Marcelo Soza

Cuando más es menos

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Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitales de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.

En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el ex fiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del ex fiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.

Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas.

Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales.

La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.

Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía de la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista.

Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de COTAS dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final.

Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.

La prueba ciega

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Mayo ha traído algunas de las jornadas más aburridas del Juicio del Siglo, en camino a la primera década de los hechos brutales que lo originaron. En las audiencias ha imperado el tedio, con la lectura de las pruebas conspirativas que se supone yacen en los registros de llamadas desde y hacia teléfonos de los acusados.  El trámite lleva más de seis meses y el tedio abrumador ha llegado al paroxismo.

En una de las últimas audiencias, todas las partes lucían concentradas en los teléfonos celulares, en diálogos sigilosos o en las pantallas de lap-tops, tan útiles para video-juegos y películas capaces de matar el tiempo. Una que otra vez, incluso las jueces dejaban escapar sendos bostezos. Una de ellas desplomó la cabeza sobre los brazos, traicionada por la urgencia de cerrar los ojos un segundo y alejarse de la agobiante monotonía. De haber estado la sala sin luz, la única presencia perceptible habría sido la del secretario que leía mecánicamente los registros. Desde fines del año pasado ha leído 1.600 y pico hojas y le tocaría leer otras 4.000. Provoca curiosidad saber si el funcionario aparta de sus sueños esa tarea.

La lectura refiere cada número de entrada o salida y tiempo de conexión. No revela ningún contenido sobre el tema que originó la llamada. Con mucha suerte y procesos avanzados de búsqueda, ese detalle podría encontrarse en enormes servidores de las grandes empresas telefónicas. Para averiguar sobre el contenido de los intercambios, el entonces poderoso fiscal Marcelo Soza viajó a Canadá en 2013. Fue en vano. Habría sido como encontrar un gato rosado bilingüe en alguna isla de algún planeta entre trillones de galaxias.

En el supuesto negado de que hubiese conseguido detalles magnetofónicos de la inmensa maraña, ninguna comunicación en el mundo habría estado segura. Así y todo, mantuvo el listado que le dieron, bajo su demanda,  las compañías telefónicas bolivianas como pruebas en el juicio.  Ahora son una muralla para su desarrollo y asfixian la tesis de que en Santa Cruz se planeó dividir Bolivia, aterrorizarla y rendir a su ejército.

¨Es una prueba ciega¨, sintetizó Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto cruceño y uno de los abogados de la defensa. La prueba registra números con los que nadie podría sostener que esconden una conspiración.

Para alijerar el juicio, la acusación separó de las pruebas las lecturas de una de las empresas telefónicas.  El efecto de esa decisión es aún incierto, pero ha permitido al Fiscal General asegurar que a fines del año el proceso llegaría a la etapa de sentencias. La reacción inmediata a esa afirmación fue simple: ¿Será?

 

Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

La fiscal de allá y los fiscales de acá

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Tras conocer los resultados de un Consejo Electoral  sumiso, el presidente Nicolás Maduro bramó amenazas sobre todo el espectro opositor venezolano: supresión de la inmunidad de legisladores,  juicios y cárcel a quienes dudaren de la  legitimidad escuálida del nuevo cuerpo legislativo y una radicalización de su gobierno, visto en gran parte del mundo como cubanista y staliniano. Una voz volvió a retumbar. Luisa Ortega Días, la fiscal rebelde, denunció el fraude revelado por la empresa que prestaba servicios electrónicos y activó una investigación mientras el gobierno urdía planes para acallarla. Con  59 años, la fiscal se ha consolidado como ejemplo universal de autoridad valiente que ejerce el cargo ley en mano aun enfureciendo al gobierno. Aún purgada por Maduro el fin de semana, la funcionaria continuaba con una imagen de dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Dos semanas antes, el tribunal de La Paz a cargo del Juicio del Siglo, negó por enésima vez el pedido de Svonko Matkovic Rivera para ser juzgado en libertad. El joven es del puñado de acusados de pretender alzarse en armas, someter al ejército y dividir Bolivia, en un empeño colosal de crear una nueva nación. Nada ha sido probado, aunque  algunos  aceptaron las acusaciones en un esfuerzo por recobrar la libertad tras años encarcelados.  Se declararon culpables, en reminiscencia inevitable de los Juicios de Moscú  (1936-38), cuando la policía soviética extrajo confesiones de los acusados.

