Médicos

Estado de guerra

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La guerra del gobierno con los médicos ha desnudado realidades hasta ahora no evidentes pero que en la crisis en curso juegan un papel destacado y servirán de base para entender dificultades del futuro inmediato.

La primera realidad, en la que la mayoría de los analistas concuerda, es que el miedo se ha desvanecido, o no existe más en la medida de hace poco tiempo. La sociedad no tiene reparos en manifestarse contra las autoridades nacionales cuando siente que sus intereses democráticos están amenazados y sus actores emergen dispuestos a pagar el precio que conlleva su lucha.  La amenaza de sectores afines al régimen carecen del efecto de otros tiempos. No consiguen más inducir al temor manifiesto hace pocos años ni a la cautela que confería un respeto reverencial a un ¨proceso de cambio¨ que, para muchos, ahora representa una repetición temible de procesos históricos, en Bolivia y en otras latitudes, que amenazan con un sepultamiento de las libertades individuales esenciales. Lo ocurrido en Venezuela está demasiado cerca y es inocultable. Esta realidad ha venido acompañada de un repliegue de los así llamados ¨movimientos sociales¨ sobrepuestos a las fuerzas políticas tradicionales y que, colocados en una etapa diferente de una lucha que no parecen comprender, carecen de armas equivalentes apropiadas. Las amenazas de organizaciones del Chapare de intervenir hospitales y clínicas no lograron disuadir a los medicos y a las pocas horas el president anunciaba que iba a plantear la derogatoria de los artículos resistidos del nuevo Código Penal que activaron todo el conflicto

A la pérdida del miedo se suma la insurgencia de nuevas generaciones que se expresan en plataformas digitales sobre las cuales ni el gobierno ni quienes lo secundan tienen capacidad de control, pues ellas emergen con armas propias nuevas, con pensamiento y habilidad que los movimientos sociales no logran contrarrestar pues su surgimiento es extraño a las esferas de lucha donde esos movimientos se forjaron. La insurgencia generacional, hasta solo hace poco subterránea y sin mayor sincronía entre sus actores, se ha posicionado al lado del movimiento de los médicos, el sector príncipe de la sociedad boliviana. El gobierno luce carente de un antídoto para equilibrar ese robustecimiento de posiciones, que coloca del mismo lado  a las generaciones digitales que perciben con mayor claridad el mundo en el que están insertos, y al sector médico, por lo general el más preparado, más leído y más ilustrado de la sociedad boliviana. Al igual que en otros países, los médicos son una referencia para las aspiraciones de gran parte de la juventud. No ha sido casualidad que en miles de vehículos y viviendas hayan aparecido carteles que rezaban: ¨Yo apoyo a mi médico¨. Si eso hubiese ocurrido en tiempos de elecciones, habría sido fácil determinar quién ganaría y quién perdería.

Carlos Hugo Molina, uno de  los mayores ¨municipalistas¨ de Bolivia, subraya que el fenómeno ocurre paralelo al avance impetuoso de la urbanización, que encoge cada vez más a la población rural, en un proceso que, aún con graves deficiencias, estimula la educación y lleva al modernismo. Ese desarrollo hace más evidente para los protagonistas el atraso de sus municipios y reclaman del gobierno mayor atención. El reclamo se vuelve patético ante la evidencia de que la mayoría de los municipios es conducida por dirigentes del partido de gobierno y los tiempos son de austeridad, en contraste con la época en que el dinero era abundante.  Cita un ejemplo: De los 339 municipios del país, 251 (más de dos tercios) tienen menos de 20.000 habitantes y no cuentan con un solo hospital de segundo nivel, lo que obliga a la escasa población con algunos medios a buscar auxilio en centros urbanos mayores.

Francisco Aróstegui, analista cuidadoso, ex prefecto de Santa Cruz bajo el gobierno de Jaime Paz, cree que el proyecto de poder del MAS boliviano muestra como nunca graves limitaciones. El MAS original (1968) reside en Venezuela y es de tendencia opuesta.  ¨El masismo fue bueno para destruir las instituciones de intermediación social: primero, la COB, con lo que los trabajadores y menos protegidos quedaron sin la institución que los escuchaba y atendía, pero  no consiguieron crear un substituto histórico…Destruyeron el sindicalismo campesino (CSUCB) y tampoco construyeron una instancia substitutiva. Y poco a poco destruyeron a las organizaciones de clase media. Primero, los abogados, luego los auditores y contadores públicos, y así ingenieros, arquitectos, etcetera. Hasta que les tocó a los médicos. Pero éstos han resistido la destrucción con una persistencia a la que el gobierno no está acostumbrado. De ahí que el alzamiento de los mandiles blancos ha concitado solidaridad y un apoyo que el gobierno no calculaba. CONALCAM es una caricatura de lo que querría ser y está ante un proceso inverso. Una de sus limitaciones es su incapacidad de revertir ese proceso. De la pulseta resulta claro que el gobierno ha pasado, por primera vez, a la defensiva y que no consigue retomar la iniciativa¨.

