Ostreicher

Justicia en entredicho

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La forma de justicia que en estos tiempos Bolivia proyecta al mundo tiene estampadas marcas indelebles. La de la mal entendida “justicia comunitaria” con la amenazante habilidad de los degolladores de perros; la de los comerciantes incendiados vivos en Achacachi; la de los policías martirizados en ayllus de Potosí; la de los campesinos vejados en Sucre; la paliza brutal a los marchistas en Chaparina. A esas imágenes se ha sumado la sombra de Jacob Ostreicher y la cruzada del actor Sean Penn para liberarlo. Del caso se supo localmente como una noticia policial más, pero ahora, después de casi dos años, es un suceso que aparece en medios mundiales como ejemplos de una realidad distinta de la que exhibe la propaganda oficial.

Es una de las ironías actuales de Bolivia. Un senador del gobierno admitió a tropezones la noche del miércoles que el actor fue designado embajador “de las causas nobles” por el presidente Morales y que ese nombramiento está vigente. Colegas del legislador dicen que el agro-inversionista Ostreicher es un malagradecido al boicotear la porción del rally de Dakar que deberá pasar por Bolivia. Conociendo el anuncio de un posible boicot y el desánimo que eso provocaría, las autoridades deberían tomar más en serio al actor, a su defendido y la causa que los une.

Con toda su notoriedad, el caso tiene rivales que le disputan atención y a ratos lo  aventajan. El llamado “caso terrorismo” o Juicio del Siglo se arrastra desde hace  cuatro años, cada vez con menos creyentes y con la sospecha de que los mayores responsables no están en el banquillo. El juicio transcurre bajo la mirada impaciente de decenas de familias cruceñas y cientos, quizá miles, de parientes y amigos a quienes llega el oleaje del proceso que ahora se desarrolla en Santa Cruz. La audiencia para este caso trasciende fronteras con una peligrosa magnitud que muchos aún no perciben.  El que estén involucrados ciudadanos de países de los que nos llegan pocas noticias, como Irlanda, Hungría y Croacia, no significa que esos países sean indiferentes al proceso en curso ni su bloque mayor, la UE.

Estos días cumple un año en la Embajada de Brasil el asilado más notable que ha tenido Bolivia: el senador Pinto, todavía en su refugio en La Paz sin perspectivas de un salvoconducto. Y acaban de pasar seis meses desde que el periodista, Fernando Vidal, de Radio Popular de Yacuiba, también estuvo cerca de ser convertido en bonzo por quienes lo atacaron y quisieron quemarlo junto a su operadora Karen Anze.

Ninguno tiene apoyo de un Premio Oscar, pero encierran dramas que algún día serán parte del neorealismo boliviano

Maleantes a la cárcel, dice Evo

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La agencia oficial de informaciones ABI trajo el viernes declaraciones del presidente Morales en Pampa Grande, aquí en el departamento de Santa Cruz, que, agregadas a la que formuló el mismo día el agro-inversionista Jacob Ostreicher, pueden equivaler a colocar dinamita encendida en la mano de algunos de sus ex colaboradores.
ABI cita al presidente durante un discurso:
“Aparecen algunos maleantes por aquí extorsionando, (ellos deben) ir a la cárcel, que se procesen y ya están en el Ministerio Público para juzgarlos”, sentenció en alusión a la red de extorsionadores en la que están involucrados abogados y ex funcionarios públicos.”
La frase, que gramaticalmente apenas se salva con los retoques que le hizo ABI, semeja un dictamen anticipado sobre los “ex funcionarios públicos” que se equilibran en el trapecio levantado con el destape del caso Ostreicher. Cuando en Bolivia y en esta época el presidente dispone enviarlos a la cárcel parece un mandato inesquivable.
En la fila cada vez más larga de los “ex”, figura Mario Uribe, quien ofició como Fiscal General interino hasta la llegada de Ramiro Guerrero, electo por voto legislativo en octubre pasado. A él apuntó el viernes (ayer) Jacobo Ostreicher, al contradecirlo y afirmar que no es cierta su aseveración de que desconocía la situación del inversionista y de las extorsiones que estaba sufriendo. Ostreicher le había hecho llegar una denuncia, recibida por la fiscalía con sello y hora. La afirmación de “no sabía” está en la picota. El ex fiscal será llamado nuevamente a declarar y puede pasar a la categoría de investigado, en vez de testigo.
Ostreicher también apuntó sobre la ministra Nardy Suxo, cuya envolvimiento en el caso (pidió al ex ministro Wilfredo Chávez que no despidiera del Ministerio de Gobierno a los abogados Dennis Rodas y Fernando Rivera Tardío cuando supo que Chávez se disponía a excluirlos de su despacho). El inversionista, como muchos bolivianos, se ha preguntado por qué la ministra (de quien el diario La Estrella del Oriente publicó ayer fotocopias ue asegurarían que es nacida en Puno, Perú) quería retener a los abogados. El ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien consideraba a los abogados como funcionarios competentes, también fue citado por Ostreicher en la conferencia de prensa que brindó el viernes en su domicilio en Santa Cruz.
El trio de ministros en funciones (Suxo, Ramon Quintana y Juan Carlos Romero) puede otra vez comparecer, esta semana que viene, al rayar el nuevo año, a declarar en la Fiscalía Departamental.
Un profesional que sigue el alucinante caso de las extorsiones me dijo esta mañana: “En política, las palabras del Presidente Morales son la señal para que la guillotina caiga sobre los pescuezos de las personas que se asoman como involucradas”.

¿RebeCop Delgado?

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El turbión de denuncias y arrestos que esta vez arrincona a jueces y fiscales ha eclipsado parcialmente a una de  las protagonistas del capítulo en desarrollo. Rebeca Delgado, la Presidente de la Cámara de Diputados, se ha vuelto una navaja en el zapato de algunas autoridades y dirigentes de su partido. Tras haber ganado por puntos la pelea con el Ministro de Gobierno Carlos Romero en torno a  la  ley de extinción de dominio sobre bienes mal habidos (que supuestamente iba a contrarrestar la corrupción cuando la corrupción ya anegaba varios compartimientos del barco del gobierno)  la legisladora cochabambina lanzó de nuevo el sombrero al cuadrilátero. Dio un ultimátum para que hasta “mediados o fin de mes” las investigaciones abarquen niveles de mayor jerarquía y avancen al segundo y primer piso.  Es probable que  haya quienes no desean que el turbión se extienda más, pero sospecho que el ímpetu que lleva no tiene control y que pronto puede engullir a otras personalidades.

Coincidencia o no, las tareas policiales han arreciado estos días. Jacob Ostreicher ahora puede defenderse en libertad, lejos de Palmasola, ahora bautizado como uno de los penales más oprobiosos del mundo. Lo mismo ocurre con Dirk  Schmidt, el alemán que decía que se jugaba la vida en defensa del presidente Morales y que incomprensiblemente acabó preso acusado de alzamiento armado por causa de armas de caza con las que practicaba incluso al lado de algunos de los agentes que lo detuvieron.  Estas personas, como muchas otras, incluidas las de una insuficientemente investigada “masacre” en Porvenir hasta otras arbitrariamente involucradas en el gastado “caso terrorismo”, han tenido sus vidas desarticuladas. Lo que han perdido es incuantificable, gran parte por culpa de  moradores del primer y segundo piso del gobierno cuya identificación buscada por la legisladora Delgado puede resultar desagradable para  los malhechores.

Es probable que los abogados presos hayan sido parte de la legión contratada por el gobierno del MAS para forzar la corrección de entuertos (“Legalicen ustedes. Para eso han estudiado”). La cuestión es que los neo-presos pueden haber sido piezas esenciales de una arquitectura encargada de dar apariencias de legalidad a actos que el gobierno consideraba políticamente necesarios para su confort interno y externo (el fin justifica los medios). Las tareas que tenían a su cargo eran indispensables en el diseño del “Socialismo del siglo 21” que sus críticos dicen que se arropa de democracia con una justicia sumisa y dependiente que permite a los gobiernos que lo adoptan presentarse ante el mundo con un traje democrático falso.

No está claro si los que ahora están tras las rejas tendrán sustitutos ni cómo orientarán sus tareas los nuevos legionarios del singular sistema de justicia que habían instalado en Bolivia. En todo caso, tendrán ante sí una tremenda lección del tamaño de la eficiencia con la que manejen los asuntos a su cargo: pueden también acabar entre rejas.

RoboCop (1987) es un personaje de la ficción cibernética. Resurrección de un policía que en su versión humana tuvo una muerte cruel en manos de maleantes, se trata de un tenaz vigilante de la ley y terror de los delincuentes que no se interesa en medir consecuencias sino en cumplir su labor. Es plausible preguntarse si los afanes de la legisladora, cuyo nombre he alterado para simular el de la ficción, la llevarán a incluir en el ultimátum el esclarecimiento de la represión en Chaparina, Hotel Las Américas y otros casos sórdidos, o quiénes y dónde están los responsables de  las empresas fallidas, creadas o asumidas por el estado.

Apasionada confesa de la cocina (lapping y costillar de cordero, con sabor cochabambino, claro),  quién sabe si en su agenda  de limpieza y su ultimátum incorpora no sólo fiscales y jueces corruptos.

Ostreicher libre de Palmasola

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Las cartas del destino jugaron esta vez del lado de Jacob Ostreicher.

La juez Eneas Gentile, que en noviembre había negado la solicitud del agro-inversionista para defenderse en libertad de las acusaciones de fiscales del gobierno (ahora todos presos), volvió sobre sus pasos y este mediodía concedió libertad condicional al acusado. La juez dispuso una fianza de 100.000 bolivianos (US$15.000) y que el acusado continúe arraigado en Santa Cruz, prohibido de salir de su domicilio entre las 10 de la noche y las 05 de la mañana mientras la justicia decide su caso.

Ostreicher, con las manos temblorosas y la voz emocionada, abrazó a su esposa que había venido desde Nueva York para asistir a la audiencia, y agradeció a sus abogados y a los medios de Bolivia y de exterior que expusieron su caso a los ojos del mundo. Cuando era llevado a la ambulancia de INCOR que lo trasladaría de vuelta a la clínica, puso a un lado la frazada con la foto de sus nietos impresa que tenía sobre las rodillas, tomó fuerzas, se levantó, caminó unos pasos y con la gorra de fajina que no se quitó ni un instante, saludó a los bolivianos por medio de las cámaras de TV que lo enfocaban y llamó a las personas a no dejarse extorsionar. Tuvo cuidado en desvincular a los administradores de justicia extorsionadores del gobierno y del presidente Evo Morales. En una notable evidencia de la reversión de su suerte respeto a la de hace sólo pocos días, abogó por castigos ejemplares para los funcioncionarios (fiscales y jueces) que, subrayó, han desprestigiado al gobierno boliviano en todo el mundo.

El inversionista catapultó sobre sí una avalancha de simpatías mundiales cuando el actor Sean Penn, ganador de dos Oscar, hizo causa a su lado y abogó por su libertad. La situación de Ostreicher fue seguida de cerca por gran parte de los bolivianos que con la piel erizada escucharon sus denuncias por primera vez a fines del mes pasado.

Del estrecho juzgado donde estaban apiñadas unas 50 personas, casi todos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, fue trasladado de inmediato de vuelta a la clínica INCOR, donde se recupera agobiado por las penurias de una prisión de 18 meses y 15 días en el penal de Palmasola, considerado como una puerta “más allá del infierno”. Los nuevos alojados del tenebroso lugar se han quejado estos días de la inseguridad y del mal olor que prevalecen en el penal.

Hace una semana, dos vocales habían rehusado pronunciarse sobre el fondo del caso que lo llevó a la prisión pero refirieron la decisión a la juez Gentile, cuyo veredicto para mantener a Ostreicher en la cárcel a pesar de las evidencias que presentaba la defensa en favor de su  inocencia fue anulado. La juez debía volver a pronunciarse y esta vez decidió que Ostreicher podía defenderse en libertad. Fue la trigésima audiencia para el inversionista, que sólo en las ultimas tres consiguio hacerse oir. En casi todas las oportunidades anteriores, los fiscales y abogados ahora presos habían interferido para embargarle la voz.

Ostreicher y un grupo de socios de Suiza llevaban invertidos en Santa Cruz unos 27 millones de dólares en un negocio de arroz y ganado vacuno cuando, en 2011, la policía comenzó a investigarlo bajo sospechas de lavado de dinero y de vínculos con el narcotráfico. El inversionista dijo que había presentado cientos de documentos para demostrar el origen legítimo de las inversiones pero que los fiscales no los consideraron. Entretanto, una cosecha de 20.000 toneladas de arroz se malogró o fue negociada ilegalmente por funcionarios de gobierno. Lo mismo ocurrió con unas 5.000 cabezas de ganado.

El caso rompió las fronteras bolivianas y encontró a Sean Penn, quien, amigo de Hugo Chavez y  persuadido por el mandatario venezolano, se empeñó por su libertad.

