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El complicado ingreso a Mercosur: Agenda pendiente

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Una visión desde Brasil. El diario financiero Valor, publica hoy lunes una nota de su editor internacional Sergio Leo sobre el ingreso boliviano a Mercosur. La que sigue es una transcripción parcial de ese trabajo.
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Negócios en Bolívia, qué desea Mercosur

Las negociaciones para el ingreso de Bolivia al Mercosur, a iniciarse oficialmente con la reunión del bloque esta semana, ocurren en un momento de los más delicados en la relación del país andino con Brasil. Mientras avanza la coperacion bilateral en el combate a las drogas y los crímenes transfronterizos, los brasileños en Bolivia reclaman apoyo de Brasilia para defender los intereses de empresas perjudicadas en sus negocios, de ciudadanos brasileños victimados por un poder judicial “kafkiano”, de productores rurales con tierras invadidas sin amparo de la policia y de la justicia local, y de los dueños de vehículos cuyas movilidades fueron robadas y recuperadas pero hasta ahora no devueltas.
El gobierno de Evo Morales tiene prisa para entrar al Mercosur, donde espera tener apoyo económico, y está en medio de un escándalo del tipo que de vez en cuando asedia a los países de la región. Altos funcionarios del gobierno están presos al ser desbaratada una red que incluía la extorsión sobre opositores presos, amenazas a jueces y documentos fraguados para la prisión o libertad de individuos.
La cuadrilla fue descubierta con intervención del FBI, con el que el gobierno boliviano ha pasado a cooperar luego de gestiones del gobierno americano y hasta de un pedido personal al presidente Evo Morales del actor Sean Penn, amigo de una víctima de los bandidos.
El ingreso al bloque debería presionar al gobierno boliviano
La prisión de la cuadrilla fue causada por el caso dantesco de un americano detenido “preventivamente” hace 18 meses, cuyos bienes fueron incautados y vendidos por los bandidos, aprovechando la máquina del gobierno. Nada parecido ha ocurrido con los ciudadanos brasileños, pero estudiantes brasileños (en Bolivia) se quejan de acoso de la policía, que les reclama documentos cuya entrega es inexplicablemente demorada por la burocracia boliviana.
La misma demora ocurre con la regularización de títulos de tierras, que expone a los agricultores a actos arbitrarios. También sin explicación está el atraso para devolver centenas de automóviles brasileños robados o incautados en territorio boliviano, donde se aherrojan a la intemperie.
De la situación de empresas brasileñas atraídas a Bolivia un caso notable es el de D’Andrea Agrimport, contratada para suministrar máquinas y montar una fábrica estatal de papel. El gobierno boliviano debía garantizar las obras de ingeniería y la entrega de gas, agua y electricidad, servicios contratados (y aún no entregados) con una empresa boliviana dirigida por el hermano de un bien contectado viceministro del gobierno.
El director de la empresa brasileña tuvo su contrato rescindido por la acusación de incumplimiento de plazos y las autoridades bolivianas lo acusan, sin pruebas, de entregar maquinarias viejas. Su intención de recurrir a un arbitraje fue rechazada por presión del gobierno, según afirma, y sólo el pasado viernes, casi un año después de conocido el caso, tuvo oportunidad de ser escuchado en un proceso.
El riesgo de intervenciones indebidas también pende sobe la OAS, que, amenazada por multas cuestionables,se prepara para salir del país, luego de ver atascadas por conflictos políticos la construcción de carreteras contratadas por el gobierno.
Hace un año que la Votorantim procura viabilizar la inversión privada más grande en el país, una fábrica de cemento, de $US180 millones. La obra ya fue aprobada por el gobierno boliviano que, sin embargo, no garantiza la entrega de gas. Las autoridades locales alegan que no hay estudios que garanticen que los suministros no afectarán  las entregas del contrato mayor de venta de gas a Brasil o al medio ambiente.
La empresa ya envió esas garantías, pero el que los socios brasilenos no fuesen del grupo alineado con el gobierno es visto como posible motivo de las dificultades.

No todas las historias tienen a Brasil como víctima y a Bolivia como villano. Con la huelga de las aduanas brasileñas, una operación de la cementera de la Votorantim en el Mato Grosso, con materia prima de los socios bolivianos, sufre con retenciones arbirarias de los fiscales en Brasil, lo que causa días de retraso en el pasode camiones. En Bolivia escasea el cemento y Brasil tiene parte de la culpa. Igualmente, los productores de soya se quejan que el Ministerio de Agricultura hubiera necesitado de un año para expedir la autorización de venta en el mercado brasileño de los excedentes del grano boliviano. Los bolivianos también se quejan del atraso en la entrega de $US 700 millones prometidos por Brasil por los componentes nobles del gas que importa de Bolivia. La falta de diálogo en temas como estos no es lo que se espera de un líder regional. Es aún menos aceptable que, por temor de parecer una especie de subpotencia imperialista, Brasil deje de exigir del gobierno boliviano la revisión de las decisiones oficiales que injustamente perjudican a los brasileños  en Bolivia –como hace Estados unidos en el caso del americano preso arbitrariamente.

NR: Editada este martes 4 de diciembre.

Recisión del contrato con OAS: Se agita el avispero

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Actualización:

No habían transcurrido más de dos horas del anuncio del presidente sobre el “inicio” de la recisión del contrato con OAS para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS cuando resonó la voz de los dirigentes originarios del lugar: La decisión de la marcha desde Chaparina a partir del 25 de este mes se mantiene  mientras el gobierno no derogue la ley 222, que decretó la tangibilidad del parque que semanas antes había sido declarado intangible.

