquier persona con salud plena: ocho horas diarias.

La carga horaria con efecto inmediato determinada el jueves por los forenses es superior a la de 5 ½ horas que solía cumplir el militar hasta antes de la crisis más reciente, originada en el balazo que recibió hace 35 años cuando intentaba reimponer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz. Dobla también las cuatro horas diarias que habían recomendado sus médicos tratantes: dos en la mañana y dos en la tarde.

Los forenses oficiales no explicaron en qué mejoramiento de la salud del militar basaban el dictamen, que para la defensa revelaría que en la condición del paciente se estaría operando un fenómeno extraordinario.

El episodio derivó en una controversia y, a la postre, en una suspensión de la audiencia hasta el 4 de julio. Junio ha sido uno de los meses más accidentados de todo el proceso, que lleva más de tres años en Santa Cruz y más de siete desde el asalto al Hotel Las Américas que lo originó.

En estos días debe ocurrir la libertad plena de Gelafio Santisteban Stroebel, el joven militar boliviano que sirvió en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Congo y Haití y a quien el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza acusaba de participar en planes para sembrar el terror en Bolivia, doblegar al ejército y crear una nueva  nación. Los antecedentes no valieron y el ex fiscal apoyó la acusación en una auto-descripción como ¨experto en combate urbano¨ referida supuestamente a otro de los acusados ahora fuera de Bolivia en una conversación electrónica.

Con la acusación de terrorismo quitada, Santisteban esperaba salir esta semana de la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, tras acogerse a un sistema de ¨juicio abreviado¨, para abogados de la defensa reminiscente de los ¨Juicios de Moscú¨ para suprimir a disidentes bajo Stalin.

Santisteban confesó ser culpable del delito de ¨alzamiento armado¨, que había negado durante todos los años de su detención. La misma decisión de optar por un proceso abreviado fue asumida el año pasado por otros cinco detenidos en el caso penal más célebre de la historia nacional (terrorismo, separatismo, magnicidio y alzamiento armado) contra 39 personas. Entre los acusados figuraba el padre del militar, el general (r) Gelafio Santisteban Hurtado, cuya exclusión del proceso habría sido parte del acuerdo alcanzado por Santisteban Stroebel.

En la Rusia bolchevique, el régimen encarceló a críticos y opositores prominentes quienes, ante la incredulidad de quienes los conocieron, admitieron culpas que siempre negaron. Con los cargos desprovistos de evidencias que los sostuvieran, los juicios pasaron al registro histórico como una farsa.

En Bolivia, diseñado para descongestionar las cárceles, el juicio abreviado es percibido por la defensa en el Juicio del Siglo como hecho a medida para que los acusados se declaren culpables y sancionen la tesis del gobierno como justificación del asalto al Hotel las Américas y la muerte de tres personas, seguido de persecución y enjuiciamiento de decenas de otras. Desde que empezó a aplicarse ha sido criticado por la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos como un señuelo cruel para que los acusados se inculpen.

Un viernes de horror

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Esta nota fue escrita en la tarde del 25 de agosto para Nueva Crónica y Buen Gobierno, que se edita en La Paz. La reproduzco para los lectores de este blog.
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Rompía el alba y árboles y calaminas crujían bajo la embestida del viento lluvioso de un surazo que arreciaba. Era la madrugada del 23 de agosto cuando al menos media docena de reos del temible “Chonchocorito” del segundo piso del penal de Palmasola avanzó sobre el sector donde estaban los detenidos con mayor tiempo en el penal. Iban a derribar puertas y rejas y asumir el control que les permitiría dominar el penal. Se ignora cuáles eran sus planes para después.

Llevaban machetes, cuchillos, palos y probablemente pistolas, pero el arma más temible que tenían eran garrafas de gas licuado que empezaron a rociar para facilitar el avance. Los gritos y el batir de rejas y puertas dominaron el penal y pronto los agresores decidieron estallar las garrafas. A partir de ahí la tragedia no tenía retorno. Sobrevino un pandemónium; el caos y la violencia, con disparos de armas de todo calibre, acompañados por un fuego incontrolable, cubrieron el lugar.