La libertad condicional de Ostreicher fue dispuesta hace más de un año por un juez que anuló su propia decisión y optó por mantenerlo en Palmasola ante las amenzas, según su propia confesión, de “los hombres del presidente”  ahora presos como integrantes de una tenebrosa red de corrupción y extorsión dentro del gobierno. El juez Zenón Rodríguez decidió el año pasado que Ostreicher debía defenderse en libertad pero cambió repentinamente su decisión. Al cabo de una semana ordenó que fuese llevado a la cárcel. La razón: “Era su libertad o la mía”. El propio juez había sido extorsionado y habia cedido a la extorsión.

El caso continúa en desarrollo. Hay una docena de ex jueces y ex fiscales presos y presión pública creciente para llegar hasta las cabezas responsables de la red de extorsionadores.

Políticamente, para el gobierno puede haberse desinflado un globo. Siquiera parcialmente. Por las proporciones que  ha estado adquiriendo el caso, la sesión de este martes era una “cuestión de estado”. Persistir en el encierro de Ostreicher en Palmasola no solamente  habría puesto la salud del detenido al borde de un precipicio. También habría atizado el fuego que ve al del presidente Morales como un gobierno que tiene a dirigentes opositores exiliados, asilados y que, a quienes no aceptan sus designios, los reprime, como a los indígenas del Tipnis.

El show debe acabar

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¿Qué justicia es ésta cuyos vocales, ante una decisión por un caso por el cual hay siete ex funcionarios oficiales  presos acusados de extorsión, pasan la palabra a la juez que envió a la cárcel al extorsionado, robado y desprovisto de sus bienes? Los vocales que decidieron este martes devolver el caso a la juez Eneas Gentile se excusaron de permitir que Jacob Ostreicher se defienda libre de la orden de prisión ratificada hace sólo unos días por…Eneas Gentile. Dijeron “paso” y le pidieron a la misma juez que revise su decisión. No les importó que el agro-inversionista lleve más de año y medio preso sin sentencia ni que el caso Ostreicher haya expuesto en carne viva (literalmente, en este caso) la ausencia de un sistema de justicia creíble en Bolivia. En cinco días (¿ustedes creen que serán cinco?) la juez deberá decir su veredicto.  Es inevitable especular que en poco tiempo habrá un film de resonancia mundial y que en las escenas desfilarán todos, de arriba abajo, -repito: de arriba abajo- los personajes del martirio de Ostreicher. Los del tercero, segundo y primer piso.
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Basta de llantos en la TV. Por favor, ¿es que la televisión no tiene otra forma de exhibir algún drama o tragedia sin mostrar las imágenes llorosas de los dolientes? Ocurre un desastre, acontece un crimen, un robo, un asalto, una enfermedad, una epidemia, un rapto, un accidente y ahí está, inevitablemente, la imagen de alguien llorando a gritos. Se trata de una explotación innecesaria del dolor al punto de volverlo una banalidad. Y algo más para los programas nocturnos de TV: Procuren que sus invitados hablen el castellano medianamente bien. Es lamentable la pobreza de la sintaxis de los que aparecen en esos programas. Bolivia corre el riesgo de figurar entre los países que peor hablan el castellano.
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¡Viva la ociosidad! Bolivia está a punto de ganar un título inmerecido: País de ociosos. Los legisladores nacionales deben discutir la norma que acuerda establecer un puente de feriados este año pues el Día de Navidad y el de Año Nuevo ocurrirán esta vez un martes. Entonces han decidido agregar el lunes al feriado y tener así dos temporadas de cuatro días. Un argumento reiteradamente utilizado para favorecer ese feriado múltiple es que ganará el turismo. Y ¿saben cuánto perderá Bolivia por ese feriado?: Más de 30 millones de dólares. Imaginen cuántas escuelas y cuántos hospitales se construirían con ese dinero.La iniciativa es como querer ganar indulgencias con oración ajena.

Actualización: Primó la cordura en el gobierno y la “opción feriadista” fue descartada. No habrá feriado “para el turismo”, como los postulantes de extender el asueto de Navidad y Año Nuevo querían.

¿Nuevas cabezas a punto de rodar?

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Segunda actualización: fiscal Janet Velarde enviada a Palmasola

El curso del destape de un segmento de la corrupción empieza a salir del control de quienes querrían que no se expanda demasiado ni llegue al primer piso de los niveles jerárquicos gubernamentales. Luce inminente el desenlace del caso Jacob Ostreicher, en la audiencia que tendrá este martes 11/12. La paranoia parece estar agarrando a muchos. ¿Será que el gobierno está infiltrado por elementos que buscan desprestigiarlo o que la CIA tiene agentes que operan dentro de los servicios bolivianos de seguridad? La explosión del drama que Ostreicher es demasiado grande en extensión y profundidad. Ojos de todo el mundo están ahora escudriñando Bolivia y su gobierno. La justicia boliviana  ha caído a los peores niveles de su historia. Es inevitable concluir que otras cabezas rodarán. Y este mismo lunes vendrá, en Tarija, la continuación (¿o el epílogo?) del “caso terrorismo”.