Cuando llega al suelo la credibilidad pública respecto al juicio originado en el asalto al Hotel Las Américas y la muerte brutal de tres huéspedes, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  optó por unánimidad respetar el libreto oficial.   Ese libreto se hundió en el descrédito hace tres años cuando su gestor, el entonces fiscal Marcelo Soza, dijo que el gobierno lo había forzado a incriminar a líderes cruceños y fugó a Brasil donde confesó la fechoría. Los fiscales sucesores no han variado la acusación.  Al escucharlos defender la tesis, se  concluye que los testimonios de estos años y la propia confesión de Soza no existen. De hecho, el tribunal la declaró inexistente para el juicio porque carecía de autenticación oficial boliviana, algo que el propio refugiado Soza habría tenido que gestionar.

Es posible que el tribunal hubiese perdido una oportunidad para a sepultar el caso e identificar a los que forjaron la trama que Soza contó en detalle.  Pero faltó una fiscal Ortega con su temple ético  y agallas para marcar la diferencia.

Todo por el juicio

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El Juicio del Siglo debe reiniciar audiencias mañana lunes, tras la interrupción abrupta de hace dos semanas cuando una de las jueces anunció que dejaba las sesiones para atender un llamado mayor y presenciar el desfile escolar del aniversario de La Paz en el que sus dos hijos, como reconocimiento al desempeño en sus estudios, eran abanderados. No podía no asistir, dijo, pues los tenia semiabandonados desde que se incorporó al juicio oral hace más de cuatro años, sin haber conocido los alcances del proceso que debía durar, según le aseguraron, un máximo de tres. En esas circunstancias, advirtió, la responsabilidad con sus hijos era superior a cualquier otra.

Fue la primera vez que en público se habló de la duración máxima que habría tenido el juicio. Tampoco estuvo claro de quién partió la afirmación de que no duraría más de tres años.

Las sesiones orales se realizan en Santa Cruz y la decisión de la juez Sonia Mamani reiteró la precariedad del mayor juicio penal de la historia boliviana cuyo origen remoto es el asalto policial al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, la muerte cruel de tres huéspedes y el arresto y exilio de decenas de personas, casi todas personalidades cruceñas. La acusación principal es un supuesto complot para desmembrar al país tras rendir al ejército nacional.  En la vanguardia de esa conspiración gigantesca, de acuerdo a la tesis del ahora ex fiscal Marcelo Soza, fugitivo en Brasil, estaría el general Gary Prado Salmón, general ahora retirado a quien el congreso declaró Héroe Nacional en 1988 por sus convicciones democráticas y su victoria sobre la insurgencia guerrillera de hace medio siglo, que comandaba  Ernesto Ché Guevara.

A su separación del proceso dictada en septiembre, han seguido las de otros: el ex presidente de COTAS Ronald Castedo y el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Mucho antes había sido separado el general retirado Lucio Añez, otro militar de credenciales democráticas (fue fundamental en la caída de la dictadura del general Luis García Mesa, en 1981).

La salida de la juez Sonia Mamani habría sido el colapso de todo el proceso en curso. Los jueces ciudadanos -solo dos desde el principio, pues un tercero nunca llegó a ser juramentado- habrían quedado en minoría frente a los dos jueces técnicos, situación contraria a las normas vigentes.

Con la inminencia de un derrumbe, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández se vio contra las cuerdas y no tuvo otra opción que dictar una salida para el marginamiento de la juez sin llegar a una ruptura: suspender las audiencias hasta el 24 de julio. Los propios fiscales acusadores se empeñaron evitar un desenlace fatal para el juicio y recordaron que al final del proceso, con la emisión de sentencias, los jueces serían recompensados por su trabajo. No hubo una cuantificación monetaria de la eventual recompensa, pero se la estimaba equivalente al servicio que habian prestado en un caso en el que el interés del gobierno ha sido de primera linea.

Si la salida de la juez no ha tenido mayores consecuencias y si las  expresiones ocurridas en la última sesión han sido restañadas, será visto a partir del reinicio de las audiencias.

En la sesión de la semana antepasada, Fernández fue increpado por la juez, quien dijo que el presidente del tribunal la había acusado de dilatar las audiencias, pero que quien dilataba más era el propio Fernández.

 

Juicio del Siglo, nueva fase

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Las audiencias del Juicio del Siglo deben reiniciarse este lunes signadas por el empeño del tribunal y los abogados del Ministerio Público y del gobierno de llevar adelante el proceso enarbolando la acusación de que en Santa Cruz se planeaba descuartizar al país con una campaña terrorista y una guerra que derrotaría al ejército boliviano. Algunos hechos ocurridos durante los últimos dos años subrayan flaquezas de la acusación.