Molina cree que hay cuatro factores insurgentes que han tomado cuerpo durante el año transcurrido: los movimientos juveniles, políticamente aún amorfos, los médicos indignados, el desafío irresuelto del ¨federalismo¨ cuya bandera volvió a levantar el gobernador cruceño Rubén Costas, y la urgencia de un pacto fiscal para las regiones, en momentos en que no hay más holgura económica y todos pugnan por guarecerse bajo un paraguas estrecho. El gobierno se niega a conceder recursos que afecten su área de ingresos de la que tuvo durante una década unos 90.000 millones de dólares, y ¨se aferra a una lógica inequitativa de ´lo mio es mío y solo negociamos  lo tuyo´¨. Comparativamente, dice Molina, aquella cifra representa tres PIBs, todo  lo producido y ganado por el país en un año.

Otra realidad manifiesta fue expuesta cuando los médicos denunciaron que algunas de sus réplicas a la campaña gubernamental  fueron rechazadas por una media docena de medios informativos, impresos y radiotelevisivos. El episodio expuso otra vez la fragilidad de la libre expresión en el país.

Los tambores de la guerra declarada por el Vicepresidente fueron escuchados con incredulidad por gran parte de la población que creía que la función de las autoridades era administrar y gobernar, no pregonar hecatombes, menos aún en temporada Navideña. No hubo una cuantificación sobre si los augurios bélicos tuvieron algún efecto en el 30%-35% que votó el 3 de diciembre para designar jueces. Los analistas aseguran que ese porcentaje es el del ¨voto duro¨ con que se blinda el gobierno y sería el límite capaz de asegurarle una victoria. Ese límite parece caminar sobre las orillas de su capacidad de satisfacer demandas sociales crecientes en momentos críticos, al aproximarse nuevas justas electorales. El episodio también operó como un llamado a las organizaciones que discrepan con el gobierno a promover la unidad y forjar un solo frente para las elecciones de 2019.

La llegada de los médicos cubanos obró más como combustible sobre el fuego del conflicto que como apaciguador. La controversia en torno a la calidad de los servicios de esos profesionales fue puesta en duda con informes de otros países que dudaban de la vigencia de las bondades que vistieron a los galenos caribeños durante los primeros años de la revolución cubana, cuando la salud era aún más incipiente en Bolivia y otras naciones en desarrollo.  A mitad de la semana, estaba en gestación acelerada un frente mayor con el ingreso del transporte pesado a una huelga general a menos que el gobierno derogue todo el Código Penal. Era un reflejo e lo que los médicos ya se planteaban: el artículo 205 sería solo uno de muchos otros que habría que ¨componer¨ para inocular los aspectos nocivos que tendría el nuevo Código. Cerca del cierre dde la semana, el Presidente Morales annció que iba a pedir a las cámaras legislativas que deroguen el artículo 205 del nuevo Código y revisen otros igualmente controvertidos.

El conflicto con los médicos fue reminiscente de las semanas finales de 1977, cuando una huelga de hambre por una amnistía sin resrtricciones dobló el brazo del gobierno, desnudó sus debilidades y condujo a nuevas elecciones en las que el gobierno fue derrotado para dar lugar a una nueva dinámica política que no paró hasta la reinstauración de la democracia.