Está abierto un boquete que está rompiendo el dique. Ya son vox populi las versiones sobre denuncias de extorsión y pagos millonarios. ¿Quiénes son los receptores?  A los correos electrónicos llegan versiones sobre personajes que lucen trajes Armani y celulares de primera línea, cuando hace pocos años debían contentarse con chaquetitas de polyester y teléfonos humildes. Para ellos, el columpio empieza a deslizarse en dirección opuesta. Los nombres son los mismos de los que Ud. y yo estamos pensando.

Si se llega a la conclusión de que todo fue una armazón, ¿dónde quedan las continuas afirmaciones de las autoridades de que Bolivia estaba a un paso de ser dividida y de sufrir una ola terrorista?

Ayer empezó una audiencia sobre Juan Aberto Kudelka, el ex mano derecha del también ex dirigente cívico e industrial Branco Marinkovic, actualmente fuera del país. Kudelka, tras un largo periplo fuera de Bolivia, retornó, recibió libertad condicional por unos días y volvió a ser detenido y recluido en el Panóptico de La Paz por haberse negado, según ha declarado recurrentemente desde entonces, a incriminar a su ex jefe. Kudelka ha denunciado que el grupo de fiscales a cargo de Marcelo Soza pretendía que, a cambio de su libertad, dijese  que uno de los números de teléfono registrados en el celuar que supuestamente manejaba Eduardo Rózsa Flores pertenecía al industrial. La explosión de las extorsiones a Ostreicher representa un rayo de esperanza para Kudelka, quien nunca consiguió que su denuncia fuese investigada. La audiencia fue suspendida hasta el 18 de este mes. Su novia Kathy Rabzuck  dijo ayer viernes que muchos de los detenidos por el “caso terrorismo” continuaban en prisión porque no habian podido pagar por su libertad. La afirmación dejó inferir que otros supuestamente involucrados estarían libres porque pagaron, pero se inhibió de dar detalles o mencionar nombres. Si Kudelka recuperase su libertad en la audiencia el 18, podría ser el comienzo de una cadena de otros movimientos que debilitarían toda la tesis de fiscal Marcelo Soza.

“Esto se cae rápidamente”, me aseguró un abogado que sigue el caso de cerca.

Inevitablemente pronto llegarán de vuelta al escenario noticioso el “caso Porvenir”, Pando, Leopoldo Fernández y quizá Chaparina. Aún no ha sido acallado el grito que pregunta quién dio la orden pues nunca fue satisfactoria la afirmación de que hubo una  “ruptura en la cadena de mando” y se ha vuelto irritante la esparcida actitud de “yo  no fui”. Ese episodio resultó de una estrategia para llevar a cabo el camino a través del TIPNIS y está en la memoria de la mayoría de los bolivianos. Me agradaría saber de alguna encuesta que determine qué porcentaje de bolivianos cree esa versión.  Y si todos estos episodios son aclarados, ¿cómo quedan el gobierno y sus principales autoridades?

Como trasfondo fundamental, están los derechos humanos, cuya penosa precariedad en Bolivia ha salido a flote con el drama  de Ostreicher. Los legisladores estadounidenses que han venido para reclamar por su compatriota han subrayado que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. Así salieron al paso de sus colegas oficialistas bolivianos que sostienen que el caso es de exclusiva jurisdicción boliviana. Los visitantes, como diciendo “vemos lo que ocurre aquí”, han reiterado que esperan que la defensa de los derechos de Ostreicher extienda sus beneficios sobre los bolivianos que pudieran tener sus derechos conculcados.

Este sábado por la noche, el juez que recibía las declaraciones de la fiscal (ahora también “ex”) Janet Velarde Luna  decidió la prisión preventiva de la declarante en el penal de Palmasola, en las afueras de Santa Cruz. La ex fiscal fue la autoridad que ordenó la detención preventiva de Ostreicher, en junio del ano pasado. Su colega Álvaro Latorre ha dicho que objetó algunas decisiones de la fiscal y al poco tiempo fue apartado de la investigación y enviado a otro distrito. Otro fiscal, Roberto Achá, también envuelto en el proceso que llevó a Ostreicher a la prisión, declarará durante la semana que viene.