Desmentida por el funcionario que dijo que construyó la tesis acusatoria en oficinas del propio gobierno y que al denunciar el montaje hace dos años se refugió en Brasil, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández dictaminó que la acusación se mantiene incólume porque la denuncia del ex fiscal Marcelo Soza carece de existencia legal al no haber sido validada por las autoridades diplomáticas de Bolivia en Brasil. La pregunta de un abogado defensor sobre si un niño no existe porque carece de partida de nacimiento nunca fue respondida por el tribunal.

Sin lograr alterar los puntos de vista de la acusación y del tribunal, las denuncias de Soza han sido las más fulminantes de todo el proceso pues el ex fiscal fue el arquitecto de toda la tesis. El gobierno, a partir de sus máximas autoridades, ha intentado restar credibilidad a la denuncia (viene de un ¨delincuente confeso¨, han dicho) y ahora es un elemento más en el largo trámite del caso nacido el 16 de abril de 2009.

Algunas rarezas mayúsculas que rodearon la tesis oficial tampoco han sido dilucidadas. En la lista de cuestiones por aclarar figuran peculiaridades que provocan dudas sobre la consistencia de la acusación: los alojados en el hotel lanzaron una bomba sobre la policía, pero la puerta de la habitación de donde habría partido el explosivo se derrumbó hacia adentro, lo que indicaría que fue lanzada desde afuera; los huéspedes del hotel atacaron en cueros; ningún policía sufrió siquiera un rasguño; las filmadoras de seguridad estuvieron apagadas; la autopsia oficial de uno de los cadáveres realizada por el estado irlandés nunca salió del despacho del canciller para conocimiento del tribunal, que tampoco la reclamó.

Las extorsiones que algunos acusados denunciaron haber sufrido, volvieron durante las declaraciones de algunos testigos, en las audiencias de abril y mayo, pero no mellaron las acusaciones.

El proceso mantiene firme la acusación de la supuesta conjura para despedazar al país tras rendir a sus Fuerzas Armadas, por un grupo que, al decir del general Gary Prado Salmón, declarado héroe nacional por el congreso, no habría sido capaz de tomar un surtidor de gasolina.  Algunos acusados podrían ser catalogados como ¨adultos mayores¨, eufemismo para definir a personas con más de 70 años que tendrían que ser capaces de soportar grandes esfuerzos físicos.

Orquestado para juzgar a 39 personas (en Nuremberg fueron 24, y el juicio duró 11 meses), el proceso ha sido bloqueado reiteradas veces por un imponderable: la salud. A raiz de tropiezos en su condición, el Gral. Prado Salmón fue apartado del proceso hace menos de un año. Una situación parecida se dio después con el ex gerente de COTAS Ronald Castedo y, por último, en mayo, con el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Los tres aguardan una evaluación de su salud a cargo de forenses oficiales. En el caso del primero, una corte de La Paz decidió que sea el mismo tribunal que preside el juez Fernández el que continúe el juicio, en cuanto la salud del militar lo permita.

El caso es extraño, pues equivaldría a caminar sobre dos esteras al mismo tiempo, una de las cuales estaría retrasada casi un año. Si a la caminata son agregados los otros dos acusados apartados del proceso, el juego de equilibrios sería un desafío para campeones de la prestidigitación.

Las audiencias deberán continuar con la presentación de pruebas de la acusación, la nueva fase del proceso desde el mes pasado. Aun se aguarda la exhibición y verificación de las armas de los supuestos conjurados. Entre ellas debería figurar la pistola que uno de los acusados dijo que vendió a Eduardo Rózsa Flores, el supuesto cabecilla del movimiento secesionista, acribillado tras la invasión al hotel. El vendedor, el ex dirigente juvenil cruceñista Juan Carlos Guedes, ha dicho que la pistola era inutilizable:  llevaba cacerinas de hojalata, anomalía de la que el guerrero curtido en la Guerra de los Balcanes no percibió. La defensa cree que, puesta como prueba, haría tambalear el andamiaje de la acusación.

De no ocurrir inconvenientes, tras esta fase el juicio llegaría a sentencias en cuestión de meses. Por el ritmo que ha seguido el proceso hasta ahora, esa apreciación parece optimista.