 

 

Esposados en un hospital

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El Juicio del Siglo quedó la del lunes pendiente de una evaluación cardiológica de tres pacientes, que el cardiólogo oficial prometió realizar en una hora (“20 minutos por paciente”). La afirmación del galeno ocurrió en medio de reiteradas denuncias de los abogados defensores y acusados en el proceso de que a los médicos de la justicia les faltan ética y probidad.
La atmósfera de la sesión, la primera luego de una pausa de once días, estuvo tensa a causa de otras denuncias tan graves como raras: los tres pacientes dijeron que habían estado esposados en el Hospital San Juan de Dios durante los días en que debían ser tratados de sus dolencias. Uno de ellos, “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, dijo que no había logrado contener sus necesidades y descargó su orín en la cama sin recibir auxilio de los guardias, quienes lo mantuvieron esposado.
Villa Vargas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes dijeron que estuvieron esposados gran parte de los ocho días en los que debían haber sido atendidos para paliar las dolencias que habían presentado en la anterior etapa de sesiones, a comienzos de mes. “Estuve enmanillado todos los días”, dijo Villa.
La misma denuncia provino de Alcides endoza y de Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista acusado de haber suministrado una pistola ametralladora Eduardo Rózsa Flores, el supuesto jefe de una agrupación terrorista-separatista que planeaba, según la denuncia oficial, asesinar a autoridades nacionales y regionales en un movimiento que desembocaría en un alzamiento secesionista.
Guedes dijo que la semana pasada el juez Sixto Fernández había visitado a los detenidos y verificado la condición en que se encontraban. Pidió la palabra durante la audiencia y agradeció al juez por haber estado con ellos. “El Viejo” tenía fotos enmanillado en su cama.
La denuncia, que configuraría una grave violación de los derechos humanos castigada por convenios internacionales y la CPE, enturbió la sesión que no avanzó en la recepción de la declaración de “El Viejo”, la tercera del proceso que se arrastra desde hace 55 meses.
El jueves, por falta de insulina, Villa Vargas se había desvanecido, dijo el abogado Gary Prado Araúz y que, al comprobar que el paciente no tenía la medicación él la compró para que se le administrase al acusado, un tiempo “testigo clave” del caso que lleva el gobierno contra 39 personas. El abogado dijo que la glucosa que registraba la sangre de “El Viejo” era de 530, casi cinco veces el nivel máximo (110) aceptable como parámetro normal (el mínimo es 70).
La acusación dijo que los problemas de la salud de Villa Vargas se originaban en su incumplimiento con la dieta que prescribían los médicos. El acusado replicó que la coca cola que el fiscal dijo que fue visto toando era cero calorías.
En la sesión del lunes pareció rondar el fantasma de José Maria Batkovic, fallecido el 12 de octubre de un infarto tras haber viajado a la sede de gobierno. Sus médicos desaconsejaban el viaje pero el ex director del Servicio Nacional de Caminos decidió emprender el que iba a ser su último ante los informes forenses oficiales que consideraban que iba a soportar el viaje.
El defensor AlbertoMorales instó al tribunal a abrir causa inmediata por violación de derechos humanos.
El informe forense oficial determinó que el trío de acusados adolecía de múltiples deficiencias pero que todos estaban “lúcidos” y “aptos” para asistir a las audiencias. Los médicos incorporados al juicio deberán informar este martes sobre la condición cardíaca de los tres. El acusado Ronald Castedo ridiculizó la idea de una evaluación cardiológica en 20 minutos y dijo que una prueba elemental de “Holter” llevaba 24 horas.

Reconozco la deuda pero no la pago

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Menos de 48 horas después de la firma del acuerdo con los médicos para la suspensión de la huelga que durante casi dos meses paralizó los servicios de salud en todo el país, el Ministro de Gobierno ha dicho que la consulta que se quiere elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tendrá un carácter vinculante. Dicho mejor: El gobierno no se sentirá obligado a acatar la opinión que emane de ese organismo.
El acuerdo, del cual la consulta es elemento central, debería lograr que los servicios de salud se reanuden plenamente a partir de este lunes.
“No tiene carácter vinculante (lo que disponga esa corte, que) puede generar disposiciones o recomendaciones de conciliación de partes y eso hacen estos organismos”, dijo citado por la agencia gubernamental de noticias ABI. La información, que se encuentra en el sitio ABI.com la reproduce El Mundo este lunes. “El gobierno brindará información sobre las vías a las que deben recurrir”, dice la versión de ABI, para agregar: “Pero recordó que, independientemente de la consulta que realicen al organismos internacional, todos los colegios de médicos están en la obligación de respetar el acuerdo suscrito con la organización nacional en su representación…”

La consulta a la CIDH fue el último eslabón para llegar al acuerdo que  permitiera anunciar que los miles de médicos en huelga retornarían hoy a sus labores habituales. No se tiene noticia de que ese organismo hubiera alguna vez fallado en contra de los llamados “derechos adquiridos” y por desmejorar las condiciones de trabajo de cualquier sector. Tal vez por eso los médicos la colocaron entre sus demandas para llegar al fin del conflicto. Pero la declaración del Ministro de Gobierno puede haber sido para muchos un balde de agua fría.
Si quiere atizar el fuego, la aclaración del ministro es, indudablemente, efectiva.