El título de esta entrada no es más actual. Las cabezas ya están otra vez rodando y el proceso abierto con las declaraciones del agro-inversionista Ostreicher continúa a todo vapor. Ahora son siete los fiscales encerrados en Palmasola y se espera a otros.

Este fin de año parece prometer más ruidos que los de los fuegos artificiales la noche del 31.

El complicado ingreso a Mercosur: Agenda pendiente

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Una visión desde Brasil. El diario financiero Valor, publica hoy lunes una nota de su editor internacional Sergio Leo sobre el ingreso boliviano a Mercosur. La que sigue es una transcripción parcial de ese trabajo.
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Negócios en Bolívia, qué desea Mercosur

Las negociaciones para el ingreso de Bolivia al Mercosur, a iniciarse oficialmente con la reunión del bloque esta semana, ocurren en un momento de los más delicados en la relación del país andino con Brasil. Mientras avanza la coperacion bilateral en el combate a las drogas y los crímenes transfronterizos, los brasileños en Bolivia reclaman apoyo de Brasilia para defender los intereses de empresas perjudicadas en sus negocios, de ciudadanos brasileños victimados por un poder judicial “kafkiano”, de productores rurales con tierras invadidas sin amparo de la policia y de la justicia local, y de los dueños de vehículos cuyas movilidades fueron robadas y recuperadas pero hasta ahora no devueltas.
El gobierno de Evo Morales tiene prisa para entrar al Mercosur, donde espera tener apoyo económico, y está en medio de un escándalo del tipo que de vez en cuando asedia a los países de la región. Altos funcionarios del gobierno están presos al ser desbaratada una red que incluía la extorsión sobre opositores presos, amenazas a jueces y documentos fraguados para la prisión o libertad de individuos.
La cuadrilla fue descubierta con intervención del FBI, con el que el gobierno boliviano ha pasado a cooperar luego de gestiones del gobierno americano y hasta de un pedido personal al presidente Evo Morales del actor Sean Penn, amigo de una víctima de los bandidos.
El ingreso al bloque debería presionar al gobierno boliviano
La prisión de la cuadrilla fue causada por el caso dantesco de un americano detenido “preventivamente” hace 18 meses, cuyos bienes fueron incautados y vendidos por los bandidos, aprovechando la máquina del gobierno. Nada parecido ha ocurrido con los ciudadanos brasileños, pero estudiantes brasileños (en Bolivia) se quejan de acoso de la policía, que les reclama documentos cuya entrega es inexplicablemente demorada por la burocracia boliviana.
La misma demora ocurre con la regularización de títulos de tierras, que expone a los agricultores a actos arbitrarios. También sin explicación está el atraso para devolver centenas de automóviles brasileños robados o incautados en territorio boliviano, donde se aherrojan a la intemperie.
De la situación de empresas brasileñas atraídas a Bolivia un caso notable es el de D’Andrea Agrimport, contratada para suministrar máquinas y montar una fábrica estatal de papel. El gobierno boliviano debía garantizar las obras de ingeniería y la entrega de gas, agua y electricidad, servicios contratados (y aún no entregados) con una empresa boliviana dirigida por el hermano de un bien contectado viceministro del gobierno.
El director de la empresa brasileña tuvo su contrato rescindido por la acusación de incumplimiento de plazos y las autoridades bolivianas lo acusan, sin pruebas, de entregar maquinarias viejas. Su intención de recurrir a un arbitraje fue rechazada por presión del gobierno, según afirma, y sólo el pasado viernes, casi un año después de conocido el caso, tuvo oportunidad de ser escuchado en un proceso.
El riesgo de intervenciones indebidas también pende sobe la OAS, que, amenazada por multas cuestionables,se prepara para salir del país, luego de ver atascadas por conflictos políticos la construcción de carreteras contratadas por el gobierno.
Hace un año que la Votorantim procura viabilizar la inversión privada más grande en el país, una fábrica de cemento, de $US180 millones. La obra ya fue aprobada por el gobierno boliviano que, sin embargo, no garantiza la entrega de gas. Las autoridades locales alegan que no hay estudios que garanticen que los suministros no afectarán  las entregas del contrato mayor de venta de gas a Brasil o al medio ambiente.
La empresa ya envió esas garantías, pero el que los socios brasilenos no fuesen del grupo alineado con el gobierno es visto como posible motivo de las dificultades.