 

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

Arrecian las olas en el Juicio del Siglo

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El Juicio del Siglo recobró ímpetu estos días sustentado por elementos novedosos que avivaron en la memoria colectiva de Santa Cruz el episodio brutal del Hotel Las Américas y sus secuelas cuyos traumas aún perviven, a casi ocho años del acontecimiento.
Uno de los 39 acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana fue encumbrado como Vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, la más influyente institución cívica de la región oriental. Durante una apretada licencia de la prisión de Palmasola, Svonko Matkovic Ribera juró al cargo el martes en una ceremonia colmada de significación por el desafío de apuntalar banderas que para el gobierno central eran anatema hasta no hace mucho. Al grito de autonomía, ahora expandido a todo el país, se suma el reclamo por un ¨pacto fiscal¨ equitativo que asigne a la region más libertad para administrar los recursos del impuesto a los hidrocarburos.
El joven de 38 años recibió autorización para asistir a la ceremonia de su posesión como dirigente cívico apenas un par de horas antes. Matkovic Ribera es parte de la nueva directiva de la organización, ahora presidida por Fernando Cuéllar para una gestión de dos años.
La designación unánime de Matkovic por las instituciones representadas en el comité subrayó el rechazo a la acusación gubernamental de que desde Santa Cruz se conspiró para desencadenar una campaña terrorista y dividir al país. De la acusación inicial ha desaparecido por insostenible el cargo de que los supuestos insurrectos urdían el asesinato del Presidente Morales.
Su redactor original, Marcelo Soza, decidió que no habría cómo probar una tesis de magnicidio. Las autoridades, sin embargo, recurren a menudo a la idea de que la eliminación del presidente era parte de los objetivos para dividir Bolivia que atribuyen a Eduardo Rózsa Flores. El personaje murió ejecutado durante la incursion de la policía en el hotel donde estaba alojado junto a cuatro acompañantes, dos de los cuales también murieron acribillados a tiros.
Todos estaban en paños menores o desnudos y en esa condición habrían disparado sobre la unidad policial que los sometió, en un acto que el entonces fiscal Soza llamó ¨injusto¨.
Los dos sobrevivientes, al cabo de seis años de negar la acusación, se declararon culpables, salieron en libertad condicional y después fugaron del país.
En más de tres años, desde que el juicio oral fue abierto en Santa Cruz, el Ministerio Público no ha conseguido consolidar su causa, pues son cada vez más fuertes las dudas sobre la tesis del gobierno, cuyo mayor detractor es el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil. Soza ha dicho que la tesis acusatoria fue elaborada bajo presiones del gobierno para inculpar a los líderes cívicos de Santa Cruz.
La ceremonia de posesión de Svonko Matkovic, quien estuvo rodeado de toda su familia, fue una de las más concurridas en muchos años y una señal de que el impacto del asalto al Hotel las Américas y todas sus secuelas aún están latentes en esta región. Aunque Matkovic ha prometido que se empeñará a fondo para ser una pieza directiva útil para el Comité, nadie duda que su designación en el directorio que ahora preside Fernando Cuéllar es un mensaje de que las instituciones cruceñas no han olvidado la zozobra que vivió la región tras los acontecimientos de abril de 2009.

El interés por el juicio fue atizado al comparecer entre los testigos de descargo el ex Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico Landa, ahora asambleísta departamental de La Paz. En la tarde del viernes, la ex autoridad de gobierno refirió que un amigo que no identificó le había contado que cuando arreciaban las convocatorias para que personajes de Santa Cruz fuesen a declarar a La Paz le preguntó al ex dirigente deportivo Juan Carlos Guillén por qué no estaba entre los convocados.
¨¿Acaso yo soy c…¨, le había contestado para agregar su ausencia de esa lista era porque había pagado 80.000 dólares a Marcelo Soza. Guillén no está en Bolivia desde ese tiempo.
La afirmación del ex viceministro reabrió en la audiencia del juicio el tema de las denuncias de soborno y la extorsión que ha acompañado al mayor caso penal de la historia boliviana. Hasta ahora, las únicas denuncias conocidas en el juicio habían sido formuladas por el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar Villarroel y Svonko Matkovic Fleig, ex prefecto de Santa Cruz y padre del nuevo vicepresidente cívico.
Matkovic Fleig dijo que hubo otros sobornados por una red que atribuyó al ex fiscal, pero nadie más ha vuelto a hablar de la cuestión, hasta la mención de Torrico Landa, cuya declaración fue suspendida hasta la próxima serie de audiencias, prevista a partir del 20 de marzo.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.