Enfermera reafirma que fue torturada

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La enfermera Leonor Boyan, detenida hace ocho días en una de las jornadas de mayor intensidad de la lucha de médicos, salubristas y la Central Obrera Boliviana a raíz de un episodio que al Viceministro de Gobierno Jorge Pérez le costó un hematoma o una  herida superficial en la cabeza,  ha dicho que sí fue torturada a puñetazos y puntapiés por los policías y agentes vestidos de civil que la detuvieron aquel día.  Boyan había desaparecido de los noticieros nacionales y resurgió esta noche en las páginas electrónicas de Erbol que trajo una versión del informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la tortura y la violencia Estatal encomendado por la Defensoría del Pueblo para determinar si la funcionaria no regular del Instituto del Tórax, de La Paz, sufrió malos tratos durante su cautiverio. El informe, dice la noticia de Erbol, determina que “las afrentas propiciadas por los efectivos de la Policía Boliviana sí son catalogables como tortura”.

La información (que puede ser leída aquí) no trae ningún comentario de la policía ni del Ministerio de Gobierno, así como tampoco de la fiscalía que investiga el caso.

Erbol dice que el director del área socio terapéutica de la Defensoría del Pueblo, Andrés Gautier, se entrevistó con la enfermera de acuerdo a las normas del Protocolo de Estambul. La versión no precisa el lugar de la entrevista, si fue en el propio Hospital del Tórax o si la enfermera ya estaría en libertad. Ese protocolo, adoptado por las Naciones Unidas en 1999, fue redactado por decenas de expertos en leyes, salud y derechos humanos a lo largo de más de tres años de trabajo con la participación de unas cuarenta organizaciones y es considerado primordial en las investigaciones en torno a personas que alegan haber sufrido torturas y malos tratos.

La primera jornada

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Primer día de paro. La Paz y otras ciudades bolivianas vivieron este miércoles una jornada de violencia, típica de otras ya vividas por el país en la inminencia de acontecimientos políticos mayores. Nadie lee el futuro, de modo que sólo en el tiempo se podrá medir el significado final de esta primera jornada del paro nacional de 72 horas decretado por la Central Obrera Boliviana.
La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Potosí fueron centros de confrontación que, por los informes de esta noche, han dejado cuando menos siete heridos.
En La Paz, las escaramuzas (piedras vs. gases) se prolongaron por más de una hora en las proximidades de la Plaza Murillo, a la que jóvenes vistiendo mandiles blancos pugnaban por ingresar. La policía logró contenerlos en medio de nubes de gases. Coincidentemente, mientras ocurrían los disturbios, se encontraba en el Palacio de Gobierno el ministro español para la cooperación internacional Jesús García-Gargallo, quien vino a Bolivia dentro de una gira ya programada que ocurre a pocos días de la nacionalización de una empresa española. No había detalles sobre lo discutido, pero al español debe haberle llamado la atención el estruendo de las explosiones de gas y de cartuchos de dinamita.
En Cochabamba se apostaron miles de cocaleros, los que ahora parecen la vanguardia más clara de apoyo que tiene el gobierno. Quién paga por esta movilización aún no está claro. La masiva presencia de los plantadores/cosechadores de coca del Chapare -que previsiblemente respaldan la construcción de la carretera por el TIPNIS- trajo a la memoria las jornadas violentas de enero de 2007. Las agrupaciones cocaleras realizaron un cabildo en el que resolvieron dar apoyo pleno al gobierno, declararse en “movilización permanente” y rechazar una “intención golpista”de  una “derecha” que no explicaron. Quienes hablaron, pintaron  una película diferente de la que muchos en el país ven desde hace más de un mes. Dijeron que el paro médico es extremadamente parcial y sólo es obedecido por un 20% de galenos. La presencia cocalera masiva derivó en el aplazamiento para el jueves de una marcha de la Central Obrera Departamental.
En Tarija y Potosí los gases lacrimógenos combinados con las piedras de los manifestantes en varias zonas de esas ciudades alborotaron los vecindarios fue fueron escenario de la batahola. En Santa Cruz hubo bloqueos en las afueras de la ciudad y sobre sus carreteras de acceso. Las versiones que recibí de transportistas que venían de la periferia referían que médicos y estudiantes de medicina habían cerrado el paso a todos los vehículos.
Fue una jornada tensa. Ella puso un sello a la ruptura entre el gobierno y la matriz laboral boliviana, que rechaza el aumento del 8% sobre el salario mínimo anunciado por el presidente Morales el 1 de mayo, y apoya la exigencia de los médicos (más de un mes en paro) para derogar el decreto 1126 que les impuso una jornada diaria de ocho horas. Los médicos dicen que si se les impone esa carga horaria, deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo.
La de hoy fue una larga jornada de una larga semana, una de las más tensas ocurridas en Bolivia en los últimos años. Ni de lejos ha sido un día como los que se esperaba que viviría Bolivia bajo el gobierno del presidente Morales.