Cuando la policía, inicialmente pasiva y confundida, logró imponerse casi siete horas después, había víctimas por doquier. Pasado el mediodía había más de 30 muertos, unos 60 heridos. El escenario parecía el de un área bombardeada. Muchos de los cadáveres estaban calcinados e irreconocibles. Un sentimiento de horror recorrió el país. Los mensajes en las pantallas de los celulares para donar sangre eran incesantes. El arzobispado de Santa Cruz calificó el episodio como desgarrador y hasta desde el penal de San Pedro, de La Paz, llegaron expresiones de solidaridad con los presos de Palmasola. Bienvenidos a la revuelta carcelaria más mortífera y sangrienta de la historia de Bolivia, que desde viernes pasado tiene un lugar en la historia mundial de violencia carcelaria.

Pasará un tiempo antes de lograr reconstruir con detalle lo que ocurrió ese amanecer en la prisión más poblada del país. Pero la tragedia que ha ocurrido estaba cantada con sólo mencionar el hacinamiento espantoso de Palmasola, levantado para contener a unas 1.500 personas pero con una población real varias veces superior. El número es más agrave cuando se conoce que en el lugar hay aproximadamente 450 niños que viven con sus padres detenidos pues de otra manera se quedarían en la calle.

El fenómeno se repite en casi todas las prisiones bolivianas como un cuadro brutal revelador de las limitaciones (o incapacidad) del estado. La víctima infantil de Palmasola era un niño a quien el destino había forzado a compartir la prisión con su padre, en cuyos brazos murió. Un comentario del diario cruceño Estrella del Oriente mencionó estos días un detalle espeluznante. En una encuesta en la prisión de Cochabamba, le preguntaron a un niño cuál era su mayor deseo y respondió: “Tener una celda para mí solito”.

La falta de información organizada se agregó a las angustias de familiares de los que estaban dentro del penal pues no había fuentes seguras para averiguar sobre amigos o parientes presos. Hasta el domingo había cinco detenidos identificados como cabecillas del ataque, pero estaba en sus inicios la tarea mayor de señalar a los responsables de la negligencia que facilitó la carnicería. Entre las primeras averiguaciones oficialmente no listadas estaba la de saber por qué los detenidos no son sometidos a una clasificación rigurosa antes de su internación en los distintos pabellones del lugar. Algunos pertenecen a bandas rivales y colocarlos en un mismo ambiente resulta explosivo.

La tragedia dio lugar a un oportunismo nada elegante de opositores para criticar a las autoridades del gobierno, algunas de las cuales, a falta de otros recursos, dijeron que lo ocurrido era resultado de “la herencia del pasado” (visto y escuchado en un programa nocturno de TV). La audiencia podía preguntarse si era legítimo hablar de esa herencia al cabo de un septenio de gobierno, tiempo suficiente (dinero no ha faltado) para siquiera paliar una buena parte de las deficiencias del país.

Mejor lo hicieron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, quienes estuvieron en la primera línea de acción tras el desastre. El ministro, en una rara admisión, dijo que, efectivamente, hay casos en las prisiones bolivianas en las que las voces de mando vienen de los internos. Faltó una palabra a todo el país del presidente Morales, como se estila en otras sociedades cuando ocurren sucesos semejantes.

De inmediato, nadie se sintió particularmente aludido. Faltó quién o quiénes se declarasen culpables de negligencia u omisión. El Deber informó el domingo que pronto tendrá que declarar ante una comisión de fiscales el gobernador del penal, Guido Parada, en un acto que teóricamente echaría muchas luces sobre el episodio. Un desastre como el ocurrido suele tener responsables que renuncian o son apartados de sus funciones. Fue un contraste con la actitud del periodista Raúl Peñaranda, director de Página 7, quien renunció debido a la divulgación de una información incorrecta.

Lo sucedido el vienes confiere a Palmasola un ingreso holgado al registro de víctimas en disturbios carcelarios, en los que el número de muertos rara vez sobrepasa la decena. Está lejos, sin embargo, del récord hemisférico de mortandad, ostentado la penitenciaría de Carandirú, Sao Paulo, donde en octubre de 1992 murieron 111 detenidos ejecutados por la propia policía.

