Ministro

Ley del Talión

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La licencia para matar sicarios otorgada por el Ministro de Gobierno equivale a una capitulación ante el crimen, organizado o desorganizado, que sacude a Santa Cruz. El Ministro Romero, generalmente mejor articulado y más sereno que otras autoridades, dijo este miércoles, horrorizado por el asesinato de una persona en el centro de Santa Cruz, a pocos metros del Parque Urbano, que la policía estaba autorizada a disparar contra los sicarios sorprendidos in fraganti  que se resistan a obedecer las órdenes policiales.
La muerte del ciudadano Honorio Rodríguez fue registrada por una cámara de seguridad y con su divulgación por las redes de TV todo el país fue enfrentado a una realidad que parecía pertenecer a Tijuana, en México, o a Medellín, en la Colombia en la década de 1980. Santa Cruz estaría rumbo a una “tijuanización”.
Sin vueltas, el ministro Romero ordenó aplicar la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente): como los asesinos tienen sangre fría para matar “yo quiero que se les aplique la ley de fuga”.
Con esa orden, capaz de generar ejecuciones tan nauseantes como las que hemos presenciado por TV en los últimos días, el Ministro reconoce la impotencia de los servicios de seguridad de brindar una protección adecuada a la ciudadanía ante la oleada criminal que sufre Santa Cruz.
No fue el “ojo por ojo” la norma que devolvió los niveles normales de seguridad a Medellín. Fue la preparación adecuada de sus policías y la reorganización drástica de los sistemas de seguridad pública.
Algunas “favelas” en Río de Janeiro fueron pacificadas con la instalación de la “policía comunitaria” en las que ciudadanos y policías trabajan mano a mano para combatir la delincuencia. La norma draconiana anunciada por el Ministro Romero acaba de abrir un nuevo debate sobre la inseguridad pública que crece en Santa Cruz.

Entre la Iglesia y JR Quintana

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La Iglesia Católica se refirió este martes a expresiones del Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana Taborga, quien en la noche del 26 de diciembre la había acusado de “tramposa” y “latifundista” al responder al informe que a mediados del mes pasado cuestionaba la consulta “a posteriori” ordenada por el gobierno entre las comunidades del Tipnis. Esa consulta busca avalar un controvertido proyecto para construir una carretera por el lugar.

Mons. Julio María Elías, obispo de Vicariato Apostólico del Beni, dijo que Quintana Taborga es mentiroso. Fue imprecisa la declaración del hombre del primer círculo de poder del gobierno pues no solamente sobrevoló la propiedad San Marcos que el vicariato posee cerca de Gundonovia, en el Tipnis, sino que estuvo allí, habló con empleados y habitantes del lugar e hizo promesas que nunca cumplió, dijo el obispo en una carta que reprodujo en su cuenta de Twitter el periodista Andrés Gómez, del sistema de noticias Erbol.

Molesto con el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana que puso en entredicho toda la campaña del gobierno para construir una carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, el ministro Quintana, entrevistado por la  Red Uno de TV (Que no me Pierda), afirmó que el vicariato beniano poseía una estancia de 5.000 hectáreas. En la carta que hoy le dirigió, el obispo lo corrigió: son 843,16 hectáreas de propiedad de extensión certificada, en la que funciona un centro de educación para los nativos del lugar. Allí existe un colegio secundario y un centro de formación agropecuaria, que podría ser un modelo para otros lugares de país y que el propio ministro visitó.

“Me extraña –dice el obispo- que el Sr. Ministro…, quien llegó a (el centro de educación) Kateri en helicóptero a mediados de mayo del 2012 y visitó algunos de los módulos, considere “San Marcos” simplemente como estancia ganadera y que pregunte a dónde va la plata. En dicha ocasión dialogó con los docentes y les prometió una cabina de ENTEL para el 16 de Junio con el objeto de poder comunicarse con sus familias a través de celulares. Dicha promesa no se ha cumplido”.
Esta tarde se ignoraba si el Ministro Quintana replicaría al obispo.

La cuestión originada en las declaraciones del ministro plantea un dilema para quienes siguen los programas noticiosos nocturnos bolivianos: ¿a quién creer? Al ministro o a la Iglesia Católica? Creo que no hay por donde perderse, pero la magnitud moral  de este entredicho sirve también como una medida para la credibilidad del ministro y de la institución que guía a la mayoría de los bolivianos.

Un hecho para reflexionar: Excepto el diario Estrella del Oriente, que publicó un breve resumen dela intervención de Quintana, ningún otro medio escrito boliviano registró la entrevista. (A propósito, ¿cuál fue la motivación noticiosa para realizarla?) Por lo menos, ninguno lo hizo, al dia siguiente o después, de la manera  encuadrada en antecedentes que permitan calibrar al acusador y al acusado y facilitar una mejor lectura del episodio importante en el mundo noticioso. No es cualquier día que una autoridad gubernamental denosta un documento de la Iglesia Católica y lo denomina “tramposo”.  Hoy, 9 de enero, veo que la mayoría informa sobre la carta del Obispo y del apoyo que le brinda a Conferencia Episcopal ante la avalancha verbal de la autoridad del gobierno.  Una información detallada no habría ignorado la mirada fija del Ministro ante las cámaras cuando, como quien anuncia un dogma, aseguraba que el vicariato del Beni poseía, según afirmaba, una estancia de 5.000 hectáreas, afirmación ahora desmentida por el obispo con una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria.