Marcelo Soza

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

Arrecian las olas en el Juicio del Siglo

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El Juicio del Siglo recobró ímpetu estos días sustentado por elementos novedosos que avivaron en la memoria colectiva de Santa Cruz el episodio brutal del Hotel Las Américas y sus secuelas cuyos traumas aún perviven, a casi ocho años del acontecimiento.
Uno de los 39 acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana fue encumbrado como Vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más influyente institución cívica de la región oriental. Durante una apretada licencia de la prisión de Palmasola, Svonko Matkovic Ribera juró al cargo el martes en una ceremonia colmada de significación por el desafío de apuntalar banderas que para el gobierno central eran anatema hasta no hace mucho. Al grito de autonomía, ahora expandido a todo el país, se suma el reclamo por un ¨pacto fiscal¨ equitativo que asigne a la region más libertad para administrar los recursos del impuesto a los hidrocarburos.
El joven de 38 años recibió autorización para asistir a la ceremonia de su posesión como dirigente cívico apenas un par de horas antes. Matkovic Ribera es parte de la nueva directiva de la organización, ahora presidida por Fernando Cuéllar para una gestión de dos años.
La designación unánime de Matkovic por las instituciones representadas en el comité subrayó el rechazo a la acusación gubernamental de que desde Santa Cruz se conspiró para desencadenar una campaña terrorista y dividir al país. De la acusación inicial ha desaparecido por insostenible el cargo de que los supuestos insurrectos urdían el asesinato del Presidente Morales.
Su redactor original, Marcelo Soza, decidió que no habría cómo probar una tesis de magnicidio. Las autoridades, sin embargo, recurren a menudo a la idea de que la eliminación del presidente era parte de los objetivos para dividir Bolivia que atribuyen a Eduardo Rózsa Flores. El personaje murió ejecutado durante la incursion de la policía en el hotel donde estaba alojado junto a cuatro acompañantes, dos de los cuales también murieron acribillados a tiros.
Todos estaban en paños menores o desnudos y en esa condición habrían disparado sobre la unidad policial que los sometió, en un acto que el entonces fiscal Soza llamó ¨injusto¨.
Los dos sobrevivientes, al cabo de seis años de negar la acusación, se declararon culpables, salieron en libertad condicional y después fugaron del país.
En más de tres años, desde que el juicio oral fue abierto en Santa Cruz, el Ministerio Público no ha conseguido consolidar su causa, pues son cada vez más fuertes las dudas sobre la tesis del gobierno, cuyo mayor detractor es el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil. Soza ha dicho que la tesis acusatoria fue elaborada bajo presiones del gobierno para inculpar a los líderes cívicos de Santa Cruz.
La ceremonia de posesión de Svonko Matkovic, quien estuvo rodeado de toda su familia, fue una de las más concurridas en muchos años y una señal de que el impacto del asalto al Hotel las Américas y todas sus secuelas aún están latentes en esta región. Aunque Matkovic ha prometido que se empeñará a fondo para ser una pieza directiva útil para el Comité, nadie duda que su designación en el directorio que ahora preside Fernando Cuéllar es un mensaje de que las instituciones cruceñas no han olvidado la zozobra que vivió la región tras los acontecimientos de abril de 2009.

El interés por el juicio fue atizado al comparecer entre los testigos de descargo el ex Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico Landa, ahora asambleísta departamental de La Paz. En la tarde del viernes, la ex autoridad de gobierno refirió que un amigo que no identificó le había contado que cuando arreciaban las convocatorias para que personajes de Santa Cruz fuesen a declarar a La Paz le preguntó al ex dirigente deportivo Juan Carlos Guillén por qué no estaba entre los convocados.
¨¿Acaso yo soy c…¨, le había contestado para agregar su ausencia de esa lista era porque había pagado 80.000 dólares a Marcelo Soza. Guillén no está en Bolivia desde ese tiempo.
La afirmación del ex viceministro reabrió en la audiencia del juicio el tema de las denuncias de soborno y la extorsión que ha acompañado al mayor caso penal de la historia boliviana. Hasta ahora, las únicas denuncias conocidas en el juicio habían sido formuladas por el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar Villarroel y Svonko Matkovic Fleig, ex prefecto de Santa Cruz y padre del nuevo vicepresidente cívico.
Matkovic Fleig dijo que hubo otros sobornados por una red que atribuyó al ex fiscal, pero nadie más ha vuelto a hablar de la cuestión, hasta la mención de Torrico Landa, cuya declaración fue suspendida hasta la próxima serie de audiencias, prevista a partir del 20 de marzo.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

El turno de las pruebas

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Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza  de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país.  Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis  magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará  una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández,  se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza.  El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal  acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación,  entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, cuando la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis.  Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar  a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo,  deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril.  Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

“…ya no puedo más”

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La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.

La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).

La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la  declaración del mandatario a El Deber, publicada el  viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una  campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”