Jugar con fuego

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Mañana del 7 de mayo. El Vicepresidente de la República Plurinacional ha convocado a la población, a “los sectores sociales”, a movilizarse contra el paro que los médicos y todo el sector salubrista cumplen a lo largo y ancho del país. Objetivamente, parece el clarinazo para un enfrentamiento civil.

Para la segunda autoridad nacional, no tiene  motivo mantener el paro del sector salud, que el viernes consiguió que el presidente Evo Morales anunciara la suspensión del decreto que prendió la chispa del conflicto nacional médico-salubrista. En palabras del Vicepresidente, la decisión de médicos y salubristas es “caprichosa, abusiva, criminal y política”.

Dirigentes de los médicos han dicho que la palabra del Presidente y del gobierno está con las defensas muy bajas. Dijo lo mismo cuando el TIPNIS exitoso llegó a La Paz y recibió la mayor bienvenida de la población de “ínclito valor”, que se volcó a vitorear a los marchistas. Declaró al TIPNIS como zona “intangible”, sólo para, tres meses más tarde, dar marcha atrás. Igual había ocurrido con el “gasolinazo”, aunque esa vez sí hubo una anulación del decreto.

“Quiero convocar, el gobierno convoca al pueblo boliviano, a los trabajadores, a los vecinos, a los comerciantes, oficinistas, a defender la salud, a que no siga adelante esta prepotencia, este abuso, los convocamos a movilizarse para defender el sistema de salud…”, dijo.

Los médicos y el sector salud han decidido mantener el paro indefinido hasta que el gobierno abrogue –es la palabra clave que utilizan- el decreto 1126.

La convocatoria del Vicepresidente ocurrió cuando La Paz se encuentra paralizada, como en los momentos más álgidos antes de la llegada del actual gobierno al poder, en 2006. (“Nunca, nunca ví a una ciudad paralizada tan completamente como lucía hoy La Paz,” me dijo un amigo que vive en el centro de la c iudad y que conoce muchas otras capitales del mundo.) Los transportistas mostraron una disciplina compacta para obedecer a una huelga de oposición a un programa destinado a mejorar el transporte en la urbe paceña. El programa es del municipio, en cuya cabeza está uno de los principales opositores del presidente Morales. Pero si se cree que el paro pone en jaque al alcalde opositor y reconforta al gobierno, se incurre en falta de visión: una ciudad paralizada, la sede del gobierno, no es precisamente un buen augurio para las autoridades que residen en ella. Para todas.

Como la policía estuvo notoriamente ausente, la imagen de la ciudad fue la de una urbe indefensa. A falta de espacio de  maniobra en el conflicto,  el gobierno optó por de declarar tolerancia para quienes no pudieron asistir a sus empleos. En el caso de los empleos públicos, todos los contribuyentes pagaron el asueto forzoso. En el caso de los privados, pagaron las propias empresas. Esta ha sido sólo la primera jornada. Mañana martes viene la segunda. Y el miércoles empieza la huelga general de 72 horas dispuesta por la Cenral Obrera Boliviana (COB).

Los médicos aceptaron tregua… hace un mes

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Hace poco más de un mes, los médicos pactaron una tregua de 30 días durante los cuales dialogarían con las autoridades y el decreto sería suspendido y no sería aplicado. La huelga había comenzado el 28 de marzo y la tregua fue suscrita en un acuerdo con el Ministerio de Salud. El movimiento fue retomado porque ese ministerio, dijeron los médicos, insistió en aplicar la jornada de ocho horas. Aquel acuerdo no fue mencionado en las declaraciones de dirigentes médicos que escuché anoche en la TV. Recordar el antecedente les habría ayudado cuando menos a explicar por qué vacilaban escépticos ante el anuncio del presidente Morales.