No todas las historias tienen a Brasil como víctima y a Bolivia como villano. Con la huelga de las aduanas brasileñas, una operación de la cementera de la Votorantim en el Mato Grosso, con materia prima de los socios bolivianos, sufre con retenciones arbirarias de los fiscales en Brasil, lo que causa días de retraso en el pasode camiones. En Bolivia escasea el cemento y Brasil tiene parte de la culpa. Igualmente, los productores de soya se quejan que el Ministerio de Agricultura hubiera necesitado de un año para expedir la autorización de venta en el mercado brasileño de los excedentes del grano boliviano. Los bolivianos también se quejan del atraso en la entrega de $US 700 millones prometidos por Brasil por los componentes nobles del gas que importa de Bolivia. La falta de diálogo en temas como estos no es lo que se espera de un líder regional. Es aún menos aceptable que, por temor de parecer una especie de subpotencia imperialista, Brasil deje de exigir del gobierno boliviano la revisión de las decisiones oficiales que injustamente perjudican a los brasileños  en Bolivia –como hace Estados unidos en el caso del americano preso arbitrariamente.

NR: Editada este martes 4 de diciembre.

Jornada de la vergüenza

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La del miércoles 28 de noviembre ha sido sentida por muchos bolivianos como una jornada de la vergüenza ante las muestras inocultables de una justicia envilecida capaz de engendrar y acomodar a hombres como los que participaron en el calvario que ha vivido y continúa viviendo Jacobo Ostreicher. La jornada ha puesto ante todos nosotros escenas que sólo conocíamos de los relatos de las mazmorras de regímenes en los que la persona es sólo una prenda a ser ofrendada en aras de un principio, un partido o una ideología.
Un escalofrío recorre la columna al pensar que estos hombres han tenido en un puño el destino de muchas personas, entre las cuales Ostreicher sobresalió porque a) venía de Nueva York, b) era judío y c) era rico (en la escala boliviana). El FBI ha concluido, aseguró el inversionista, que él fue prácticamente secuestrado bajo una sospecha no sustentada de legitimación de ganancias ilegales.

El que mostraron las imágenes de TV es un hombre destruido físicamente, que pasó del paraíso economico a un infierno en el que, sin embargo, tiene plantada una fe inmensa: “Creo en Dios”‘,  dijo, manos temblorosas por el Parkinson que lo acosa en a cárcel.  Esas manos serán una imagen acusadora indeleble de este 2012.
Celebro que la mayoría de los medios bolivianos hubiese enfocado sus luces sobre este caso, algunos con una demora de más de un año, para mostrar el rostro inmundo de la corrupción. (Esta palabra se ha vuelto un eufemismo para omitir su significado vulgar: ladrón, asaltante).
No existe atenuante alguno en este caso, que resume una torcida viveza criolla con la frialdad abyecta de la codicia por los bienes ajenos y el desprecio por la dignidad de la persona humana, concepto desconocido por quienes piensan solamente en la manera de acumular riqueza sin esfuerzo y a costa del prójimo y del estado al que dicen servir. “Entre 10 y 15 personas se volvieron millonarias con mi arroz”, dijo en una de las entrevistas que ofreció el miércoles. Las entrevistas han sido la única garantía de hacer escuchar su verdad, embargada por jueces y fiscales pusilánimes ante la voz del poder del Ministerio de Gobierno. Veintisiete veces intentó argumentar su inocencia y recuperar la libertad, negada por el juez de turno que, según ha dicho Ostreicher, obedecía cabizbajo las instrucciones que recibía de los abogados del gobierno, ahora presos.
Ostreicher ha dicho que en Palmasola, la cárcel de Santa Cruz, el abogado (desde el martes ex abogado del Ministerio de Gobierno) Fernando Rivero ha destruido familias. En la Red Uno de TV dijo: “Si uno va a la Corte y Fernando Rivera dice que no, es no… Saben que está mintiendo; los jueces saben que está mintiendo. Yo nunca tuve (dije) nada malo con (contra) este país y (sin embargo) te destruyen y te roban todo y no te dejan hablar”. Con chaleco anti-balas y desde la clinica en la que está recluido, en el mismo programa dijo que hay muchos inocentes que no pueden llegar a los medios porque se los priva del acceso al público.