La justicia es lerda, pero inexorable, dice la creencia popular. Un grupo de 79 hombres que entonces lucían el uniforme policial ha empezado a ser juzgado y a principios de agosto 25 fueron individualmente condenados a 624 (correcto) años de presidio. En abril pasado, otra tanda recibió una pena más benevolente: 156 años para cada uno de los 23 sentenciados. Sin lograr convencer a los jueces, los acusados han sostenido que tuvieron que matar porque estaban siendo atacados. Todos los policías resultaron ilesos.

¿RebeCop Delgado?

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El turbión de denuncias y arrestos que esta vez arrincona a jueces y fiscales ha eclipsado parcialmente a una de  las protagonistas del capítulo en desarrollo. Rebeca Delgado, la Presidente de la Cámara de Diputados, se ha vuelto una navaja en el zapato de algunas autoridades y dirigentes de su partido. Tras haber ganado por puntos la pelea con el Ministro de Gobierno Carlos Romero en torno a  la  ley de extinción de dominio sobre bienes mal habidos (que supuestamente iba a contrarrestar la corrupción cuando la corrupción ya anegaba varios compartimientos del barco del gobierno)  la legisladora cochabambina lanzó de nuevo el sombrero al cuadrilátero. Dio un ultimátum para que hasta “mediados o fin de mes” las investigaciones abarquen niveles de mayor jerarquía y avancen al segundo y primer piso.  Es probable que  haya quienes no desean que el turbión se extienda más, pero sospecho que el ímpetu que lleva no tiene control y que pronto puede engullir a otras personalidades.

Coincidencia o no, las tareas policiales han arreciado estos días. Jacob Ostreicher ahora puede defenderse en libertad, lejos de Palmasola, ahora bautizado como uno de los penales más oprobiosos del mundo. Lo mismo ocurre con Dirk  Schmidt, el alemán que decía que se jugaba la vida en defensa del presidente Morales y que incomprensiblemente acabó preso acusado de alzamiento armado por causa de armas de caza con las que practicaba incluso al lado de algunos de los agentes que lo detuvieron.  Estas personas, como muchas otras, incluidas las de una insuficientemente investigada “masacre” en Porvenir hasta otras arbitrariamente involucradas en el gastado “caso terrorismo”, han tenido sus vidas desarticuladas. Lo que han perdido es incuantificable, gran parte por culpa de  moradores del primer y segundo piso del gobierno cuya identificación buscada por la legisladora Delgado puede resultar desagradable para  los malhechores.

Es probable que los abogados presos hayan sido parte de la legión contratada por el gobierno del MAS para forzar la corrección de entuertos (“Legalicen ustedes. Para eso han estudiado”). La cuestión es que los neo-presos pueden haber sido piezas esenciales de una arquitectura encargada de dar apariencias de legalidad a actos que el gobierno consideraba políticamente necesarios para su confort interno y externo (el fin justifica los medios). Las tareas que tenían a su cargo eran indispensables en el diseño del “Socialismo del siglo 21” que sus críticos dicen que se arropa de democracia con una justicia sumisa y dependiente que permite a los gobiernos que lo adoptan presentarse ante el mundo con un traje democrático falso.

No está claro si los que ahora están tras las rejas tendrán sustitutos ni cómo orientarán sus tareas los nuevos legionarios del singular sistema de justicia que habían instalado en Bolivia. En todo caso, tendrán ante sí una tremenda lección del tamaño de la eficiencia con la que manejen los asuntos a su cargo: pueden también acabar entre rejas.

RoboCop (1987) es un personaje de la ficción cibernética. Resurrección de un policía que en su versión humana tuvo una muerte cruel en manos de maleantes, se trata de un tenaz vigilante de la ley y terror de los delincuentes que no se interesa en medir consecuencias sino en cumplir su labor. Es plausible preguntarse si los afanes de la legisladora, cuyo nombre he alterado para simular el de la ficción, la llevarán a incluir en el ultimátum el esclarecimiento de la represión en Chaparina, Hotel Las Américas y otros casos sórdidos, o quiénes y dónde están los responsables de  las empresas fallidas, creadas o asumidas por el estado.

Apasionada confesa de la cocina (lapping y costillar de cordero, con sabor cochabambino, claro),  quién sabe si en su agenda  de limpieza y su ultimátum incorpora no sólo fiscales y jueces corruptos.