Las palabras del presidente dieron pie a que dirigentes del TIPNIS y de quienes los apoyan exhibiesen la poca credibilidad que asignan a la palabra del primer mandatario.

“El presidente miente y lo que busca es frenar la movilización. Nosotros continuaremos”, dijo Fernando Vargas, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas al sistema rural de emisoras Erbol. El proceso hacia la marcha continúa, dijo,  no solamente hasta que se derogue esa ley sino mientras la Administración Boliviana de Carretera no presente una alternativa a la ruta sobre la que trabajaba la OAS, la  empresa brasileña cuyo contrato está ahora bajo la guillotina.

El ex Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz,  participante de la marcha de los pobladores originarios del TIPNIS el año pasado, dijo lo mismo. “Independientemente de  lo que pase con el contrato (de la OAS), y aun asumiendo su anulación como positiva, subsiste el grave problema creado por el gobierno al oponer….a la Ley 180 de protección al TIPNIS la ley de Consulta sobre el TIPNIS”. Su declaración está aquí.

La contraposición, en criterio de Almaraz, “vulnera los derechos de los indígenas…si no lo hace la OAS (atravesar el TIPNIS) lo hará otra empresa”.

En pocas palabras: el anuncio presidencial ha agitado aún más el avispero causado por la carretera.

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 La agencia oficial de noticias ABI acaba de traer la información: El presidente Morales anuncia “el inicio” de la ruptura del contrato entre el estado y la empresa  brasileña OAS para construir la carretera San Ignacio-Villa Tunari. El mandatario dijo que “desobediencias” y faltas en el contrato lo habían llevado a esa decisión. No ofreció detalles que avalen todo el peso de la decisión.

En el momento de publicar esta entrada no había indicaciones sobre el significado del “inicio” pero parecía un proceso en marcha que, por lo menos de momento, abre un paréntesis en la controversia monumental levantada con esa obra, proyectada para atravesar el corazón del TIPNIS, el santuario ecológico entre Beni y Cochabamba. Si la obra será continuada y por qué ruta, era un tema de especulación, pues no  había indicios claros sobre las cartas que barajaba el gobierno.
Tampoco era sabido quién y en qué condiciones podría retomar los trabajos. (El presidente habló en los últimos meses de asignar a las fuerzas armadas un papel importante en trabajos de infraestructura, pero no se conoce si la institución militar puede acometer la responsabilidad de esa carretera).   La obra está financiada por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil (más de 300 millones de dólares) y tampoco se sabía si el crédito sería mantenido.  Menos se podía, con los escasos datos disponibles, anticipar las consecuencias que el paso podría tener, que abona un terreno fértil para la especulación.

De momento, es probable que ganen crédito por la decisión las organizaciones que  han denunciado irregularidades en el contrato, entre ellas -y principalmente- el Movimiento Sin Miedo (MSN), de Juan del Granado, ex aliado del gobierno y ahora en marcha por su propio camino.

Creo que el sentido común hace esperar que no se trate de un nuevo salto al vacío. El anuncio ocurre a sólo 15 días de la marcha programada por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) ante la decisión del gobierno de ir adelante con el proyecto apoyándose en una “consulta previa” no más previa en fecha próxima.
Transcribo la nota inicial de ABI como fue colocada en su sitio de la internet.
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La Paz, 10 abr (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el martes el inicio de la recisión del contrato suscrito con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en los tramos I y III.

El Mandatario en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno dijo que “desobediencias de OAS, incumplimiento en varias obligaciones contractuales que afectan las obras en tramo I y III, no presentó informes de medición? (el signo de interrogación viene del original) Ayer en una larga reunión del equipo que está a cargo como ABC y por eso hemos decidido iniciar la anulación del contrato con OAS en esos dos tramos, es importante el camino, pero empresas que no cumplen saben ustedes que se ejecuta la boleta de garantía que hicimos con muchas empresas”.
Red central-ma ABI

En una ampliación de la noticia momentos después, ABI informó que el presidente había dicho que “sentía” (un pálpito o alguna sospecha fundamentada?) que “hay algún fraude” y que por eso la obra no es concluída (se refería a los tramos I y III de la carretera). La decisión fue adoptada tras una dilatada reunión en el gobierno sobre los alegados incumplimientos de la empresa brasileña. Dijo que OAS había suspendido arbitrariamente las obras en los tramos I y III y no había presentado ninguna propuesta de “rescate arqueológico”.

La OAS tampoco ha cumplido debidamente otros contratos, como el de la carretera Uyuni-Potosí, que debía haber sido entregada en diciembre de 2010. Los atrasos e incumplimientos han puesto en aprietos a las autoridades departamentales o regionales sobre cuya jurisdicción se realizan las obras, dijo el mandatario, de acuerdo a la versión de ABI.  Sin embargo, subrayo que, a diferencia de otras administraciones, la suya ejecuta las boletas de garantías (citó el caso de El Mutún, 3% del valor total del contrato). En cambio, encomió a las empresas que ejecutan la doble via Montero-Cristal Mayo y La Paz-Oruro.

Hasta cerca delmediodía no se conocía ninguna reacción de la empresa brasileña.

No es el primer caso de una firma brasileña cuyos contratos son rescindidos por el estado. Durante el gobierno del presidente Luz Inacio Lula da Silva (2001-2010), la constructora Odebrecht fue expulsada de Ecuador por incumplimmiento de contratos para una presa hidroeléctrica. La drástica decisión irritó a la diplomacia brasileña. La obra, de acuerdo a los alegatos de Ecuador, tenía graves defectos.  Brasil salió en defensa de su empresa y suspendió todos los acuerdos de cooperación con Ecuador. Pero luego de varias escaramuzas, las relaciones bilaterales retornaron a su cauce.