De todo este escándalo al que durante mucho tiempo el nombre de Bolivia será asociado, emerge una ironía cuyos alcances dañinos no podrán ser cuantificado de inmediato: El agro-inversionista vino confiado en la palabra del Presidente Morales quien en Suiza y en otras latitudes ha proclamado que su gobierno ofrece garantías a los inversionistas privados. (“El dijo en televisión que los inversionistas extranjeros pueden venir y que la inversión era segura; yo respeto las leyes de Bolivia; yo respeto a Evo Morales; di trabajo a muchas personas y fui destruido. Sus enemigos (del presidente) son los jueces y fiscales…”)
Una de las notas conmovedoras que más indignación provocó fue el episodio que contó sobre su esposa quien, solidaria con su marido, se vino a Santa Cruz para apoyarlo. Le llevaba comida a Palmasola, donde, bajo el inclemente sol tropical, esperaba pacientemente durante horas para ingresar al penal. Ostreicher dijo que cuando salió en su defensa pues un fiscal lo había acusado públicamente de negocios ilícitos y habló para la cadena internacional CNN, el fiscal Isabelino Gómez la acusó de interferir con la justicia. Corría el riesgo de ser llevada presa y tuvo que salir fugazmente de Bolivia.

Ostreicher tuvo la fortuna de ser visitado por Sean Penn hace algunas semanas, lo que confirió notoriedad a su caso. Ganador de dos premios Oscar, el actor fue designado por el Presidente Morales como embajador para causas justas, entre ellas la demanda boliviana de salida al mar. La visita a Ostreicher puede haber catapultado otro reconocimiento universal: la libertad de un ciudadano estadounidense preso en una mazmorra boliviana.

La oportunidad es calva

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Los ojos de gran parte del país ahora están sobre el presidente Evo Morales. Tras empezar el desenrollar de la cadena de corrupción descubierta con el caso del agro-inversionista Jacob Ostreicher, han aparecido funcionarios del gobierno comprometidos con una voraz práctica de extorsión en las narices de cuando menos dos integrantes del equipo ministerial. Hay trece funcionarios en la lista de buscados. Seis ya están detenidos, uno de ellos el abogado del gobierno en el “caso terrorismo” que se arrastra impávidamente desde hace 43 meses. La oportunidad, dice el viejo refrán, la pintan calva. Quizá ahora el presidente tiene la ocasión de recuperar muchos de los puntos perdidos y ganarse otros si es capaz de realizar enérgicamente las cirugías requeridas para evitar que su gobierno sea contaminado por una imagen que ningún gobierno responsable toleraría.
La única manera de neutralizar las sospechas de corrupción alimentada desde el gobierno sería amputar a los funcionarios que en mayor menor grado aparecen vinculados al presente y a otros casos. El presidente tendrá que cortar en su propia carne y donde más le duela. Sólo así podrá ganarse una confianza sólida de la sociedad boliviana y recuperar la imagen cada vez más empañada que proyecta ante otras naciones.
En un congreso sobre corrupción que se desarrollaba en Brasilia, en momentos en que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva estaba acosado por denuncias de corrupción, que años más tarde derivarían en condenas de cárcel para algunos acusados, un delegado búlgaro me dijo: “Tiene que cortar en su propia pierna. Sangrará, pero la herida puede restañar. Eso le permitirá rescatar su imagen ante el público de su país”. Bulgaria estaba entonces acosada por la corrupción, como otros países que emergieron tras la caída del Muro de Berlín. Lula apartó a la gente del gobierno que parecía implicada y dejó que la justicia siguiera su curso. Consiguió ser reelecto para un segundo periodo, y aún así el panorama que tiene por delante no está del todo despejado.
Hay niveles del gobierno que aparecen vinculados al tormento judicial sufrido por Jacob Ostreicher, quien ha perdido una fortuna, está preso y gravemente enfermo, víctima de una justicia cuya credibilidad hace aguas por todos lados hace mucho tiempo. Si el presidente quiere salvar su imagen, debe proceder a “cortar en su propia pierna” y apartar de su gobierno a todos los que aparecen involucrados en este caso e ir hasta las cabezas. Pues si los funcionarios involucrados fueron capaces de actuar cínicamente para lucrar, es legítimo sospechar que contaban con el visto bueno de sus superiores. El clan de extorsionadores trabajó bajo las gestiones de cuatro ministros de gobierrno (incluso el actual y tres de sus antecesores inmediatos, entre ellos Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia en las Naciones Unidas) y del actual Ministro Secretario de la Presidencia.
El presidente se  encuentra ante una “decisión de Sofía”: escoger entre salvar a su gobierno y su prestigio personal o dejar que los que tienen mando y eran activa o pasivamente responsables de lo que ocurría permanezcan y contaminen a toda su administración. Se trata de una decisión dolorosa, como toda amputación cuyo objetivo es evitar que la infección se propague por todo el organismo. Quizá sea una de las pocas ocasiones de separarse de los elementos infectados que pueden liquidarlo.